STC4270-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00250-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Efra\u00edn Ariel Acosta Osorio frente a la sentencia del pasado 17 de febrero, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por \u00e9l contra la Embajada de Estados Unidos de Am\u00e9rica en Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental \u00aba la petici\u00f3n\u00bb, presuntamente trasgredida por la autoridad extranjera acusada. <\/p>\n
Y en concreto, la emisi\u00f3n de pronta respuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento, sostuvo haber elevado \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb ante la Embajada norteamericana en Colombia el 3 de junio de 2021, consistente en que se diera inicio a \u00abinvestigaci\u00f3n disciplinaria o lo que [fuera] pertinente\u00bb, respecto a un diplom\u00e1tico adscrito a dicha entidad, aparente culpable de su despido en la empresa de vigilancia para la cual trabajaba. Dijo que insisti\u00f3 en la s\u00faplica mediante escritos de 7 de septiembre siguiente, \u00aben idioma[s] espa\u00f1ol e [i]ngl\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3, entonces, la falta de contestaci\u00f3n a sus solicitudes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El ente convocado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, por tornarse improcedente \u00abfrente a misiones o delegaciones de Estado y organizaciones internacionales\u00bb, sin que lo aqu\u00ed pretendido se hubiera subsumido en las excepciones jurisprudencialmente previstas de cara al postulado de \u00abprohibici\u00f3n de vulneraci\u00f3n al principio de inmunidad de jurisdicci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Impugn\u00f3 el convocante, con persistencia en su reproche y quien, adem\u00e1s, pidi\u00f3 informaci\u00f3n sobre a qu\u00e9 otra instancia puede comparecer, en tanto que no sabe si debatir su despido ante el Ministerio de Trabajo nacional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de patrocinio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Instrumento que, en efecto, se encuentra edificado, seg\u00fan los preceptos 86 de la Carta Pol\u00edtica y 1\u00b0 del decreto 2591, para procurar un respaldo frente a \u00abcualquier autoridad p\u00fablica\u00bb o \u00abparticulares\u00bb patrios, que no del extranjero, de donde, por regla de principio, el auxilio de marras subyace destinado al fracaso, m\u00e1xime si: i) la Embajada de los Estados Unidos en nuestro pa\u00eds, desde luego, no est\u00e1 sometida a la jurisdicci\u00f3n nacional colombiana y, ii) en gracia de discusi\u00f3n, el aqu\u00ed implorante no aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 ninguna de las circunstancias jurisprudencialmente aceptadas en aras de forzar una \u00abrespuesta\u00bb de \u00aborganismo[s] internacionales\u00bb, como el ahora involucrado; esto es, a) tener o haber tenido una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n laboral con dicha delegaci\u00f3n, b) la trasgresi\u00f3n de derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, trabajo o seguridad social y, mucho menos, c) la no afectaci\u00f3n de la soberan\u00eda de la correspondiente naci\u00f3n (CC T-667\/11 y T-344\/13). <\/p>\n
Es que, de abrirse paso al amparo sub examine en las condiciones prenotadas, si de relieve se pone que con la petici\u00f3n materia de controversia el quejoso anhela de la Embajada americana la iniciaci\u00f3n de investigaci\u00f3n disciplinaria contra un agente diplom\u00e1tico suyo, se estar\u00eda desconociendo, abiertamente, el mandato de \u00abinmunidad jurisdiccional\u00bb decantado en el canon 31 de la \u00abConvenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas\u00bb, de 18 de abril de 1961 (aprobada por Colombia a trav\u00e9s de la ley 6\u00aa de 1972). <\/p>\n
Total que esta Colegiatura estableci\u00f3 una pauta de improcedencia del remedio iusfundamental en este tipo de casos, luego de hacer salvedad y precisar que: <\/p>\n
(\u2026)En el presente asunto, donde la quejosa demanda la emisi\u00f3n de respuesta frente a la solicitud que formul\u00f3 ante la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, de entrada, encuentra la Sala que el resguardo rogado est\u00e1 llamado al fracaso, conforme se pasa a explicar. <\/p>\n
3. Sin duda alguna, la teleolog\u00eda del referido art\u00edculo 86 constitucional, en concordancia con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, permite concluir que las autoridades p\u00fablicas a las que all\u00ed se alude son las colombianas que no las extranjeras, como resulta serlo la Embajada cuestionada, de donde, en esta sede constitucional, no es posible emitir una orden en contra de esa delegada diplom\u00e1tica, m\u00e1xime cuando proceder en forma contraria implicar\u00eda conculcar, directamente, el principio de \u00abinmunidad jurisdiccional de los Estados\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, necesario es recordar que frente al concepto de \u00abinmunidad jurisdiccional\u00bb existe una regulaci\u00f3n normativa especial, establecida en la \u00abConvenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas\u00bb, llevada a cabo el 18 de abril de 1961, y aprobada en el ordenamiento interno colombiano mediante la Ley 6\u00aa de 1972, la que en su art\u00edculo 31 ense\u00f1a que: <\/p>\n
\u00ab1. El agente diplom\u00e1tico gozar\u00e1 de inmunidad de la jurisdicci\u00f3n penal del Estado receptor. Gozar\u00e1 tambi\u00e9n de inmunidad su jurisdicci\u00f3n civil y administrativa, excepto si se trata: <\/p>\n
b) de una acci\u00f3n sucesoria en la que el agente diplom\u00e1tico figure, a t\u00edtulo privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; <\/p>\n
c) de una acci\u00f3n referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplom\u00e1tico en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales. <\/p>\n
2. El agente diplom\u00e1tico no est\u00e1 obligado a testificar. <\/p>\n
3. El agente diplom\u00e1tico no podr\u00e1 ser objeto de ninguna medida de ejecuci\u00f3n, salvo en los casos previstos en los incisos a), b) y c) del p\u00e1rrafo 1 de este art\u00edculo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia. <\/p>\n
4. La inmunidad de jurisdicci\u00f3n de un agente diplom\u00e1tico en el Estado receptor no lo exime de la jurisdicci\u00f3n del Estado acreditante.\u00bb <\/p>\n
De igual manera, esta Corporaci\u00f3n, en asuntos con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed tratado, ha dejado dicho que observando que \u00ab\u00e9sta goza de inmunidad diplom\u00e1tica\u00bb, \u00abtal como lo ha sostenido la Corte en reiteradas oportunidades, las \u00f3rdenes del juez constitucional no pueden recaer sobre los beneficiarios de esta figura de derecho internacional\u00bb. (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, rad. 2011-00410-01; reiterada en CSJ STC, 17 ene. 2013, rad. 2013-00051-00) <\/p>\n
Por esa misma l\u00ednea, ha conceptuado esta Colegiatura que por virtud de la mentada figura de la \u00abinmunidad de jurisdicci\u00f3n de los Estados, reconocida a nivel mundial, un Estado no puede ser demandado ni sometido a juicio ante los Tribunales de otro, como tampoco puede ser objeto del imperio de las decisiones judiciales y administrativas, adoptadas por los \u00f3rganos de otra organizaci\u00f3n pol\u00edtica estatal\u00bb. <\/p>\n
Afirmaci\u00f3n desarrollada jurisprudencialmente por esta Sala en los t\u00e9rminos que, a continuaci\u00f3n, se exponen in extenso: <\/p>\n
(\u2026) un Estado soberano jam\u00e1s podr\u00eda ser sometido a la jurisdicci\u00f3n interna de otro, pues ello ser\u00eda tanto como declinar la soberan\u00eda y aplicar la extraterritorialidad de las leyes de un Estado que as\u00ed subyugar\u00eda o sojuzgar\u00eda a otro. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En reciente decisi\u00f3n esta Sala, (\u2026) se\u00f1al\u00f3 \u2018que la competencia del juez constitucional est\u00e1 limitada al territorio de su jurisdicci\u00f3n; en trat\u00e1ndose de hechos o presuntas violaciones de derechos fundamentales endilgados a un pa\u00eds extranjero, como ocurre en este caso, carece de competencia para dirimir el conflicto, pues su jurisdicci\u00f3n no puede traspasar las fronteras del Estado. En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026), en fallo de tutela No. 1931 de 12 de septiembre de 1995, donde al respecto dijo: \u2018En efecto, el juez constitucional no tiene competencia para resolver conflictos jur\u00eddicos que involucran Estados extranjeros, pues su jurisdicci\u00f3n territorial no trasciende los l\u00edmites del Estado colombiano; tampoco la tiene frente a sus agentes diplom\u00e1ticos, teniendo en cuenta que de acuerdo con el art\u00edculo 31 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas incorporadas a nuestro derecho interno por medio de la ley 6\u00aa. de 1972, gozan de inmunidad de jurisdicci\u00f3n\u201d. Argumento que entre otras es coincidente con la jurisprudencia constitucional al respecto\u2019. Acci\u00f3n de tutela de 2 de noviembre de 2004, exp. No. 110010203000200401196. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Precisamente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado consider\u00f3 que \u201cla comunidad internacional, tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, ha convenido el establecimiento de normas sobre relaciones, deberes, derechos, prerrogativas e inmunidades de misiones, oficinas, agentes diplom\u00e1ticos y consulares, con el objeto de garantizar mediante su observancia el desempe\u00f1o de sus labores en condiciones de libertad e independencia, de manera que permita el normal desarrollo de las relaciones mutuas.\u2019 <\/p>\n
\u2018Tanto el derecho internacional, particularmente el diplom\u00e1tico, como la costumbre internacional, han desarrollado diferentes instrumentos que otorgan facilidades a las misiones, oficinas y funcionarios para el pleno ejercicio de sus actividades. Han sido denominados por las normas, la costumbre y la doctrina, privilegio, inmunidad e inviolabilidad, y son consecuencia de la llamada extraterritorialidad o extrajurisdicci\u00f3n.\u2019 <\/p>\n
\u2018As\u00ed, se distingue la inmunidad como una exenci\u00f3n de sometimiento a la jurisdicci\u00f3n local de ciertas personas o cosas, que tiene por objeto principalmente una abstenci\u00f3n (non facere) del Estado ante el cual est\u00e1 acreditado el diplom\u00e1tico y trae como consecuencia que las autoridades locales no puedan realizar ning\u00fan acto de intromisi\u00f3n en ellas, ya sean autoridades judiciales, administrativas, policiales o militares, salvo que el agente acreditado lo solicite expresamente. Por su parte la inviolabilidad impone al Estado receptor una acci\u00f3n (facere), de protecci\u00f3n especial contra los ataques il\u00edcitos\u201d (Concepto de 9 de febrero de 2000. Radicaci\u00f3n No. 1244). <\/p>\n
\u00abEn ese orden de ideas, la Misi\u00f3n Diplom\u00e1tica como son el Estado mismo del gobierno que lo acredit\u00f3, y por ende se halla protegido por las normas jur\u00eddicas que regulan las relaciones internacionales, aparte que no est\u00e1n subordinados a la jurisdicci\u00f3n del Estado que los recibe y gozan de inmunidad en relaci\u00f3n con el ejercicio de sus funciones; tales misiones diplom\u00e1ticas no pueden ser sujeto pasivo de la acci\u00f3n de tutela, en vista de que, adem\u00e1s, no son autoridades p\u00fablicas del Estado Colombiano, ni un particular contra quien excepcionalmente pueda plantearse el recurso de amparo\u00bb (auto de 30 de julio de 2010, Exp. T. No. 01230-00). (CSJ ATC, 30 ago. 2010, rad. 2010-00156-00; criterio reiterado en CSJ ATC, 1\u00ba de oct. 2015, rad. 2015-00615-01) <\/p>\n
Por lo consignado, la salvaguarda constitucional del ep\u00edgrafe se torna improcedente, pues la expresi\u00f3n \u00abcualquier autoridad p\u00fablica\u00bb se\u00f1alada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica no se extiende a autoridades extranjeras como la aqu\u00ed censurada, de donde no es dable proferir una determinaci\u00f3n en la que \u00e9sta sea sujeto pasivo de la misma. <\/p>\n
4. Aunado a lo dicho, tambi\u00e9n es claro que el caso propuesto es dis\u00edmil a aqu\u00e9llos en los que en sede de tutela se ha resguardado el derecho de petici\u00f3n en contra de autoridades extranjeras, pues la excepci\u00f3n establecida por la jurisprudencia constitucional se refiere a asuntos en los que los promotores del amparo son ex-trabajadores de las delegaciones diplom\u00e1ticas acusadas y sus solicitudes est\u00e1n relacionadas con el reclamo de prestaciones de origen laboral, lo que aqu\u00ed no acontece, pues lo rogado es por \u00abaparecer reportada en la Lista Clinton\u00bb. <\/p>\n
Respecto a la mentada excepci\u00f3n a la regla de la inmunidad diplom\u00e1tica, ha expuesto el \u00f3rgano m\u00e1ximo patrio en lo constitucional que: <\/p>\n
(\u2026) desde la perspectiva del principio de inmunidad de jurisdicci\u00f3n restringida, especialmente desarrollado para el \u00e1mbito laboral, y la defensa de la soberan\u00eda del Estado colombiano \u201cse considera que los organismo[s] internacionales si est\u00e1n obligados a dar respuesta directa a las peticiones respetuosas presentadas por los ciudadanos en el territorio nacional\u201d si se cumplen, en principio, los siguientes criterios: <\/p>\n
(i) Cuando la respuesta a la petici\u00f3n no amenace la soberan\u00eda, independencia e igualdad de los Estados; y en el caso de los organismos y agencias internacionales, no ponga en riesgo la autonom\u00eda que necesitan para el cumplimiento de su mandato <\/p>\n
(ii) Cuando de la respuesta a la petici\u00f3n dependa la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, al trabajo y a la seguridad social de quien tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n respecto de la misi\u00f3n diplom\u00e1tica o el organismo internacional <\/p>\n
(iii) Cuando de la respuesta a la petici\u00f3n presentada dependa la protecci\u00f3n de derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional. (CC T-344\/13, en la cual se alude a la CC T-667\/11) <\/p>\n
5. En este orden de ideas, el resguardo deprecado debe denegarse, como al efecto se proceder\u00e1, porque no es posible desconocer la \u00abinmunidad diplom\u00e1tica\u00bb de que goza la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica y, por tanto, no es dable emitir una orden en su contra, aunado a que no se cumplen los presupuestos establecidos por v\u00eda jurisprudencial para que a aqu\u00e9lla le sea exigible la emisi\u00f3n de respuesta frente a la petici\u00f3n de la quejosa, pues la misma no est\u00e1 edificada en una relaci\u00f3n laboral de \u00e9sta con aquella agencia diplom\u00e1tica\u2026 (\u00c9nfasis ajeno. CSJ STC7902, 16 jun. 2016, rad. 01540-00; reiterada en STC15926, 3 oct. 2017, rad. 02571-00, y en similar sentido, STC10066, 12 jul. 2017, rad. 01732-00; STC12121, 19 sep. 2018, rad. 00295-01, STC4681, 11 abr. 2019, rad. 00206-00; y STC703-2021, 3 feb.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En complemento, am\u00e9n de que la informaci\u00f3n rogada en el memorial impugnatorio encierra un hecho nuevo, lo cierto es que el gestor tiene v\u00edas pertinentes para deliberar sobre las condiciones de su despido de la empresa de vigilancia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo consignado impone, ergo, resolver de modo ratificatorio, por lo hasta ahora consignado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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