STC4275-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4275-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02609-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 13 de enero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado, por Mar\u00eda Emma Porras Brochero contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, a la Administradora Colombiana de Pensiones y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 2015-00512-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, la seguridad social, el m\u00ednimo vital, la vida, la salud y a la que denomin\u00f3 \u00abapreciaci\u00f3n objetiva de la prueba documental y sumaria\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La accionante narr\u00f3 que instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por la muerte de su compa\u00f1ero permanente Henry S\u00e1nchez, ocurrida el 5 de julio de 2010. <\/p>\n
2.2. El 30 de septiembre de 2015, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali absolvi\u00f3 a la demandada, por \u00absupuesta carencia del cumplimiento de los presupuestos exigidos por la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 31 de mayo de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y, dando aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, conden\u00f3 a Colpensiones a reconocer la pensi\u00f3n reclamada, el pago del retroactivo pensional y los respectivos intereses moratorios. <\/p>\n
2.4. No obstante, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia CSJ SL2036-2021 de 3 de mayo de 2021, cas\u00f3 el fallo de segunda instancia y, en su lugar, confirm\u00f3 la sentencia de primer grado. <\/p>\n
2.5. En criterio de la promotora, la autoridad judicial convocada desconoci\u00f3 los principios de favorabilidad y de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, que hac\u00edan viable la aplicaci\u00f3n del Decreto 758 de 1990, que aprob\u00f3 el Acuerdo 049 de 1990, en aquellos casos en los que la muerte del causante se produjo en vigencia de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Sostuvo que, en un caso similar, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en fallo de tutela CSJ STC4213-2020, dio aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, \u00abpor cuanto el asegurado falleci\u00f3 siendo beneficiario del r\u00e9gimen transicional, lo que permite aplicar los presupuestos legales contenidos en el Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, indic\u00f3 que era una persona de 72 a\u00f1os, \u00absin ingreso aut\u00f3nomo para subsistir, con limitaci\u00f3n f\u00edsica y funcional, salud precaria\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se deje \u00absin efecto legal\u00bb la sentencia proferida el 3 de mayo de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y, en consecuencia, se declare que \u00able asiste el derecho al goce y disfrute de la pensi\u00f3n de sobrevivencia, tal como lo determin\u00f3 la sala laboral del honorable tribunal del distrito judicial de Cali (Valle)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Laboral de Circuito de Cali dijo que se atendr\u00eda a lo que se encontrara probado, pues su despacho realiz\u00f3 y adelant\u00f3 las gestiones y actuaciones pertinentes. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R.I.S.S. adujo que, realizada la consulta con el \u00e1rea respectiva, se evidenci\u00f3 que en \u00abel proceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. o el extinto I.S.S\u00bb. Afirm\u00f3 que \u00abel tema de debate (\u2026) al ser un asunto que se deriva del R\u00e9gimen de Prima Media en virtud del decreto 2011 y 2013 de 2012, es (\u2026) de competencia de la Administradora Colombiana de Pensiones\u00bb. <\/p>\n
3. Colpensiones sostuvo que no se materializ\u00f3 vicio alguno, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Sala de Descongesti\u00f3n convocada y resalt\u00f3 que era improcedente la tutela contra sentencias judiciales, dado que no puede constituirse en una tercera instancia. Igualmente, refiri\u00f3 que carec\u00eda de legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que no intervino en el tr\u00e1mite ordinario, por lo que \u00abno le es posible emitir concepto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al estimar que, la decisi\u00f3n cuestionada \u00abcontiene argumentos razonables pues (\u2026) fund\u00f3 su postura en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que, aunque no se comparta la interpretaci\u00f3n dada en la SU005-2018 de la Corte Constitucional, \u00abno por ello puede calificarse de vulneradora de garant\u00edas fundamentales, pues lo cierto es que, la discrepancia de criterios interpretativos, no es una situaci\u00f3n que por s\u00ed misma configure causal espec\u00edfica de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb y que \u00abla interpretaci\u00f3n adoptada por la autoridad judicial accionada, se fundament\u00f3 en la consolidada l\u00ednea de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente frente a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y, cuando existen interpretaciones diversas y razonables de las Altas Cortes, el funcionario judicial puede adoptar la tesis que considere m\u00e1s ajustada al caso en concreto, sin que ello convierta su pronunciamiento judicial en una decisi\u00f3n arbitraria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora, quien argument\u00f3 que no se tuvo en cuenta \u00absu condici\u00f3n particular de extrema pobreza y alta vulnerabilidad (\u2026) desprotegida (\u2026) que ha superado la tercera edad\u00bb, casos en los cuales s\u00ed es procedente aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la se\u00f1ora Mar\u00eda Emma Porras Brochero pretende que, por v\u00eda constitucional, se deje sin valor ni efecto la sentencia CSJ SL CSJ SL2036-2021, proferida el 3 de mayo de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y, en consecuencia, se declare que le asiste el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano1. <\/p>\n
3. Pues bien, centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa que la Sala acusada dio por acreditado que: i) Henry S\u00e1nchez falleci\u00f3 el 5 de julio de 2010; ii) cotiz\u00f3 un total de \u00ab772 semanas en toda su vida laboral\u00bb; (iii) Mar\u00eda Emma Porras reclama el derecho pensional en calidad de compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite y iv) que Colpensiones neg\u00f3 el reconocimiento de la prestaci\u00f3n, bajo el entendido de que el fallecido no reuni\u00f3 las 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores a su deceso, conforme lo exige el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
3.1. Admitidos esos supuestos f\u00e1cticos, la Sala de Descongesti\u00f3n precis\u00f3 que la normatividad aplicable para otorgar una pensi\u00f3n de sobrevivientes era la \u00abvigente en el momento de la ocurrencia de la muerte. De ah\u00ed que, en principio, la disposici\u00f3n legal sobre la cual se deb\u00eda estudiar la procedencia del derecho pensional es la Ley 797 de 2003\u00bb y que, en el caso objeto de estudio, se encontraba acreditado que \u00aben los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de la muerte, el se\u00f1or S\u00e1nchez no contaba con las 50 semanas que exige aquella norma para causar la prestaci\u00f3n solicitada\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, al analizar el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, estableci\u00f3 que el causante tampoco hab\u00eda cumplido los requisitos all\u00ed contenidos, pues \u00abdentro de los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores a la edad requerida para pensionarse, esta es, entre el 22 de noviembre de 1986 y el 22 de noviembre de 2006 no reuni\u00f3 las 500 semanas exigidas o el m\u00ednimo de 1000 en toda la vida laboral, tal como lo exige el Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
3.2. En lo atinente al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se\u00f1al\u00f3 que su aplicaci\u00f3n obedec\u00eda a \u00abla posibilidad de que aquellas personas que tuvieran una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta pudieran transitar, temporalmente, entre una legislaci\u00f3n anterior y una nueva, con el objetivo de satisfacer los requisitos m\u00ednimos necesarios para causar el derecho\u00bb y para el efecto hizo referencia a la sentencia CSJ SL2358-2017, en la que la Sala de Casaci\u00f3n Permanente enumer\u00f3 los elementos caracter\u00edsticos del citado principio, resaltando que la \u00abtemporalidad de su aplicaci\u00f3n est\u00e1 delimitada, en lo que tiene que ver con el tr\u00e1nsito legislativo entre Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003\u00bb en la medida que el legislador jam\u00e1s pretendi\u00f3 perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993, pues lo que en esencia busc\u00f3 fue \u00abconstruir un puente de amparo de tres a\u00f1os que cobijara a los afiliados para que reunieran la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n que prev\u00e9 la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, mencion\u00f3 lo establecido en la sentencia CSJ SL4650-2017, en la que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente expuso: <\/p>\n
\u00abNo es admisible aducir, como par\u00e1metro para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en alg\u00fan momento pret\u00e9rito en que se ha desarrollado la vinculaci\u00f3n de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regular\u00eda el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio hist\u00f3rico, a fin de encontrar alguna otra legislaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1\u0301 de la que haya precedido \u2013a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos \u2018plusultractivos\u2019, que resquebraja el valor de la seguridad jur\u00eddica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642). <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Pero \u00bfcu\u00e1l es el tiempo de permanencia de esa \u2018zona de paso\u2019 entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres a\u00f1os, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente\u2026\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3 que \u00absolo en aquellos eventos en que el deceso del asegurado hubiese ocurrido entre el 26 de enero de 2003 y la misma fecha de 2006, sea posible remitirse a la normatividad inmediatamente anterior en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para estudiar, si con base en ella, se lograba consolidar el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes que no se pudo satisfacer con fundamento en la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
3.3. En ese orden, consider\u00f3 que el Tribunal desconoci\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial anteriormente referida y, bajo esas circunstancias la raz\u00f3n acompa\u00f1aba a la entidad recurrente, por lo que era pertinente casar el fallo, toda vez que para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa \u00abel fallecimiento del causante debi\u00f3 ocurrir entre el 29 de enero de 2003 y la misma fecha del a\u00f1o 2006\u00bb y, en el asunto objeto de an\u00e1lisis, el deceso se produjo el 5 de julio de 2010; adem\u00e1s, en caso de aplicarse, la controversia deb\u00eda resolverse con la norma anterior a la fecha del deceso que, en este caso, ser\u00eda la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, como lo determin\u00f3 el juzgador de alzada. <\/p>\n
4. Revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n censurada, al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un actuar desconectado de la normativa y el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto y, por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n se invoca en la presente queja constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida a la luz de la normatividad aplicable y la jurisprudencia vigente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Por tanto, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia y mirada la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente fue necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n constitucional2. <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver, entre otros, STC13983-2021 (Exp. 2021-00776-01) y STC13815-2021 (Exp. 2021-00685-01). <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13815-2021, STC13983-2021, STC14389-2021, STC14818-2021, STC15447-2021, STC1980-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4275-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC4275-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02609-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 13 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62714","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62714"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62714\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}