STC4276-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4276-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00979-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Le\u00f3n Sabas Orrego Guti\u00e9rrez, Victoria Eugenia Barreto Mart\u00ednez y Miguel \u00c1ngel Orrego Barreto, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira y las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual 2018-00116. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando por conducto de apoderado, acuden al presente mecanismo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Los ac\u00e1 accionantes formularon demanda verbal de responsabilidad civil extracontractual contra John Jairo Muriel Bedoya y Nhora Yency D\u00edaz Rosero, buscando la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios sufridos como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 21 de junio de 2018 en el que se vieron involucrados los veh\u00edculos de placa CIL 67E y CWP 434. <\/p>\n
Dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, despacho que, luego de agotadas las etapas procesales respectivas, el 20 de octubre de 2020 profiri\u00f3 fallo desestimatorio al encontrar probada la excepci\u00f3n de culpa exclusiva de la v\u00edctima. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por la parte vencida y revocada parcialmente por el Tribunal Superior de Buga con fallo de 7 de diciembre de 2021, en el sentido de declarar civilmente responsable a John Jairo Muriel Bedoya y condenarlo a resarcir los da\u00f1os patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los demandantes, absolviendo a Nhora Yency D\u00edaz Rosero por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Para los gestores, la colegiatura ad quem incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental\u2026 por indebida valoraci\u00f3n de las pruebas [sic]\u00bb, por las siguientes razones puntuales: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Dar por demostrado sin estarlo que el contrato de compraventa del veh\u00edculo es un documento privado que se presume autentico [sic] por no ser tachado de falso y que el contenido del mismo se presume autentico [sic]. <\/p>\n
(\u2026) Tener como prueba la confesi\u00f3n del conductor del veh\u00edculo, quien para el tribunal acepta ser el tenedor, custodio y guardi\u00e1n del veh\u00edculo. <\/p>\n
(\u2026) Tener como prueba fehaciente la declaraci\u00f3n del testigo Hern\u00e1n Dar\u00edo L\u00f3pez Pati\u00f1o (esposo de la demandada Nhora Yency D\u00edas Rosero a quien se le endilga el control material del veh\u00edculo). <\/p>\n
(\u2026) No dar por demostrado est\u00e1ndolo que respecto de la venta que se aduce no existi\u00f3 un pago efectivo del precio de la venta debidamente soportado. <\/p>\n
(\u2026) Dar por demostrado sin estarlo que no existe prueba que desvirt\u00fae la presunci\u00f3n de guarda y control del veh\u00edculo. <\/p>\n
(\u2026) No dar por demostrado est\u00e1ndolo que la guarda material del veh\u00edculo segu\u00eda estando en cabeza de la demandada Nhora Yency D\u00edaz Rosero (\u2026)\u00bb <\/p>\n
4. Solicitan, en consecuencia, \u00abdejar sin efecto la sentencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga\u2026 quien profiri\u00f3 sentencia el 07 de diciembre del 2021\u2026 [sic]\u00bb y, a su turno, ordenarle \u00abque\u2026 profiera una nueva sentencia atendiendo a las consideraciones adoptadas por la sala [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada aport\u00f3 copia de la misma y dijo remitirse a las consideraciones all\u00ed consignadas \u00abpues al fin y al cabo ellas constituyen la \u00fanica explicaci\u00f3n posible de [su] proceder\u00bb. <\/p>\n
2. Un abogado que dijo actuar \u00abcomo apoderado judicial de la se\u00f1ora Nhora Yency D\u00edaz Rosero1\u00bb manifest\u00f3 su \u00abcoadyuvancia\u00bb frente a \u00abla decisi\u00f3n o pronunciamiento expuesto por los honorables magistrados del tribunal superior de buga sala civil [sic]\u00bb, y en tal sentido solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del resguardo, comoquiera que \u00abtodos y cada uno de los fundamentos que expuso\u2026 en la sentencia\u2026 de ning\u00fan modo vulnera los derechos fundamentales ni el debido proceso, igualdad, tutela judicial efectiva del accionante\u00bb en tanto que se encuentra soportada en un \u00absuficiente an\u00e1lisis de cada uno de los elementos materiales de prueba acopiados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Buga vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por Le\u00f3n Sabas Orrego Guti\u00e9rrez, Victoria Eugenia Barreto Mart\u00ednez y Miguel \u00c1ngel Orrego Barreto al declarar probada, en el fallo de 7 de diciembre de 2021, la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva a favor de Nhora Yency D\u00edaz Rosero, absolvi\u00e9ndola, por esa v\u00eda, de la responsabilidad civil atribuida por aquellos por, supuestamente, valorar indebidamente el material probatorio recopilado en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se deriva del fallo emitido el 7 de diciembre de 2021 por el Tribunal Superior de Buga, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia y en punto del reparo formulado a trav\u00e9s de este instrumento constitucional de protecci\u00f3n, la colegiatura accionada se refiri\u00f3 a la legitimaci\u00f3n en la causa por el extremo pasivo de la relaci\u00f3n procesal de Nhora Yency D\u00edaz Rosero, a quien los demandantes le atribuyen responsabilidad por ejercer \u00abla guarda o custodia del veh\u00edculo de placa SWP 434 para el d\u00eda de los hechos\u00bb. <\/p>\n
Frente a dicho planteamiento record\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil permite presumir la culpa en el autor material del da\u00f1o\u2026 y en el guardi\u00e1n de la actividad peligrosa, calidad \u00e9sta que se presume en cabeza del propietario del veh\u00edculo con el cual se despliega ese tipo de actividad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, dijo, \u00abse trata de dos presunciones entrelazadas. La primera es de guarda. Su hecho indicador o generador lo determina la propiedad que se tiene sobre la cosa involucrada en el hecho da\u00f1oso mediante la cual se ejecutaba una actividad peligrosa. Yla segunda que se desprende de la anterior, es de culpa. El hecho que la funda, por supuesto, es la guarda real\u2026 o presunta; esta \u00faltima recae, entre otros, en el propietario de la cosa (\u2026)\u00bb conforme con el precedente de esta Sala contenido en la SC5885-2016, presunciones que, por ser iuris tantum, \u00abpuede desvanecerla el propietario si demuestra que transfiri\u00f3 a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un t\u00edtulo jur\u00eddico\u2026 o que fue despojado inculpablemente de la misma\u00bb, por lo que, al desvirtuar la presunci\u00f3n de guardi\u00e1n que recae sobre el propietario \u00abparejamente \u00e9ste quedar\u00e1 liberado de la presunci\u00f3n de culpabilidad\u00bb por ser \u00e9sta, consecuencial a la guarda. <\/p>\n
As\u00ed, al descender al estudio del caso particular, de cara a los elementos de convicci\u00f3n aportados, indic\u00f3 que la mencionada D\u00edaz Rosero \u00abera la propietaria del autom\u00f3vil de placas [sic] CWP-434 para la calenda en que se produjo el suceso. Incluso lo segu\u00eda siendo cuando se present\u00f3 la demanda\u2026 Expl\u00edcitamente lo reconoci\u00f3 en sus escritos de contestaci\u00f3n a la demanda y reforma a la misma\u00bb; pero que, \u00abcon el designio de infirmar la doble presunci\u00f3n con la que arrostr\u00f3 el proceso (guarda y subsecuente culpa) dicha demandada aleg\u00f3 que el 31-05-2018, esto es, 21 d\u00edas antes del accidente acaecido el 21-06-2018, hab\u00eda vendido el autom\u00f3vil al se\u00f1or John Jairo Muriel Bedoya\u2026 despoj\u00e1ndose desde entonces \u201c\u2026 de la tenencia, custodia y cuidado del veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, en apoyo de tal afirmaci\u00f3n, se contaba con \u00ab(i) copia del referido contrato, en el cual\u2026 refulgen los requisitos a que condicional su validez y eficacia\u00bb, sobre el cual, m\u00e1s adelante se\u00f1al\u00f3, \u00abno fue tachado de falso por los demandantes\u00bb de all\u00ed que \u00abel contenido del mismo se presum[iera] aut\u00e9ntico en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 244 del C.G. del Proceso\u00bb, \u00ab(ii) la confesi\u00f3n que por conducto de su apoderado judicial exterioriz\u00f3\u2026 (iii) el interrogatorio de parte absuelto por el se\u00f1or John Jairo Muriel Bedoya, donde se reconoci\u00f3\u2026 el negocio jur\u00eddico\u2026 y (iv) la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Hern\u00e1n Dar\u00edo L\u00f3ez Pati\u00f1o quien dio cuenta de los pormenores del negocio jur\u00eddico (\u2026)\u00bb, para concluir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque los actores pusieron en entredicho la veracidad de la compraventa aduciendo (i) que no tienen certeza sobre la fecha de su celebraci\u00f3n\u2026 y (ii) que al momento del percance el se\u00f1or Muriel Bedoya manifest\u00f3, seg\u00fan ellos, \u201c\u2026que se ten\u00eda que comunicar con la propietaria\u2026\u201d, lo cierto es que esto \u00faltimo fue negado rotundamente por aquel, en tanto que la diferencia de fechas entre la que corresponde a la celebraci\u00f3n de la compraventa y la de la autenticaci\u00f3n de las firmas de los all\u00ed intervinientes fue explicada con suficiencia por \u00e9stos (\u2026) <\/p>\n
En ese contexto, el hecho de que para esa misma calenda el \u201ctraspaso\u201d del veh\u00edculo no hubiese sido asentado en la oficina de tr\u00e1nsito correspondiente ninguna incidencia tiene en punto del desprendimiento de la guarda del mismo por parte de la codemandada\u2026 y los efectos liberatorios que de ello se sigue para \u00e9sta, de cara a la doble presunci\u00f3n -guardian\u00eda y culpa- con base en la cual fue convocada como demandada. <\/p>\n
Es infundado entonces sostener -como lo hacen los demandantes- que el contrato de compraventa es la \u00fanica prueba \u201c\u2026de la supuesta entrega material del veh\u00edculo\u2026\u201d y que por tanto \u201c\u2026se debe condenar a la propietaria por tener la guarda jur\u00eddica de la cual se presume la guarda material\u2026\u201d pues lo relevante es la acreditaci\u00f3n del desprendimiento del poder intelectual de control y mando sobre el veh\u00edculo con el que se caus\u00f3 el da\u00f1o y no las particularidades jur\u00eddicas referidas a la venta y posterior tradici\u00f3n o traspaso ante la oficina de registro competente. <\/p>\n
No es casualidad, por lo dem\u00e1s, que quien se desplazaba en el veh\u00edculo de placas [sic] CWP-434 para el d\u00eda de los hechos era su comprador, John Jairo Muriel Bedoya, en compa\u00f1\u00eda de su c\u00f3nyuge, su hijo, una cu\u00f1ada y el hijo de \u00e9sta. As\u00ed que no hay que adentrarse en intrincadas elucubraciones para concluir que desde la celebraci\u00f3n de la compraventa y la entrega material del autom\u00f3vil [31-05-2018], la vendedora se desprendi\u00f3 de la guarda y custodia sobre el mismo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por los accionantes y su apoderado son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando se se\u00f1alan lo que, en sentir de los querellantes, son yerros en el ejercicio intelectivo de las pruebas, as\u00ed como en la sind\u00e9resis del asunto, lo que en realidad se hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y los demandantes pretenden desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No alleg\u00f3 poder especial conferido por la persona que dice representar, para actuar en este tr\u00e1mite especial. <\/p>\n
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