STC4278-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4278-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 1 de marzo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que neg\u00f3 el amparo promovido por Manuela Lacayo Cuesta contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso y confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada en el proceso promovido por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n de radicado 13001310300120190031000. <\/p>\n
2. En sustento de su queja se\u00f1al\u00f3 que instaur\u00f3 el referido juicio contra Jos\u00e9 Germ\u00e1n Lacayo Cuesta para proteger la posesi\u00f3n que ejerce sobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 060-3690, que se adelanta por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
Admitida la demanda, el 13 de febrero de 2020, remiti\u00f3 correo electr\u00f3nico al accionado el 19 de febrero de 2021, para notificarle la demanda con el correspondiente traslado, a la direcci\u00f3n mencionada para el efecto en el escrito introductorio, de lo cual inform\u00f3 al Juzgado el 12 de marzo de 2021. <\/p>\n
Por auto del 28 de octubre siguiente, el Despacho a cargo consider\u00f3 que \u00abno se allega junto con la constancia de env\u00edo, la constancia de recibido o de entrega del mensaje en la cuenta de correo del demandado para efecto de notificaci\u00f3n, pues ello se entiende surtido cuando es recibido el correo electr\u00f3nico como instrumento de comunicaci\u00f3n, tal como lo indica el inciso 5 del numeral 3 del art 291 del CGP\u00bb y, por esa raz\u00f3n, dispuso no tener por notificado al accionado hasta que se allegaran \u00ablas constancias de recibido o entrega del mensaje de datos en las cuentas de correo del demandado\u00bb. <\/p>\n
Contra esa providencia interpuso recurso de reposici\u00f3n \u00abcon base en la imposibilidad f\u00edsica de allegar la constancia que se solicitaba\u00bb y, adem\u00e1s, que la misma no era un requisito exigido por el Decreto 806 de 2020. Ante el silencio del Juzgado, el 12 de enero y 7 de febrero de 2022, requiri\u00f3 su pronunciamiento \u00aby hasta la fecha de la presente solicitud de Amparo, el Accionado no ha tramitado ni resuelto el Recurso de Reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el auto del 28 de octubre de 2021 incurre en defectos sustantivo y f\u00e1ctico, en desconocimiento el precedente y, adem\u00e1s, vulnera sus derechos \u00abal demorar injustificadamente el tr\u00e1mite del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, pidi\u00f3 que se declare la ilegalidad del auto del 28 de octubre de 2022 y como consecuencia se ordene al accionado \u00abque tenga por surtida la Notificaci\u00f3n Personal al Demandado del Auto Admisorio de la Demanda en la fecha en que esta se produjo, (\u2026), una vez transcurrieron dos d\u00edas desde cuando se envi\u00f3 el mensaje de correo electr\u00f3nico, y que le imparta tr\u00e1mite al proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena dio cuenta de las actuaciones surtidas en el proceso censurado e inform\u00f3 que, mediante auto del 24 de febrero de 2022, dispuso no reponer el prove\u00eddo del 28 de octubre de 2021, al estimar que la notificaci\u00f3n de la demanda no cumpl\u00eda con los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 806 del 2020. En ese orden, solicit\u00f3 negar la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio, tras evidenciar que el convocado desat\u00f3 el recurso horizontal el 23 de febrero de 2022, configur\u00e1ndose la carencia actual de objeto por hecho superado. Y destac\u00f3 que \u00abel hecho de que la respuesta no haya sido afirmativa a los intereses de la peticionaria, ello no implica que el operador judicial hubiera transgredido los derechos fundamentales invocados, tanto m\u00e1s, cuando la accionante debe participar dentro del proceso a trav\u00e9s de su apoderado judicial y, por medio de los recursos de ley controvertir la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 sus peticiones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que sean amparados sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con ocasi\u00f3n de lo decidido mediante auto del 28 de octubre de 2021 y la omisi\u00f3n del accionado en resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra dicha providencia. <\/p>\n
2. En primer lugar, en lo relativo a la falta de pronunciamiento sobre el recurso formulado contra el prove\u00eddo del 28 de octubre de 2021, se observa que el 25 de noviembre siguiente se corri\u00f3 el traslado respectivo y el 9 de diciembre del mismo a\u00f1o el expediente ingres\u00f3 al despacho, para lo pertinente1. <\/p>\n
Posteriormente, durante el tr\u00e1mite de esta tutela, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, profiri\u00f3 auto del 24 de febrero de 2022, notificado por estado electr\u00f3nico 24 del 25 de febrero siguiente, por el cual confirm\u00f3 lo resuelto, tras considerar que, \u00abSi bien es cierto la actora aporta al expediente un pantallazo del env\u00edo del mensaje, este acto no debe confundirse con la CONFIRMACION DEL RECIBO DEL MENSAJE, que se recauda del sistema de confirmaci\u00f3n que para dichos efectos haya implementado la parte demandante y que, nos indica, que el iniciador ha recepcionado el mensaje, el cual deber\u00e1 indicar la fecha del ingreso a la bandeja de entrada del mensaje y sus anexos, lo cual se exige para los efectos de acreditar el recibo del mensaje de datos en el respectivo expediente\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, indic\u00f3 que \u00abtal exigencia puede la actora acreditarla por cualquier medio que arroje certeza de la ocurrencia de ese hecho, sin embargo, ning\u00fan medio probatorio se aport\u00f3 en ese sentido, solo se alleg\u00f3 documento que comprueba el env\u00edo del mensaje notificatorio, aspecto que no es criticado por este despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n evidencia que el Juzgado accionado ya se pronunci\u00f3 sobre el recurso de reposici\u00f3n que se encontraba pendiente de resolver al momento en que se instaur\u00f3 esta acci\u00f3n, por lo que la alegada omisi\u00f3n fue superada y, por tanto, en ese aspecto, la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad; al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(…) de suerte que si el demandado ya emiti\u00f3 el acto extra\u00f1ado por el promotor de la acci\u00f3n de tutela, se infiere que el punto materia de protesta ya no existe, pues como lo ha entendido la jurisprudencia, el hecho superado es el evento en el cual han desaparecido los supuestos de hecho que motivaron la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, circunstancia que torna improcedente la decisi\u00f3n del juez constitucional […], por lo que en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (resaltado fuera del texto) (CSJ STC, 14 oct. 2007, Rad. 00244-01; CSJ STC, 18 dic. 2012, Rad. 00222-02; y CSJ STC, 27 febr. 2013, Rad. 00024-01, reiterado en STC265-2021). <\/p>\n
3. Ahora, aunque la decisi\u00f3n adoptada haya sido desfavorable, lo cierto es que ello tampoco viabiliza la tutela, m\u00e1xime que, respecto de lo preceptuado en el inciso 3 del art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020, la Corte Constitucional, en sentencia C-420 de 2020, declar\u00f3 la exequibilidad condicionada, esto es, bajo el entendido que el t\u00e9rmino de 2 d\u00edas all\u00ed dispuesto empezar\u00e1 a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abDicho en otras palabras: el interesado en practicar la notificaci\u00f3n personal de aquellas providencias que deban ser notificadas de esa manera tiene dos posibilidades en vigencia del Decreto 806. La primera, notificar a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, como lo prev\u00e9 el canon 8\u00b0 de ese compendio normativo. Y, la segunda, hacerlo de acuerdo con los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso. Dependiendo de cu\u00e1l opci\u00f3n escoja, deber\u00e1 ajustarse a las pautas consagradas para cada una de ellas, a fin de que el acto se cumpla en debida forma. <\/p>\n
Con todo, y si en gracia de discusi\u00f3n pudiera pasarse por alto dicha distinci\u00f3n, n\u00f3tese que Yesid Molina no acredit\u00f3 la recepci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n, lo que deb\u00eda hacer conforme al inciso tercero del art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 806, condicionado por la Corte Constitucional (sentencia C-420 de 2020), y los lineamientos trazados por esta Corporaci\u00f3n respecto de la notificaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico, ya que, sobre el particular, ha sostenido que \u2018(\u2026) la notificaci\u00f3n se entiende surtida cuando es recibido el correo electr\u00f3nico como instrumento de enteramiento\u2019 (CSJ STC 3 jun. 2020, rad. 2020-01025-00, STC9599-2020, STC11261-2020, entre otras)\u00bb (STC7684-2021). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, que neg\u00f3 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documentos 011 y 012, expediente 2019-00310. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4278-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC4278-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 1 de marzo de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62716","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62716"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62716\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62716"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62716"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}