STC4281-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4281-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02640-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Mar\u00eda Diva Pe\u00f1a de Losada contra la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 20140043100. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al m\u00ednimo vital, seguridad social, vida digna, igualdad y debido proceso, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora se\u00f1al\u00f3 que instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., con el objeto de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su hija Magda Roc\u00edo Losada Pe\u00f1a, ocurrido el 19 de noviembre de 2011 en un accidente de trabajo, con quien ella viv\u00eda y de la que depend\u00eda econ\u00f3micamente. <\/p>\n
2.2. El 27 de agosto de 2015, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva la declar\u00f3 beneficiaria de la pensi\u00f3n reclamada y dispuso su reconocimiento, junto con el pago del retroactivo pensional causado. <\/p>\n
2.3. El 18 de julio de 2017, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y absolvi\u00f3 a Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., en raz\u00f3n a que no se acredit\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica de su hija y que la actora recib\u00eda una pensi\u00f3n de sobrevivientes por el deceso de su esposo. <\/p>\n
2.4. El 9 de junio de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 no casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
2.5. La tutelante argument\u00f3 que tanto el Tribunal como la Sala de Descongesti\u00f3n convocados incurrieron en defecto f\u00e1ctico, \u00abal no analizar todos los medios de prueba necesarios para definir que la se\u00f1ora MAGDA ROCIO LOSADA PE\u00d1A (QEPD) SI REALIZABA APORTES RELEVANTE, ESENCIALES Y PREPONDERANTE PARA EL M\u00cdNIMO SOSTENIMIENTO DE LA FAMILIA\u00bb. Igualmente, enfatiz\u00f3 que era una persona de la tercera edad y, por ende, gozaba de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se deje sin efecto la providencia CSJ SL2394-2021, que confirm\u00f3 la sentencia emitida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, para que, en su lugar, se declare que es beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobreviviente con ocasi\u00f3n de la muerte de su hija y se ordene el pago respectivo. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 no conceder el amparo, dado que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos reclamados. Sostuvo que las pruebas \u00abdenunciadas calificadas en sede extraordinaria no demostraron lo que planteaba la parte recurrente, esto es, la existencia de contribuciones \u2018econ\u00f3micas permanentes, continuas y significativas\u2019 por parte de la causante en favor de la promotora del proceso\u00bb y que lo pretendido por la accionante era \u00abreabrir un debate probatorio ya surtido, adem\u00e1s, empleando la acci\u00f3n constitucional como una tercera instancia del debate ordinario\u00bb, lo cual es improcedente. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que carec\u00eda de competencia frente a las pretensiones de la demanda, de manera que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la tutela, toda vez que no se acredit\u00f3 vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Pe\u00f1a de Losada. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda impetrada, al establecer que la Sala de Descongesti\u00f3n acusada \u00abno desconoci\u00f3 el contenido de las pruebas valoradas; as\u00ed como tampoco dio un entendimiento err\u00f3neo a la dependencia que deb\u00eda acreditarse para la que naciera el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. An\u00e1lisis anterior que descarta la configuraci\u00f3n del defecto f\u00e1ctico denunciado por la actora\u00bb. A su vez, destac\u00f3 que la determinaci\u00f3n adoptada estuvo soportada en pronunciamientos emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la promotora, a trav\u00e9s de su apoderado, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y aleg\u00f3 que el hecho de no reconocer la pensi\u00f3n reclamada, a pesar de que cumpl\u00eda \u00abcon todos los requisitos exigidos en el ordenamiento, ha generado que el m\u00ednimo vital [\u2026] se vea afectado dr\u00e1sticamente, desde el fallecimiento de su hija. Pues, como se ha expresado en l\u00edneas anteriores, el m\u00ednimo vital supone que cada quien viva de acuerdo al estatus adquirido durante su vida, y al comparar el salario que devengaba la causante con la pensi\u00f3n por salario m\u00ednimo que recibe, existe una considerable diferencia generando un inminente perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la gestora pretende que se deje sin efectos las determinaciones emitidas por el Tribunal y la Sala de Descongesti\u00f3n convocados, para que, en su lugar, se declare que es beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobreviviente con ocasi\u00f3n de la muerte de su hija y se ordene el pago respectivo. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; por tanto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma abiertamente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera totalmente desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n emitida en sede de casaci\u00f3n, que es aquella que, en \u00faltimas, resolvi\u00f3 el asunto, se observa que la Sala cuestionada, al desatar el mencionado recurso extraordinario y luego de precisar lo pertinente al error de hecho, el cual, seg\u00fan sentencia CSJ SL del 11 febrero de 1994 (Rad. 6043), se presenta cuando el \u00absentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado est\u00e1ndolo\u00bb, procedi\u00f3 a analizar las pruebas se\u00f1aladas por la casacionista como no apreciadas o indebidamente valoradas, as\u00ed: <\/p>\n
i) La c\u00e9dula de ciudadan\u00eda de la demandante, frente a la cual indic\u00f3 que no era pertinente para acreditar la dependencia econ\u00f3mica y que \u00abla edad de quien pretende la pensi\u00f3n de sobrevivientes no resulta determinante para lograr el reconocimiento al que aspira, pues lo que resulta fundamental es acreditar la subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica, que fue lo que no hall\u00f3 probado el Tribunal\u2026\u00bb. <\/p>\n
ii) Registro civil de defunci\u00f3n del se\u00f1or Ra\u00fal Losada, padre de la causante. Aqu\u00ed resalt\u00f3 que no se evidenciaba error de hecho por parte de la colegiatura accionada, dado que hizo menci\u00f3n a la condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y, adem\u00e1s, sostuvo \u00abque la actora percib\u00eda una pensi\u00f3n de sobrevivientes derivada del deceso de su esposo. Por ende, no desconoci\u00f3 la condici\u00f3n de viudez de la promotora del proceso, e incluso, de ser beneficiaria de la pensi\u00f3n generada por su fallecimiento\u00bb; aunado a ello, afirm\u00f3 que le correspond\u00eda a la recurrente desestimar la conclusi\u00f3n relativa a que \u00abno se acredit\u00f3 una contribuci\u00f3n cierta de la afiliada hacia su madre que mostraran el equ\u00edvoco del Tribunal, cuando se\u00f1al\u00f3 que no se prob\u00f3 la subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica, a lo que no contribuye el registro denunciado\u00bb. <\/p>\n
iii) Reporte de semanas de afiliaci\u00f3n y aportes de la hija de la accionante. Sobre el particular, la Sala argument\u00f3 que tampoco demostraba la dependencia econ\u00f3mica, pues aunque la demandante dijo que \u00abconviv\u00eda con su hija y era \u00e9sta quien trabajaba\u00bb, de lo cual \u00abse pod\u00eda entender que la manten\u00eda mediante contribuciones \u2018econ\u00f3micas permanentes, continuas y significativas\u2019\u00bb, lo cierto es que esto no era m\u00e1s que una \u00abinferencia que no surge de la prueba apreciada y que corresponde a simples suposiciones o conjeturas del recurrente, pues no tienen respaldo en el documento denunciado\u00bb. En consecuencia, determin\u00f3 que ese probatorio no acreditaba el error de hecho aludido. <\/p>\n
iv) Interrogatorio de parte de la actora. En punto del mismo, observ\u00f3 que \u00abno era medio de prueba calificado en casaci\u00f3n a menos que contenga una confesi\u00f3n\u00bb y que con este lo pretendido era \u00abdemostrar, a partir de su propio dicho, la subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica respecto de su hija y la ausencia de autosuficiencia monetaria. As\u00ed es claro que no est\u00e1 acusando al fallador de segundo grado de haber dejado de apreciar una confesi\u00f3n ni tampoco de haberla dado por establecida, cuando no exist\u00eda\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, clarific\u00f3 que de su contenido, en lo estrictamente f\u00e1ctico, solo se concluir\u00eda que la actora manifest\u00f3 que \u00abcon ocasi\u00f3n de la muerte de su c\u00f3nyuge disfrutaba de una pensi\u00f3n en cuant\u00eda de un salario m\u00ednimo legal mensual\u00bb. <\/p>\n
v) Sobre los testimonios de Sandra Milena Fl\u00f3rez y Jos\u00e9 Ricardo Trujillo Charria y la declaraci\u00f3n extrajuicio de Magda Lorena Barrios se\u00f1al\u00f3 que no eran medios de prueba calificados para acudir en casaci\u00f3n, toda vez que \u00abno se encuentran incluidos en los establecidos por el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969\u00bb. <\/p>\n
Y, en lo atinente al cuestionamiento relacionado con que el Tribunal \u00abentendi\u00f3 err\u00f3neamente la subordinaci\u00f3n requerida para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, expuso que: <\/p>\n
\u00abla dependencia econ\u00f3mica de los padres respecto de su hijo fallecido no tiene que ser total y absoluta, es decir, que si bien debe existir una relaci\u00f3n de sujeci\u00f3n de aquellos en relaci\u00f3n con la ayuda del afiliado, tal situaci\u00f3n no excluye que puedan percibir rentas o ingresos adicionales, siempre y cuando, \u00e9stos no los convierta en autosuficientes (CSJ SL400- 2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, CSJ SL14923-2014, CSJ SL6390-2016 y CSJ SL11155-2017). <\/p>\n
Tal criterio adem\u00e1s ha atendido lo expuesto por la Corte Constitucional en la providencia C111-2006, a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u2018de forma total y absoluta\u2019 contenida en el literal d) del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003\u2026\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello, sostuvo que <\/p>\n
\u00ab\u2026no le asiste raz\u00f3n a la parte actora cuando sostiene que se desconoci\u00f3 que la subordinaci\u00f3n no tiene que ser absoluta, de ah\u00ed que los padres pueden percibir rentas o ingresos adicionales; pues, revisadas las consideraciones del ad quem, no se advierte que entendiera que, para obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes se requer\u00eda que la madre dependiera absolutamente de su hija, pues, lo que hall\u00f3 fue que no se acredit\u00f3 la existencia de un aporte cierto proveniente de la afiliada y, por ende, no probada la sujeci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Si bien la subordinaci\u00f3n exigida no se desvirt\u00faa porque los padres del fallecido cuenten con otros ingresos que no les permitan asumir su propia manutenci\u00f3n y subsistencia, en el presente caso lo que encontr\u00f3 el Tribunal fue que ni siquiera se prob\u00f3 que la afiliada le hiciera a su madre un aporte cierto, porque de la valoraci\u00f3n de la prueba testimonial concluy\u00f3 que no se demostr\u00f3 el suministro efectivo de recursos. De ah\u00ed que su decisi\u00f3n no estuvo cimentada en que pese al aporte la promotora del proceso fuera autosuficiente con ocasi\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que percib\u00eda por la muerte de su c\u00f3nyuge, sino que no encontr\u00f3 certeza del aporte o contribuci\u00f3n que realizaba la fallecida a su progenitora. <\/p>\n
En ese orden, al no demostrarse la configuraci\u00f3n de error alguno por parte del Tribunal, resolvi\u00f3 no casar dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n censurada para decidir el precitado mecanismo extraordinario, se advierte que no es procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo establecido no resulta abiertamente arbitrario ni manifiestamente alejado del ordenamiento jur\u00eddico, dado que, como se vio, se sustent\u00f3 en una interpretaci\u00f3n motivada de la normatividad aplicable, la jurisprudencia relacionada con el asunto y el material probatorio allegado al proceso, a partir de lo cual concluy\u00f3 que no se demostr\u00f3 el error de hecho frente a la falta de acreditaci\u00f3n de las contribuciones \u00abecon\u00f3micas permanentes, continuas y significativas\u00bb por parte de la causante en favor de la promotora del proceso. <\/p>\n
En este aspecto, se destaca que la Sala accionada, en punto de la dependencia econ\u00f3mica, tuvo en cuenta los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, explicando la manera en que se configuraba la misma, en la medida en que deb\u00eda demostrarse que era cierta, peri\u00f3dica y relevante, lo cual no encontr\u00f3 soportado. <\/p>\n
4.1. Pues bien, respecto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021, se subraya). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, se resalta que la tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio, pues, sobre la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha establecido, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01, que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n del an\u00e1lisis probatorio realizado, dado que, como se anot\u00f3, la Sala atacada analiz\u00f3 los medios de prueba allegados y razonadamente concluy\u00f3 que no permit\u00edan llegar a las conclusiones pretendidas por la tutelante, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento jur\u00eddico y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, a prop\u00f3sito de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica referida, por las razones consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia constitucional que neg\u00f3 el amparo invocado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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