STC4284-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4284-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00874-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por David Armando Bueno Rodr\u00edguez y Armando Bueno Mac\u00edas contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00082, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente conculcada por la autoridad acusada, en desarrollo del litigio n\u00ba 2018-00082 seguido en su contra. <\/p>\n
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2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refieren, en s\u00edntesis, que el precitado juicio de \u00abrendici\u00f3n provocada de cuentas\u00bb fue adelantado por Yaneth Rodr\u00edguez Salinas, asunto que se tramit\u00f3 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha. <\/p>\n
Relatan, que solicitaron a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha que declarara la nulidad de lo actuado en el proceso, arguyendo que (i) el juez de primer grado no era competente por el factor territorial por cuanto el domicilio de los demandados corresponde a Santa Marta; (ii) se produjo una indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda; (iii) se super\u00f3 el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 para proferir el fallo de primera instancia; (iv) oper\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito; y (v) porque no se integr\u00f3 debidamente el contradictorio. <\/p>\n
Indican, que su solicitud fue despachada desfavorablemente, el 17 de enero de 2022, determinaci\u00f3n frente a la cual interpusieron recurso de s\u00faplica, no obstante, en prove\u00eddo de 24 de febrero hoga\u00f1o fue confirmada. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, promueven la presente solicitud amparo, replicando los argumentos expresados en la nulidad deprecada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Pretenden que a trav\u00e9s de este particular mecanismo se declare la nulidad de lo actuado en el juicio n\u00ba 2018-00082. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
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2. Quien adujo ser el apoderado judicial de Janeth Rodr\u00edguez Salinas, se opuso a la prosperidad del auxilio y manifest\u00f3 que, el promotor \u00aben el curso de la segunda instancia ha hecho multitud de alegaciones extempor\u00e1neas e impertinentes que no han pretendido otra cosa que desgastar al Tribunal e impedir que decida la apelaci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, vulner\u00f3 el debido proceso reclamado por los convocantes, al proferir el auto de 24 de febrero de 2022, por medio del cual resolvi\u00f3 desfavorablemente la nulidad incoada al interior del litigio n\u00ba 2018-00082. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Corte que habr\u00e1 de negarse el auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por los gestores, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la referida autoridad y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3, adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, al verificar la argumentaci\u00f3n expuesta por la corporaci\u00f3n acusada en auto de 24 de febrero de 2022, por medio del cual, confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 17 de enero anterior, que despach\u00f3 desfavorablemente la nulidad deprecada por los aqu\u00ed accionantes, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado. <\/p>\n
En efecto, para arribar a la anterior decisi\u00f3n la autoridad convocada, se\u00f1al\u00f3 que \u00abreferente a la nulidad por falta de competencia objetiva, tal como lo determinar\u00e1 (sic) la Magistrada Sustanciadora, la misma se encuentra saneada, como quiera que la misma ha podido ser alegada al momento de contestar la demanda, como excepci\u00f3n previa. Se\u00f1ala el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo General del Proceso, que las excepciones previas deber\u00e1n formularse en el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, pues de lo contrario, conforme al art\u00edculo 102 ib\u00eddem, los hechos que configuren excepciones previas no podr\u00e1n ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponerlas. En esas condiciones, habiendo guardado silencio los demandados frente a la falta de competencia, para este momento ya se encuentra saneada, pues una vez aprehendida la competencia, solamente el contradictor es quien est\u00e1 legitimado para rebatirla a trav\u00e9s de los medios defensivos, puesto que no ser as\u00ed, entonces, se actualiza el Principio de la Perpetuatio Jurisdictionis (inc., final art. 16 C. G. P.)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se pronunci\u00f3 frente a la \u00abindebida notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda\u00bb indicando que \u00ab(\u2026) acertadamente la Magistrada Sustanciadora determin\u00f3 que a\u00fan, cuando se admiti\u00f3 err\u00f3neamente en la providencia del 31 de julio de 2018 como si se tratar\u00e1 del proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, lo cierto es, que la misma fue corregida en auto del 10 de octubre del mismo a\u00f1o, por lo que dicha irregularidad no tiene la virtualidad para declarar la nulidad de todo lo actuado, m\u00e1xime cuando al momento de contestar la demanda el apoderado del se\u00f1or DAVID ARMANDO BUENO RODR\u00cdGUEZ, visible al folio 76 y siguientes del cuaderno de primera instancia, contest\u00f3 la demanda refiri\u00e9ndose puntualmente al proceso declarativo de existencia de sociedad de hecho. Igual sucede frente al litisconsorte DAVID BUENO MAC\u00cdAS, como quiera que notificado en debida forma, guard\u00f3 silencio respecto de las pretensiones de la demanda, por lo que con su silencio otorg\u00f3 aprobaci\u00f3n al tr\u00e1mite adelantado, sin que pueda en este momento invocar la nulidad, raz\u00f3n por la que se confirmar\u00e1 la providencia atacada\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino previsto en el canon 121 para proferir el fallo de primera instancia, puntualiz\u00f3, que \u00aben abundante jurisprudencia, entre ellas la sentencia C-443 de 2019, se ha determinado que la misma no opera de pleno derecho, siempre que no haya actuaci\u00f3n del juzgado que implique vulneraci\u00f3n al debido proceso y el derecho de defensa, dado que la nulidad contenida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, busca evitar la vulneraci\u00f3n de los principios constitucionales en funci\u00f3n de los cuales se estructura la actividad jurisdiccional y, en particular, el derecho a la resoluci\u00f3n oportuna de las controversias judiciales, la eficiencia en las actuaciones estatales, la prevalencia del derecho sustancial y el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) la citada nulidad queda supeditada al requerimiento de alguna de las partes antes de dictarse sentencia y para el presente caso, se observa que dicho requerimiento devino de manera tard\u00eda ya que la parte demandada lo aleg\u00f3 luego de dictada la sentencia\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el desistimiento t\u00e1cito aducido por los recurrentes manifest\u00f3 que \u00abla figura invocada se encuentra alejada de los par\u00e1metros legales, como quiera que tal como lo determinar\u00e1 (sic) la Magistrada Sustanciadora, no puede hablarse de inactividad por parte del demandante y menos de faltar a su carga procesal, puesto que basta con observar al tr\u00e1mite del proceso para concluir que est\u00e1 llamada al fracaso la aludida solicitud, m\u00e1xime que esta figura, tambi\u00e9n debe ser solicitada de parte o declarada de oficio, antes de que cualquier actuaci\u00f3n (tambi\u00e9n a solicitud de parte o de oficio), interrumpa el t\u00e9rmino legal para que sea declarada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que lo relativo a la integraci\u00f3n del litisconsorcio no fue objeto de pronunciamiento en el auto atacado, sin que los interesados hubieren solicitado adici\u00f3n de la providencia, \u00ab(\u2026) por lo que al guardarse silencio al respecto, el asunto en [esa] s\u00faplica debe centrarse \u00fanicamente en lo que fue objeto de pronunciamiento por la Magistrada Sustanciadora, por cuanto as\u00ed lo establece el inc. 3 del art. 287 del C. G. P.\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Lo anterior, cobra mayor relevancia cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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