STC4287-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4287-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00989-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilfred David Ocampo Tamayo, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, radicado n\u00ba 2019-00009. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, el se\u00f1or Iv\u00e1n Dar\u00edo Ocampo Tamayo promovi\u00f3 en su contra proceso verbal declarativo de rendici\u00f3n provocada de cuentas (rad. 2019-00009) adelantado en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn que, mediante sentencia de 13 de noviembre de 2019 determin\u00f3 que \u00abno estaba obligado a rendir cuentas al demandante y, que este a su vez, en calidad de administrador del bien, estaba facultado para rend\u00edrselas [\u2026] dada su calidad de comunero (\u2026)\u00bb, decisi\u00f3n que qued\u00f3 ejecutoriada al no ser recurrida. <\/p>\n
Expone que, posteriormente, el despacho profiri\u00f3 un auto declarando \u00abrecibidas las cuentas\u00bb presentadas por el demandante tras considerar que no fueron objetadas en su momento, pese a que, seg\u00fan arguye, desde la contestaci\u00f3n del libelo se opuso a todos los documentos aportados relacionados con \u00abcuentas de cobro, facturas o recibos (sic)\u00bb; as\u00ed que, al entender que aquello constitu\u00eda una irregularidad procesal por desatenderse lo previsto en el art\u00edculo 379 del C\u00f3digo General del Proceso que refiere a que, en caso de formularse objeciones \u00abel juez deber\u00e1 tramitarlas como incidente\u00bb, impetr\u00f3 solicitud de nulidad \u00abpor violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, refiere que, en prove\u00eddo del 24 de enero de 2020 el juzgado de conocimiento rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad que propuso, argumentando que no se enmarc\u00f3 la solicitud en ninguna de las causales establecidas en el art\u00edculo 133 de la codificaci\u00f3n procedimental, agregando que, de haberse configurado alguna, \u00abfueron depuradas al [\u2026] agotarse la etapa prevista para el saneamiento (\u2026)\u00bb; decisi\u00f3n frente a la cual interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n; el despacho mantuvo su postura al resolver sobre el primero, y concedi\u00f3 el de alzada ante el superior. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, en decisi\u00f3n de sala civil unitaria del 23 de septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, confirm\u00f3 en su integridad la providencia apelada, refrendando las consideraciones del juez a quo en torno a la improcedencia de la causal de nulidad invocada. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores determinaciones y las acusa de constituir v\u00edas de hecho por incurrir de manera concreta en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb; al respecto adujo que, se configura dicha defecto por cuanto los accionados al resolver la nulidad planteada desconocieron la procedencia de la causal alegada de \u00abviolaci\u00f3n del debido proceso\u00bb, sin advertir que en el tr\u00e1mite se omiti\u00f3 aplicar lo contemplado en el \u00abnumeral 5\u00ba del art\u00edculo 379 del C.G.P., [que] obligaba a la apertura del incidente habida cuenta de que se hab\u00edan presentado objeciones sobre las cuentas y los documentos soportes de ella con que el demandante pretend\u00eda la rendici\u00f3n espont\u00e1nea de cuentas\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se ordene a los accionados dejar sin efectos \u00ablas decisiones tomadas en providencias del 21 de octubre de 2020 y 23 de septiembre de 2021 respectivamente, y se proceda a darle inicio al tr\u00e1mite del incidente de nulidad propuesto para decidir sobre la eventual vulneraci\u00f3n del proceso al omitir una importante etapa en la cual [\u2026] hacer la pr\u00e1ctica de objeciones presentadas ante la Rendici\u00f3n de cuentas espont\u00e1neas presentadas por el se\u00f1or Iv\u00e1n Dar\u00edo Ocampo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, ponente de la providencia recriminada, defendi\u00f3 lo all\u00ed resuelto por cuanto fue producto \u00abdel an\u00e1lisis de la normas constitucionales y legales que actualmente rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Novena Civil del Circuito de Medell\u00edn relacion\u00f3 lo acontecido en la causa en cuesti\u00f3n e indic\u00f3 que, una vez finalizado el tr\u00e1mite concerniente con la nulidad propuesta por el ac\u00e1 accionante, la actuaci\u00f3n fue remitida a los juzgados de ejecuci\u00f3n de sentencias civiles del circuito, correspondiendo por reparto al Cuarto de esa especialidad, que continuar\u00e1 con el asunto y se encargar\u00e1 de la liquidaci\u00f3n de costas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales denunciadas al rechazar el incidente de nulidad propuesto por el quejoso respecto de lo actuado en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas \u2013 radicado n\u00ba 2019-00009 \u2013 promovido en su contra por Iv\u00e1n Dar\u00edo Ocampo Tamayo, concretamente, por desestimar la causal de nulidad invocada de \u00abviolaci\u00f3n al debido proceso\u00bb fundada en que se pretiri\u00f3 al interior del litigio un tr\u00e1mite que la norma adjetiva prev\u00e9 en caso de la formulaci\u00f3n de objeciones a las cuentas rendidas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos que, en primera y segunda instancia, rechazaron de plano la solicitud de nulidad impetrada por el actor, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 23 de septiembre de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 El auto cuestionado. <\/p>\n
En el supuesto que analiza la Sala, no logra advertirse que la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n adoptada en primer grado dentro del juicio cuestionado, en el sentido de rechazar por improcedente la nulidad deprecada respecto de lo actuado con posterioridad al fallo (13 de noviembre de 2019), se traduzca en la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del precursor del amparo, toda vez que fue el resultado de una adecuada y razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal y la normativa aplicable. <\/p>\n
En efecto, al momento de resolver, el magistrado ponente de la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada, examin\u00f3 la pertinencia de la causal de nulidad alegada, que, espec\u00edficamente se refiri\u00f3 a la se\u00f1alada en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, esto es, \u00abviolaci\u00f3n del debido proceso\u00bb, frente a lo cual explic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la mencionada nulidad constitucional toca s\u00f3lo con la prueba irregularmente obtenida, esto es sin observar las disposiciones que regulan su producci\u00f3n, mandato que entonces se cumplir\u00eda no tomando en cuenta para la decisi\u00f3n el medio probatorio il\u00edcito (art\u00edculo 168 C.P.C.), obvio resulta que si contrariando \u00e9sta \u00faltima disposici\u00f3n, la decisi\u00f3n tiene como soporte la prueba de tal manera obtenida, su nulidad afecta el acto procesal de decisi\u00f3n y, l\u00f3gicamente, la actuaci\u00f3n posterior que de all\u00ed se derive\u00bb. <\/p>\n
A partir de esa aclaraci\u00f3n, la magistratura acusada puntualmente precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la causal aducida en este caso no se fundamenta en una prueba ilegalmente obtenida y analizada en la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2019, pues fue all\u00ed donde se decidi\u00f3 lo concerniente a la rendici\u00f3n espont\u00e1nea de cuentas y en donde consider\u00f3 la juez que el demandado hab\u00eda aceptado las presentadas por el demandante, cosa que a juicio del recurrente no ocurri\u00f3, lo que no se constituye en una causal de nulidad por violaci\u00f3n al debido proceso, pues all\u00ed se realiz\u00f3 el saneamiento del proceso acorde con el art\u00edculo 372 del C. General del P. sin que las partes alegaran la misma. <\/p>\n
De manera que la causal alegada, acorde con lo establecido en el inciso 4\u00ba del Art. 135 del C. General del P. debe ser rechazada de plano, pues, en principio la contenida en el art\u00edculo 29 del Constituci\u00f3n Pol\u00edtica solo se da por la prueba ilegalmente obtenida; y en todo caso la parte que la aleg\u00f3 act\u00fao sin proponerla despu\u00e9s de saneada\u00bb. <\/p>\n
Y finaliz\u00f3 indicando que, \u00ab(\u2026) no es el incidente de nulidad el mecanismo id\u00f3neo para atacar las inconformidades planteadas, pues como se dijo las pruebas aportadas no fueron controvertidas y la nulidad fue saneada por la parte demandada, debiendo esta Sala CONFIRMAR en su integridad el auto atacado\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o arbitraria, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el tribunal apreci\u00f3 la discusi\u00f3n suscitada y concluy\u00f3 que, el fundamento de la irregularidad denunciada, no solo no se adecuaba a las causales enlistadas en el art\u00edculo 133 del estatuto adjetivo, sino que tampoco resultaba consistente con lo establecido en el canon 29 de la Carta Pol\u00edtica; y, adicionalmente, porque, ninguna manifestaci\u00f3n se hizo en tal sentido en la oportunidad procesal de saneamiento del proceso (audiencia del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
En todo caso, lo all\u00ed establecido no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
De forma que, el accionante no puede buscar anteponer su propia interpretaci\u00f3n y utilizar este mecanismo excepcional como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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