STC4292-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4292-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00185-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abrevocar los fallos dictados en primera y segunda instancia\u00bb en el proceso criticado. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. William Serna Giraldo promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra la Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico, el municipio de Puerto Colombia y la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima (DIMAR), que fue negada con providencia del 2 de julio de 2021, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el actor, siendo confirmada por el juzgado del circuito convocado, a trav\u00e9s de sentencia del 23 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que las providencias criticadas, que negaron el anterior amparo que deprec\u00f3, \u00abcarecieron de an\u00e1lisis de las pruebas aportadas\u00bb, pues aquellas demostraban \u00abpermanencia, antig\u00fcedad y continuidad de la ocupaci\u00f3n del espacio p\u00fablico requisitos jurisprudenciales para configurar el principio de confianza leg\u00edtima el cual fue otorgado por un largo tiempo, 14 a\u00f1os\u2026, por la Alcald\u00eda\u2026 de Puerto Colombia y la DIMAR, por lo que resulta extra\u00f1o que ante la omisi\u00f3n de las autoridades se [le] pretenda imponer una multa\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3 que tampoco se tuvo en cuenta que las accionadas Alcald\u00eda Municipal de Puerto Colombia y Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico \u00abno brindaron respuesta alguna en la acci\u00f3n de tutela impetrada, circunstancia\u2026 que resulta relevante, toda vez que da por ciertos los hechos enunciados en el escrito de tutela\u00bb; y que \u00ablos fallos de tutela emitidos carecieron de juicio de proporcionalidad, instrumento utilizado para ponderar la restricci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla expres\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n surtida por ese despacho dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela cuestionada por v\u00eda constitucional se surti\u00f3 respetando el derecho al debido proceso y defensa de las partes intervinientes y dentro de los par\u00e1metros determinados por la constituci\u00f3n y la ley\u2026\u00bb y, adem\u00e1s, que el quejoso \u00abpudo haber presentado insistencia de revisi\u00f3n ante la\u2026 Corte Constitucional\u00bb lo que no hizo. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia precis\u00f3 que \u00abactu\u00f3 en apego a la norma y jurisprudencia constitucional, pues los procesos de \u00edndole ordinaria no est\u00e1n llamados a tratarse por esta v\u00eda, ya que los Jueces con esta vestidura no remplazan las decisiones de los togados ordinarios\u00bb. <\/p>\n
3. La Gobernaci\u00f3n del Atl\u00e1ntico manifest\u00f3 que \u00abal no ser la\u2026 tutela el mecanismo judicial id\u00f3neo para hacer valer las pretensiones del accionante, en virtud del principio de subsidiariedad, se solicita se declare [su] improcedencia\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, toda vez que: <\/p>\n
\u2026 no se cumple el requisito de subsidiariedad, puesto que conforme a lo dispuesto en el art. 31 del Decreto 2591 de 1991, los fallos de tutela est\u00e1n sujetos a la revisi\u00f3n de la\u2026 Corte Constitucional, y de acuerdo a lo se\u00f1alado, entre otras, en sentencia SU-116 de 2018, es la citada Corporaci\u00f3n la competente para revisarlos y disponer si los confirma, revoca o modifica, o si se abstiene de revisarlos, casos en los cuales adquieren ejecutoria constitucional; y en este caso, tal como fue verificado\u2026, y consta en el informe secretarial y anexos incorporados en el expediente tutelar, las sentencias de tutela emitidas en el proceso [criticado] no fueron seleccionadas para ser revisadas y por ende se encuentran debidamente ejecutoriadas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor expres\u00f3 que el fallador de primera instancia: <\/p>\n
\u2026 realiza un examen de la tutela sin garantizar el debido proceso\u2026, en virtud que no tutela los derechos invocados de confianza legitima, debido proceso y valoraci\u00f3n de la prueba, rese\u00f1ando en la providencia emitida que no encaja el concepto de fraude, que permita la procedencia de la tutela contra las sentencias de tutelas cuestionadas que han adquirido el status de cosa juzgada constitucional lo que deviene inexorable declarar la improcedencia del amparo pretendido <\/p>\n
Adicion\u00f3 que la \u00abjurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha establecido unas reglas encaminadas a proteger a los comerciantes informales que se ven afectados cuando la administraci\u00f3n de forma sorpresiva\u2026 adopta medidas que imposibilitan\u2026 la continuidad de sus labores en las mismas condiciones en que las ven\u00edan realizando de tiempo atr\u00e1s\u00bb, lo que no tuvieron en cuenta los falladores criticados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, advierte la Corte que el promotor cuestion\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela que, en principio, culmin\u00f3 con providencia de 23 de septiembre de 2021, que confirm\u00f3 la dictada el 2 de julio de 2021, a trav\u00e9s de las cual se neg\u00f3 el amparo que, en oportunidad anterior, reclam\u00f3 el actor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ha de destacarse que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107) <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107) <\/p>\n
2.1. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n para alegar las anomal\u00edas que en curso de la actuaci\u00f3n se presenten, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor, enfilada a cuestionar la legalidad de la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria efectuada en los fallos que dirimieron el tr\u00e1mite constitucional acusado en las dos instancias, no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada fue excluida de revisi\u00f3n, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional, circunstancia que impide a esta Colegiatura efectuar un pronunciamiento de fondo sobre las supuestas irregularidades que esgrimi\u00f3 el promotor, reiteradas en el escrito de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4292-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4292-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00185-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62724","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62724"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62724\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}