STC4299-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4299-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia Elena Arias Gallego contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa localidad y la Alcald\u00eda del municipio de Yumbo \u2013 Secretar\u00eda de Paz y Convivencia Ciudadana \u2013 Inspecci\u00f3n Urbana de Polic\u00eda de Primera Categor\u00eda Municipal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso [criticado]\u2026, a partir del auto admisorio\u2026, orden\u00e1ndose [su] integraci\u00f3n como [litisconsorte] necesario\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Alejandro Echavarr\u00eda Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria contra Yazm\u00edn Lucero Llanos Hern\u00e1ndez, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 22 de agosto de 2019, por lo que se orden\u00f3 a la enjuiciada restituir el predio en litigio al actor, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandada, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 17 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, se comision\u00f3 a la Secretar\u00eda de Paz y Convivencia Ciudadana de la Alcald\u00eda de Yumbo para adelantar la prenotada entrega, diligencia en la que formul\u00f3 oposici\u00f3n Claudia Elena Arias Gallego, que fue rechazada por el juzgado accionado con auto del 22 de febrero de los corrientes. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la opositora formul\u00f3 solicitud la nulidad del prenotado prove\u00eddo de 22 de febrero anterior, de la que se corri\u00f3 traslado con decisi\u00f3n del 25 de marzo de 2022. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que no fue convocada al juicio atacado, a pesar de que tambi\u00e9n es poseedora del bien pretendido en reivindicaci\u00f3n y que Yazm\u00edn Lucero Llanos Hern\u00e1ndez as\u00ed lo reclam\u00f3 al comparecer al proceso, por lo que debi\u00f3 \u00abser llamada como litisconsorte necesaria [de la demandada]\u00bb; y que Llanos Hern\u00e1ndez fue indebidamente notificada del auto que admiti\u00f3 la demanda g\u00e9nesis del asunto criticado, pues \u00absiempre se enviaron las notificaciones al inmueble objeto controversia, aun teniendo conocimiento que la accionada no resid\u00eda ah\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adicion\u00f3 que \u00abla sentencia de primera instancia fue apelada y en segunda instancia el Tribunal [criticado] la confirm\u00f3, concretando con ello una\u2026 violaci\u00f3n al debido proceso\u2026, al no notificar al demandado correctamente y no integrar un litisconsorcio necesario\u2026\u00bb; y que el juzgado accionado, \u00abemiti\u00f3 auto de\u2026 22 de febrero del 2022, rechazando la oposici\u00f3n, pretermitiendo la audiencia establecida en el numeral 6 del art\u00edculo 309 del C.G.P., sin practicar las pruebas de la oposici\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la invalidez de tal acto, que est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Finalmente, destac\u00f3 que \u00abel incidente de nulidad procesal no va a suspender los efectos del fallo, por lo cual no es un tr\u00e1mite procesal suficiente para conjurar la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales que se encuentran amenazados\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali destac\u00f3 que \u00abla accionante utiliz\u00f3 los mecanismos que tuvo a su alcance en el curso del proceso; se advierte entonces, que se estar\u00eda incumpliendo con el requisito de subsidiariedad de la tutela, resultando que el amparo solicitado deviene en improcedente contra decisiones judiciales, cuando\u2026 se utilice para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, expres\u00f3 que la actora \u00abya interpuso otra acci\u00f3n de tutela donde expresa su inconformidad por no haber sido llamada como litisconsorte necesaria, dado seg\u00fan su parecer, su calidad de cooposedora con la se\u00f1ora Yazmin Lucero Llanos\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali precis\u00f3 que \u00ablas decisiones adoptadas obedecieron la normativa aplicable al caso concreto y al acervo probatorio que obraba en el expediente para la fecha de [su] pronunciamiento\u00bb; y que \u00abla convocante se ha validado de las herramientas que el proceso le otorga para poner en conocimiento de la judicatura la calidad que exterioriza poseer, por contera, la tutela no es el escenario natural para elevar sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Delanteramente debe precisarse que si bien la accionante present\u00f3 un amparo anterior, que fue resuelto con sentencia del 4 de agosto de 2021 (STC9716-2021), lo cierto es que en dicha ocasi\u00f3n se neg\u00f3 la protecci\u00f3n pedida porque \u00abla libelista aun cuenta con herramientas id\u00f3neas para la materializaci\u00f3n de los derechos que enarbola\u00bb, mecanismos de los que hizo uso, lo que permite un nuevo an\u00e1lisis de la problem\u00e1tica planteada. <\/p>\n
3. Examinada la demanda de tutela, se advierte que la quejosa cuestion\u00f3 (i) la legalidad de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda g\u00e9nesis del proceso criticado a Yazm\u00edn Lucero Llanos Hern\u00e1ndez; (ii) que no se le hubiese vinculado como \u00ablitisconsorte necesaria\u00bb al juicio atacado; y (iii) que se hubiese rechazado su oposici\u00f3n, sin convocar, previamente, a la audiencia de que trata el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Respecto al primero de los referidos reclamos, de entrada, advierte la Sala la falta de inter\u00e9s de la tutelante para cuestionar la legalidad de la vinculaci\u00f3n de Yazm\u00edn Lucero Llanos Hern\u00e1ndez al tr\u00e1mite acusado, pues es una situaci\u00f3n que, en manera alguna, vulnera sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un mecanismo jur\u00eddico creado para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando son comprometidos por las actuaciones u omisiones de las autoridades y, adem\u00e1s, el art\u00edculo 10\u00b0 de la obra referida consagra que tiene inter\u00e9s para proponer el amparo toda persona \u00abvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el ordenamiento prev\u00e9 como supuesto primordial para deprecar la protecci\u00f3n referida, la \u00abvulneraci\u00f3n o amenaza\u00bb de las garant\u00edas esenciales, pues carecer\u00eda de objeto cualquier orden del juez constitucional en procura de salvaguardar los derechos, cuando \u00e9stos han sido reestablecidos o ha cesado el peligro de su trasgresi\u00f3n. <\/p>\n
Bajo ese entendido, comoquiera que la supuesta ilegalidad de la vinculaci\u00f3n de Yazm\u00edn Lucero Llanos Hern\u00e1ndez al litigio cuestionado, en manera alguna, compromete las garant\u00edas constitucionales de la promotora de este resguardo, pues la \u00fanica eventualmente lesionada con esa actuaci\u00f3n ser\u00eda Llanos Hern\u00e1ndez, se concluye que la gestora carece de inter\u00e9s para formularlo. <\/p>\n
5. En lo que ata\u00f1e al segundo de los reproches que elev\u00f3 la quejosa, relacionado con su supuesta falta de vinculaci\u00f3n al juicio criticado, concluye la Corte que la solicitud de resguardo resulta inviable, porque ella omiti\u00f3 solicitar, con fundamento en lo previsto en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la invalidez de lo actuado en dicho asunto, situaci\u00f3n que debi\u00f3 esgrimir en la diligencia de entrega del predio objeto de reivindicaci\u00f3n, conforme lo permite el art\u00edculo 134 de la citada codificaci\u00f3n, norma que dispone, en sus apartes pertinentes, que: <\/p>\n
Las nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. <\/p>\n
La nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades. (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Y es que, revisados los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, se evidencia que la quejosa particip\u00f3 en la referida entrega, oportunidad en la que formul\u00f3 oposici\u00f3n a \u00e9sta, pero no aleg\u00f3 la nulidad por su supuesta falta de vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la actora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
6. Finalmente, en lo concerniente al \u00faltimo de los reproches de la accionante, enfilados a cuestionar la legalidad del prove\u00eddo de 22 de febrero pasado, que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que aquella formul\u00f3 a la entrega que se orden\u00f3 en el asunto enjuiciado, se concluye que el resguardo resulta prematuro, por cuanto no se ha decidido la solicitud de invalidez mediante la cual ella cuestion\u00f3, precisamente, que se hubiese decidido sobre la rese\u00f1ada oposici\u00f3n, sin adelantar, previamente, la audiencia de que trata el art\u00edculo 309 (numeral 6\u00b0) del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el referido medio de defensa est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, res\u00e1ltese que, contrario a lo que adujo la tutelante, dicho mecanismo de defensa s\u00ed resulta id\u00f3neo para salvaguardar sus prerrogativas esenciales, habida cuenta que, de resultar pr\u00f3spero, se invalidar\u00e1 el prove\u00eddo que desech\u00f3 su oposici\u00f3n a la entrega, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las actuaciones que se llegaren a derivar de esa decisi\u00f3n, incluso, la pr\u00e1ctica de esa diligencia. <\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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