STC4301-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4301-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01623-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Germ\u00e1n Pab\u00f3n Sandoval contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Penal del Circuito de Acac\u00edas, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, el promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Germ\u00e1n Pab\u00f3n Sandoval se adelanta proceso penal por el delito de \u00abhomicidio agravado en grado de tentativa\u00bb, present\u00e1ndose el escrito de acusaci\u00f3n el 8 de noviembre de 2013. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el acusado celebr\u00f3 un preacuerdo con el ente acusador, con miras a cambiar la conducta imputada a la de \u00abhomicidio simple en la modalidad de tentativa\u00bb, con la finalidad de \u00abfijar la punibilidad a imponer en un m\u00ednimo de 69,33 meses de prisi\u00f3n\u00bb, que fue aprobado en audiencia del 26 de marzo de 2014. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, el 15 de mayo de 2014, se profiere sentencia en la que se conden\u00f3 al procesado a 123 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que \u00e9l apel\u00f3. <\/p>\n
2.4. Remitidas las diligencias al Tribunal criticado, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 10 de septiembre de 2015, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la \u00abvista p\u00fablica celebrada\u2026 el\u2026 26 de marzo de 2014\u00bb. <\/p>\n
2.5. Devuelto el asunto al a quo, en audiencia de diciembre de 2015, se improb\u00f3 el acuerdo al que hab\u00eda llegado el procesado con la fiscal\u00eda, determinaci\u00f3n que se censur\u00f3 en apelaci\u00f3n, siendo confirmada con providencia del 29 de junio de 2016. <\/p>\n
2.6. Seguidamente, iniciada la etapa de juicio oral, el acusado solicit\u00f3 la nulidad \u00abpor violaci\u00f3n al debido proceso\u2026, considerando que el preacuerdo aprobado el 26 de marzo del\u2026 2014, cumpli\u00f3 con los requerimientos legales y constitucionales\u00bb, petici\u00f3n que desestim\u00f3 el juzgado de conocimiento con auto del 5 de febrero de 2020. <\/p>\n
2.7. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la decisi\u00f3n de improbar el acuerdo al que lleg\u00f3 con el ente acusador trasgrede su derecho al debido proceso; y que las: <\/p>\n
\u2026dos decisiones [de] segunda instancia\u2026, son\u2026 violatorias del debido proceso, del principio de legalidad, de irretractibilidad, de preclusividad, progresividad, desconociendo\u2026 el tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 293 de la norma procesal penal y ordenando la nulidad de una diligencia que cumpli\u00f3 cabalmente con todos los requerimientos legales y constitucionales para su\u2026 validez. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que \u00abla nulidad que pod\u00eda decretar [el Tribunal] era la de lectura del fallo y no la de aprobaci\u00f3n del preacuerdo porque esta cumpli\u00f3 con todos los requisitos legales, jurisprudenciales y constitucionales para su plena validez y as\u00ed lo asintieron las partes intervinientes en dicha audiencia\u00bb; y que el prove\u00eddo de 29 de junio de 2016, \u00abdesconoce\u2026 su anterior pronunciamiento dentro de la misma investigaci\u00f3n y avala una nueva causal de improbaci\u00f3n del preacuerdo que nunca fue expuesta por el juez de conocimiento al momento de aprobar el\u2026 mencionado preacuerdo suscrito por las partes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Penal del Circuito de Acac\u00edas destac\u00f3 que las decisiones criticadas \u00abse ajustan al rito procesal legal y constitucional vigente\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Villavicencio pidi\u00f3 negar el resguardo, \u00abcomoquiera que no se han vulnerado ni puesto en amenaza los derechos fundamentales invocados por el libelista, por cuanto se ha adelantado la presente actuaci\u00f3n judicial bajo los par\u00e1metros se\u00f1alados en decisiones de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 22 Seccional de Acac\u00edas rindi\u00f3 informe de las actuaciones adelantadas en el juicio criticado. <\/p>\n
4. El abogado Jos\u00e9 Francisco Morales Soler, quien dijo fungir como apoderado de la v\u00edctima Nelson Morales, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo en este tr\u00e1mite, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo, porque \u00abexisten otros medios de defensa aptos para garantizar la protecci\u00f3n de que se trata, esto es, en sede de juicio y, eventualmente, en la apelaci\u00f3n de la sentencia y en casaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El 29 de enero de 2021, el actor formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n, que fue concedida por el a quo con auto del 8 de marzo de 2022. <\/p>\n
Como soporte de su inconformidad el actor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar las decisiones dictadas respecto del preacuerdo que celebr\u00f3 con el ente acusador, y agreg\u00f3 que agot\u00f3 los medios de defensa que tuvo a su alcance, pues \u00abinterpuso apelaciones contra las sentencias que en primera instancia [dict\u00f3] el Juzgado Penal del Circuito de Acacias \u2013 Meta, similar recurso interpus[o] contra la decisi\u00f3n del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio \u2013 Meta, que neg\u00f3 la nulidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que, al momento de interponerse la tutela, ni siquiera se hab\u00eda dictado sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, o la alta probabilidad de que sus argumentos sean desechados por los jueces ordinarios o, incluso, el tiempo que puede tardar en resolverse esos mecanismos de defensa. <\/p>\n
Y es que, de configurarse la anomal\u00eda denunciada por el tutelante, bien puede aquella alegarse a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado e, incluso, como soporte de un eventual recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismos que se muestran eficaces para subsanar tal situaci\u00f3n, pues de prosperar se ver\u00eda restablecida cualquier garant\u00eda que le hubiese sido vulnerada al actor. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, si bien el gestor ha agotado ciertos mecanismos defensivos en el proceso criticado, lo cierto es que a\u00fan cuenta con otros medios judiciales que se muestran id\u00f3neos para salvaguardar los derechos que aquel pregona comprometidos. <\/p>\n
As\u00ed pues, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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