STC4303-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4303-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2022-00085-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Gabriel Eduardo y Germ\u00e1n Ra\u00fal Pi\u00f1eres Molina, Rosa Molina Salcedo y Andr\u00e9s Felipe Pi\u00f1eres Hern\u00e1ndez contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes o terceros interesados en el proceso objeto de litis. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e intimidad, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el juicio de radicado 13001310300720190018900. <\/p>\n
2. En sustento de su queja se\u00f1alaron que promovieron el proceso declarativo se\u00f1alado, para obtener la indemnizaci\u00f3n derivada de una incapacidad m\u00e9dica, contra Operadores del Caribe S.A.S., Opercar S.A.S., Orlando Ruiz Rodelo Yepes y La Previsora S.A., Compa\u00f1\u00eda de Seguros, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena. En la contestaci\u00f3n de la demanda, los accionados objetaron la cuant\u00eda de los perjuicios efectuada en el juramento estimatorio1. <\/p>\n
Por auto del 12 de abril de 20212 y de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del art\u00edculo 206 del CGP, el Juzgado concedi\u00f3 a la parte actora \u00abel t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que aporte o solicite las pruebas pertinentes\u00bb. Frente a esa decisi\u00f3n formularon recurso de reposici\u00f3n argumentando que, seg\u00fan el art\u00edculo 206 del CGP, \u00abSolo se considerar\u00e1 la objeci\u00f3n que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimaci\u00f3n\u00bb; por tanto, como no identificaron ninguna imprecisi\u00f3n matem\u00e1tica frente a las pruebas del juramento estimatorio, la objeci\u00f3n deb\u00eda rechazarse. <\/p>\n
No obstante, el Juzgado de conocimiento confirm\u00f3 su decisi\u00f3n el 8 de noviembre de 20213. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la parte actora sostuvo que la objeci\u00f3n no tiene \u00abla virtud jur\u00eddica para ser encasillada en tal figura jur\u00eddico-procesal, pues, no identificaron la imprecisi\u00f3n matem\u00e1tico-econ\u00f3mica de los juramentos estimatorios establecidos en la demanda (\u2026)\u00bb, en cambio, se asemeja a un alegato de conclusi\u00f3n o excepci\u00f3n perentoria, \u00abpues est\u00e1n dirigidas a desvirtuar la existencia de los perjuicios reclamados en la demanda (\u2026)\u00bb y, en tal medida, el acto acusado \u00abcercen\u00f3 a la parte accionante las pruebas de juramentos estimatorios establecidos en la demanda (\u2026) porque a su juicio no ten\u00edan la prueba del salario\u00bb, desconociendo que se aport\u00f3 con la demanda una certificaci\u00f3n laboral del 10 de junio de 2014 con el salario que devengaba Gabriel Eduardo Pi\u00f1eres para la fecha de los hechos; adem\u00e1s, que la decisi\u00f3n vulner\u00f3 su derecho a la prueba y le traslad\u00f3 la carga de probar las objeciones al juramento presentadas por los demandados. <\/p>\n
3. Instaron, conforme a lo relatado, que se revoque el numeral 2 del auto del 12 de abril de 2021 y la providencia del 8 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, se rechacen las objeciones presentadas y se ordene \u00abcualquier otra medida de relevancia constitucional que se considere pertinente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena se remiti\u00f3 a las consideraciones vertidas en el auto cuestionado y destac\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n, en raz\u00f3n a que los actores pretenden revivir un asunto concluido a trav\u00e9s de los medios ordinarios. <\/p>\n
2. La Previsora S.A., Compa\u00f1\u00eda de Seguros, afirm\u00f3 que la norma impone como \u00fanico requisito para objetar el juramento estimatorio que se especifique razonadamente la objeci\u00f3n y no se impone la carga de probarla, pues, una vez realizada, corresponde a la parte demandante reforzar probatoriamente tal estimaci\u00f3n. Relat\u00f3 que present\u00f3 la objeci\u00f3n, porque los demandantes no aportaron \u00absiquiera un desprendible de n\u00f3mina donde conste que devengaba dicha suma\u00bb y no se tiene certeza de los ingresos que se dejaron de percibir; en consecuencia, solicit\u00f3 desestimar las pretensiones de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, tras considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues no existe a\u00fan una decisi\u00f3n definitiva del accionado, \u00abque se encuentra ad portas de fijar fecha para audiencia de sentencia\u00bb. Aunado a ello, adujo que las inconformidades sobre el tr\u00e1mite dado a las objeciones formuladas contra el juramento estimatorio \u00abcorresponde al procedimiento que el legislador ha dispuesto en esos casos conforme a las normas que gobiernan la materia y, en todo caso, a\u00fan cuenta con el estadio en el que se finiquite la instancia, momento en el que el juez deber\u00e1 resolver sobre dicho t\u00f3pico, decisi\u00f3n, que huelga decir, no queda desprovista de los recursos de ley\u00bb.. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, argumentando que \u00abno tienen a su disposici\u00f3n ning\u00fan medio o recurso judicial para salvaguardar y proteger sus derechos a las pruebas especialmente, a las pruebas de juramentos estimatorios establecidas en la demanda (\u2026) lo cual denota, que si se cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretenden los tutelantes el amparo de los derechos fundamentales invocados, que consideran vulnerados con las providencias del 12 de abril de 2021 y del 8 de noviembre siguiente, mediante las cuales el Juzgado dispuso el traslado a la parte actora de las objeciones formuladas por los demandados al juramento estimatorio de la cuant\u00eda, pues, en su criterio, debieron ser rechazadas. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas adosadas al plenario, se establece que, frente al asunto cuestionado, esto es, el traslado de las objeciones presentadas al juramento estimatorio, el Juzgado se pronunci\u00f3, mediante el prove\u00eddo del 8 de noviembre de 2021, en el que sostuvo, respecto de los alegatos de los recurrentes, que \u00abresulta imposible a la parte demandada detallar matem\u00e1ticamente la objeci\u00f3n, en lo concerniente al da\u00f1o emergente, por la reducci\u00f3n del ingreso generados (sic) por la incapacidad de 20 d\u00edas que tuvo el demandante, ya que (\u2026) no se tiene prueba del salario que devengaba en ese momento la parte demandante, y que no se aporta desprendible de pago o certificado del dinero dejado de percibir\u00bb. <\/p>\n
A su vez, enfatiz\u00f3 que \u00ablo que exige la norma es que en la objeci\u00f3n se haga una explicaci\u00f3n razonada de la inexactitud, m\u00e1s no una operaci\u00f3n matem\u00e1tica de la misma, y en ese sentido, la objeci\u00f3n que plantea la parte demandada se observa que es razonada\u00bb. <\/p>\n
3. De lo anterior, se evidencia que el Juzgado convocado explic\u00f3 las razones por las cuales, a la luz de lo previsto en el inciso 2 del art\u00edculo 206 del C.G.P., era pertinente correr traslado de las objeciones formuladas contra el juramento estimatorio, sin que se advierta la procedencia de la tutela, dado que la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta totalmente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y la normatividad que gobierna el asunto, m\u00e1xime que el tema rebatido a\u00fan no se ha decidido de fondo. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los solicitantes, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden4, as\u00ed como tampoco est\u00e1 facultado para intervenir en un proceso en curso, para establecer, prematuramente, como deben resolverse los asuntos sometidos a consideraci\u00f3n del juez causa natural. <\/p>\n
3.2. Lo expuesto, resulta especialmente relevante en este caso, pues, como se indic\u00f3, sobre el tema rebatido a\u00fan no se ha adoptado una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, en un caso de similares contornos al ac\u00e1 debatido, en el que se cuestion\u00f3 el auto por el cual el juzgado de conocimiento no repuso la providencia que orden\u00f3 correr traslado de la objeci\u00f3n formulada contra el juramento estimatorio, la Sala concluy\u00f3 que la tutela era inviable, dado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o arbitraria, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del gestor del amparo no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
<\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se ha planteado es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el despacho tutelado interpret\u00f3 el canon 206 del C\u00f3digo General del Proceso frente al tema de la objeci\u00f3n al juramento, apreciando que aqu\u00e9lla, en este caso, cumpli\u00f3 con la carga de refutar suficientemente la tasaci\u00f3n de los perjuicios en \u00e9l contenida y de precisar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el reproche contra el mismo\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
Finalmente, la pertinencia o no de los reparos en que se fund\u00f3 la objeci\u00f3n criticada, ser\u00e1 un punto que ata\u00f1er\u00e1 al juez de conocimiento dirimirlo en la oportunidad procesal correspondiente, por lo tanto, no incumbe al de tutela pronunciarse sobre el particular si el ordinario no lo ha hecho, porque adem\u00e1s de resultar indiscutiblemente anticipado, significar\u00eda tambi\u00e9n una intromisi\u00f3n indebida en su competencia\u2026\u00bb (STC10248-2019). <\/p>\n
En cuanto al car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, esta Sala ha determinado que: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01, se subraya). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 el amparo, por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 58, 75 y 86 del expediente constitucional. <\/p>\n
2\u0002 Folio 97 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 101 Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4303-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC4303-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2022-00085-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62728","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62728","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62728"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62728\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62728"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62728"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62728"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}