STC4305-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4305-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2022-00022-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 28 de febrero de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Leonardo Javier Nova Rocha contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito de esa localidad y Primero Promiscuo Municipal de Corozal; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene al juzgado municipal criticado \u00abdiligenciar aceleradamente lo ordenado mediante auto de 2 de marzo de 2021, donde se decido librar, despacho comisorio No. 002 – 21, con [el] fin de practicar el secuestro sobre el predio con FMI No. 342-31875\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, pidi\u00f3 que se ordene al despacho judicial de categor\u00eda de circuito convocado que le \u00abinforme si\u2026 Jard\u00edn Idalis D\u00edaz Payares, tomo posesi\u00f3n del cargo de secuestre\u2026; ya que el d\u00eda 9 de diciembre de 2020, mediante correo electr\u00f3nico, se le solicito esa informaci\u00f3n; y esta solicitud no fue tramitada ni contestada\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Leonardo Javier Nova Rocha promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Ezequiel Jos\u00e9 Serpa Serpa, tr\u00e1mite en el que el juzgado del circuito accionado, mediante auto de 15 de enero de 2018, entre otras medidas, se orden\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble identificado con folio inmobiliario No. 342-31875. <\/p>\n
2.2. Inscrito el embargo en la matr\u00edcula inmobiliaria del prenotado auto, con prove\u00eddo del 16 de mayo de 2018, se comision\u00f3 al \u00abJuzgado Promiscuo Municipal de Corozal\u2026 (reparto)\u00bb para la pr\u00e1ctica del secuestro, correspondiendo tal encargo al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa localidad. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de providencia del 12 de julio de 2018, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del despacho comisorio, por cuanto \u00abpor parte alguna aparecen los insertos necesarios para la pr\u00e1ctica [del secuestro]\u00bb. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, mediante auto del 2 de marzo de 2021, se libr\u00f3, nuevamente, despacho comisorio para la pr\u00e1ctica del secuestro ordenado, que se \u00ababstuvo\u00bb de auxiliar el juzgado promiscuo querellado, con providencia del 26 de abril de 2021, al considerar que: <\/p>\n
\u2026 no se da la necesidad de que el despacho se desplace urgentemente para realizar la medida cautelar en cuesti\u00f3n la cual no se puede cumplir de forma virtual, y el CSJ no ha autorizado ni siquiera de manera general la entrada de los empleados y funcionarios a la instalaci\u00f3n de los Juzgados, ahora menos que los jueces se trasladen en cumplimiento de sus tareas a otros lugares distintos. <\/p>\n
2.5. Recibidas las diligencias por el comitente, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 18 de mayo de 2021, ratific\u00f3 la comisi\u00f3n y le reiter\u00f3 al comisionado que \u00abcuenta con la facultad de subcomisionar\u00bb. <\/p>\n
2.6. Ante el anterior requerimiento, el juzgado comisionado, con determinaci\u00f3n del 26 de julio de 2021, dijo \u00abacatar lo ordenado por el comitente\u00bb, para lo cual, precis\u00f3, \u00abse fijar\u00e1 d\u00eda y hora, una vez el CSJ levante las restricciones que existen para la pr\u00e1ctica de esta diligencia de manera presencial\u00bb. <\/p>\n
2.7. Posteriormente, a trav\u00e9s de auto del 23 de septiembre de 2021, el juzgado del circuito convocado requiri\u00f3 al comisionado para que \u00aben la medida de la disponibilidad de agenda, programe la diligencia objeto de despacho comisorio siempre que est\u00e9n dadas las precisas condiciones de bioseguridad de que habla el Protocolo para Diligencias fuera de la Sede del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
2.8. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abdesde la fecha de la primera comisi\u00f3n librada no se [ha] obtenido respuesta oportuna, acelerada y eficaz por parte del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Corozal\u2026, sobre la programaci\u00f3n de la diligencia de secuestro del bien inmueble\u00bb y que el juzgado del circuito convocado omiti\u00f3 resolver sobre una petici\u00f3n que elev\u00f3 el 9 de diciembre de 2020. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Corozal destac\u00f3 que \u00aba\u00fan no se ha materializado la diligencia de\u2026 secuestro debido a la emergencia sanitaria conocida por todos, que, con respecto a los servidores de rama judicial, existen unas orientaciones especiales, contenidas en alg\u00fan acuerdo del CSJ, y que tienen su fundamento en el decreto Ley 806 del 2020\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que el municipio de Corozal: <\/p>\n
\u2026 presenta su tercer pico epidemiol\u00f3gico con tasas de positividad de 24.17% es decir, por cada 100 muestras Covid-19, 24 est\u00e1n resultando positivas y una alta tasa de mortalidad. Adem\u00e1s de ello no alcanza las coberturas de vacunaci\u00f3n requeridas para una inmunidad de reba\u00f1o, en ese sentido representa un riesgo para la salud publica teniendo en cuenta que es el lugar donde se desarrolla las actividades de los despachos de esta ciudad. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Sincelejo, tras rendir informe sobre las actuaciones que ha adelantado en el juicio criticado, destac\u00f3 que \u00abha sido diligente dentro del tr\u00e1mite impartido, de lo que da cuenta la labor oportuna del juzgado para resolver las peticiones del aqu\u00ed accionante y, as\u00ed mismo, las decisiones en torno a la Comisi\u00f3n, especialmente las sendas ratificaciones\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Luis Alberto G\u00f3mez Santos, quien dijo fungir \u00abcomo apoderado de\u2026 Ezequiel Jos\u00e9 Serpa Serpa\u00bb, sin que aportara mandato para representarlo en el presente tr\u00e1mite, rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abante la mora judicial injustificada que alega el accionante, existe otro mecanismo al que ser\u00eda posible acudir para encausar a la judicatura a quien se le atribuye la conducta omisiva, para que d\u00e9 cumplimiento de lo ordenado en el prementado despacho comisorio. Tal mecanismo viene a ser la vigilancia judicial administrativa\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante destac\u00f3 que en el fallo recurrido \u00abno se entra a diluir, ni se desarrolla el concepto de la mora judicial justificada y la injustificada; as\u00ed como tampoco la procedencia de la acci\u00f3n de tutela en la tardanza judicial, como es caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la demora que se ha suscitado en la pr\u00e1ctica del secuestro para la que se comision\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Corozal, aspecto sobre el que, adem\u00e1s, destac\u00f3 que los argumentos que manifest\u00f3 dicho estrado para justificar su tardanza resultan desacertados, habida cuenta que con Acuerdo PCSJA21-11840, el Consejo Superior de la Judicatura autoriz\u00f3 la realizaci\u00f3n de diligencias por fuera de la sede judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, revisada la demanda de tutela y el escrito de impugnaci\u00f3n, se advierte que el gestor del resguardo critica, en esencia, la tardanza que se ha suscitado en la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro para la que se comision\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Corozal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considera la Sala que la demora que ha acaecido en evacuar la citada comisi\u00f3n compromete, sin duda, el derecho fundamental al debido proceso del promotor. <\/p>\n
Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que el juzgado municipal accionado ha dilatado injustificadamente la pr\u00e1ctica del secuestro que le fue encomendada, teniendo en cuenta que desde el 26 de julio de 2021, el referido estrado decidi\u00f3 auxiliar la comisi\u00f3n que le fue encomendada, pero supedit\u00f3 su realizaci\u00f3n a que \u00abel CSJ levante las restricciones que existen para la pr\u00e1ctica de esta diligencia de manera presencial\u00bb, sin que a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n est\u00e9 acreditada que haya procedido a ello, a pesar que las mencionadas limitaciones fueron levantadas. <\/p>\n
En efecto, verificados los actos administrativos que ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura, con miras a enfrentar la situaci\u00f3n irregular que ocasion\u00f3 la pandemia que origin\u00f3 el virus Covid-19, los cuales, valga anotar, se encuentran publicados en la p\u00e1gina web1 de la Rama Judicial, abierta a la consulta p\u00fablica de cualquier usuario, se verifica que: <\/p>\n
(i) Mediante acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, se dispuso que \u00ab[l]a suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales y administrativos en todo el pa\u00eds se levantar\u00e1 a partir del 1 de julio de 2020\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
(ii) Posteriormente, a trav\u00e9s de acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre de 2020, se estipul\u00f3 que a partir de la entrada en vigor de tal acto administrativo, lo que acaeci\u00f3 ese mismo 30 de septiembre, \u00abse podr\u00e1n realizar las diligencias de inspecci\u00f3n judicial, entrega y secuestro de bienes, salvo que los consejos seccionales de la judicatura determinen lo contrario, de conformidad con la informaci\u00f3n sanitaria que entregue el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social\u00bb (par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
(iii) De otro lado, el acuerdo PCSJA21-11840 del 26 de agosto de 2021, preceptu\u00f3 que, desde la entrada de vigencia de ese acto, lo que ocurri\u00f3 en la misma data de su expedici\u00f3n, \u00abse podr\u00e1n realizar diligencias judiciales, que requiera de su pr\u00e1ctica fuera de la sede judicial\u2026, cumpliendo con las medidas de seguridad para prevenir el contagio del COVD-19\u00bb (art\u00edculo 4\u00b0), disposici\u00f3n que se reiter\u00f3 en el art\u00edculo 4\u00b0 del acuerdo PCSJA22-11930 del 20222. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que, desde el 30 de septiembre de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura levant\u00f3 las restricciones que exist\u00edan para la realizaci\u00f3n de diligencias de secuestro, decisi\u00f3n que ha venido reiterando en los diferentes acuerdos que ha dictado con posterioridad, lo que deja sin sustento las justificaciones que esgrimi\u00f3 el juzgado comisionado para evacuar la tarea que le fue encomendada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Sincelejo. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que han transcurrido ocho meses desde que el estrado municipal accionado asumi\u00f3 conocimiento de la comisi\u00f3n que se le encarg\u00f3, sin que esa sede judicial hubiese procedido a emitir las decisiones necesarias para cumplirla, tales como fijar la fecha correspondiente para evacuar el secuestro encomendado, lo cual vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia del tutelante. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que no desconoce la Sala las dificultades que se han presentado en el ejercicio de la actividad judicial, por el riesgo que genera el virus Covid-19; sin embargo, se han implementado los protocolos necesarios para mitigarlo y poder normalizar la prestaci\u00f3n del servicio, los cuales habr\u00e1 de tener en cuenta el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Corozal al momento de llevar a cabo el secuestro para el que fue comisionado. <\/p>\n
Sobre el tema en comento (mora judicial), la Corte, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed, en otro asunto de similares contornos, la Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, no cabe duda de que el despacho de categor\u00eda municipal accionado ha trasgredido las garant\u00edas del actor, habida cuenta que ha dilatado injustificadamente la pr\u00e1ctica del secuestro decretado en el juicio atacado, raz\u00f3n por la cual habr\u00e1 de revocarse el fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a esa sede judicial que proceda a fijar fecha para adelantar la prenotada diligencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: Revocar la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Leonardo Javier Nova Rocha. En consecuencia, se ordena al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Corozal que, en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del presente fallo, fije fecha para evacuar el secuestro que le fue comisionado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Sincelejo en el asunto objeto de reproche constitucional (radicaci\u00f3n 70001-31-03-005-2017-00319). <\/p>\n
Segundo. La autoridad accionada informar\u00e1 al fallador de primera instancia sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia al juzgado accionado y al a quo constitucional. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n