STC4307-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4307-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2022-00003-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 26 de enero de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Dahiana Mart\u00ednez Arango contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, la Alcald\u00eda municipal de Pradera y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad, \u00abacceso a cargos p\u00fablicos\u00bb y trabajo, que dice conculcados por las autoridades accionadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u00abcontinuar con las etapas del proceso de selecci\u00f3n 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 \u2013 MUNICIPIOS PDET PRIORIZADOS PARA EL POSCONFLICTO\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dahiana Mart\u00ednez Arango particip\u00f3 del \u00abproceso de selecci\u00f3n 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 \u2013 MUNICIPIOS PDET PRIORIZADOS PARA EL POSCONFLICTO, concurso de m\u00e9ritos abierto que tiene como fin ocupar varios empleos de carrera administrativa\u00bb, quien aprob\u00f3 las pruebas de competencias b\u00e1sicas, funcionales y comportamentales. <\/p>\n
2.2. Estando en tr\u00e1mite el referido concurso de m\u00e9ritos, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Anunciaci\u00f3n Claros, el resguardo ind\u00edgena Kwet Wala, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Corregimiento del Bolo Artonal, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de La Granja y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de La Tupia promovieron una primera acci\u00f3n de tutela (a la que fue vinculada Dahiana Mart\u00ednez Arango) contra la Alcald\u00eda de Pradera y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, al considerar que sus derechos estaban siendo vulnerados \u00aben la toma de decisiones administrativas por parte de [dicha] Alcald\u00eda\u2026 en cuanto al concurso de m\u00e9ritos que permite la incorporaci\u00f3n ajena a la comunidad de Pradera, manifestando que deben garantizar una consulta previa\u2026 respetando el derecho aut\u00f3nomo que tienen\u00bb. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia del 20 de diciembre de 2021, el juzgado accionado concedi\u00f3 el amparo, por lo que orden\u00f3 \u00absuspender el proceso de selecci\u00f3n No. 948 de 2018\u2026, que adelanta la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil\u00bb y, adem\u00e1s, dispuso que \u00ab\u2026 deber\u00e1n las entidades accionadas en el marco de sus competencias, iniciar las gestiones pertinentes para llevar a cabo\u2026, a trav\u00e9s de la Alcald\u00eda Municipal de Pradera\u2026 el proceso de consulta previa respecto de los cargos administrativos que se ofertar\u00e1n\u00bb, decisi\u00f3n que impugnaron algunos de los intervinientes, siendo revocada con providencia del 18 de febrero de 2022, esto es, con posterioridad a la presentaci\u00f3n del presente amparo. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora de este resguardo que se est\u00e1 \u00abante un concurso de meritocracia, como bien su nombre lo indica, cada uno de los inscritos se esfuerza por obtener cada uno de los puestos ofertados, el cual es obtenido por m\u00e9rito propio, motivo por el cual no es procedente tener consideraciones con un determinado grupo de personas\u00bb, como lo dispuso la sede judicial acusada; y que \u00abel hecho de que el municipio de Pradera\u2026 se encuentr[e] habitado\u2026 por personas pertenecientes a comunidades negras, afrodescendientes, ind\u00edgenas, entre otras, no significa que los dem\u00e1s habitantes no tengan derechos y no se pueden vulnerar los derechos del resto de la comunidad por satisfacer las necesidades de un determinado grupo de personas\u00bb, como ocurri\u00f3 con la decisi\u00f3n judicial criticada que \u00abdecidi\u00f3\u2026 suspender el proceso, [sin tener] en cuenta el derecho a la igualdad\u2026, menospreciando las necesidades de los dem\u00e1s participantes\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Mario Alberto Chauz\u00e1 Sambon\u00ed, Viviana Eugenia Uribe Chamorro, Juli\u00e1n Alexander Chauz\u00e1 Sambon\u00ed, Francisco Antonio Fandi\u00f1o Rosero, Jenny Patricia Garc\u00eda Victoria, Alexandra Burbano Suarez, Mario Alberto Jaramillo Torres, John Jairo Var\u00f3n, Kimberly Granada Quintana, Jos\u00e9 Manuel Rangel Hern\u00e1ndez, Adriana Pe\u00f1a Gonz\u00e1lez, Guillermo Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez, Lina Maria Franco Guerrero y Leydi Bibiana Soto Erazo coadyuvaron la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, tras rendir informe sobre las actuaciones que ha adelantado en el rese\u00f1ado concurso de m\u00e9ritos, precis\u00f3 que \u00abla consulta previa no debe recaer sobre ning\u00fan empleo que no tenga las caracter\u00edsticas propias de etnoeducaci\u00f3n, es decir, el proceso de selecci\u00f3n deber\u00eda seguir con normalidad para todos los empleos de la alcald\u00eda de Pradera que no tengan esa connotaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica destac\u00f3 que \u00abno tiene injerencia alguna en los hechos que motivaron la presente acci\u00f3n, lo anterior por cuanto esta entidad NO es el ente encargado de desarrollar o vigilar el Proceso de Selecci\u00f3n 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 \u2013 MUNICIPIOS PDET PRIORIZADOS PARA EL POSCONFLICTO\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira resalt\u00f3 que la \u00abaccionante tuvo la oportunidad de alegar o exponer los alegatos que hoy expone v\u00eda tutela, dentro del tr\u00e1mite de acci\u00f3n de tutela [cuestionada], pues como ella misma lo expone en\u2026 su escrito fue debidamente enterada y vinculada dentro de aquella, donde pudo oponerse y pudo impugnar el fallo, pero no lo hizo\u00bb y, por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos \u00c9tnicos expres\u00f3 que \u00abde probarse que a la accionante se le vulneraron derechos fundamentales\u2026 por la decisi\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n constitucional que ampar\u00f3 los derechos fundamentales de las comunidades \u00e9tnicas, proceder\u00eda la garant\u00eda del derecho fundamental invocado\u00bb. <\/p>\n
6. El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda, por cuanto \u00abla hoy gestora\u2026 pese a estar debidamente vinculada y notificada del asunto constitucional objeto de reproche, omiti\u00f3 formular impugnaci\u00f3n contra el fallo de tutela\u2026 de diciembre 20 de 2021\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abse encuentra en tr\u00e1mite\u2026 la impugnaci\u00f3n formulada por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y el Ministerio del Interior contra la sentencia\u2026 del 20 de diciembre pasado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la suspensi\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos en el que particip\u00f3 y, adicionalmente, manifest\u00f3 que no fue debidamente enterada del fallo de tutela enjuiciado, lo que le impidi\u00f3 impugnarlo. <\/p>\n
De otro lado destac\u00f3 que considera que \u00abes completamente viable activar este mecanismo como \u00fanico medio para defender [sus] intereses ante los tramites que se han venido realizando en el proceso de selecci\u00f3n\u2026, es tan viable que, de no haber acudido al tribunal\u2026, [se] encontrar\u00eda pensando que dicho fallo fue definitivo\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En trat\u00e1ndose de actuaciones surtidas en tr\u00e1mites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en fallo T-353 de 2012, reiterando lo afirmado en la SU-1219 de 2001, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (T-353 de 2012, SU-1219 de 2001, reiterada por la CSJ STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107) <\/p>\n
Respecto de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
[r]esulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (STC 21 feb 2011, rad.2010-00723-00; STC6334, 25 may. rad 2014-00303-02; STC-2015, 2 dic. rad. 02397-99 y STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107) <\/p>\n
3. En el caso bajo estudio la queja de la promotora est\u00e1 dirigida contra la sentencia de 20 de diciembre de 2021, al considerar que en dicha providencia se incurri\u00f3 en error al conceder el amparo que all\u00ed se reclam\u00f3. <\/p>\n
Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia de esta nueva acci\u00f3n por cuanto, por una parte, al momento de formularse esta acci\u00f3n de tutela (en enero de 2022) no se hab\u00eda resuelto la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra el prenotado fallo de 20 de diciembre pasado, lo que denota que el reclamo resultaba prematuro; y, de otro lado, porque la quejosa debe acudir directamente ante el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n Constitucional a reclamar la revisi\u00f3n de la prenotada acci\u00f3n constitucional (art\u00edculos 33 del Decreto 2591 de 1991, 56, 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento Interno de la Corte Constitucional), tr\u00e1mite que a\u00fan no se ha surtido, conforme se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web de dicha Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al aqu\u00ed estudiado dijo la Corte que: <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por v\u00eda de revisi\u00f3n al fallo de resguardo, la misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00) (criterio reiterado en CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 2014-02195-00). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, la revisi\u00f3n es el mecanismo id\u00f3neo para esgrimir las circunstancias que aqu\u00ed denuncia la tutelante, el cual no puede ser desconocido, so pretexto de ser un mecanismo \u00abeventual\u00bb y que no ostenta \u00abcar\u00e1cter obligatorio\u00bb, circunstancia que impide a esta Colegiatura efectuar un pronunciamiento de fondo sobre las supuestas irregularidades que esgrimi\u00f3 la actora. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir que, en lo que ata\u00f1e a los reclamos que elev\u00f3 la impugnante, relacionados con la supuesta falta de notificaci\u00f3n del cuestionado fallo de 20 de diciembre de 2021, se advierte que dichos aspectos constituyen hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los convocados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente a \u00e9stos implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de los aqu\u00ed accionados. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, no es posible pronunciarse en esta instancia sobre el referido reproche de la actora (ausencia de notificaci\u00f3n del fallo criticado), al constituir hechos nuevos, que no fueron enrostrados a los accionados. <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4307-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4307-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2022-00003-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 26 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62730","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62730"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62730\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}