STC4319-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4319-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00984-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Lucas Leocadio Mendoza Barbosa contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se le ordene a la accionada \u00abconceder[le] el mecanismo de impugnaci\u00f3n especial (doble conformidad)\u00bb; y que se \u00abadopten las decisiones que en derecho correspondan\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 23 de octubre de 2018 la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad la confirm\u00f3, determinaci\u00f3n que recurrida en casaci\u00f3n; en providencia de 28 de abril de 2021 se resolvi\u00f3 inadmitir la demanda y se dispuso que una vez cumplido el tr\u00e1mite de insistencia regresaran las diligencias al despacho con miras a emitir pronunciamiento de oficio; y el 22 de septiembre siguiente se cas\u00f3 parcialmente de oficio dicha providencia, fijando la pena en 192 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que pidi\u00f3 que se le diera la oportunidad de impugnar el fallo de acuerdo con el principio de la doble conformidad, pues es un derecho que ten\u00edan todos los condenados, ya sea en primera, segunda instancia o casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que le fue denegado su derecho al impedirle apelar la sentencia condenatoria que le fue impuesta por primera vez en casaci\u00f3n; y que dicha garant\u00eda estaba reconocida en la Carta Pol\u00edtica como en la Convenci\u00f3n America de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. <\/p>\n
2.5. Adujo que el referido principio de doble conformidad exig\u00eda una segunda opini\u00f3n de un juez sobre la primera sentencia condenatoria; que se deb\u00eda aplicar el derecho a la igualdad, pues en el fallo SP4883 de 2018, en un caso en el que las dos instancias absolvieron al procesado y la Sala de Casaci\u00f3n Penal lo conden\u00f3, se declar\u00f3 la procedencia de la impugnaci\u00f3n especial para garantizar la doble conformidad de la condena impuesta. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que se hab\u00edan acatado las garant\u00edas procesales; que en la decisi\u00f3n de segunda instancia fueron vertidos los fundamentos legales y jurisprudenciales en los que se sustentaba la decisi\u00f3n; que se encontraban agotadas las instancias, incluida la casaci\u00f3n; que lo atinente a la impugnaci\u00f3n especial le correspond\u00eda a la Sala accionada, empero, advert\u00eda que dicho mecanismo no ser\u00eda jur\u00eddicamente viable, pues el mismo proced\u00eda para la primera condena, lo cual no se aven\u00eda para la situaci\u00f3n judicial del gestor, quien contaba con sentencia condenatora en ambas instancias. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida se ajust\u00f3 a los postulados legales y jurisprudenciales que reg\u00edan la materia, por lo que no exist\u00eda transgresi\u00f3n a ninguna garant\u00eda fundamental; que la presunta conculcaci\u00f3n del derecho a la doble conformidad resultaba infundada, pues la declaratoria de responsabilidad penal en primera instancia fue objeto de revisi\u00f3n por el Tribunal, lo cual descartaba cualquier violaci\u00f3n de esa \u00edndole; y que se equivocaba el petente al asumir que la casaci\u00f3n oficiosa incid\u00eda en la naturaleza del fallo condenatorio. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar inform\u00f3 que era el que vigilaba el proceso criticado por el ahora accionante. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento refiri\u00f3 que emiti\u00f3 fallo condenatorio; y que perdi\u00f3 competencia para pronunciarse sobre el asunto. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Tercera Delegada para Casaci\u00f3n Penal adujo que no se hab\u00edan transgredido los derechos fundamentales del accionante; que el gestor tuvo la oportunidad de agotar todas las instancias procesales, siendo escuchada su defensa y superada la presunci\u00f3n de inocencia; y que la doble conformidad le fue garantizada al peticionario, pues la decisi\u00f3n condenatoria fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
6. La Coordinaci\u00f3n Delegada ante la Corte Suprema inform\u00f3 que como la casaci\u00f3n fue inadmitida el asunto no fue asignado a ning\u00fan fiscal de esa dependencia. <\/p>\n
7. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala acusada, en el fallo de 22 de septiembre de 2021, consider\u00f3 que: <\/p>\n
Estima que su pedimento es procedente porque avizora la violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales en las diligencias. Invoca dar cabida tanto al derecho de impugnaci\u00f3n, como al principio de doble conformidad. <\/p>\n
Frente a lo anterior, debe decirse que estas \u00faltimas prerrogativas fueron satisfechas a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, el cual permiti\u00f3 que la declaratoria de responsabilidad penal fuese objeto de revisi\u00f3n por una instancia superior a la que profiri\u00f3 la condena en primera instancia, encontrando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar dicha decisi\u00f3n ajustada a derecho. <\/p>\n
De igual modo, la Corte, al verificar los requisitos de admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada a nombre de MENDOZA BARBOZA, no advirti\u00f3 la necesidad de superar sus defectos para dictar un fallo encaminado a la realizaci\u00f3n de alguno de los fines del recurso, conforme se consign\u00f3 en el auto correspondiente (CSJ AP 1584-2021). Solo observ\u00f3 la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas en lo atinente a la motivaci\u00f3n de la pena, transgresi\u00f3n que es materia de correcci\u00f3n a trav\u00e9s del presente prove\u00eddo. <\/p>\n
En ese orden, el defensor debe estarse a lo resuelto por la Sala, toda vez que sus decisiones como m\u00e1ximo tribunal y \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria (Constituci\u00f3n Nacional, art\u00edculo 234 y Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, art\u00edculo 15) son vinculantes y definitivas, en consonancia con los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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