STC4327-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4327-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2022-00047-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 10 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Civil del Circuito de Anserma. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor, se desprende que funge como demandante en la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2022-0052) y el fallador accionado inadmiti\u00f3 \u00abmi acci\u00f3n CONSTITUCIONAL\u00bb a pesar de haber aportado el nombre del representante legal de la parte pasiva, desconociendo \u00abel art[\u00edculo] 14 de la Ley 472 de 1998, [que] le impone dicha carga al juzgador\u00bb cuando aquel dato se desconozca. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas pide: (i) admitir la demanda; y (ii) aplicar los art\u00edculos 5 y 14 de la Ley 472 de 1998, a fin de dar celeridad al proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Civil del Circuito de Anserma inform\u00f3 que la acci\u00f3n popular incoada por el quejoso fue presentada el 10 de febrero de 2022, contra el \u00abCentro de Ense\u00f1anza Automovil\u00edstica El Volante 1\u00bb como establecimiento de comercio, pero a su vez se estableci\u00f3 como representante legal a Bermeo Antury Nelvy, por lo que procedi\u00f3 a consultar en el Registro \u00danico Empresarial o Social -RUES con los datos suministrados, sin encontrar informaci\u00f3n al respecto, raz\u00f3n por la cual, en \u00abauto calendado 16 de febrero de 2022, se inadmiti\u00f3, con el fin de que se determinara con precisi\u00f3n si el demandado era una persona natural o jur\u00eddica, o que se allegaran los soportes que acreditaran tal situaci\u00f3n, lo cual, se requiere, inclusive para verificar las direcciones de notificaciones. Transcurrido el t\u00e9rmino para subsanarla, la parte actora guard\u00f3 silencio, por lo que mediante providencia del 23 de febrero se procedi\u00f3 a su rechazo y consecuente archivo de las diligencias\u00bb. Pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda por no cumplir el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio, tras considerar que no cumpl\u00eda con el criterio de la subsidiariedad, porque si el quejoso \u00abconsideraba cercenado sus derechos frente a la decisi\u00f3n que inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular, contaba que (sic) la oportunidad durante el t\u00e9rmino concedido para aclarar lo acaecido o al momento del rechazo de la demanda, ten\u00eda mecanismos propios dentro del proceso para hacerse o\u00edr por la juez cognoscente mediante el recurso horizontal para impugnar lo decidido\u00bb. <\/p>\n
Finalmente advirti\u00f3 que, la decisi\u00f3n reprochada, no resulta arbitraria, ni caprichosa pues \u00abdando aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 sobre los requisitos de la demanda, espec\u00edficamente en los literales d y f buscara aclarar la condici\u00f3n de la pasiva, de cara con lo que hall\u00f3 en el Registro \u00danico Empresarial o Social, de all\u00ed que ante tal situaci\u00f3n, lo procedente era su inadmisi\u00f3n; posteriormente al no ser subsanado, no queda de otra que rechazar la demanda\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3, amparado en los art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el 11 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Civil del Circuito de Anserma, vulner\u00f3 la prerrogativa derivada del debido proceso que invoca el accionante, al haber inadmitido la demanda popular y posteriormente rechazarla. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
Examinados los argumentos del accionante y cotejados con la actuaci\u00f3n contenida en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, porque el juzgado atacado, mediante prove\u00eddo del 16 de febrero de 2022 al inadmitir la demanda popular incoada por el ac\u00e1 querellante contra el \u00abCentro de Ense\u00f1anza Automovil\u00edstica El Volante 1\u00bb, le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas h\u00e1biles al actor para subsanar y el interesado no se pronunci\u00f3, por lo que el fallador, profiri\u00f3 auto el pasado 23 de febrero, mediante el cual la rechaz\u00f3, y el expediente da cuenta que contra esta determinaci\u00f3n no se interpuso recurso de reposici\u00f3n, por lo que, el amparo deviene improcedente por no superar el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Ciertamente, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, el gestor del auxilio contaba con la posibilidad de interponer el recurso en comento frente al rechazo del libelo, para la defensa de sus intereses y al no hacerlo, la protecci\u00f3n invocada deviene inviable. <\/p>\n
Sobre el particular, recu\u00e9rdese que, en torno a las acciones populares, el legislador solamente contempl\u00f3 la apelaci\u00f3n contra la providencia que decreta una medida cautelar y para la sentencia de primera instancia (art\u00edculos 26 y 37 ib\u00eddem), mientras que, respecto de las dem\u00e1s providencias, seg\u00fan el art\u00edculo 36 ib\u00eddem, \u00abprocede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [enti\u00e9ndase hoy C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb. <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, el querellante desaprovech\u00f3 la oportunidad de plantear ante el juez cognoscente, los argumentos que ac\u00e1 refiere, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en relaci\u00f3n con la aptitud del remedio horizontal, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC4310-2021, 23 abr. 2021, rad. 00884-00, citada en STC2378-2022, 2 mar. 2022, rad. 00015-01, entre otras). <\/p>\n
En estas circunstancias, cuando sin mediar justificaci\u00f3n que amerite flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, el actor invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Lo anterior, porque en raz\u00f3n a su naturaleza subsidiaria y residual, al auxilio solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, sobre la posibilidad de conceder la salvaguarda como herramienta transitoria para evitar un perjuicio irremediable, esta Corporaci\u00f3n no encuentra que se haya esbozado y menos que se hubieran configurado las m\u00ednimas exigencias que la hagan posible en tales condiciones, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01). <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se respalda el fallo impugnado, toda vez que el amparo no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad, por cuanto el querellante no hizo uso de los mecanismos judiciales legalmente previstos para refutar las actuaciones criticadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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