STC4328-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4328-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02481-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP contra el fallo proferido el 9 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela formulada por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, igualdad, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al casar la sentencia emitida por el ad-quem en el juico incoado en su contra. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que Sa\u00fal Pe\u00f1a S\u00e1nchez le inco\u00f3 a la accionante (pretendiendo que, como beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva suscrita el 31 de julio de 2001 entre el Instituto de los Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, se condenara a su demandada \u00aba reconocerle la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional debidamente indexada y, en consecuencia, al pago del mayor valor resultante entre esta y la prestaci\u00f3n por vejez que le reconoci\u00f3 la Administradora Colombiana de Pensiones, junto con el valor del retroactivo debidamente indexado y las costas procesales\u00bb), el 21 de noviembre de 2016 el Juzgado Noveno Laboral de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones, determinaci\u00f3n que el 7 de marzo de 2017 revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, decisi\u00f3n \u00faltima que el 26 de agosto de 2020 cas\u00f3 esta Corte para, en su lugar, modificar la del a-quo, en el sentido de \u00abdisponer que se encuentran prescritas las mesadas pensionales causadas del 2 de diciembre de 2011 hacia atr\u00e1s\u00bb y condenar a la demandada \u00aba reconocerle\u2026 una primera mesada pensional en cuant\u00eda de $1.785.868,22 y a pagarle las sumas de $120.636.528,69 y $27.646.304,43 correspondientes al valor del retroactivo pensional causado entre el 2 de diciembre de 2011 y el 31 de julio de 2020, luego de aplicar la compartibilidad con la pensi\u00f3n de vejez que reconoci\u00f3 el Instituto de Seguros Sociales, a partir del 10 de mayo de 2014 y la indexaci\u00f3n calculada hasta el 31 de julio de 2020, sin perjuicio de lo que se cause en adelante\u00bb. <\/p>\n
2.2. Despu\u00e9s de ejecutoriada esa \u00faltima decisi\u00f3n, el 29 de enero de 2021 la quejosa deprec\u00f3 su aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n, ante lo cual la autoridad accionada, el 18 de agosto siguiente, rechaz\u00f3 la primera, por extempor\u00e1nea, y no accedi\u00f3 a la segunda, por improcedente, m\u00e1xime cuando pend\u00eda de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora que, desfalcando el erario p\u00fablico, incurriendo en defectos procedimental, f\u00e1ctico, sustantivo, de desconocimiento del precedente (entre otros, CC C-168\/95, CC C-038\/04, CSJ SL489-2021, CSJ SL1223-2021 y CSJ SL4253-2021) y de violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, la sede judicial acusada concedi\u00f3 \u00abuna pensi\u00f3n convencional sin dar observancia a las disposiciones contenidas en la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004\u00bb, ni a lo \u00abse\u00f1alado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre esa la sentencia de unificaci\u00f3n SU-555 de 2014\u00bb, al sostener que \u00abla edad es s\u00f3lo un requisito de exigibilidad del derecho pensional y que el tiempo de servicios es un requisito de causaci\u00f3n del derecho\u00bb, desconociendo que el canon 98 de aqu\u00e9lla claramente establece que para obtener tal beneficio, adem\u00e1s de tener la condici\u00f3n de trabajador oficial, deb\u00edan cumplirse \u00ablos requisitos de tiempos de servicio y de edad dentro de la vigencia de la convenci\u00f3n\u00bb, lo que no satisfizo el demandante, quien cumpli\u00f3 la edad con posterioridad, sumado a que la vigencia m\u00e1xima de tal convenio feneci\u00f3 el 31 de julio de 2010, acorde con el Acto Legislativo 001 de 2005, lo que tampoco se atendi\u00f3. <\/p>\n
Destac\u00f3 que esta solicitud de amparo satisface el presupuesto de la inmediatez porque \u00abla sentencia que hoy se controvierte se dict\u00f3 el 26 de agosto de 2020, sin embargo la UGPP solicit\u00f3 [su] aclaraci\u00f3n\u2026[,] la cual fue resuelta a trav\u00e9s del fallo\u2026 AL3658-2021 del 18 de agosto de 2021[,] la cual qued\u00f3 ejecutoriada el 30 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00ablos hechos y pretensiones que [lo] originan\u2026 no guardan relaci\u00f3n con alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n en que haya incurrido [esa] Agencia frente al caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Laboral de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 atenerse \u00aba las decisiones que se tomen respecto a las actuaciones surtidas en el proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
3. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico se\u00f1al\u00f3 coadyuvar la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb por insatisfacer el presupuesto de la inmediatez, \u00abpues de la fecha de expedici\u00f3n de la sentencia que se cuestiona -26 de agosto de 2020-, a la\u2026 de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n -25 de noviembre de 2021-, ha transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o\u00bb; y de otro lado, porque la providencia criticada \u00abfue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley y los elementos probatorios acopiados, por lo que no resulta arbitraria ni desconocedora de derecho fundamental alguno, tal y como puede advertirse de las razones, argumentos y fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en que la misma se soporta\u00bb. <\/p>\n
5. Sa\u00fal Pe\u00f1a S\u00e1nchez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque, adujo, no cumple el requisito de inmediatez, en tanto que \u00abel fallo aqu\u00ed atacado, se dict\u00f3 el 26 de agosto de 2.020, se notific\u00f3 por edicto el 14 de septiembre de 2.020, qued[\u00f3] en firme el 17 de septiembre de 2.020 y la accionante\u2026 solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n del citado fallo el 29 de enero de 2.021, m\u00e1s de 4 meses despu\u00e9s de haber quedado en firme\u00bb (se destac\u00f3); as\u00ed mismo, defendi\u00f3 el acierto de la decisi\u00f3n criticada a la autoridad judicial encausada, en tanto que, afirm\u00f3, \u00e9sta \u00abde manera tranquila, pac\u00edfica y con mayor\u00eda ha venido sosteniendo que la edad es un requisito de exigibilidad, mas no de causalidad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al concluir que \u00abno es posible establecer la materializaci\u00f3n de alguna causal espec\u00edficas (sic) de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias judiciales, puesto que al margen de si la decisi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis se amolda o no a las expectativas de la UGPP, asunto que por principio es extra\u00f1o a este diligenciamiento, la misma contiene argumentos razonables\u00bb, relievando que en esa determinaci\u00f3n la Sala acusada \u00abaclar\u00f3 su l\u00ednea de interpretaci\u00f3n de la CCT 2001-2004 suscrita [entre] el ISS y Sintraseguridad Social. As\u00ed, estableci\u00f3 que a pesar de los criterios dis\u00edmiles adoptados en distintas determinaciones sobre la exigencia del cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio durante la relaci\u00f3n laboral para acceder a la pensi\u00f3n; lo cierto es que, a partir de dicho fallo, deb\u00eda entenderse que la edad era un presupuesto de exigibilidad de la prestaci\u00f3n, m[a]s no uno de causaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la promotora del resguardo insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En consonancia con tales postulados, teniendo en cuenta que lo criticado por la gestora, seg\u00fan lo enfatiz\u00f3, es la sentencia dictada el 26 de agosto de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, en el juicio laboral propuesto en su contra por Sa\u00fal Pe\u00f1a S\u00e1nchez, concluye la Corte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional habr\u00e1 de confirmarse pero por el hecho de resultar patente que la salvaguarda implorada carece del requisito de inmediatez, en la medida en que desde la emisi\u00f3n de dicha providencia hasta la fecha de interposici\u00f3n de este amparo (22 de noviembre de 2021), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, super\u00e1ndose ampliamente el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corte como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
2.1. Frente al requisito de inmediatez, insistentemente la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
2.2. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
2.3. De all\u00ed que no resulten de recibo las manifestaciones efectuadas por la quejosa en su demanda de tutela de cara a dar por sentado que satisfizo el presupuesto de procedibilidad en comento, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01); y que, ciertamente, la proposici\u00f3n de una tard\u00eda e inviable solicitud de aclaraci\u00f3n, como aqu\u00ed ocurri\u00f3 (misma que se rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea, con la consecuencial desestimaci\u00f3n de la petici\u00f3n de correcci\u00f3n que se advirti\u00f3 accesoria a aqu\u00e9lla), en modo alguno condicionaba el conteo de lapso semestral que se tiene jurisprudencialmente establecido como suficiente para acudir a esta herramienta excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por ese sendero, como de vieja data se tiene por sentado, se recuerda que la ausencia del presupuesto en cuesti\u00f3n impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideraci\u00f3n, lo que impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed consignadas que no por las exteriorizadas por el a-quo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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