STC4330-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4330-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00565-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diego Fernando Narv\u00e1ez Guerrero contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, trabajo, vida en condiciones dignas y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada porque, aunque desde el 10 de agosto de 2021 le present\u00f3 solicitud formal respecto a su inscripci\u00f3n en el registro nacional de abogados y la expedici\u00f3n de su tarjeta profesional, \u00ab[a] la fecha no se [le] ha dado respuesta de fondo\u00bb y requiere de ese documento \u00abpara ingresar al campo laboral\u00bb. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, ordenar al accionado contestarle de fondo su solicitud. <\/p>\n
2. La Corte admiti\u00f3 la demanda supralegal, dispuso librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Destac\u00f3 que inscribi\u00f3 al quejoso en el registro de abogados, \u00abasign\u00e1ndole la Tarjeta Profesional de Abogado No. 380.530, mediante el Acta N\u00b0 6977 de 2022[,]\u2026 [la cual] se remitir\u00e1 a trav\u00e9s del servicio de correo certificado\u2026 al domicilio (residencia) registrado por el accionante\u00bb, quien, adem\u00e1s, \u00abpodr\u00e1 acceder a la certificaci\u00f3n de vigencia de la tarjeta profesional\u2026, que puede ser descargada o consultada por la internet\u2026, desde la p\u00e1gina web de la Rama Judicial\u2026[,] y verificar as\u00ed la titularidad y vigencia del documento\u00bb. Todo lo cual acredit\u00f3 haber puesto en conocimiento del tutelante. <\/p>\n
Destac\u00f3 que se present\u00f3 un \u00abaumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de pr\u00e1cticas jur\u00eddicas, expedici\u00f3n de tarjetas profesionales de abogados y licencias temporales, que sobrepasan en gran medida [su] capacidad operativa\u2026 con los recursos disponibles hasta el momento, as\u00ed como en raz\u00f3n de las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el COVID-19\u00bb; y que en lo corrido de este a\u00f1o \u00abha tramitado 3.636 solicitudes de reconocimiento de pr\u00e1ctica jur\u00eddica, \u2026expedido 5.476 tarjetas profesionales de abogado, as\u00ed como\u2026 1.000 licencias temporales\u2026, pese a que se han recibido 34.974 solicitudes de toda \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en este diligenciamiento, advierte la Corte la inviabilidad de la salvaguarda propuesta, toda vez que el ente encausado acredit\u00f3 que en el curso de esta acci\u00f3n constitucional efectu\u00f3 la inscripci\u00f3n del accionante en el registro nacional de abogados, restando la expedici\u00f3n del pl\u00e1stico respectivo, la cual est\u00e1 gestionando, y habilit\u00f3 la consulta de aquella informaci\u00f3n a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la rama judicial, todo lo cual puso en conocimiento del quejoso. <\/p>\n
De esta manera, en la actualidad no existe situaci\u00f3n alguna que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional, porque la circunstancia denunciada como conculcadora de las garant\u00edas esenciales invocadas fue superada en el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n supralegal, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n del reclamante, por lo cual carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada lo inscriba en el registro nacional de abogados, pues ello ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un caso de similares contornos al aqu\u00ed tratado, para denegar la protecci\u00f3n, dej\u00f3 dicho esta Sala: <\/p>\n
\u2026anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la gestora ya est\u00e1 inscrita como abogada, se le asign\u00f3 n\u00famero de tarjeta profesional, encontr\u00e1ndose disponible el certificado de vigencia en la p\u00e1gina web, y el pl\u00e1stico de su tarjeta est\u00e1 en elaboraci\u00f3n, el que le ser\u00e1 enviado al domicilio registrado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de la presente tutela, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada inscriba a la gestora como abogada y emita el n\u00famero de la tarjeta profesional. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01) (CSJ STC698-2021, 3 feb., rad. 2021-00040-00; reiterada, entre otras, en STC3065-2021, 25 mar., rad. 2021-00215-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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