STC4331-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4331-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 23001-22-14-000-2022-00013-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de febrero de 2022 por la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por German Anaya Ram\u00edrez contra el Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba y el Juzgado Cuarto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Monter\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que es \u00ababogado de la parte ejecutante\u00bb del juicio ejecutivo de radicado 2019-01000, promovido por Hernando Daniel Santos P\u00e9rez contra Astrid Mercado Carretero y Julio Banda Mercado, que cursa en el Juzgado Cuarto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que ha \u00abpresentado al correo j05cmmon@cendoj.ramajudicial.gov.co del Juzgado accionado aproximadamente 6 peticiones (6, 22, y 25 de agosto; 2 y 28 de septiembre, y 6 de octubre de 2021)\u00bb, solicitando informaci\u00f3n sobre los t\u00edtulos existentes a favor del accionante y el tr\u00e1mite para su entrega, las cuales no han sido resueltas ni publicadas en Tyba. <\/p>\n
2.1. Por la mora judicial y la falta de pronunciamientos aludidos, el abogado German Anaya Ram\u00edrez, \u00abactuando en calidad de apoderado judicial de la parte ejecutante\u00bb, present\u00f3 solicitud de vigilancia judicial administrativa contra el Juzgado Cuarto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda, tramitada bajo el radicado 20210012700 y que se resolvi\u00f3 por el Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba, mediante Resoluci\u00f3n CSJCOR21-183 del 28 de abril de 2021, en la cual se dispuso \u00abDeclarar la inexistencia de m\u00e9ritos para ordenar la apertura de la Vigilancia Judicial Administrativa\u00bb en el referido proceso ejecutivo1. <\/p>\n
2.2. Al respecto, la parte actora censur\u00f3 que el Juzgado accionado \u00able ha dado un tr\u00e1mite lento e insatisfactorio\u00bb al proceso, lo cual ha empeorado con la pandemia y que la mora judicial \u00abme est\u00e1 causando afectaci\u00f3n a mi derecho al trabajo, pues, como abogado litigante dependo de los pagos que haga el cliente producto de los t\u00edtulos judiciales, de los cuales, no se me da informaci\u00f3n de ninguna clase, y el Juzgado al parecer ni revisa los correos\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que no hay publicidad de los t\u00edtulos, por lo que su mandante \u00absiente preocupaci\u00f3n de que no se hayan recaudado durante todo este tiempo (entre julio de 2019 y noviembre de 2021) los t\u00edtulos (\u2026) lo cual puede traer como consecuencia una afectaci\u00f3n patrimonial a mi cliente\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en virtud de lo decidido por el Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba, no contaba con otros mecanismos de defensa para obtener respuesta a sus peticiones. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al Juzgado acusado que \u00abresponda las peticiones de informaci\u00f3n recibida en el correo del mencionado despacho los d\u00edas 6, 22, y 25 de agosto; 2 y 28 de septiembre, y 6 de octubre de 2021, de manera clara, de fondo y debidamente soportada\u00bb y se conmine al Consejo Seccional de la Judicatura C\u00f3rdoba \u00aba que adelante acciones para que la justicia se administre oportuna y eficazmente\u00bb en ese Juzgado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Monter\u00eda sostuvo que la petici\u00f3n radicada por el accionante \u00abel d\u00eda 6 de agosto de 2021, reiterada mediante mensajes de datos enviados a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico de este despacho judicial, los d\u00edas 22 y 25 de agosto, 2 y 28 de septiembre y 6 de octubre de 2021, (\u2026) fueron resueltas en tiempo el 10\/09\/2021, con la entrega del \u00fanico dep\u00f3sito judicial existente en el proceso, el cual al revisar el m\u00f3dulo de dep\u00f3sitos judiciales se observa que el mismo a\u00fan no ha sido cobrado por el accionante\u00bb, pese a que el secretario \u00abse comunic\u00f3 con \u00e9l y le indico que el deposito se encontraba en el Banco Agrario para su pago\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba inform\u00f3 el tr\u00e1mite dado a la solicitud de vigilancia judicial administrativa referida por el tutelante, destacando los argumentos que tuvo en cuenta para desatar el asunto. De otro lado, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y afirm\u00f3 \u00abno existe amenaza, ni vulneraci\u00f3n por parte de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, al considerar que el accionante fue facultado en el proceso compulsivo \u00abpara cobrar el t\u00edtulo ejecutivo del que es titular y\/o due\u00f1o el se\u00f1or SANTOS PEREZ\u00bb, pero no acredit\u00f3 que aqu\u00e9l le haya otorgado poder para representar sus intereses en sede de tutela, siendo \u00e9l la persona presuntamente afectada \u00abpor la mora aludida dentro del mismo\u00bb., por lo que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La impuls\u00f3 la parte actora, argumentando que no se resolvi\u00f3 lo relativo a la vulneraci\u00f3n a su derecho al trabajo, sobre el cual s\u00ed tiene legitimaci\u00f3n, \u00abya que la desidia del juzgado en brindar informaci\u00f3n y responder a mis llamados ha sido infructuosa, desarrollarme como abogado, lo que tambi\u00e9n apareja violaci\u00f3n de otros derechos fundamentales conexos, como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia entre otros\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, si se consideraba necesario aportar el poder especial, se debi\u00f3 inadmitir el ruego con el fin de que se allegara, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite constitucional, \u00abpara que as\u00ed se brinde la oportunidad de corregir el aspecto formal, y se estudie de fondo la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El 11 de marzo del presente a\u00f1o, el Tribunal rechaz\u00f3 de plano la nulidad pretendida y dispuso la remisi\u00f3n del expediente a esta Sala, para el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor, quien dijo ser el apoderado judicial de Hernando Daniel Santos P\u00e9rez en el proceso ejecutivo de radicado 2019-01000, alega la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, por cuanto el Juzgado de conocimiento ha incurrido en mora judicial y no ha resuelto las peticiones elevadas para optener informaci\u00f3n sobre la existencia de t\u00edtulos ejecutivos y el tr\u00e1mite para su entrega. <\/p>\n
2. Revisadas las presentes diligencias, se evidencia la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se alega, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. A su turno, cuando se act\u00fae como agente oficioso se debe demostrar la imposibilidad f\u00edsica o ps\u00edquica del titular para intervenir en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el gestor no alleg\u00f3 el poder especial para reclamar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de quien es el verdadero titular de los derechos presuntamente vulnerados, esto es, la parte a quien representa en los respectivos tr\u00e1mites, ni acredit\u00f3 que se dieran las condiciones para actuar como su agente oficioso, por lo que no pod\u00eda invocar la salvaguarda pretendida, de modo que resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
2.4. Aunado a ello, resulta pertinente se\u00f1alar que \u00abla mora judicial no vulnera el derecho al trabajo de los abogados y tampoco los habilita para alegar el quebrantamiento de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten poder para actuar, debido a que tal situaci\u00f3n no desconoce ni amenaza el ejercicio libre de su labor al no constituir impedimento para el desarrollo de la misma\u00bb (STC8274-2014, expediente 2014-00228-01). <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fls. 15-21 Anexos expediente de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
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