STC4333-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4333-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 14 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Mar\u00eda Pinto Pardo contra el Juzgado Primero de Familia y la Notar\u00eda Primera de esa ciudad, y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, seguridad social, buen nombre y habeas data, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 23 de junio de 2019 falleci\u00f3 su esposo Jos\u00e9 Jairo Herrera Rojas y, \u00abpara adelantar tr\u00e1mites de pensi\u00f3n\u00bb, solicit\u00f3 a la Notar\u00eda Primera de Villavicencio la expedici\u00f3n de copia del registro civil de matrimonio -contra\u00eddo el 31 de diciembre de 1976-, \u00abcon la sorpresa que en \u00e9ste aparece consignada una anotaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1alando que, \u00abseg\u00fan sentencia de agosto 6\/92 del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Villavicencio (\u2026) se decreta la separaci\u00f3n de cuerpos disuelta la sociedad conyugal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abinmediatamente procedi\u00f3 a sacar una copia de la sentencia en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Villavicencio, entreg\u00e1ndome copia de la misma y del expediente\u00bb, en donde consta que \u00absupuestamente me separ\u00e9 (\u2026) hace 30 a\u00f1os, lo cual no es cierto, o por lo menos lo desconoc\u00eda [pues] el Sr Herrera Rojas nunca me mencion\u00f3 nada [sobre el] particular, tampoco fui informada por parte del juzgado que adelant\u00f3 el proceso\u00bb, por tanto, frente a lo decidido \u00abnunca pude apelarlo o controvertirlo\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que \u00abconviv\u00ed con el se\u00f1or Herrera Rojas hasta el momento de su fallecimiento, inclusive fui la persona que se encarg\u00f3 del funeral, ah\u00ed est\u00e1bamos todos, la familia de \u00e9l y la m\u00eda [quienes] pueden dar fe [que] siempre estuvimos juntos\u00bb, no obstante, agreg\u00f3 que \u00abmucho tiempo \u00e9l si se iba y volv\u00eda porque era inspector de polic\u00eda en Puerto Rico, El Castillo\u00bb, y que \u00absi estuvimos separados de hecho un tiempo, tanto as\u00ed que me toc\u00f3 demandarlo por alimentos eso fue como en el a\u00f1o 1982\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al juzgado accionado \u00abque decrete la nulidad del proceso de separaci\u00f3n de cuerpos y liquidaci\u00f3n de bienes (\u2026), por falta de una causal de justificaci\u00f3n, por indebida notificaci\u00f3n, por violaci\u00f3n directa al derecho de defensa (\u2026). Consecuencialmente (\u2026), ordenar [a] la Notar\u00eda Primera de Villavicencio, corregir el registro civil de matrimonio [y] se corrijan todas y cada una de las bases de datos que haya afectado esta situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero de Familia de Villavicencio, inform\u00f3 que dentro del lapso concedido se dificultaba la b\u00fasqueda y desarchive del expediente contentivo del proceso en cuesti\u00f3n, el cual \u00abcurs\u00f3 en este Juzgado, antes primero promiscuo de familia, en el a\u00f1o 1992 [en tanto] la persona encargada de manejar el archivo (\u2026), se encuentra hospitalizado desde el pasado jueves 17 de febrero del [2022] y a la fecha no se ha reintegrado\u00bb. <\/p>\n
2. La Notaria Primera de esa ciudad, manifest\u00f3 que la nota marginal sentada en el respectivo registro civil de matrimonio, \u00abno fue un capricho del notario de la \u00e9poca, sino en cumplimiento de la decisi\u00f3n judicial emitida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Villavicencio, la cual fue comunicada mediante el oficio H625 de fecha 4 (sic) de agosto de 1992\u00bb, y que la tutela no est\u00e1 llamada a prosperar \u00abtoda vez que existen otros mecanismos legales y jur\u00eddico para reclamar los derechos que pretende hacer valer\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que la \u00abla actora no agot\u00f3 los recursos ordinados que tiene a su disposici\u00f3n para la defensa de sus intereses jur\u00eddicos [porque], atendiendo a los actuales pronunciamientos jurisprudenciales que regulan (\u2026) el derecho pensional del c\u00f3nyuge separado de cuerpos y con sociedad conyugal liquidada, pero con v\u00ednculo matrimonial vigente, cuando los c\u00f3nyuges convivieron por lo menos durante 5 a\u00f1os en cualquier \u00e9poca (CSJ, sala casaci\u00f3n laboral, sentencia SL5201-2021), la accionante tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral para reclamar pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb. Adem\u00e1s, porque el auxilio incumpli\u00f3 el requisito temporal, \u00abya que, teniendo conocimiento del presunto hecho vulnerador a partir de julio 4 de 2019, fecha en la que la Notaria accionada le expidi\u00f3 copia de su registro civil de matrimonio, dej\u00f3 transcurrir, desde del acaecimiento del aludido suceso hasta la interposici\u00f3n de este amparo constitucional, sin motivo v\u00e1lido, novecientos setenta y ocho (978) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la inmediatez, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, en el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del proceso de separaci\u00f3n de cuerpos n\u00b0 13438\/92, impetrado contra la ac\u00e1 quejosa por Jos\u00e9 Jairo Herrera Rojas (hoy fallecido). <\/p>\n
Lo anterior, porque pese a que la censura tambi\u00e9n se dirige contra la Notar\u00eda Primera de la misma capital y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, su vinculaci\u00f3n resulta aparente en cuanto no se les atribuye alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n concreta. <\/p>\n
Ello, porque siendo el fallo de separaci\u00f3n de cuerpos el que gener\u00f3 la inconformidad de la actora y por ende la actuaci\u00f3n que motiv\u00f3 la querella, el que se hubiera dado publicidad al mismo mediante su inscripci\u00f3n en las actas del estado civil, solo refleja el ejercicio de las funciones asignadas por el ordenamiento jur\u00eddico a dichas entidades, en relaci\u00f3n con el cumplimiento de una decisi\u00f3n judicial que, por no haber sido desvirtuada, goza de presunci\u00f3n de legalidad. Por tanto, resulta infundado atribuirles afectaci\u00f3n a las prerrogativas superiores de la demandante. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Enlista como tales: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza a la queja constitucional, a las piezas procesales pertinentes y a la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes, se establece que el fallo de primer grado ser\u00e1 ratificado, pero precisando que lo ser\u00e1 porque la protecci\u00f3n deprecada se torna improcedente en la medida en que no alcanza a superar el presupuesto gen\u00e9rico de la inmediatez. <\/p>\n
3.1. Ciertamente, al enfilarse la cr\u00edtica contra el tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n de un proceso judicial de separaci\u00f3n de cuerpos, porque, en sentir de la ac\u00e1 accionante y all\u00ed demandada, se adelant\u00f3 sin que le hubiera sido notificada su admisi\u00f3n ni etapa alguna hasta el fallo estimatorio proferido el 6 de agosto de 1992, el impedimento en comento emerge porque de dicho asunto la quejosa, seg\u00fan afirma, tuvo conocimiento el 4 de julio de 2019, fecha en que la Notar\u00eda Primera de Villavicencio le expidi\u00f3 copia del registro civil de matrimonio, cuya nota marginal da cuenta la inscripci\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial, mientras la instauraci\u00f3n de esta querella tuvo lugar el 23 de febrero de 2022, es decir, luego de transcurridos m\u00e1s de dos a\u00f1os, excediendo ampliamente el lapso que la jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promoverla de manera tempestiva. <\/p>\n
En efecto, esta Sala ha dicho y reiterado que la procedibilidad de la salvaguarda se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar los seis (6) meses contados a partir de la actuaci\u00f3n tildada como vulneradora de las prerrogativas esenciales, presupuesto que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC1255-2022, 9 feb. 2022, rad. 01174-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC193-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00320-01). <\/p>\n
3.2. Ahora, por cuanto la querellante adujo que su demanda s\u00ed cumpl\u00eda el principio de temporalidad que ac\u00e1 se ha echado de menos, porque, en su criterio, no le fue posible presentarla antes debido a las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura con ocasi\u00f3n de la pandemia del Covid-19, para la Sala tal excusa no configura situaci\u00f3n que afectara a la interesada para acudir oportunamente a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Ello, porque aunado a que para cuando se dispuso la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales como medida transitoria por motivos de salubridad p\u00fablica (15 de marzo de 2020), ya estaba superado el semestre se\u00f1alado para hacer uso adecuado del resguardo, tal suspensi\u00f3n no se extendi\u00f3 a las acciones de tutela, por el contrario, todas las instancias judiciales abrieron y han conservado canales virtuales para su instauraci\u00f3n y tr\u00e1mite, situaci\u00f3n que. sumada a la informalidad para su presentaci\u00f3n a tr\u00e1mite, ratifican la inexistencia de motivo o circunstancia que justifique la tardanza del accionante para recurrir a este instrumento constitucional. <\/p>\n
A tono con lo anterior, tampoco se avizora la posibilidad de que proceda la tutela como mecanismo transitorio, toda vez que la actora no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01, citada, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Bajo el contexto discurrido, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la inmediatez, el cual ac\u00e1 no se satisface, sin ahondar en otras tem\u00e1ticas, ese criterio se impondr\u00e1 para confirmar la improcedencia del auxilio, ya que no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que excusara la demora en su invocaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por la puntual raz\u00f3n desarrollada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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