STC4334-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4334-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2022-00016-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Julio C\u00e9sar Ruales Tafur frente al fallo proferido el 21 de febrero de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Doce de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y defensa, presuntamente vulnerados por el estrado acusado en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar \u00absin efecto la sentencia\u2026 [de] 24 de enero de 2022\u2026 para, en su lugar, dictar otra en la que se garantice la valoraci\u00f3n integral de la prueba, fundamentos de hecho y de derecho en todo su conjunto\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo de alimentos impulsado por Alba In\u00e9s Duque Echeverry contra el accionante (con apoyo en la condena impuesta a \u00e9ste en sentencia de 23 de noviembre de 2018, en la cual se le tuvo como c\u00f3nyuge culpable \u00abde la ruptura de la vida familiar\u00bb al haber incurrido \u00aben las causales PRIMERA y TERCERA del art\u00edculo 154 del CC\u00bb, fijando cuota alimentaria a su cargo, la que empezar\u00eda a regir \u00aba partir del 01 de diciembre de 2018\u00bb, siendo \u00abpagader[a] dentro de los primeros diez (10) d\u00edas de cada mes; monto dinerario que deber\u00e1 consignar en la cuenta que para ello le suministre la demandante\u00bb), el 13 de mayo de 2021 el Juzgado acusado libr\u00f3 mandamiento de pago, el 2 de septiembre siguiente lo mantuvo (desechando la alegaci\u00f3n de inexigibilidad incoada por el ejecutado por la supuesta ausencia de cumplimiento de la condici\u00f3n que, en su sentir, constitu\u00eda la falta de suministro, por parte de su antagonista, de la cuenta bancaria a la cual deb\u00edan consign\u00e1rsele los dineros) y el 24 de enero \u00faltimo orden\u00f3 seguir adelante el cobro, declarando infundada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de compensaci\u00f3n que plante\u00f3 el deudor, bajo el entendido de la inviabilidad de su proposici\u00f3n de acuerdo a lo reglado en el canon 425 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela el quejoso cuestion\u00f3, en concreto, que con esas decisiones se desatendi\u00f3 que al no haberse proporcionado los datos de la cuenta bancaria por parte de su ejecutante la obligaci\u00f3n era inexigible y que, contrario a lo all\u00ed sostenido, el canon 426 del C\u00f3digo Civil permite plantear la defensa de compensaci\u00f3n, la que fund\u00f3 debidamente en que su contraparte vendi\u00f3 un bien social y del valor obtenido, seg\u00fan qued\u00f3 dicho en el juicio de liquidaci\u00f3n en curso, dedujo lo referente a su manutenci\u00f3n. <\/p>\n
1. El Juzgado Doce de Familia de la capital vallecaucana solicit\u00f3 \u00abno tutelar los derechos invocados por el accionante, por cuanto los mismos no est\u00e1n siendo vulnerados\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abla prohibici\u00f3n de oponer la compensaci\u00f3n en los procesos ejecutivos de alimentos que trae el art\u00edculo 425 del CC, es clara y no requiere m\u00e1s interpretaci\u00f3n que la literal, y tampoco se opone a lo dispuesto en el art\u00edculo 426 del CC, que establece los casos en los cuales, por la misma voluntad del alimentario, se pueda renunciar, compensar, vender, ceder[,] etc., las pensiones alimenticias atrasadas, pues todos hacen referencia a actos de disposici\u00f3n que corresponden al alimentario, a excepci\u00f3n[,] eso s\u00ed, de la transmisi\u00f3n por causa de muerte. Voluntad que no existe en el presente asunto, pues\u2026 Duque Echeverry\u2026 se opuso a la declaraci\u00f3n de dicha excepci\u00f3n\u00bb; y que en la sentencia no \u00abhizo menci\u00f3n al hecho de que la ejecutante no hubiere suministrado la cuenta, pues dicho asunto qued\u00f3 zanjado con el auto\u2026 del 2 de septiembre de 2021, en el cual se despach\u00f3 desfavorablemente la excepci\u00f3n previa de inepta demanda basada en dicho hecho, propuesta a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, sin que sea entonces viable entender[,] como lo hace el accionante, que solo hasta desde el presente mes de febrero de 2022[,] cuando la ejecutante inform\u00f3 el n\u00famero de cuenta, se hace exigible su obligaci\u00f3n alimentaria, pues claramente se advirti\u00f3\u2026 que para el cumplimiento el alimentante bien pudo consignar en la cuenta del despacho o hacer uso del tr\u00e1mite de pago por consignaci\u00f3n para no incumplir con su obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Alba In\u00e9s Duque Echeverry se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque, adujo, \u00abno se avizora que\u2026 cumpla los presupuestos axiol\u00f3gicos\u2026, entendiendo\u2026 que no se puede pretender usar[la]\u2026 como un recurso extraordinario y m\u00e1s cuando no es primera vez que lo hace el accionante, pues\u2026 en contra de la sentencia que lo conden\u00f3 al pago de alimentos\u2026 no solo present\u00f3\u2026 apelaci\u00f3n\u2026[,] sino que tambi\u00e9n\u2026 tutela y a su vez impugnaci\u00f3n a la misma, es su modo de actuar, desgastar a la justicia, dilatar los procesos, pretendiendo criticar todas las decisiones que van en contra de sus intereses[,] usando este mecanismo como un recurso m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora Sesenta y Cinco Judicial II de Familia deprec\u00f3 \u00abno conceder la acci\u00f3n de tutela\u2026, pues lo que se vislumbra es que inconforme con la decisi\u00f3n en su contra el hoy accionante [la] est\u00e1 utilizando\u2026 como un recurso que para esta clase de procesos, no le otorga la ley\u00bb; m\u00e1xime cuando \u00abde los hechos que se exponen en [su] largo escrito\u2026[,] revisado el proceso y actuaciones dentro del mismo[,] no se vislumbra vulneraci\u00f3n a [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abla Juez\u2026 actu\u00f3 bajo el imperio de la ley disponiendo el procedimiento respectivo, las partes tuvieron todas las oportunidades de controversia, los asuntos aqu\u00ed indicados por el accionante fueron resueltos conforme a la prueba debidamente allegada\u2026 por las mismas partes, decretada[,] practicada y analizada\u2026, las normas aplicables al asunto fueron las correctas tanto al momento de resolver los recursos como al resolver de fondo el asunto\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia de la Regional del Valle del Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF se\u00f1al\u00f3 que, \u00abrevisado el contenido de la acci\u00f3n de tutela, se observa que no se encuentran involucrados menores de edad; por lo que\u2026 no le asiste competencia legal para actuar en ejercicio de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda al considerar razonable el proceder del estrado encausado, comoquiera que al haber resuelto adversamente, al mantener el mandamiento de pago, lo referente a la supuesta falta de exigibilidad, era innecesario que volviera sobre ello en la sentencia; y que, ciertamente, el deudor estaba obligado a satisfacer los alimentos desde el 1\u00ba de diciembre de 2018, independientemente de que su acreedora informara los datos de la cuenta bancaria en la que recibir\u00eda los pagos, pudiendo aqu\u00e9l, incluso, consignarlos a \u00f3rdenes del Juzgado o ponerlos a disposici\u00f3n a trav\u00e9s de un proceso de pago por consignaci\u00f3n; y de otro lado, porque efectivamente el contenido del precepto 425 del C\u00f3digo Civil permit\u00eda concluir la inviabilidad de la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n en juicios como el aqu\u00ed tratado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, pero porque no lucen arbitrarias las providencias de 2 de septiembre de 2021 y 24 de enero de 2022, mediante las cuales, en su orden, se mantuvo el mandamiento de pago librado en el asunto fustigado y se orden\u00f3 seguir adelante el cobro. <\/p>\n
2.1. En efecto, en el primero de esos pronunciamientos, para desechar la alegaci\u00f3n del quejoso en torno a que la obligaci\u00f3n perseguida ejecutivamente no era exigible por la ausencia de cumplimiento de la supuesta condici\u00f3n de la que la misma pend\u00eda, a saber, la falta de denuncia, por parte de la acreedora, de la cuenta bancaria a la cual deb\u00eda transfer\u00edrsele la cuota alimentaria, el Juzgado acusado, tras transcribir el contenido del precepto 422 del C\u00f3digo General del Proceso, expuso que: <\/p>\n
De lo anterior, se desprende que son requisitos de los t\u00edtulos ejecutivos, LA CLARIDAD, EXPRESIVIDAD Y EXIGIBILIDAD, entendiendo el primero de ellos que el documento que lo contenga debe ser inteligible, inequ\u00edvoco y sin confusi\u00f3n en el contenido y alcance. El segundo, se refiere a que la obligaci\u00f3n debe ser expl\u00edcita, no impl\u00edcita ni presunta, ni sujeto a suposiciones, teor\u00edas o hip\u00f3tesis. Y el tercero, que es justamente del que se queja el recurrente, alude a que la obligaci\u00f3n sea pura y simple o si est\u00e1 sometida a plazo o condici\u00f3n, estos se encuentren vencidos y cumplidos respectivamente. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, resalt\u00f3 que la obligaci\u00f3n reclamada se encontraba comprendida en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia que decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso contra\u00eddo entre el accionante y Alba In\u00e9s Duque Echeverry, en el cual se dispuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) SE FIJA como cuota alimentaria a favor de\u2026 DUQUE ECHEVERRI, la suma de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u2026, la que empezar\u00e1 a regir a partir del 01 de diciembre de 2018 y pagadero dentro de los primeros diez (10) d\u00edas de cada mes, monto dinerario que deber\u00e1 consignar en la cuenta que para ello suministre la demandante.\u201d <\/p>\n
Seguidamente, concluy\u00f3 que tal apartado conten\u00eda \u00abuna obligaci\u00f3n clara, expresa y tambi\u00e9n exigible, dado que no est\u00e1 sometida a ninguna condici\u00f3n ni a ning\u00fan plazo y se\u00f1ala de manera inequ\u00edvoca que empezar\u00e1 a regir a partir del 1 de diciembre de 2018, sin que pueda entenderse que su cumplimiento dependa de que la alimentante suministre la cuenta donde ser\u00e1 consignada la misma\u00bb. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que aunque \u00abes cierto que a la fecha en el expediente no existe constancia de que\u2026 DUQUE ECHEVERRI haya suministrado el n\u00famero de su cuenta para las consignaciones de la cuota alimentaria a su favor\u00bb, no por ello \u00abla obligaci\u00f3n se encuentra suspendida, m\u00e1xime que bien pudo [el deudor] consignar en la cuenta del Despacho y a nombre del proceso de Cesaci\u00f3n de Efectos Civiles del Matrimonio Religioso, tal como lo expres\u00f3 la parte ejecutante, o bien, pudo hacer uso del tr\u00e1mite DEL PAGO POR CONSIGNACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
2.2. De otro lado, en cuanto a la sentencia en la cual el 24 de enero \u00faltimo el estrado convocado declar\u00f3 infundada la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n que propuso el censor y dispuso seguir adelante el cobro, con sus consecuenciales ordenamientos, de entrada, con apoyo en los c\u00e1nones 306, 422, 424 y 431 (inciso 2\u00ba), el juzgador acusado exterioriz\u00f3 algunas generalidades en torno a la ejecuci\u00f3n de sentencias judiciales, los presupuestos necesarios para establecer que de \u00e9stas dimana t\u00edtulo ejecutivo y, como en el caso concreto, las particularidades existentes al respecto para cuando se trata de obligaciones alimentarias. <\/p>\n
Despu\u00e9s, record\u00f3 la g\u00e9nesis y caracter\u00edsticas de la obligaci\u00f3n reclamada, enfatiz\u00f3 que correspond\u00eda a la cuota alimentaria dispuesta a favor de la ejecutante, con cargo al quejoso, desde diciembre de 2018 a febrero de 2021, y recalc\u00f3 que, en ese orden, el t\u00edtulo base de recaudo satisfac\u00eda en un todo los presupuestos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, con lo que valid\u00f3 lo resuelto en el mentado auto de 2 de septiembre de 2021, en el que mantuvo la orden de apremio desechando la alegaci\u00f3n de inexigibilidad incoada por el ejecutado por la supuesta ausencia de cumplimiento de la condici\u00f3n que, en sentir de \u00e9ste, constitu\u00eda la falta de proporci\u00f3n de la cuenta bancaria por parte de su antagonista. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 de forma conjunta las pruebas recaudadas, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, hallando que \u00abefectivamente\u2026 Duque Echeverry es titular del derecho que consta en la sentencia base de ejecuci\u00f3n, en la que se se\u00f1ala, sin equivocaci\u00f3n alguna, quien es el deudor, quien el acreedor y la obligaci\u00f3n, que constituye plena prueba contra el demandado\u00bb; desprendi\u00e9ndose de ello que el ejecutado deb\u00eda suministrar a su contraparte \u00abla suma de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, a partir del mes de diciembre de 2018, sin que\u2026 hubiere demostrado su pago total o parcial\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, anot\u00f3 que, en todo caso, la defensa del deudor \u00abno consiste en el pago sino en la compensaci\u00f3n por la venta que hiciera la demandante\u2026 de los inmuebles 370-343035 y 370-34325, pertenecientes a la sociedad conyugal, sin retribuir, compensar o reintegrar el dinero debido a la citada sociedad\u00bb; y de forma categ\u00f3rica descart\u00f3 tal excepci\u00f3n al advertir que, de acuerdo al precepto 425 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[e]l que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensaci\u00f3n lo que el demandante le deba a \u00e9l\u00bb, constituyendo dicho apartado, \u00abde pleno derecho\u00bb, una \u00abprohibici\u00f3n expresa de la compensaci\u00f3n en los procesos ejecutivos de alimentos como el aqu\u00ed se trata\u00bb, por lo que la ejecuci\u00f3n deb\u00eda continuar. <\/p>\n
Adicion\u00f3, luego de exponer la parte resolutiva de su sentencia, al pronunciarse ante la inviable petici\u00f3n de reconsideraci\u00f3n que frente a \u00e9sta inco\u00f3 el apoderado judicial del deudor, a modo de complementaci\u00f3n, que \u00abesta no es un recurso o un mecanismo que quepa dentro de este tipo de procesos\u2026, tampoco la apelaci\u00f3n, por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia, y pues\u2026 no hay una solicitud de aclaraci\u00f3n o de complementaci\u00f3n\u2026, ya la discusi\u00f3n\u2026 respecto al contenido del art\u00edculo 426 [del C\u00f3digo Civil]\u2026, no es el momento para\u2026 tenerlo en cuenta; sin embargo, entiende el despacho que\u2026 es cierto que los alimentos pasados\u2026 son renunciables o condonables o compensables, como dice la norma, pero no se puede proponer a trav\u00e9s de excepciones\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
2.3. Bajo ese contexto, es evidente la improcedencia del amparo, comoquiera que los fundamentos de las determinaciones censuradas no resultan arbitrarios o caprichosos, toda vez que, contrario a lo aducido por el reclamante, obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente para el caso concreto y al estudio conjunto de las pruebas recaudadas, con apoyo en lo cual el juzgado encartado concluy\u00f3 que no exist\u00eda condici\u00f3n alguna que suspendiera la exigibilidad de la obligaci\u00f3n y que la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n propuesta era inviable de acuerdo al canon 425 del C\u00f3digo Civil; lo que era suficiente para el despacho adverso de las defensas postuladas por el inconforme y, a pesar de serle desfavorable, no resulta apto, per se, para el buen suceso de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador encartado, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurdas las referidas determinaciones. <\/p>\n
Frente al particular se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones, que no precisamente las del Tribunal a-quo, imponen respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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