STC4337-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4337-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00131-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El actor manifest\u00f3 que solicit\u00f3 \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb ante la Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de Engativ\u00e1 en contra de Milbia Guti\u00e9rrez Moreno. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la autoridad citada, en audiencia del 5 de abril de 2021 resolvi\u00f3 declarar \u00abno probados los hechos de violencia intrafamiliar denunciados [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, decret\u00f3 \u00ablevantar las medidas ordenadas en el auto admisorio, desanotar y archivar el presente proceso en los libros correspondientes por encontrarse no probados los hechos\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, en la misma actuaci\u00f3n, el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n1. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 22 de noviembre de 2021- resolvi\u00f3 \u00abconfirmar la decisi\u00f3n tomada por la Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de Engativ\u00e1 1 de esta ciudad, en Resoluci\u00f3n del 5 de abril de 2021 [\u2026]\u00bb2. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, indic\u00f3 que el despacho judicial acusado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico pues, \u00abno realiz\u00f3 ninguna labor de valoraci\u00f3n individual y conjunta de las pruebas aportadas al proceso, con el fin de probar los hechos de violencia intrafamiliar de la denunciada\u00bb. Adem\u00e1s, frente al an\u00e1lisis probatorio, adujo que \u00ab[\u2026] viola los par\u00e1metros de apreciaci\u00f3n racional de la prueba, puesto que pretende cercenar lo que la prueba ense\u00f1a, al tapar u ocultar lo evidente, viola las normas del sentido com\u00fan en su apreciaci\u00f3n o su apreciaci\u00f3n parte de una postura conveniente, para ignorar los graves hechos de violencia que se han ejercido [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene al \u00abjuzgado veinte de familia de circuito de Bogot\u00e1, deje sin ning\u00fan valor ni efecto el auto de 22 de noviembre de 2021, y disponga resolver lo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n
1. El Juzgado querellado se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abse estructur\u00f3 partiendo del an\u00e1lisis probatorio de los videos, audios, y mensajes de texto electr\u00f3nico, material probatorio del que no fue posible establecer que la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez Moreno, tuviese autor\u00eda en los hechos denunciados en su contra, ello sin perjuicio de las indagaciones adelantadas por la FGN\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia 1 de Engativ\u00e1 solicit\u00f3 \u00ab\u2026no acoger la presente acci\u00f3n en tanto el material probatorio no tiene la entidad suficiente para concluir que el accionante haya sido v\u00edctima de violencia intrafamiliar por parte de la accionada\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal 218 Local de la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la Seccional Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que \u00abal no tener los elementos de convicci\u00f3n necesarios ni la competencia para pronunciarse acerca de los hechos objeto de la acci\u00f3n de tutela se atiene a lo que el Honorable Magistrado en derecho determine, teniendo en cuenta que al ser dos acciones distintas (una administrativa y otra de car\u00e1cter penal), y dada la autonom\u00eda e independencia que revisten las actuaciones administrativas y judiciales, la suscrita [\u2026] no puede entrar a interferir en un procedimiento donde no es competente\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradora 152 Judicial II de Familia, mencion\u00f3 que examinados \u00ablos elementos de juicio incorporados a la presente actuaci\u00f3n, espec\u00edficamente los que dan cuenta del tr\u00e1mite surtido en el proceso, existen suficientes elementos para declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela instaurada [\u2026]\u00bb, pues el Juzgado accionado parti\u00f3 del \u00aban\u00e1lisis probatorio del que no fue posible establecer que la [accionada] tuviese autor\u00eda en los hechos denunciados en su contra, ello sin perjuicio de las indagaciones adelantadas por la FGN\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a quo deneg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00abes evidente que la providencia proferida el 22 de noviembre de 2021 por el Juez Veinte de Familia de Bogot\u00e1 cuenta con soporte legal; contiene un an\u00e1lisis del acervo probatorio relevante, recaudado oportunamente en el proceso y, es el resultado de la valoraci\u00f3n de los hechos puestos de presente por el denunciante al momento de formular la denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, ente que dispuso remitirla a la Comisar\u00eda para que se investigara la existencia de hechos de violencia intrafamiliar y, lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n con base en una motivaci\u00f3n que es fruto de la discreta autonom\u00eda decisoria del Juez y no se advierte carente de razonabilidad, arbitraria o caprichosa\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el accionante. Ello pues, estim\u00f3 que el Despacho de segundo grado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1tico al soslayar el an\u00e1lisis integral de todo el material probatorio aportado al juicio de marras. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la autoridad acusada -con providencia del 22 de noviembre de 2021-, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, expres\u00f3 las razones que la llevaron a ratificar la decisi\u00f3n impugnada. Para ello, comenz\u00f3 por analizar que el demandante no acredit\u00f3 ante la Comisar\u00eda de Familia los hechos \u00aben que fund[\u00f3] su denuncia y por los cuales, pretende se le conceda una medida de protecci\u00f3n a favor de su hija y en contra de su progenitor, por supuesto maltrato verbal y f\u00edsico\u00bb. Al respecto, acot\u00f3 que \u00abla carga de la prueba y de conformidad con la parte vigente del art\u00edculo 1757 del C. C. en armon\u00eda con el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso incumbe a las partes probar los supuestos de hecho en que fundamentan sus pretensiones o excepciones; en este caso, dicho deber recae sobre los hombros de la accionante, a quien le correspond\u00eda acreditar que en efecto, los hechos de violencia intrafamiliar ocurridos en su contra realmente pasaron\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el material probatorio aportado a la causa sub examine, resalt\u00f3 que las \u00abgrabaciones realizadas en video y audio para soportar su dicho. De los dos audios [\u2026] los mismos son originados por masculinos, donde no se pudo esclarecer la relaci\u00f3n con la accionada en ning\u00fan caso, como tampoco hacen referencia a hechos concretos que tengan que ver con el tema [\u2026] debatido\u00bb. En efecto, destac\u00f3 que \u00abFrente a los audios denominados Paola Taborda, corresponden a un cliente del accionante afectado al parecer por la no entrega de un equipo de c\u00f3mputo y que por supuesto, no corresponde a los aqu\u00ed investigado. El video donde se muestra concepto realizado por t\u00e9cnico de la casa BMW Service respecto a las posibles consecuencias que se hab\u00edan podido presentar por la aparente p\u00e9rdida de l\u00edquido de frenos, pues es eso, una simple apreciaci\u00f3n frente a la realidad que presentaba el veh\u00edculo del accionante al momento de su revisi\u00f3n, pero como las anteriores pruebas, en nada beneficia el dicho del accionante en su denuncia sobre la aparente manipulaci\u00f3n por parte de la accionada\u00bb. Y, \u00abPor \u00faltimo y al parecer la prueba que manifiesta la parte apelante es fehaciente al hecho denunciado, corresponde al video de seguridad del conjunto residencial donde anteriormente conviv\u00edan las partes. Se observa a la se\u00f1ora Milbia descender a los parqueaderos cubiertos, donde se acerca a la motocicleta y recoge unos elementos (cascos), no se evidencia en el mismo la utilizaci\u00f3n de elementos que permitieran percibir que la accionada realizara maniobra para averiar la motocicleta y que se enmarquen en hechos de violencia intrafamiliar. Del mismo modo ocurre con las fotos allegadas de la motocicleta averiada\u00bb. <\/p>\n
No obstante, frente a la denuncia impetrada por el actor y las pruebas que pretendi\u00f3 hacer valer, recalc\u00f3 que \u00abno tuvieron la fuerza necesaria para establecer su veracidad\u00bb. En ese orden, anot\u00f3 que es necesario tener en cuenta \u00ablo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 575 de 2000 que modific\u00f3 el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 294 de 19963 frente a lo que corresponde a la violencia intrafamiliar [\u2026] Como se advirti\u00f3 [\u2026], era del resorte del accionante comprobar los hechos en que fundament\u00f3 su denuncia, lo cual evidentemente no ocurri\u00f3 al no poder demostrar la afectaci\u00f3n de que es supuestamente v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abdistinto a lo afirmado por el recurrente no se observa de parte de la comisar\u00eda de origen una omisi\u00f3n que niegue o valore las pruebas de manera arbitraria, irracional y caprichosa, que conlleve una insuficiencia probatoria o una prueba cuestionada que no haya debido admitir ni valorar, ni tampoco el desconocimiento de las reglas de la l\u00f3gica y la experiencia; razones estas por las que los argumentos que sustentan el recurso interpuesto por el accionado no tienen la fuerza necesaria para modificar la decisi\u00f3n fustigada\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Juzgado atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n (documentales). <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio4. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente5 que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo de 2021, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 301 a 309 del archivo PDF \u00ab2021-00284 Medida Protecci\u00f3n Devuelta\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 332 a 337 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 1\u00b0. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea v\u00edctima de da\u00f1o f\u00edsico o s\u00edquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi\u00f3n por parte de otro miembro del grupo familiar, podr\u00e1 pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de \u00e9ste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protecci\u00f3n inmediata que ponga fin a la violencia, maltrat\u00f3 o agresi\u00f3n o evite que \u00e9sta se realice cuando fuere inminente. <\/p>\n
4\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
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