STC4341-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4341-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 20001-22-14-004-2021-00348-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y alimentos de su hija menor de edad, presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada en el proceso ejecutivo de radicado 68276400300120180030300. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que, ante el incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija, fijada en audiencia de conciliaci\u00f3n surtida en el proceso de divorcio 2016-00138, promovi\u00f3 un juicio ejecutivo de alimentos contra el se\u00f1or Jos\u00e9 D\u00edaz Rodr\u00edguez, que se tramit\u00f3 en el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca, el cual libr\u00f3 mandamiento de pago y, el 7 de junio de 2018, decret\u00f3 la medida cautelar de embargo y secuestro de los derechos derivados de la posesi\u00f3n que ejerce el demandado sobre el veh\u00edculo de placas DUN 808, as\u00ed como el embargo \u00aby retenci\u00f3n del 40% del salario del ejecutado y\/o 70% del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, honorarios que devengara como empleado del SENA, sin embargo, dicha medida no se consum\u00f3 en raz\u00f3n a que el demandado, no se encontraba laborando en dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
Ante un nuevo incumplimiento, present\u00f3 demanda acumulada ejecutiva, por la que se libr\u00f3 mandamiento de pago el 20 de marzo de 2019. El proceso fue trasladado al Juzgado Tercero de Familia de Valledupar, el cual, mediante auto del 17 de noviembre de 2021, notificado en estado electr\u00f3nico del d\u00eda siguiente, entre otros, declar\u00f3 la ilegalidad del auto del 7 de junio de 2018 y, en consecuencia, orden\u00f3 \u00ablevantar la medida cautelar que existe sobre el veh\u00edculo automotor de placas DUN 808\u00bb, por cuanto este no se encuentra registrado a nombre del ejecutado. <\/p>\n
2.1. Revisado el expediente, se observa que el demandado elev\u00f3, en diferentes oportunidades, solicitud de levantamiento de la medida enunciada2, apoyado en que hab\u00eda cancelada la totalidad de la obligaci\u00f3n y que el veh\u00edculo era de propiedad de un tercero de buena fe \u2013como se encontraba registrado en el RUNT- a quien se le estaban causando graves perjuicios y porque, adem\u00e1s, la interesada no adjunt\u00f3 prueba de la posesi\u00f3n que le endilgaba, pues, para el momento de la aprehensi\u00f3n, \u00abera simple tenedor eventual o espor\u00e1dico condici\u00f3n que no le da animus de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
A su vez, la se\u00f1ora Graciela Escobar Mart\u00ednez aleg\u00f3 ser la propietaria del veh\u00edculo objeto de la medida y, en soporte, anex\u00f3 el RUNT del automotor, en el que consta lo afirmado3. <\/p>\n
2.2. La parte actora asegur\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada contiene un defecto sustantivo, dado que desconoce el numeral 3 del art\u00edculo 593 del CGP y el art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, normas que tienen como prop\u00f3sito evitar que el deudor evada la obligaci\u00f3n, pues el accionado utiliza a su progenitora para insolventarse; adem\u00e1s, \u00abdesconoce los derechos de mi menor hija a percibir sus alimentos, puesto que se insiste, es la \u00fanica medida cautelar que se encuentra vigente al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que los alimentos para su hija se ven comprometidos, pues el obligado no cuenta con trabajo estable, no se tiene conocimiento de bienes a su nombre, tiene otros dos hijos que alimentar y est\u00e1 demandado ejecutivamente por el Banco BBVA. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la providencia cuestionada no es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n, porque el proceso es de \u00fanica instancia y \u00abque no se hac\u00eda indispensable el agotamiento de la reposici\u00f3n en raz\u00f3n a la flexibilizaci\u00f3n del principio de subsidiaridad a fin de prevalecer el derecho sustancial sobre el formal\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00abse ordene dejar sin efecto la providencia del d\u00eda 17 de noviembre de 2021 (\u2026) y en su lugar se ordene dictar una nueva decisi\u00f3n con fundamento en la normatividad que gobierne la materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Municipal de Floridablanca remiti\u00f3 el expediente cuestionado. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Familia de Valledupar sostuvo que \u00abel decreto de medidas cautelares no puede estar sujeta a suposiciones, aunado el hecho que en el expediente no se ha demostrado la posesi\u00f3n del demandado en el veh\u00edculo que fue sujeto del embargo, se procedi\u00f3 a levantar la medida cautelar decretada, por no ser de propiedad del se\u00f1or JOS\u00c9 D\u00cdAZ RODR\u00cdGUEZ\u00bb. Destac\u00f3 que la providencia censurada no fue controvertida por la interesada, por lo que solicit\u00f3 decretar la improcedencia del amparo. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Veintinueve Judicial II de Familia manifest\u00f3 que, si bien es procedente el embargo de la posesi\u00f3n sobre el bien automotor conforme al art\u00edculo 593 del CGP, la accionante no interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n del 17 de noviembre de 2021 y, en tal medida, no es procedente la tutela. Agreg\u00f3 que no existe vulneraci\u00f3n, pues la actora \u00aba\u00fan cuenta, dentro del proceso judicial, con todas las oportunidades procesales pertinentes para alegar los hechos que pretende por v\u00eda de tutela hacer valer\u00bb. <\/p>\n
4. El abogado \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Aroca, quien dijo representar al ejecutado, solicit\u00f3 su vinculaci\u00f3n a este al tr\u00e1mite de tutela. Por su parte, el ejecutado, Jos\u00e9 D\u00edaz Rodriguez, asegur\u00f3 que nunca dej\u00f3 de cancelar la cuota alimentaria y que el presunto incumplimiento se deriva de gastos que nunca le fueron informados, aunque aleg\u00f3 que ya realiz\u00f3 tambi\u00e9n ese pago; adicionalmente, argument\u00f3 que no ostenta la posesi\u00f3n del veh\u00edculo, dado que trabaja en campo, en el sector de hidrocarburos, y cada 15 d\u00edas va a la ciudad, donde su madre le presta el automotor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo, porque la accionante no present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 17 de noviembre de 2021, pese a que se notific\u00f3 en debida forma, incumpliendo con ello el requisito de subsidiariedad. Precis\u00f3 que no se pod\u00eda flexibilizar tal presupuesto, en atenci\u00f3n a que i) la accionante es abogada y adelanta directamente el proceso ejecutivo; ii) ante las irregularidades en la titularidad del veh\u00edculo o \u00abpresunto defraudo del ejecutado con relaci\u00f3n a sus acreedores\u00bb, la interesada puede ejercer una acci\u00f3n pauliana o de simulaci\u00f3n; iii) si se accede a las pretensiones, \u00abtampoco habr\u00eda una protecci\u00f3n inmediata de derechos, pues la medida cautelar no recae sobre sumas dinerarias mediante las cuales se puedan suplir gastos en el corto plazo, ni sobre bienes de propiedad del deudor que con su remate garantizar\u00edan inexorablemente el cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb; iv) el ejecutado es cotizante de pensi\u00f3n sobre un ingreso superior al salario m\u00ednimo como trabajador dependiente y, adem\u00e1s, constan las consignaciones a la cuenta del Banco Agrario que, con independencia de si cubren la totalidad del cr\u00e9dito, \u00abdan cuenta de que la actora no ha demostrado el perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien argument\u00f3 que se demostr\u00f3 la posesi\u00f3n del bien en cabeza del ejecutado, sin que sea relevante su titularidad para la procedencia de la medida, que la posesi\u00f3n s\u00ed puede ser objeto de medida cautelar por disposici\u00f3n del legislador, que no tiene conocimiento de la empresa para la cual trabaja el demandado ni cuanto devenga, informaci\u00f3n que tampoco han podido obtener las dem\u00e1s entidades bancarias y que el perjuicio irremediable se materializ\u00f3 \u00abal momento en que el juez toma la decisi\u00f3n de levantar la \u00fanica cautela que garantizaba el pago de alimentos, enti\u00e9ndase que se trata de estudios, salud no pos, vestuario y dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, resalt\u00f3 que, en dos ocasiones, debi\u00f3 acudir a la demanda ejecutiva para obtener el pago de la cuota alimentaria, \u00abpor lo cual no es dable exigir otro tipo de demostraci\u00f3n de tal perjuicio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende el amparo de los derechos fundamentales de su hija menor de edad, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto del 17 de noviembre de 2021, mediante el cual el Juzgado accionado levant\u00f3 la \u00fanica medida cautelar que existe en el proceso ejecutivo 2018-00303-00 para garantizar los alimentos de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2. El estudio del tr\u00e1mite procesal muestra que la providencia cuestionada del 17 de noviembre de 2021 fue notificada por estado electr\u00f3nico del 18 de noviembre siguiente; no obstante, la accionante no interpuso el recurso de reposici\u00f3n, el cual resultaba procedente, permitiendo que la decisi\u00f3n cobrara ejecutoria y, por tanto, debido a su propia desatenci\u00f3n, qued\u00f3 atada a lo all\u00ed definido. <\/p>\n
De manera que aparece ineludible que la actora desperdici\u00f3 el medio correctivo que tuvo a su alcance. Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC14471-2021). <\/p>\n
3. Por otra parte, no advierte esta Sala una vulneraci\u00f3n manifiesta que amerite la flexibilizaci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, dado que no se vislumbra el perjuicio irremediable a los derechos de la menor de edad, pues el embargo reca\u00eda sobre la presunta posesi\u00f3n de un veh\u00edculo y no sobre sumas de dinero que pudieran garantizar de forma inmediata el pago de los alimentos reclamados -ante la imposibilidad de un eventual remate-, a lo cual se suma que se demostr\u00f3 que la se\u00f1ora Graciela Escobar Mart\u00ednez, tercera ajena al tr\u00e1mite, es su titular y propietaria. <\/p>\n
Lo anterior, aunado a que la actora puede solicitar en el proceso ejecutivo las medidas cautelares pertinentes, aportando, para el efecto, las pruebas respectivas. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, que neg\u00f3 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folios 28, 37 Cuaderno Medidas Cautelares y folios 188 y 192 del cuaderno principal, expediente 2018-00303. <\/p>\n
3\u0002 Documento 04, expediente 2018-000303. <\/p>\n
<\/p>\n
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