STC4342-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4342-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Roberto Rodr\u00edguez Zamudio le instaur\u00f3 a la Corte Constitucional, extensiva a las autoridades e intervinientes en el expediente D-13.956. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pretendi\u00f3 que se \u00abrevo[que] la sentencia C-055 de 2022, expedida por la Corte Constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Del extenso escrito se extrae que con ocasi\u00f3n de la demanda de constitucionalidad del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000, la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad condicionada de dicho precepto \u00aben el sentido de que la conducta de abortar all\u00ed prevista s\u00f3lo ser\u00e1 punible cuando se realice despu\u00e9s de la vig\u00e9sima cuarta (24) semana de gestaci\u00f3n y, en todo caso, este l\u00edmite temporal no ser\u00e1 aplicable a los tres supuestos (\u2026)\u00bb, que rese\u00f1\u00f3 en la sentencia C-355 DE 2006. <\/p>\n
En sentir del promotor, con la expedici\u00f3n del mencionado veredicto el \u00f3rgano l\u00edmite en lo constitucional replante\u00f3 sus tesis en cuanto a la protecci\u00f3n del derecho natural, dignidad humana, Estado social de derecho, establecidos en la Carta Pol\u00edtica de 1991, ya que \u00abcuando se habla del derecho a la vida, se est\u00e1 realizando un reconocimiento que involucra m\u00e1s que la simple existencia f\u00edsica, se hace alusi\u00f3n a una serie de condiciones y garant\u00edas, as\u00ed como a escenarios individuales y colectivos, que implican ver la vida como una entidad que se proyecta en las diversas esferas en las cuales la existencia humana puede tener injerencia y permite indicar que NO es un derecho de contenido limitado\u00bb, prerrogativas que fueron objeto de pronunciamiento por la colegiatura en las sentencias C-284 de 2015 y C-013 de 1997. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la salvaguarda a la vida consagrada en el art\u00edculo 11 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado en los \u00abpactos internacionales de derechos\u00bb, que prevalecen en el orden interno de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n y, en ese escenario, \u00abpara la Corte, el derecho a la vida est\u00e1 \u00edntimamente ligado al ser humano y se erige de tal forma, a\u00fan sobre la voluntad estatal, que no necesita estar garantizado expresamente en la norma positiva para ser jur\u00eddicamente exigible\u00bb, por tanto el sustento de su vigencia est\u00e1 en el derecho y no en la ley. <\/p>\n
Narr\u00f3 que, el aborto, a juicio de la Corte, \u00abes un acto en s\u00ed mismo repudiable, que, en cuanto cercena de modo irreparable la vida del ser humano en formaci\u00f3n, lesiona gravemente el derecho constitucional fundamental de que se trata y exige del Estado la consagraci\u00f3n de normas que lo reprimen y castiguen (\u2026)\u00bb, aunque la misma ley establezca circunstancias de atenuaci\u00f3n punitiva \u00abninguna criterio de distinci\u00f3n es aceptable, a la luz del Derecho, para suponer que esa protecci\u00f3n constitucional tenga vigencia y operancia \u00fanicamente a partir del nacimiento de la persona, o que deba ser menos intensa durante las etapas previas al alumbramiento\u00bb. En este orden de ideas, expres\u00f3 que la vida del nasciturus encarna un valor fundamental, por la esperanza de su existencia como persona que representa, por tanto, requiere especial protecci\u00f3n del Estado dado su grado de indefensi\u00f3n, y por ello, \u00abno es procedente legitimar conductas que conduzcan a la privaci\u00f3n de la vida humana durante el proceso de su gestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Presidencia de la Corte Constitucional luego de referirse a la posibilidad de acudir a esta v\u00eda para cuestionar providencias judiciales, se opuso a las pretensiones y en ese sentido manifest\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) no ocurre lo mismo cuando se trata de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad que tiene efectos \u201cerga omnes\u201d y validez normativa general4. No puede considerarse que \u201cuna sentencia de control constitucional que produce cosa juzgada constitucional, pueda revocarse ni suspenderse, ni dejarse sin efecto para volver a empezar el proceso\u201d5. Adem\u00e1s, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991, no procede la tutela cuando se trate de actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto y, el art\u00edculo 49 del Decreto 2067 de 1991, se\u00f1ala que contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. <\/p>\n
2.7. Igualmente, el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que los fallos emitidos por la Corte Constitucional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada: <\/p>\n
\u201cARTICULO 243 C.P.-. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Ninguna autoridad podr\u00e1 reproducir el contenido material del acto jur\u00eddico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci\u00f3n entre la norma ordinaria y la Constituci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
2.8. Finalmente, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, corresponde a la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201cARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le conf\u00eda la guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, en los estrictos y precisos t\u00e9rminos de este art\u00edculo. Con tal fin, cumplir\u00e1 las siguientes funciones: <\/p>\n
1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constituci\u00f3n, cualquiera que sea su origen, s\u00f3lo por vicios de procedimiento en su formaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constituci\u00f3n, s\u00f3lo por vicios de procedimiento en su formaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos \u00faltimos s\u00f3lo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realizaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los art\u00edculos 150 numeral 10 y 341 de la Constituci\u00f3n, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formaci\u00f3n. <\/p>\n
7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los art\u00edculos 212, 213 y 215 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formaci\u00f3n. <\/p>\n
9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acci\u00f3n de tutela de los derechos constitucionales. <\/p>\n
10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitir\u00e1 a la Corte, dentro de los seis d\u00edas siguientes a la sanci\u00f3n de la ley. Cualquier ciudadano podr\u00e1 intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podr\u00e1 efectuar el canje de notas; en caso contrario no ser\u00e1n ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la Rep\u00fablica s\u00f3lo podr\u00e1 manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. <\/p>\n
11. Darse su propio reglamento. <\/p>\n
PARAGRAFO. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formaci\u00f3n del acto sujeto a su control, ordenar\u00e1 devolverlo a la autoridad que lo profiri\u00f3 para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, proceder\u00e1 a decidir sobre la exequibilidad del acto.\u201d <\/p>\n
En el t\u00e9rmino del traslado, el actor aport\u00f3 apartes de la sentencia C-284 de 2015, sobre el derecho natural, as\u00ed como de algunos veredictos de esta Sala. Al momento en que se elabor\u00f3 el proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se advierte que el amparo no puede prosperar, porque la acci\u00f3n de tutela no es procedente para controvertir sentencias dictadas en el marco del control de constitucionalidad. <\/p>\n
Se afirma lo anterior por cuanto el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia se\u00f1ala: \u00ablos fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional\u00bb, por tanto, \u00abno puede considerarse que una sentencia de control constitucional que produce cosa juzgada constitucional, pueda revocarse ni suspenderse, ni dejarse sin efecto para volver a empezar el proceso\u00bb (C-282 de 1996). <\/p>\n
Igualmente, trat\u00e1ndose de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias dictadas en el marco de una acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el \u00f3rgano l\u00edmite en la materia, de vieja data tiene destacado que: <\/p>\n
[s]olo y si ocurre una v\u00eda de hecho es procedente la tutela contra una sentencia judicial, y en el evento de que llegara a prosperar, el Juez de tutela de una ORDEN. Esto tiene viabilidad contra las providencias que definen conflictos \u201cinter partes\u201d, pero no ocurre lo mismo cuando se trata de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad que tiene efectos \u201cerga omnes\u201d y validez normativa general. Ser\u00eda absurdo que, por ejemplo, declarada una inexequibilidad, por la Corte Constitucional, pudiera un Juez de tutela mediante un fallo que no tiene efecto \u201cerga omnes\u201d sino \u201cinter partes\u201d permitir que para el solicitante no operara la inexequibilidad y para las dem\u00e1s personas s\u00ed (\u2026). <\/p>\n
Ocurre que el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, es enf\u00e1tico: no procede la tutela \u201ccuando se trate de actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto\u201d, y, estas caracter\u00edsticas son propias de la sentencia que define una acci\u00f3n de inconstitucionalidad, luego tambi\u00e9n por esta raz\u00f3n es improcedente la tutela en la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Se pide revocaci\u00f3n de una sentencia de inconstitucionalidad mediante tutela, si ello es as\u00ed convertir\u00eda a la tutela en una especie de recurso de revisi\u00f3n tanto a la argumentaci\u00f3n como a lo decidido y ello no est\u00e1 permitido ni en la Constituci\u00f3n, ni en la Ley, ni en la doctrina comparada; atenta contra la esencia del control constitucional concentrado en la Corte Constitucional, que es el defensor natural de la Constituci\u00f3n\u201d. (T-282 de 1996). <\/p>\n
Por lo anterior, el juez de tutela no est\u00e1 habilitado para revisar fallos de constitucionalidad, cuyo contenido tiene efectos erga omnes dado su car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, con fuerza vinculante para todos los particulares y todas las autoridades, lo cual impide su controversia a trav\u00e9s de esta herramienta judicial, tal y como se extrae de la causal de improcedencia establecida en el numeral quinto del art\u00edculo sexto del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC15466-2017, 27 sep. memorada en STC13979-2021, 20 oct.). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, aunque el aqu\u00ed accionante se muestra inconforme con la sentencia emitida por la Corporaci\u00f3n demandada, los argumentos que presenta para intentar la invalidaci\u00f3n de la C-055 de 2022, en manera alguna habilitan la procedencia del amparo constitucional, ya que no demuestran c\u00f3mo aquella decisi\u00f3n le ocasion\u00f3 alguna vulneraci\u00f3n cierta, actual, vigente o inminente de sus derechos fundamentales, aun cuando para su procedencia es carga del inconforme acreditar \u00abque \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares\u00bb tal y como as\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Por lo expuesto, no hay lugar a acceder a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela incoada por Roberto Rodr\u00edguez Zamudio. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4342-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC4342-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2021). Se resuelve la tutela que Roberto Rodr\u00edguez Zamudio le instaur\u00f3 a la Corte Constitucional, extensiva a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62756","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62756\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}