STC4344-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4344-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00124-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1\u00b0 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio Andr\u00e9s Carrillo S\u00e1nchez contra el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2019-00730. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al resolver el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que instaur\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos contra su progenitor Octavio Carrillo Carre\u00f1o, para obtener \u00abel pago de los saldos y cuotas alimentarias de $3.785.705,00, las cuotas extraordinarias de $4.341.721,00, el pago del 50% de los gastos de universidad $9.508.449,00, el pago del 50% del curso de ingl\u00e9s requisito de la universidad de $2.887.000,00\u00bb, correspondiendo al Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 quien, el 13 de diciembre de 2019 \u00ablibr\u00f3 mandamiento por la suma de $11.230.931,00 [por los conceptos antes aludidos], igualmente por las sumas que en lo sucesivo se siguieran causando [y] por los intereses legales de mora causados\u00bb, pues respecto a \u00ablos gastos de la universidad de los llanos y curso de ingl\u00e9s (\u2026), decide negarlos\u00bb. <\/p>\n
Que el ejecutado se opuso mediante la proposici\u00f3n de las excepciones que denomin\u00f3 \u00abinexistencia del t\u00edtulo ejecutivo acta de conciliaci\u00f3n, pago de las obligaciones alimentarias, prescripci\u00f3n extintiva, cobro de lo no debido, temeridad, mala fe y\/o enriquecimiento sin causa del demandante\u00bb, las cuales, luego de surtidas las etapas procesales pertinentes, se resolvieron en sentencia del 7 de febrero de 2022, declarando \u00abparcialmente pr\u00f3spera [la de] cobro de lo no debido (cuotas ordinarias desde abril a octubre de 2019, y las que en lo sucesivo se causen), probada la de prescripci\u00f3n extintiva (cuotas extraordinarias de junio y diciembre de 2013 y junio de 2014)\u00bb, e \u00abimpr\u00f3speras\u00bb las dem\u00e1s. <\/p>\n
Que la anterior decisi\u00f3n la soport\u00f3 el juzgado se\u00f1alando que el demandado \u00absolamente est\u00e1 obligado hasta los 25 a\u00f1os [del alimentario] y que no hay prueba que as\u00ed lo desvirt\u00fae, contradiciendo sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia que han se\u00f1alado que si el alimentario no ha culminado una carrera que le permita mantenerse, el padre est\u00e1 en la obligaci\u00f3n hasta cuando se termine dicha carrera para que no se torne infinita\u00bb, citando al respecto el fallo STC14750-2018, y seguidamente las sentencias T-285 de 2010 y T-854 de 2012 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Que \u00abqued\u00f3 demostrado con el interrogatorio de parte que me encontraba estudiando y que, para octubre 25 de 2021, estaba pendiente de ser llamado para graduarme\u00bb, as\u00ed como que el inmueble de cuyo contrato de arrendamiento \u00abfung\u00ed como arrendador, no soy el propietario [sino que lo es] de mi abuela materna\u00bb, y tambi\u00e9n que la anotaci\u00f3n en \u00abperfil de Facebook ofreciendo servicios veterinarios, no es prueba id\u00f3nea de que est\u00e9 ejerciendo la profesi\u00f3n, m\u00e1xime cuando a\u00fan no me he graduado\u00bb. <\/p>\n
Que la incursi\u00f3n del juzgado en v\u00eda de hecho se produjo \u00abal apartarse de los lineamientos dados por la jurisprudencia, la constituci\u00f3n y la ley, pues est\u00e1bamos frente a un proceso ejecutivo de alimentos (obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible), y no ante un proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria (no existe certeza jur\u00eddica del derecho, pero la ley ha previsto un tr\u00e1mite especial para ellos\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abrevocar la sentencia proferida por el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia del circuito de Bogot\u00e1, el d\u00eda 07 de febrero de 2022, a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La funcionaria judicial convocada se opuso a lo pretendido, aduciendo preliminarmente que \u00abmediante auto del 13 de diciembre de 2019 (\u2026), no se accedi\u00f3 a la orden de apremio respecto del concepto de gastos universitarios ni curso de ingl\u00e9s, por no haberse pactado en el t\u00edtulo ejecutivo, sin que la parte ejecutante en su oportunidad presentara inconformidad alguna\u00bb, y, por lo dem\u00e1s, \u00aben la sentencia se expusieron razonadamente los argumentos que acogieron parcialmente algunas de las excepciones propuestas y [de] las que se despacharon desfavorablemente, los cuales se apoyaron en el material probatorio recaudado, las normas y la jurisprudencia aplicable al caso con plena garant\u00eda de los derechos fundamentales de la partes\u00bb. <\/p>\n
2. William Ernesto Gonz\u00e1lez Herrera, en su calidad de apoderado judicial del ejecutante, manifest\u00f3 que coadyuvaba la acci\u00f3n incoada por su poderdante, por ser el \u00ab\u00fanico mecanismo de defensa\u00bb con que se cuenta para corregir lo actuado, enfatizando que \u00absi bien es cierto el demandado pod\u00eda proponer las excepciones de m\u00e9rito que \u00e9l considerara, no es menos cierto que el proceso se fall\u00f3 como si se tratara de un verbal de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria [atendiendo] los dichos del demandado y su apoderado [los cuales] no fueron confrontados por el despacho ni por el apoderado del demandado con el interrogatorio de parte\u00bb. <\/p>\n
3. Octavio Carrillo Carre\u00f1o, demandado en el pleito objeto de cuestionamiento, pidi\u00f3 \u00abnegar la acci\u00f3n constitucional por su no violaci\u00f3n de derechos\u00bb, porque frente a la denegaci\u00f3n de librar orden de pago \u00abpor el 50% de los gastos de universidad\u00bb, se incumple el requisito de la inmediatez, pues dicho auto se profiri\u00f3 el 13 de diciembre de 2019. En relaci\u00f3n con la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, dijo que \u00abel mismo defensor [del hoy accionante] acept\u00f3 como cuotas prescritas\u00bb, y en lo atinente a la de cobro de lo no debido, el juzgado procedi\u00f3 \u00abbajo las mismas consideraciones de la Corte Suprema de Justicia para casos similares (\u2026), referido a la obligaci\u00f3n de satisfacer cuotas alimentarias posterior a los 25 a\u00f1os de edad. Y tal como se demostr\u00f3 por parte de la defensa del suscrito y que fue acogido por la se\u00f1ora juez, tales requisitos no se cumpl\u00edan para seguir demandando acciones para obtener las obligaciones alimentarias\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
En ese sentido, critic\u00f3 al accionado al aseverar que \u00abpr\u00e1cticamente procedi\u00f3 en la sentencia ejecutiva de alimentos a exonerar al alimentante de pagar los alimentos causados a partir del mes de abril de 2019, con sujeci\u00f3n a la sentencia de tutela STC-14750 de 14 de noviembre de 2018 [la cual] fue proferida en relaci\u00f3n con un proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos [porque], en este caso, la juzgadora omiti\u00f3 analizar que la obligaci\u00f3n alimentaria que da cuenta el documento que fue aportado como t\u00edtulo ejecutivo, consistente en el acta de conciliaci\u00f3n de 6 de julio de 2010 [que] permanece vigente\u00bb, y por ello, \u00abno es el juez del proceso ejecutivo el llamado a pronunciarse sobre el tema de la exoneraci\u00f3n de alimentos, sin tener pleno conocimiento de las condiciones particulares en que se encuentra el alimentario\u00bb. Por tanto, invalid\u00f3 el fallo dictado por el juzgado el 7 de febrero de 2002, y le orden\u00f3 reemplazarlo con el que \u00aben derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el vinculado Octavio Carrillo Carre\u00f1o, para refutar que el accionado hubiera incurrido en \u00abincongruencia\u00bb al declarar parcialmente probada la excepci\u00f3n \u00abcobro de lo no debido\u00bb, pues \u00aben momento alguno en la parte resolutiva del fallo se indica que se de aplicaciones de pretensiones de acciones de exoneraci\u00f3n de alimentos\u00bb, sino que \u00abaplic\u00f3 de manera clara, adecuada e id\u00f3nea (\u2026), la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que se deben alimentos, a\u00fan posterior al cumplimiento de los 25 a\u00f1os, salvo que se presente las circunstancias espec\u00edficas all\u00ed establecidas por la propia corporaci\u00f3n de cierre de lo ordinario. Y es bajo esas consideraciones que, conforme a la prueba allegada a la actuaci\u00f3n, se cumpl\u00edan con los mismas y por ende proceder como lo hizo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el querellante, porque mediante sentencia proferida dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2019-00730, declar\u00f3 parcialmente probada la excepci\u00f3n denominada \u00abcobro de lo no debido\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La constante y reiterada jurisprudencia de esta Sala ha dicho, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n constitucional no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones judiciales; s\u00f3lo puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario profiera alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, citada entre otras en STC2721-2019, 6 mar. 2019, rad. 00155-00). <\/p>\n
De igual modo ha sostenido que cuando el juez profiere una decisi\u00f3n trascendental en el proceso obedeciendo a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jur\u00eddico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones el resguardo resulta id\u00f3neo para conjurar o prevenir el perjuicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Efectuado el estudio pertinente a los argumentos de la presente queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la protecci\u00f3n parcial que otorg\u00f3 el tribunal a-quo, habida cuenta la incursi\u00f3n del despacho judicial accionado en defectos de procedibilidad. <\/p>\n
3.1. Del defecto procedimental. <\/p>\n
Para abordar este yerro, se precisa que el reproche del actor se circunscribe, en primer lugar, a la definici\u00f3n de la excepci\u00f3n llamada \u00abcobro de lo no debido\u00bb, porque en su criterio, el juzgado debi\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n por la totalidad de los conceptos que comprenden la obligaci\u00f3n alimentaria tasada a su favor mediante acta de conciliaci\u00f3n suscrita ante Defensor de Familia del ICBF el 6 de julio de 2010, consistente en cuotas ordinarias \u00abpor valor de un salario m\u00ednimo mensual [con] incremento anual en el mismo porcentaje del salario m\u00ednimo mensual, [y] dos cuotas extraordinarias en los meses de junio y diciembre pactadas en $250.000\u00bb, lo que, en su sentir, conllevaba el concepto de educaci\u00f3n y, por ende, \u00abel pago del 50% de los gastos de universidad y del curso de ingl\u00e9s requisito de la universidad\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, porque conforme a lo deprecado en la demanda, la orden de pago no solo involucraba las mesadas alimentarias ordinarias y extraordinarias causadas hasta cuando rebas\u00f3 los 25 a\u00f1os de edad, sino la efectividad de todas aquellas obligaciones que en lo sucesivo se generaran con base en el t\u00edtulo ejecutivo, habida cuenta que no se hab\u00eda declarado su p\u00e9rdida de vigencia. <\/p>\n
Dilucidado lo anterior, encuentra la Corte que frente al primer punto no hay discusi\u00f3n sobre la manera en que lo resolvi\u00f3 el accionado, ya que si bien son ejecutables las cuotas alimentarias ordinarias y extraordinarias conforme se pact\u00f3 en el acta de conciliaci\u00f3n, de dicho t\u00edtulo no se desprende obligaci\u00f3n del demandado para asumir porcentaje alguno en relaci\u00f3n con \u00abgastos universitarios\u00bb, derivados o similares que pudieran haberse ocasionado por su ingreso o permanencia en establecimiento de educaci\u00f3n superior. Por ello, la controversia probatoria sobre su causaci\u00f3n o no, deviene inane ya que esos rubros no son materia de cobro dentro del compulsivo cuya actuaci\u00f3n se critica. Es m\u00e1s, bastaba se\u00f1alar que, en el mandamiento de pago, esa pretensi\u00f3n fue denegada y contra ella no hubo oposici\u00f3n. <\/p>\n
En cambio, respecto a la resoluci\u00f3n del mismo medio exceptivo, pero en relaci\u00f3n con las cuotas causadas con posterioridad a la data en que el alimentario cumpli\u00f3 25 a\u00f1os de edad, observa la Sala -como lo hizo el fallador a-quo-, que se produjo una decisi\u00f3n censurable en sede constitucional, por partir de una motivaci\u00f3n defectuosa que afecta el derecho fundamental al debido proceso del ac\u00e1 reclamante. <\/p>\n
Ello, porque tras aludir las normas que refieren a los alimentos para la descendencia, inici\u00f3 su disertaci\u00f3n se\u00f1alando que \u00aben regla de principio los padres est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de proveer alimentos a sus hijos hasta que estos cumplan la mayor\u00eda de edad que en nuestra legislaci\u00f3n es a los 18 a\u00f1os (Ley 27 de 1977). No obstante, a nivel jurisprudencial, se ha considerado que, en circunstancias extraordinarias, tal obligaci\u00f3n puede superar ese baremo temporal y, por ende, los hijos mayores de edad pueden seguir siendo beneficiarios de alimentos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, citando como criterio de autoridad la sentencia STC14750-2018 (14 nov. 2018, rad. 00269-01), advirti\u00f3 que \u00abhay un cobro indebido de las cuotas alimentarias reclamadas desde abril de 2019 y las perseguidas hasta la fecha; as\u00ed como de la cuota extraordinaria del mes de junio de 2019, conclusi\u00f3n a la que se llega tras valorar la prueba tanto documental como las declaraciones de parte, pruebas que con meridiana claridad evidencian que el ejecutante alcanz\u00f3 la edad de 25 a\u00f1os el 1\u00b0 de abril del 2019 (\u2026), que el alimentario no presenta ninguna discapacidad f\u00edsica o sensorial que lo l\u00edmite para procurarse por sus propios medios el sustento, tal y como lo afirm\u00f3 al responder la pregunta que le hizo el apoderado de la parte demandada en el curso del interrogatorio, y que en su caso particular la obligaci\u00f3n del demandado a suministrarle alimentos lleg\u00f3 a su final hasta cuando aqu\u00e9l cumpli\u00f3 dicha edad, pues consiente el demandante de ello, al ser interrogado por este despacho hasta qu\u00e9 fecha est\u00e1 cobrando cuotas alimentarias, respondi\u00f3: \u201chasta el 1\u00ba de abril de 2019 que cumpl\u00ed los 25 a\u00f1os\u201d\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en su interrogatorio, \u00abel ejecutante manifest\u00f3 que inici\u00f3 sus estudios universitarios de medicina veterinaria en el segundo periodo del a\u00f1o 2012 y que para el momento de la audiencia (28 de octubre de 2021) se encontraba a la espera de sustentaci\u00f3n del trabajo de grado, afirmaci\u00f3n que contrastada con la certificaci\u00f3n de la Universidad de Los Llanos (\u2026), donde aparece que ingres\u00f3 a cursar el sexto semestre en el primer periodo del a\u00f1o 2018, deja ver la demora que ha tenido el joven demandante para culminar su tr\u00e1nsito por dicha instituci\u00f3n educativa, sin que hubiese demostrado ni mucho menos esbozado alguna circunstancia extraordinaria e insuperable que justifique dicha tardanza\u00bb, y que tales afirmaciones \u00abtienen efectos de confesi\u00f3n al tenor del art\u00edculo 191 del C.G.P., respecto de los hechos que le producen consecuencias jur\u00eddicas adversas, como lo es el reconocimiento y aceptaci\u00f3n de que los alimentos adeudados por el demandado est\u00e1n pendientes de pago solo hasta el d\u00eda 1\u00ba de abril de 2019, es decir, cuando cumpli\u00f3 los 25 a\u00f1os de edad, pues los dem\u00e1s no tienen justificaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, aunque reconoci\u00f3 que para \u00abdebatir\u00bb dicha tem\u00e1tica se hab\u00eda creado el proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos, justific\u00f3 su injerencia en el ejecutivo \u00abdadas sus particularidades, que la condici\u00f3n [en su entender resolutoria] para que el demandado continuara pagando los alimentos y para que el demandante siguiera percibiendo los mismos a pesar de superar los 25 a\u00f1os de edad, depende de si subyace una situaci\u00f3n extraordinaria o especial que razonablemente amerite el cobro de alimentos luego de llegar a esa edad\u00bb, asegur\u00f3 que en el caso revisado \u00abla respuesta es negativa [ya que] no padece de una enfermedad o de alguna condici\u00f3n especial que limite su capacidad de ejercicio\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan lo descrito, es evidente que el accionado, so pretexto de desatar la excepci\u00f3n de \u00abcobro de lo no debido\u00bb, desbord\u00f3 la competencia como juez del ejecutivo, pues dentro de esta no se encontraba la de eximir al demandado de pagar alimentos, cercenando con ello los efectos jur\u00eddicos del t\u00edtulo b\u00e1culo del compulsivo, siendo que para tal proceder, la ley consagra la acci\u00f3n de exoneraci\u00f3n de alimentos (art\u00edculo 21-7 del estatuto adjetivo), cuya idoneidad, aptitud y eficacia no admiten reproche alguno. <\/p>\n
En este orden, inicialmente es necesario precisar que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la obligaci\u00f3n alimentaria se extiende m\u00e1s all\u00e1 de la mayor\u00eda de edad del beneficiario, infiri\u00e9ndose los 25 a\u00f1os como aquella en que ya se encuentra preparado profesionalmente, empero, tambi\u00e9n ha reiterado que dicho l\u00edmite \u00abno es un par\u00e1metro absoluto\u00bb (CSJ STC, 9 sep. 2009, exp. 00144-01). <\/p>\n
Luego, a tono con las sentencias T-285\/10 y T-854\/12, esta Sala se\u00f1al\u00f3 que \u00abel juez no puede restringirse al hecho de si [el reclamante] rebas\u00f3 los 25 a\u00f1os de edad, sino a analizar otras especificidades del caso particular, en tanto que, as\u00ed como la obligaci\u00f3n podr\u00eda mantenerse transcurrida esa edad, podr\u00edan darse situaciones en las que tal concepto temporal no tiene la incidencia necesaria para ello\u00bb (CSJ STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). Del mismo modo, que \u00ablas obligaciones que asumen los padres [en relaci\u00f3n con los alimentos] la ha extendido (\u2026) hasta los 25 a\u00f1os. Se procura dar apoyo razonable para el aprendizaje de una profesi\u00f3n u oficio al hijo para que proyecte su vida aut\u00f3nomamente hacia el futuro. Pero esta condici\u00f3n no puede tornarse irredimible o indefinida frente a los padres, claro, salvo discapacidades imponderables y probadas que repercuten en la inhabilitaci\u00f3n de los alimentarios\u00bb (CSJ STC14750-2018, 14 nov. 2018, rad. 00269-01). <\/p>\n
No obstante, tales razonamientos han sido aplicados para resolver quejas constitucionales que cuestionaban lo resuelto en procesos de exoneraci\u00f3n de alimentos y no frente a la ejecuci\u00f3n de dicha prestaci\u00f3n, por cuanto los lineamientos para este \u00faltimo escenario jur\u00eddico se sujetan a la verificaci\u00f3n de existencia, validez y eficacia de un t\u00edtulo ejecutivo, en el que deben revisarse las exigencias que -en la actualidad- prev\u00e9 el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, con observancia en las particularidades se\u00f1aladas en el inciso 2\u00b0 del canon 431 ibidem, y en el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
En tales condiciones, sin perjuicio de la incursi\u00f3n del juzgado en otros yerros de procedibilidad del auxilio, habida cuenta la ponderaci\u00f3n de pruebas de cara a establecer la falta de necesidad del alimentario para reclamar la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica -lo cual es elemento plausible cuando se est\u00e1 frente a pleito declarativo-, el defecto que se muestra preponderante en este caso es el de car\u00e1cter procedimental, por fallar desatendiendo el principio de congruencia. <\/p>\n
N\u00f3tese que tampoco era dable hacer uso de las facultades para \u00abfallar ultrapetita y extrapetita\u00bb que consagra el par\u00e1grafo 1\u00b0 del citado art\u00edculo 281, porque si bien se trataba de un asunto de familia, no se cumpl\u00eda la exigencia seg\u00fan la cual deb\u00eda estarse frente a una persona de especial protecci\u00f3n constitucional que ameritara trato preferencial. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional sostiene: \u00ab(\u2026) la incongruencia que es capaz de tornar en de v\u00eda de hecho la acci\u00f3n del juez (reflejada en una providencia), es s\u00f3lo aquella que \u00absubvierte completamente los t\u00e9rminos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteraci\u00f3n sustancial, dentro de la respectiva jurisdicci\u00f3n, que quiebra irremediablemente el principio de contradicci\u00f3n y del derecho de defensa\u00bb [T-231\/94]. De esta forma, cuando se realice un juicio sobre la actividad del juez, para establecer si la violaci\u00f3n del principio de congruencia constituye o no una v\u00eda de hecho, se deber\u00e1 tener en cuenta (1.) la naturaleza de las pretensiones hechas -lo pedido- y el campo de aplicaci\u00f3n de los derechos en juego; (2.) si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el proceso; y, (3.) si el proceso conserv\u00f3, desde su apertura hasta su culminaci\u00f3n, un espacio abierto y participativo para las partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la contradicci\u00f3n -que le son consustanciales y que son el presupuesto de una sentencia justa- sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus extremos fundamentales\u00bb (CC T-450\/01). <\/p>\n
As\u00ed, el defecto procedimental absoluto emerge porque la funcionaria accionada, actu\u00f3 al margen del procedimiento establecido para resolver ese tipo de controversias, pues concretamente al dirimir la excepci\u00f3n \u00abcobro de lo no debido\u00bb, enfil\u00f3 los medios probatorios acopiados para fines no presupuestados en el pleito ejecutivo sino en un juicio declarativo (exoneraci\u00f3n de alimentos), quebrantando con ello la igualdad y el equilibrio procesal, y, en suma, las prerrogativas de defensa y contradicci\u00f3n que componen el debido proceso del cual fung\u00eda como garante. <\/p>\n
Acerca de la configuraci\u00f3n del defecto procedimental, el criterio constitucional que esta Corte ha compartido, tiene dicho que ocurre cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16). <\/p>\n
Igualmente se critica que la agencia judicial convocada no hubiera tenido presente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual se\u00f1ala que en la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con apoyo en lo discurrido se impone confirmar la tutela del derecho fundamental al debido proceso invocado por el accionante; acorde con ello, para corregir el desafuero en que incurri\u00f3 el juzgado accionado, se ratifica la invalidaci\u00f3n de la sentencia proferida el 7 de febrero de 2022, y la orden de renovar la actuaci\u00f3n con observancia en las consideraciones planteadas en la presente salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4344-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4344-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00124-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62758","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62758"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62758\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}