STC4349-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4349-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00972-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Rodolfo Jes\u00fas Mondol Mena y F\u00e9lix Mart\u00ednez Vivanco contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma ciudad y la sociedad Alcalis de Colombia Ltda. en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- En apoyo de su petici\u00f3n, se\u00f1alaron que promovieron acci\u00f3n de tutela de radicado 2021-01064 contra la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, la cual fue denegada en primera y segunda instancia por las Hom\u00f3logas Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Penal, respectivamente. <\/p>\n
El 22 de marzo de 2022, la Secretar\u00eda del Colegiado que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n y envi\u00f3 el amparo a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, sin embargo, \u00fanicamente fue remitida \u00abla demanda de tutela, el fallo de primera instancia, la impugnaci\u00f3n, el fallo de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, censuraron que la Corporaci\u00f3n accionada deb\u00eda \u00abremitir a la Corte Constitucional todas las piezas procesales que integra una acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
3.- Conforme a lo relatado, pidieron que \u00abse ordene al accionado Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia -Secretar\u00eda que dentro del t\u00e9rmino de la distancia env\u00ede a la Corte Constitucional las siguientes piezas procesales: la solicitud de adici\u00f3n que se interpuso contra la sentencia de tutela de primera instancia, el auto que niega la adici\u00f3n de la sentencia de primera instancia, la impugnaci\u00f3n al fallo de primera instancia, la adici\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia y el aut (sic) que niega la adici\u00f3n a la sentencia de segunda instancia, piezas procesales que hacer parte de la acci\u00f3n constitucional y deben ser enviadas a la corte constitucional, precisamente por ser parte o piezas procesales dentro de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
La secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que, mediante oficio 6630 del 10 de marzo de 2022, remiti\u00f3 a la Corte Constitucional las diligencias surtidas en la tutela 2021-01064, de acuerdo con lo estipulado en el inciso segundo del art\u00edculo primero del Acuerdo PCSJA20 11594 del 13 de julio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, solicit\u00f3 que se niegue la acci\u00f3n de tutela, dado que no existe vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de los promotores. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, los actores manifestaron que se vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso, como quiera que la autoridad judicial que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela de radicado 2021-01064 no remiti\u00f3 la totalidad de las piezas procesales a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.- Pues bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es inexistente, como quiera que la autoridad judicial accionada realiz\u00f3 el env\u00edo del expediente procesal a la Corte Constitucional, en estricto cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo primero del Acuerdo PCSJA20 11594 del 13 de julio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual estipula que: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 1. Remisi\u00f3n de expedientes a la Corte Constitucional. A partir del 31 de julio de 2020, los despachos judiciales deber\u00e1n realizar el env\u00edo de expedientes de tutela a la Corte Constitucional de forma electr\u00f3nica a efectos de adelantar el procedimiento paulatino de recepci\u00f3n o radicaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
El expediente que se remitir\u00e1 a la Corte Constitucional contendr\u00e1 la demanda de tutela y el fallo de primera instancia, as\u00ed como la impugnaci\u00f3n y el fallo de segunda instancia, cuando los hubiere. Durante el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n la Corte Constitucional podr\u00e1 solicitar a los despachos el env\u00edo de piezas complementarias o de todo el expediente. En todo caso, producida la selecci\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela la Corte solicitar\u00e1 la remisi\u00f3n por v\u00eda electr\u00f3nica del expediente completo\u00bb (Subraya la Sala) <\/p>\n
En ese orden, al no hallarse ninguna conducta atribuible a la autoridad convocada respecto de la cual pueda determinarse una amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declararse la improcedencia de la presente petici\u00f3n, pues <\/p>\n
\u00ab[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
\u00ablo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2007)\u2019\u00bb (CSJ STC12717-2019. 19 de sep, rad. 2019-00549-01). <\/p>\n
3.- Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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