STC4350-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4350-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00913-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de Corporaci\u00f3n el 20 de mayo de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ismael Enrique Rivera D\u00edaz y Carlos Dami\u00e1n Perales Meneses contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba. 2014-02387. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relataron en s\u00edntesis que, con fallo de 4 de octubre de 2019 el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja los absolvi\u00f3 del delito de \u00ablesiones personales dolosas\u00bb provocadas en la humanidad de Roger Alejandro G\u00f3mez Calvo; sin embargo, el Tribunal Superior de Bucaramanga, el 25 de noviembre de ese a\u00f1o, al resolver la apelaci\u00f3n formulada por el representante de la v\u00edctima, revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n para en su lugar condenarlos a la pena de 18 meses de prisi\u00f3n, neg\u00e1ndoles la concesi\u00f3n de los subrogados penales. <\/p>\n
Cuestionaron la providencia del tribunal y la se\u00f1alaron de constituir v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria; al respecto, criticaron que los colegiados no tuvieron en cuenta las contradicciones de los testigos de cargo y del propio lesionado; adicionalmente, que no observaron que \u00abCarlos Dami\u00e1n Perales Meneses no se encontraba en la ciudad en la ocurrencia de los hechos [\u2026] desacreditando nuestros testigos, solo por una contradicci\u00f3n de un testigo [\u2026] ordena abrir investigaci\u00f3n por falso testimonio, cuando los testigos de cargo cometieron graves falsedades en su testimonio, como se pudo corroborar con el interrogatorio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con el fin de exponer su particular apreciaci\u00f3n sobre las declaraciones vertidas en el juicio por los testigos, detallaron en extenso cada uno de los testimonios, resaltando las presuntas inexactitudes en que supuestamente habr\u00edan incurrido frente a los hechos. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretenden que se ordene \u00abla revisi\u00f3n de la sentencia de 25 de noviembre de 2019 expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Penal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Procurador 5 Judicial II Penal de Bucaramanga destac\u00f3 que a los actores les correspond\u00eda acudir a los medios de defensa ofrecidos por el C\u00f3digo de Procedimiento Penal como el recurso de casaci\u00f3n o incluso el de revisi\u00f3n, si es que consideran que la condena se fund\u00f3 en prueba falsa. <\/p>\n
3. La Jueza Segunda Penal Municipal de Barrancabermeja tras rese\u00f1ar el acontecer procesal inform\u00f3 que, al quedar ejecutoriada la sentencia emitida por el tribunal que conden\u00f3 a los acusados Rivera D\u00edaz y Perales Meneses, se remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a los juzgados de ejecuci\u00f3n correspondiendo la vigilancia de la sanci\u00f3n al Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bucaramanga; por otro lado, indic\u00f3 que desconoce si actualmente contin\u00faan en prisi\u00f3n o se hallan en libertad. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los par\u00e1metros de la subsidiariedad e inmediatez; en cuanto al primero, porque los alegatos contra el fallo que los conden\u00f3 pudieron los actores \u00ab(\u2026) exteriorizarlos a trav\u00e9s de la impugnaci\u00f3n de la primera condena y\/o del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Empero, la constancia secretarial de ejecutoria aportada, indica que no fueron activados, reflej\u00e1ndose as\u00ed la p\u00e9rdida de la oportunidad id\u00f3nea para discutir lo pretendido\u00bb; y sobre la oportunidad de la acci\u00f3n, porque desde la fecha de la sentencia atacada hasta la interposici\u00f3n del amparo \u00ab(\u2026) transcurri\u00f3 un (1) a\u00f1o, 4 meses y 4 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los actores sin agregar argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si el tribunal accionado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por los actores con la sentencia del 25 de noviembre de 2019 que revoc\u00f3 la del juzgado a quo para en su lugar condenarlos a la pena de 18 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00ablesiones personales dolosas\u00bb, incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. La inmediatez. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente, no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, desde la providencia del Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal que hoy recriminan los quejosos, es decir, la proferida el 25 de noviembre de 2019, respecto de la formulaci\u00f3n de la presente tutela el 26 de octubre de 20202, se tiene que transcurri\u00f3 mucho m\u00e1s del semestre se\u00f1alado como t\u00e9rmino razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n. Y, a\u00fan si se tomara como punto de referencia el momento en que qued\u00f3 ejecutoriada la decisi\u00f3n \u2013 16 de enero de 2020 -, tampoco se cumple el se\u00f1alado requisito temporal. <\/p>\n
Al respecto, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
En lo atinente, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, bajo ese contexto, no evidencia la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
3.2. La subsidiariedad. <\/p>\n
Por otra parte, como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe efectuarse al descuido que se advierte de los gestores relativo al agotamiento de los recursos habilitados por el ordenamiento procesal penal frente a la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada; en primer lugar, por tratarse de una primera condena dictada en sede de segunda instancia, el de la impugnaci\u00f3n especial por virtud del Acto Legislativo 01 de 2018 (modificatorio de los art\u00edculos 186, 234 y 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica); y, segundo, el extraordinario de casaci\u00f3n de conformidad con el canon 180 y siguientes de la ley 906 de 2004, medios de defensa que no fueron activados seg\u00fan la constancia secretarial de 16 de enero de 2020 que inform\u00f3 la ejecutoria de la sentencia proferida por el tribunal accionado. <\/p>\n
Aqu\u00e9llos instrumentos procesales de refutaci\u00f3n se constituyen en los escenarios propicios para plantear los cuestionamientos frente a todas las irregularidades que exponen en esta demanda y, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n especial, las censuras concretas frente a la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria; sin embargo, omitieron su uso permitiendo que la condena adquiriera firmeza. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
Entonces, ante el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que exist\u00edan al interior del juicio penal no puede la justicia constitucional erigirse como remedio \u00faltimo para rescatar oportunidades preclu\u00eddas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los recursos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la s\u00faplica y el desperdicio de los medios de defensa legalmente previstos, requisitos generales de la protecci\u00f3n rogada, son criterios suficientes que conducen indefectiblemente a ratificar su desestimaci\u00f3n, por lo cual, no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de estos presupuestos. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se confirma la negativa de la salvaguarda porque las tutelantes debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional para cuestionar la decisi\u00f3n dictada al interior del juicio penal, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a ella, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique la tardanza. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, los promotores del resguardo actuaron con incuria porque no recurrieron por v\u00eda de impugnaci\u00f3n especial y\/o casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia los conden\u00f3, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo excepcional proponen ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 23 de marzo de 2022. \u2013 Reparto efectuado el 28 de marzo de 2022. <\/p>\n
2\u0002 La demanda fue inicialmente dirigida y presentada el 26 de octubre de 2020 v\u00eda correo electr\u00f3nico ante la Corte Constitucional que, posteriormente, por auto de Sala Plena del 12 de noviembre de 2020, remiti\u00f3 por competencia a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, radic\u00e1ndose en esta Corporaci\u00f3n el 5 de mayo de 2021. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4350-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4350-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00913-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62764","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62764\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}