STC4351-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4351-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2022-00006-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., Seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Carlos Jos\u00e9 Ardila Quintero frente a la sentencia de 25 de enero de dos mil veintid\u00f3s proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Aburr\u00e1 Sur, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado T002-2021. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 la revisi\u00f3n del Laudo que orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento comercial y la restituci\u00f3n del inmueble que ten\u00eda en calidad de arrendatario, porque a su juicio el Tribunal no apreci\u00f3 adecuadamente las pruebas con las que pretendi\u00f3 desvirtuar la mora en el pago del canon de arrendamiento que le endilgo su contraparte. Tambi\u00e9n critic\u00f3 que el Tribunal concedi\u00f3 m\u00e1s de lo pedido en la demanda y aleg\u00f3 que el convocante indujo en \u00abenga\u00f1o\u00bb al juzgador al manifestar que el IVA era parte de la renta acordada. <\/p>\n
2. El \u00e1rbitro \u00fanico del Tribunal accionado se\u00f1al\u00f3 que el procedimiento se ajust\u00f3 a derecho y que se garantiz\u00f3 el debido proceso del promotor; Galerma S.A., convocante en el proceso arbitral, se opuso a las pretensiones y asegur\u00f3 que las facturas nunca fueron rechazadas, se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s que s\u00ed se tuvieron en cuenta los recibos ya que a partir de ellos se determin\u00f3 que los pagos estaban incompletos. <\/p>\n
4. El tribunal neg\u00f3 la tutela por considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad; el precursor impugn\u00f3 anclado en las afirmaciones primigenias, aleg\u00f3 que las causales de anulaci\u00f3n de laudos son taxativas y que se puede hacer una excepci\u00f3n por la protecci\u00f3n especial que merece en vista de que es una persona de la tercera edad y subsiste del objeto social que desarrolla en el inmueble que ocupa como arrendatario. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En primer lugar, frente a la inconformidad por la valoraci\u00f3n probatoria, se encuentra que la autoridad convocada no s\u00f3lo estudi\u00f3 las facturas como alega el actor, sino que adem\u00e1s tuvo en cuenta otras pruebas aportadas, como el interrogatorio de las partes, los testimonios de Luis Guillermo Montoya Loaiza y Martha Cecilia Montoya Grajales, los recibos de pago aportados por el convocante y el contrato; de ello se estableci\u00f3 que no existi\u00f3 estipulaci\u00f3n alguna respecto al IVA y que el convocante decidi\u00f3 cobrarlo para ajustar el contrato al ordenamiento legal, m\u00e1s no como una modificaci\u00f3n unilateral como lo aleg\u00f3 el arrendatario, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que dicho gravamen es de car\u00e1cter obligatorio de acuerdo al Estatuto Tributario. Al respecto el encartado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En verdad, los contratos, ley para las partes, no pueden modificarse por una sola de ellas. Una modificaci\u00f3n implica un cambio de derechos y obligaciones propios del contrato, una alteraci\u00f3n de los mismos y es claro que debe ser convenida por los contratantes. <\/p>\n
Tal postulado se deduce del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor \u201cTodo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales\u201d. <\/p>\n
Pero si no exist\u00eda un derecho para el arrendatario, de no asumir el IVA causado por el arrendamiento, mal puede decirse que al exigirse se modific\u00f3 el contrato, si adicionalmente no se hab\u00eda perfeccionado ning\u00fan pacto respecto de ese asunto particular.\u00bb(negrillas propias) <\/p>\n
En igual medida, el fallador determin\u00f3 que de acuerdo con el principio de congruencia, su labor consist\u00eda en determinar si el demandado se encontraba en mora y no si deb\u00eda cancelar el IVA. A partir de ello, al estudiar las pruebas encontr\u00f3 que no se prob\u00f3 que las facturas emitidas por el arrendador hayan sido objetadas y que los pagos alegados fueron incompletos, por lo que concluy\u00f3 que el arrendatario s\u00ed incumpli\u00f3 el pago de los canones, entonces, concedi\u00f3 la restituci\u00f3n perseguida. En lo pertinente precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien: a la vista queda que el pago en cuesti\u00f3n no es un pago completo y por tanto no puede aceptarse como supuesto de la presunci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 1628 del C\u00f3digo Civil, recogida en el inciso segundo del numeral 4 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso y como acreditaci\u00f3n del cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Obedece lo que se resalta a que los dep\u00f3sitos ya relacionados no corresponden al monto cuyo recaudo se impetr\u00f3 en las respectivas facturas, por lo cual la falta de coincidencia no permite poner en movimiento la presunci\u00f3n aludida, cuya virtud ser\u00eda la de invertir la prueba frente a la mora e incumplimiento censurados al arrendatario. <\/p>\n
Ciertamente la parte actora no prob\u00f3 que hubiera rehusado esas consignaciones ni en el proceso lleg\u00f3 a manifestar no haberlas recibido. Pero eso no cambia el hecho de que se trat\u00f3 de pagos incompletos, contrastados con las facturas que pudieron descargarse con ellos, de los cuales fue consciente el se\u00f1or ARDILA QUINTERO al estar persuadido de que no ten\u00eda la obligaci\u00f3n de pagar el IVA. <\/p>\n
En estas condiciones considera el Tribunal que la mora aducida por la arrendadora no fue contradicha suficientemente y se erige como fundamento principal de la pretensi\u00f3n de incumplimiento del contrato\u00bb. (negrillas propias) <\/p>\n
Visto lo anterior y dadas las particularidades del caso objeto de revisi\u00f3n, se impone la denegaci\u00f3n del amparo respecto a la presente queja porque la decisi\u00f3n cuestionada no luce caprichosa o irracional, por el contrario, se evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021).\u00bb1 <\/p>\n
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2. Ahora bien, en lo referente al reclamo consistente en que el Tribunal fall\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de lo solicitado por el demandante, es claro que el promotor tiene la posibilidad de acudir a lo dispuesto en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 2012, que consagra como causal de anulaci\u00f3n: \u00abHaber reca\u00eddo el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros, haber concedido m\u00e1s de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.\u00bb (negrillas propias), precepto que encuadra con el reproche invocado por el accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otra parte, tampoco prospera el resguardo porque los hechos que, a juicio del tutelante, indugeron en \u00abenga\u00f1o\u00bb al Tribunal, bien p\u00faeden ser discutidos mediante el uso de los mecanismos de defensa judicial que para el caso concreto consagra el legislador, en particular, el recurso de revisi\u00f3n, rese\u00f1ado en los art\u00edculos 45 de la Ley 1563 de 2012 y el art\u00edculo 355, num 6, del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, por \u00ab[h]aber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u00bb. <\/p>\n
Se concluye, entonces, que los ruegos expuestos no satisfacen el presupuesto de subsidiariedad, lo que torna improcedente el amparo, puesto que el recurrente no ha hecho uso de los medios defensivos a su alcance, previo a acudir a la acci\u00f3n de tutela, ya que en efecto este auxilio no est\u00e1 llamado a reemplazar recursos dispuestos por en el ordenamiento legal. <\/p>\n
Finalmente, aunque el censor pertenece a la tercera edad, no est\u00e1 acreditada en el expediente la situaci\u00f3n de vulnerabilidad manifestada, por lo que no ser\u00eda procedente pasar por alto el requisito de subsidiariedad, al respecto conviene recordar lo dicho por esta Corporaci\u00f3n en casos similares en los que tambi\u00e9n se deneg\u00f3 el resguardo al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el hecho de que la gestora del amparo de sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto\u2026sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ SC, 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01 y en STC1200-2014). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como quiera que el laudo cuestionado descansa en un discernimiento razonable conforme al ordenamiento jur\u00eddico que regula la materia y dado que, respecto a las dem\u00e1s quejas presentadas, no se satisface el requisito de procedencia aludido, no queda alternativa distinta a confirmar el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00c1LVARO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reiterado en Sentencia STC2392-2022 <\/p>\n
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