STC4353-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4353-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00205-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 15 de febrero, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Lilia Ortega de Su\u00e1rez y Claudia Patricia y Liliana Cristina Su\u00e1rez Ortega contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barrancabermeja y la Fiscal\u00eda Tercera Seccional de la misma poblaci\u00f3n. <\/p>\n
Al tr\u00e1mite fueron vinculados los juzgados Segundo y Tercero Penales del Circuito de Conocimiento, Tercero y Cuarto Penales Municipales de Control de Garant\u00edas (todos estos de Barrancabermeja) y las partes e intervinientes en los procesos penales 2012-80185 y 2017-00002 que se desprendi\u00f3 de aquel. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las solicitantes, obrando en su propio nombre, acuden al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 defensa\u2026 presunci\u00f3n de inocencia\u2026 propiedad privada\u2026 y presunci\u00f3n de buena fe [sic]\u00bb, que estima lesionados por las autoridades judiciales querelladas. <\/p>\n
2. Se\u00f1alan que Jaime Cen\u00f3n Su\u00e1rez Su\u00e1rez (esposo y padre respectivamente) adquiri\u00f3, por compraventa realizada a Jos\u00e9 Natividad Su\u00e1rez Galeano, los predios denominados Puerto Nuevo y La Esperanza, ubicados en el municipio de Barrancabermeja; negocio asentado en las escrituras p\u00fablicas 153 y 158 de la Notar\u00eda \u00danica del c\u00edrculo de Puerto Wilches, ambas de 16 de junio de 1981. <\/p>\n
Comentan que, el 22 de octubre de 2012, Redy y Alberto Su\u00e1rez Ardila -hijos del vendedor- formularon denuncia contra el adquirente, por delitos relacionados con \u00abdesplazamiento forzado\u00bb, falsedad en documentos y fraude procesal. <\/p>\n
Dicen que el adelantamiento de la investigaci\u00f3n correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Tercera Seccional de Barrancabermeja; sin embargo, debido al fallecimiento de Su\u00e1rez Su\u00e1rez, la acci\u00f3n penal fue extinguida mediante providencia de 7 de diciembre de 2016 en la que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de aquella poblaci\u00f3n decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la actuaci\u00f3n, decisi\u00f3n refrendada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 31 de marzo del a\u00f1o siguiente. <\/p>\n
Afirman que, pese a la anterior circunstancia, ni el despacho de conocimiento, ni su superior funcional, ordenaron el levantamiento de la medida de \u00absuspensi\u00f3n del poder dispositivo [sic] que [se] hab\u00eda decretado sobre los predios\u2026 desde el a\u00f1o 2015, violando el art\u00edculo 88 inciso 2 del C\u00f3digo Procesal Penal o Ley 906 de 2004 que establece el t\u00e9rmino perentorio de solo seis 06 meses para la devoluci\u00f3n de estos bienes [sic]\u00bb, situaci\u00f3n que persiste al d\u00eda de hoy, pues \u00abhan pasado m\u00e1s de 6 a\u00f1os\u00bb desde que se impusiera tal cautela, sin que se hubiera dispuesto su cancelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin atribuir defecto alguno a las decisiones de los falladores de instancia, y luego de realizar una extensa disquisici\u00f3n acerca de \u00ablas declaraciones\u00bb de los denunciantes que dan cuenta de la inexistencia de las conductas punibles atribuidas, solicitan \u00abse levante la suspensi\u00f3n del poder dispositivo [sic] del derecho de dominio\u00bb que recae sobre los bienes adquiridos por el fallecido Jaime Cen\u00f3n Su\u00e1rez Su\u00e1rez. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, por conducto de una de sus magistradas, inform\u00f3 que, mediante providencia de 31 de marzo de 2017, resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto de 7 de diciembre de 2016 por medio del cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermena precluy\u00f3 la indagaci\u00f3n adelantada contra Jaime Cen\u00f3n Su\u00e1rez Su\u00e1rez, determinaci\u00f3n en la que \u00abno dispuso el levantamiento de la medida\u2026 de suspensi\u00f3n del poder dispositivo que reca\u00eda sobre el inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 303-13125\u00bb por cuanto, \u00absubsisten los \u201cmotivos fundados para inferir que el t\u00edtulo de propiedad fue obtenido fraudulentamente\u201d\u00bb, al tiempo que, por efecto de la ruptura de la unidad procesal, la actuaci\u00f3n penal seguir\u00eda su curso frente a la otra persona indagada, siendo en dicho escenario donde se deban agotar \u00ablas acciones judiciales ordinarias para solicitar\u00bb la cancelaci\u00f3n de la aludida cautela. <\/p>\n
2. La secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Barrancabermeja ratific\u00f3 lo dicho por su superior funcional. <\/p>\n
3. Una empleada del Juzgado Segundo Penal del Circuito de la aludida poblaci\u00f3n indic\u00f3 que le fue asignado \u00abel proceso radicado \u20262012-80185 seguido contra\u2026 [Edelmira] Ram\u00edrez Mantilla por la conducta punible de fraude procesal\u00bb actuaci\u00f3n en la cual hasta ahora solo se agot\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n el pasado 16 de febrero. <\/p>\n
4. El Fiscal Tercero Seccional de Barrancabermeja inform\u00f3 que la causa penal 2012-80185 tuvo su g\u00e9nesis en la denuncia formulada por Redy y Alberto Su\u00e1rez Ardila, hijos de Jos\u00e9 Natividad Su\u00e1rez Galeano, contra Jaime Cen\u00f3n Su\u00e1rez Su\u00e1rez y Edelmira Ram\u00edrez Galeano, por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, en la cual el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad orden\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n y cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, debido al fallecimiento de Su\u00e1rez Su\u00e1rez, dispuso la ruptura de la unidad procesal asign\u00e1ndosele la radicaci\u00f3n 2017-00002 (el CUI 2012-80185 continuar\u00eda frente a Ram\u00edrez Galeano) y solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n de la indagaci\u00f3n en lo que a aquella persona correspond\u00eda, a la que accedi\u00f3 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento en providencia de 7 de diciembre de 2016, sin que se ordenara el levantamiento de la cautela impuesta; determinaci\u00f3n refrendada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 31 de marzo de 2017. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s que en el asunto 2012-80185, el 27 de julio de 2021 y ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Control de Garant\u00edas, imput\u00f3 a Edelmira Ram\u00edrez Galeano el delito de fraude procesal, presentando escrito de acusaci\u00f3n el 21 de octubre siguiente, el cual fue asignado al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad. <\/p>\n
Pidi\u00f3 \u00abdeclarar infundada\u00bb la solicitud de protecci\u00f3n por \u00abpor carencia actual de objeto [sic]\u00bb en la medida que las pretensiones aqu\u00ed formuladas fueron resueltas por las autoridades judiciales cognoscentes al interior del tr\u00e1mite ordinario. <\/p>\n
5. La secretaria del Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garant\u00edas dijo que, en efecto, el 4 de marzo orden\u00f3, a instancias de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abla suspensi\u00f3n y cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente de que trata el art\u00edculo 101 del C.P.P.\u00bb dentro del proceso 2012-80185. <\/p>\n
Indic\u00f3 que las ac\u00e1 accionantes, por conducto de apoderado, \u00absolicitaron el levantamiento de las medidas impuestas\u00bb pero \u00abteniendo en cuenta que\u2026 el conocimiento de la investigaci\u00f3n lo tramit\u00f3 el Juzgado Primero Penal del Circuito\u2026 donde finalmente se precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n, se le requiri\u00f3 para que, en el evento de ser procedente la misma, solicitara lo pretendido ante ese despacho [sic]\u00bb. <\/p>\n
6. Un abogado que dijo ser \u00abapoderado de v\u00edctimas\u00bb en el asunto ordinario1 solicit\u00f3 \u00abse declare la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela pues no es la v\u00eda en la cual se deba entregar garant\u00edas de instancia y se asumen competencia de un proceso que est\u00e1 en curso [sic]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo por cuanto, si bien la investigaci\u00f3n adelantada contra Jaime Cen\u00f3n Su\u00e1rez Su\u00e1rez fue precluida como consecuencia de su muerte, la actuaci\u00f3n penal contin\u00faa ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Barrancabermeja respecto de Edelmira Ram\u00edrez Mantilla, tambi\u00e9n denunciada por el delito de fraude procesal, siendo ese \u00abel escenario id\u00f3neo donde se resolver\u00e1 lo relativo al levantamiento de la medida cautelar\u00bb, es decir, la salvaguarda desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las actoras impugnaron la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en la inocencia de Jaime Cen\u00f3n Su\u00e1rez Su\u00e1rez, a lo que agregaron que \u00abla Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas infringi\u00f3 el art\u00edculo 88 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de manera flagrante porque el sustento de este amparo constitucional es el inciso 2 de la norma en cita que exige al Fiscal o quien tenta inter\u00e9s o est\u00e9 legitimado en la causa para solicitar al Juez de Control de Garant\u00edas que levante la suspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes una vez este lapso de 6 meses siguientes a la fecha de haber sido decretadas [sic]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales denunciadas por las ac\u00e1 gestoras al no disponer, en las providencias de 7 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2017, por medio de las cuales se precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n penal seguida contra Jaime Cen\u00f3n Su\u00e1rez Su\u00e1rez, el levantamiento de la medida de \u00absuspensi\u00f3n del poder dispositivo [sic]\u00bb impuesta sobre los bienes denominados Puerto Nuevo y La Esperanza, adquiridos por \u00e9ste desde el a\u00f1o 1981, pese a que, en sentir de las quejosas, se encuentra superado el lapso consagrado en \u00abel inciso 2 del art\u00edculo 88 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
3.1. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que las providencias por medio de las cuales se dispuso la preclusi\u00f3n de la actuaci\u00f3n en favor de Jaime Cen\u00f3n Su\u00e1rez Su\u00e1rez y se neg\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar consagrada en el art\u00edculo 101 del Estatuto Procedimental Penal impuesta sobre los predios adquiridos -al parecer- fraudulentamente, datan del 7 de diciembre de 2016 (primera instancia) y 31 de marzo de 2017 (segunda instancia), en tanto que la presente tutela se radic\u00f3 el 26 de noviembre de 2021, de acuerdo con el acta de reparto anexa en formato digital, es decir, superado ampliamente el semestre establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las presuntamente afectadas debieron utilizar oportunamente esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01) (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Efectivamente, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo prudencial fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; empero, en este evento las accionantes nada dijeron a efecto de tratar de justificar la tardanza para promover la salvaguarda, luego entonces no existen situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvieron en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado excesivamente el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad \u2013 Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal est\u00e1 en curso <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda ser\u00eda criterio suficiente para respaldar la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, debe la Corte resaltar que tambi\u00e9n se observa incumplido el criterio que a continuaci\u00f3n se expone. <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Conforme con lo anterior, el presupuesto de procedibilidad se\u00f1alado tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
De conformidad con las anteriores premisas, para la Sala, en consonancia con la Hom\u00f3loga a quo, no se satisface el requisito de procedibilidad que viene mencion\u00e1ndose, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que exponen las censoras teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, pues hasta ahora solo se ha agotado la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra de la otra persona que fuera denunciada junto con Jaime Cen\u00f3n Su\u00e1rez Su\u00e1rez, esto es, Edelmira Ram\u00edrez Mantilla, siendo ese el escenario natural en el que se definir\u00e1, por el juez competente -que no es otro que el de conocimiento a la luz del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal-, lo concerniente a la cancelaci\u00f3n o no de los t\u00edtulos y registros que se predican espurios. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo dicho, de considerar que en la actuaci\u00f3n se presentaron vicios o irregularidades procesales o de tener discrepancia con la forma como se llegare a valorar el material probatorio recaudado, son los recursos de apelaci\u00f3n y de casaci\u00f3n, las herramientas id\u00f3neas para proponer tales reparos y no la acci\u00f3n supralegal puesto que no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos y menos para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto, instrumento que, adem\u00e1s, es absolutamente id\u00f3neo pues a trav\u00e9s del mismo la Sala Especializada de esta Corte puede examinar, incluso oficiosamente, la presunta trasgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales en caso de no ser admitido el libelo que se llegare a presentar <\/p>\n
Cabe resaltarse que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en la actuaci\u00f3n ordinaria la posibilidad de plantear, a trav\u00e9s de las herramientas de impugnaci\u00f3n ordinaria y extraordinaria, las inconformidades y reproches que aqu\u00ed formulan las promotoras del amparo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la declaratoria de improcedencia de la salvaguarda porque: <\/p>\n
4.1. Las accionantes tardaron en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
4.2. Subsiste en la actuaci\u00f3n penal que se encuentra en curso, la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la Sala a quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No alleg\u00f3 poder especial conferido para actuar en este tr\u00e1mite constitucional por las personas que dice representar, <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4353-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4353-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00205-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62767\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}