STC4354-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4354-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-2203-000-2022-00294-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Log\u00edstica Ambiental Integral S.A.S frente a la sentencia de 25 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda que la recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 31 Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00b0 031-2021-00265. <\/p>\n
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1. La empresa gestora pretende que se ordene al Juzgado que d\u00e9 cumplimiento al art\u00edculo 22 de la ley 1116 de 2006 y, en consecuencia, proceda a dejar el proceso en comento y los dineros recaudados, con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares decretadas, a disposici\u00f3n del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n que conoce la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que \u00c1rea 8 S.A.S. promovi\u00f3 en su contra proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, por la mora en el pago de los c\u00e1nones del predio en el que desarrolla su objeto social. Precis\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite se decret\u00f3 el embargo de los dineros depositados en las cuentas 23170046659 de Bancolombia S.A. y 462269999662 de Davivienda S.A. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que por auto 2021-01-572776 entr\u00f3 en proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial (23 septiembre 2021), providencia que le fue notificada al Juzgado accionado, quien hizo caso omiso a la situaci\u00f3n y continu\u00f3 con el proceso de restituci\u00f3n, con lo cual desconoci\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006 que le impon\u00eda suspender el tr\u00e1mite y dejar el proceso y los dineros existentes a disposici\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades. Se\u00f1al\u00f3 que aunque le solicit\u00f3 al Juzgado que cumpliera con dicho deber legal, no accedi\u00f3 a su pedimento por considerar que el asunto correspond\u00eda a un juicio declarativo y no coercitivo (5 noviembre 2021). <\/p>\n
A juicio de la sociedad, la autoridad judicial no solo desconoci\u00f3 la ley, sino lo previsto en la sentencia C-237 de 2020, en la cual se estableci\u00f3 que con el inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n se debe suspender el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tenencia. Tambi\u00e9n precis\u00f3 que promueve el amparo como mecanismo transitorio para evitar la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como lo es incurrir en cesaci\u00f3n de pagos frente a sus empleados, entre otros. <\/p>\n
2. El juzgado hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso referido. Destac\u00f3 que neg\u00f3 la solicitud de levantamiento de medidas cautelares presentada por la actora teniendo en cuenta que, trat\u00e1ndose de la existencia de reorganizaci\u00f3n empresarial, dicho pedimento procede \u00fanicamente en los procesos ejecutivos (5 noviembre 2021); sin embargo, en aplicaci\u00f3n de la ley 1116 de 2006, requiri\u00f3 a las partes para que informaran si en el inmueble objeto del proceso la demandada desarrollaba su objeto social. Tambi\u00e9n, se\u00f1al\u00f3 que contra dicho prove\u00eddo no se instaur\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
Aunado a lo anterior precis\u00f3 que en prove\u00eddo del 16 de febrero de 2022 resolvi\u00f3 lo referente a la solicitud de suspensi\u00f3n de proceso por aplicaci\u00f3n de la ley 1116 de 2006, por lo que es contra dicho prove\u00eddo que deben presentarse los recurso a que haya lugar. <\/p>\n
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2. El a-quo desestim\u00f3 la queja por infringir el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la empresa accionante no promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente a las decisiones de las cuales se duele. <\/p>\n
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3. La gestora impugn\u00f3. Reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito de tutela y se\u00f1al\u00f3 que no puede exig\u00edrsele el agotamiento de los recursos ordinarios, toda vez que para tal fin debe pagar los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados, sin que pueda cumplir con dicha carga, toda vez que se encuentra en proceso de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada por infringir la subsidiariedad que aqu\u00ed impera; adem\u00e1s, se advierte prematura la salvaguarda para cuestionar el auto calendado el 16 de febrero de 2022. <\/p>\n
En el presente asunto advierte la Corte que si bien en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, iniciado por falta de pago de la renta, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n u otros conceptos que est\u00e9n a cargo del demandado en virtud del contrato, es necesario pagar dichas obligaciones para poder ser escuchado en el tr\u00e1mite judicial (art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso), lo cierto es que para resolver sobre la remisi\u00f3n del expediente a la Superintendencia de Sociedades por la existencia de un proceso de insolvencia, dicha exigencia no resulta procedente, pues este punto no es uno de aquellos asuntos que, por la naturaleza del proceso, el legislador haya impedido al arrendatario moroso participar. <\/p>\n
Ciertamente, la ley, con el prop\u00f3sito de brindar un proceso id\u00f3neo con el cual obtener la restituci\u00f3n de bienes dados en tenencia, admiti\u00f3 que el demandado no fuera escuchado cuando se iniciara dicho juicio con base en la mora en el pago. No obstante, tal prohibici\u00f3n se refiere a las defensas que se propongan respecto del asunto principal, esto es, frente a las pretensiones restitutivas. Pero ello no se puede trasladar a aspectos ajenos al litigio, como ocurre en los casos en que otro tr\u00e1mite, administrativo o judicial, influya en lo que se deba decidir en la restituci\u00f3n. De modo que el actor debe ser escuchado y sus recursos resueltos en lo que corresponde a las peticiones relacionadas con el tr\u00e1mite de insolvencia. <\/p>\n
Bajo el marco de la regla mencionada, en el caso de estudio se vislumbra que la sociedad accionante no promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto de 5 de noviembre de 2021, por medio del cual el Juzgado se abstuvo de dejar a disposici\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades los dineros embargados en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado. Aunque para excusar su incuria, la empresa accionante adujo que se encuentra en proceso de reorganizaci\u00f3n y que por tal motivo no puede pagar los c\u00e1nones exigidos para ser escuchada en el tr\u00e1mite, lo cierto es que, para el momento de la ejecutoria de dicho prove\u00eddo, la sede judicial no hab\u00eda requerido a la empresa para que honrara los c\u00e1nones adeudados, de forma tal que no hab\u00eda restringido sus partici\u00f3n en el proceso y aunque con posterioridad s\u00ed lo hizo, lo que dio lugar a ello fue la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por la existencia de un cl\u00e1usula compromisoria, es decir, una defensa de la demandada propia del proceso de restituci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, como la gestora no hizo uso del medio ordinario que ten\u00eda para cuestionar la decisi\u00f3n que hoy la afecta, no se cumple con el requisito de subsidiariedad. En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional \u00ab[(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb. (STC3579-2020). <\/p>\n
De otro lado, tambi\u00e9n encuentra la Sala que el amparo es prematuro para censurar el auto por medio del cual el Juzgado accionado dispuso continuar con el tr\u00e1mite judicial pese a la existencia del proceso de reorganizaci\u00f3n (16 febrero 2022), toda vez que contra dicha determinaci\u00f3n la empresa accionante promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite. De all\u00ed que la judicatura no pueda descender a constatar o desvirtuar las cr\u00edticas de la gestora, porque <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (STC13376-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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