STC4387-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4387-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00065-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 14 de marzo de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Martha Eliana Sabogal Sabogal contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2000-00135. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la demora del fallador accionado en resolver las objeciones que ella present\u00f3 al aval\u00fao del inmueble hipotecado, a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y a la rendici\u00f3n de cuentas presentadas por los secuestres del predio, as\u00ed como las distintas solicitudes que le viene formulando desde el mes de abril de 2021, orientadas a que se decrete la terminaci\u00f3n del proceso por pago total, se ordene la entrega del inmueble embargado al nuevo secuestre designado en el asunto y se suspenda la diligencia de remate programada, hasta tanto no se provea sobre lo anterior. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene \u00abi) resolver de fondo y de una vez el pedimento de pago total de la obligaci\u00f3n (\u2026); ii) se ordene a la Secretar\u00eda del Despacho liquidar las copias ordenadas en el auto de 23 de agosto para que se surta el recurso de apelaci\u00f3n; iii) se resuelva sobre la objeci\u00f3n al aval\u00fao presentado por la actora; iv) se comisione a la autoridad competente para la entrega de los bienes embargados y secuestrados al secuestre (\u2026); v) se suspenda la diligencia de remate hasta que no se resuelvan todos los escritos\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Refinancia S.A.S. dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa, dado que ya no tiene la condici\u00f3n de acreedora de la obligaci\u00f3n pecuniaria que incumbe a este tr\u00e1mite, en virtud de la cesi\u00f3n efectuada en favor de Systemgroup S.A.S. <\/p>\n
2. Inversiones Raysant S.A.S. pidi\u00f3 desestimar el auxilio, por considerar que a la actora se le han resuelto formal y legalmente todas las peticiones que ha elevado ante el fallador accionado, a lo que agreg\u00f3 que se pretende usar este mecanismo constitucional como medio para revivir discusiones ya definidas. <\/p>\n
4. Miguel Alfonso Guzm\u00e1n Monroy, secuestre designado en el compulsivo objeto de controversia, indic\u00f3 que, desde su posesi\u00f3n, ha requerido insistentemente al cesionario del cr\u00e9dito para que le entregue los predios cautelados, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta favorable. <\/p>\n
5. Jos\u00e9 Luis L\u00f3pez Pinilla, mandatario judicial de la accionante en el proceso coactivo, abog\u00f3 en favor de la demanda de tutela, con base en argumentos muy similares a los all\u00ed esgrimidos. <\/p>\n
6. El fallador accionado remiti\u00f3 el enlace que conduce al expediente digital del proceso ejecutivo que ata\u00f1e a esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal concedi\u00f3 la salvaguarda, \u00fanicamente, en lo relativo a la solicitud de terminaci\u00f3n procesal que la actora estim\u00f3 omitida, por lo cual se orden\u00f3 al fallador querellado que resolviera dicho pedimento en el t\u00e9rmino de dos d\u00edas. <\/p>\n
Con motivo de una solicitud de adici\u00f3n que elev\u00f3 la convocante, mediante auto de 18 de marzo de 2022, el tribunal manifest\u00f3 que no era necesario efectuar pronunciamientos adicionales a los vertidos en la sentencia, puesto que all\u00ed se indic\u00f3 expresamente que respecto de las dem\u00e1s peticiones a que aludi\u00f3 la accionante en su escrito incoativo, no se observaba ninguna mora judicial. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las formularon la accionante (con miras a que se ordene emitir un pronunciamiento de fondo y favorable frente a las dem\u00e1s solicitudes y actuaciones cuya omisi\u00f3n se denunci\u00f3 en la demanda de tutela) y Juan Carlos Sabogal Sabogal, Inversiones Ryant S.A.S. y el juez convocado (para que se revoque la concesi\u00f3n parcial del amparo, en tanto que el 17 de marzo de 2021 se le inform\u00f3 a la accionante que no era posible terminar el compulsivo, dado que existe un saldo de $992\u00b4314.322,06 pendiente de pago). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los argumentos ofrecidos por los distintos impugnantes ameritan efectuar alguna modificaci\u00f3n a lo resuelto por la magistratura de primer grado. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subraya la Sala. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, siendo forzoso que el fundamento de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el presupuesto b\u00e1sico para la procedencia del amparo es la vulneraci\u00f3n o la amenaza de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en relaci\u00f3n con la tutela, que: <\/p>\n
\u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC11419-2020, 11 dic. 2020, rad. 00378-01, entre otras). <\/p>\n
3. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d(\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
4.1 Revisada la foliatura que compone el expediente en referencia, advierte la Corte que ciertamente no es viable atribuir al fallador accionado una conducta dilatoria u omisiva respecto de la generalidad del juicio ejecutivo, pues en lo corrido de los a\u00f1os 2020, 2021 y 2022, han sido m\u00faltiples las gestiones que esa judicatura ha desplegado para impulsar el compulsivo y ofrecer un pronunciamiento de fondo frente a las preocupaciones que han manifestado los all\u00ed intervinientes. <\/p>\n
Sin embargo, en lo que se refiere espec\u00edficamente a la solicitud de terminaci\u00f3n que elev\u00f3 la querellante el 22 de octubre de 2021, s\u00ed resultaba pertinente la concesi\u00f3n del amparo en los t\u00e9rminos en que lo dispuso el tribunal, pues dicha petici\u00f3n, cuyos t\u00e9rminos difer\u00edan significativamente de los que esa misma litigante formul\u00f3 en \u00e9pocas pasadas, infortunadamente hab\u00eda pasado desapercibida entre los distintos memoriales y providencias con las que se han venido resolviendo de manera simult\u00e1nea las cuestiones propias de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
4.2 No cabe decir lo mismo respecto de los dem\u00e1s asuntos que la convocante denunci\u00f3 irresolutos (\u00ab\u2026ii) liquidar las copias ordenadas en el auto de 23 de agosto para que se surta el recurso de apelaci\u00f3n; iii) objeci\u00f3n al aval\u00fao presentado por la actora; iv) comisi\u00f3n a la autoridad competente para la entrega de los bienes embargados y secuestrados al secuestre (\u2026); v) suspender la diligencia de remate hasta que no se resuelvan todos los escritos\u2026\u00bb), puesto que esas cuatro cuestiones corresponden a t\u00f3picos que de una u otra manera fueron objeto de pronunciamiento en los autos de 23 de agosto y 30 de noviembre de 2021, los cuales no han cobrado ejecutoria, en virtud de las solicitudes de adici\u00f3n y los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que de manera reiterada y sucesiva ha promovido la misma querellante contra cuestiones accesorias que tambi\u00e9n all\u00ed fueron decididas. <\/p>\n
Fue justamente por ello que en su auto del pasado 23 de marzo (el que se dict\u00f3 para acatar lo resuelto por la magistratura a quo), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 orden\u00f3 a la Secretar\u00eda \u00abINGRESAR el expediente una vez ejecutoriado el presente auto, a fin de resolver las dem\u00e1s peticiones elevadas por el memorialista relativas a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, aval\u00fao del inmueble, solicitud de reducci\u00f3n de embargos y solicitudes del auxiliar de la justicia, las cuales no se resuelven en este auto, dado el apremio del cumplimiento de la orden de tutela frente al pronunciamiento de la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, colige la Corte que en cuanto a los t\u00f3picos reci\u00e9n enunciados no existe una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1xime cuando actualmente est\u00e1n en curso las v\u00edas id\u00f3neas previstas por el legislador para la resoluci\u00f3n de tales asuntos. <\/p>\n
Debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza siempre y cuando se acredite que la falta de definici\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en \u00e9ste tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando las demoras presentadas en el normal adelantamiento del tr\u00e1mite procesal objeto de la queja, no son producto de una evidente desidia de la autoridad convocada, sino que obedecen a las m\u00faltiples intervenciones de los sujetos procesales, y a la significativa carga laboral que enfrenta el despacho convocado. <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, tales como la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la prosperidad parcial de la solicitud de amparo en estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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