STC4388-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4388-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00432-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 10 de marzo de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mario Ciodaro L\u00f3pez contra el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad y la Superintendencia Financiera de Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia y debido proceso, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda de protecci\u00f3n al consumidor financiero contra Seguros de Vida del Estado S.A., en procura de hacer efectivo el amparo contenido en una p\u00f3liza, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Superintendencia Financiera de Colombia (rad. n.\u00ba 2021-039207-052), quien desestim\u00f3 el petitum, por configurarse la \u00abprescripci\u00f3n extintiva\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, pero el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 desierta esa defensa por falta de sustentaci\u00f3n y procedi\u00f3 a \u00abarchivar el caso\u00bb. As\u00ed mismo, pese a que tambi\u00e9n formul\u00f3 una solicitud de nulidad \u00abcontra la sentencia anticipada\u00bb, esta no ha sido objeto de pronunciamiento a la fecha de interponer esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abTUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados ORDEN\u00c1NDOLE a la entidad Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia-Bogot\u00e1, que: Se pronuncie sobre el INCIDENTE DE NULIDAD a fin de que den Cumplimiento al [DEBIDO] PROCESO dentro del proceso No. 2021- 039207 que curs[\u00f3] en esta entidad ya que no hubo oportunidad para ejercer el DERECHO A LA DEFENSA\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia Financiera de Colombia adujo que \u00abel reclamo constitucional no cumple con el presupuesto de la inmediatez pues es claro que la expedici\u00f3n y notificaci\u00f3n de la providencia, ocurrieron hace mucho m\u00e1s seis (6) meses conforme a la sentencia del 15 de junio de 2021, notificada por Estado del 16 de junio de 2021 de la Superintendencia las partes y sus apoderados tienen a su disposici\u00f3n toda la informaci\u00f3n para hacer seguimiento a los asuntos de su inter\u00e9s que cursan ante esta Delegatura, tal y como se evidenci\u00f3 con el escrito de \u201cnulidad\u201d propuesto, toda vez que se le dio el tr[\u00e1]mite correspondiente, enviando el proceso al superior jer\u00e1rquico para que atendiera el recurso procedente a pesar de que el actor no lo manifest\u00f3 expresamente as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 en que \u00abmediante auto de tr\u00e1mite del 6 de julio 2021 observando y analizando el escrito presentado por la parte demandante a trav\u00e9s del cual manifiesto su inconformidad con la sentencia anticipada proferida por la Delegatura, solicitando as\u00ed su nulidad y\/o revocatoria, se advirti\u00f3 que de la lectura del escrito en cuesti\u00f3n, lo que se cuestion\u00f3 fueron los argumentos que se atendieron para emitir fallo, lo cual no constitu\u00eda una causal de nulidad de las previstas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, sino propiamente se encuadra en la figura de recurso de apelaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n, cuya formulaci\u00f3n se procur\u00f3 en tiempo, por lo que se concedi\u00f3 el mismo en el efecto suspensivo\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que conoci\u00f3, en segunda instancia, las diligencias cuestionadas a trav\u00e9s de este mecanismo. En lo que respecta a la queja, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abpor auto de 18 de enero de 2022, se declar\u00f3 desierta la alzada por falta de sustentaci\u00f3n, sin que dicha determinaci\u00f3n fuera compelida por los interesados, a afectos de abrir debate sobre eventuales vicios de procedimiento, motivo por el cual, se considera inviable el auxilio, amen, que en el tr\u00e1mite se respect\u00f3 el debido proceso consagrado en el Decreto 806 de 2020 en materia de apelaciones\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo concedi\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, porque \u00abcomo la solicitud de amparo se enfoca en que se ordene a la convocada pronunciarse respecto a la nulidad formulada por el accionante, el amparo ha de ser concedido porque esa autoridad, a la fecha de formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, no ha resuelto lo correspondiente respecto a la invalidaci\u00f3n invocada por el reclamante del amparo pese a que el juzgado que conoci\u00f3 el proceso materia de la s\u00faplica en segunda instancia le devolvi\u00f3 la diligencias para los tr\u00e1mites correspondientes desde el 4 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la Superintendencia Financiera que, en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia, procediera a resolver la solicitud de nulidad formulada por el libelista el pasado 27 de octubre de 2021. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La entidad convocada recurri\u00f3 la citada resoluci\u00f3n, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agreg\u00f3 que \u00abcontrario a lo manifestado por el Tribunal en su fallo, la Superintendencia Financiera de Colombia, a\u00fan no ha recibido formalmente el expediente de segunda instancia de conocimiento del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y \u00fanicamente conoci\u00f3 de las resultas del mismo, como consecuencia de lo narrado por el actor en esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, cuestion\u00f3 que \u00abt\u00e1citamente se estableci\u00f3 que la SFC estaba faltando a la verdad al indicar que no ten\u00edamos el expediente, sin embargo ante la duda, por lo menos el Tribunal debi\u00f3 haber requerido a esta Entidad para que precisara si en efecto hab\u00edamos recibido tal expediente, pero simplemente se tuvo por cierta la manifestaci\u00f3n del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, sin evidenciarse en las consideraciones del fallo que exista por lo menos una prueba de entrega de ese correo que aduce el citado Juzgado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de protecci\u00f3n al consumidor financiero que inici\u00f3 el gestor (rad. n.\u00ba 2021-039207-052), por no resolver, a la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo, la solicitud de nulidad formulada en esa causa en octubre de 2021. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley. <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n en sentido contrario implicar\u00eda que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podr\u00edan, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el art\u00edculo 123 de la Carta Pol\u00edtica en cuanto dispone que los servidores p\u00fablicos, y dentro de esta categor\u00eda los funcionarios judiciales, deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constituci\u00f3n, la ley o el reglamento\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) El Constituyente coherente con el reconocimiento que hizo de estas garant\u00edas estableci\u00f3 el siguiente mandato: \u201cLos t\u00e9rminos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado\u201d del cual se infiere, tal y como lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n desde sus primeras providencias (T-431\/92), que \u201cla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 est\u00e1 inspirada, entre otros muchos, en el prop\u00f3sito definido de erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero tambi\u00e9n entre otros funcionarios p\u00fablicos, de incumplir los t\u00e9rminos procesales acarreando a los destinatarios de la administraci\u00f3n de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus m\u00e1s elementales derechos\u201d\u00bb (CC, T-030\/05). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC, T-006\/92). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
En el sub-lite, la petici\u00f3n de amparo se circunscribi\u00f3 a reprochar la mora en que incurri\u00f3 la Superintendencia Financiera de Colombia al resolver la solicitud de nulidad formulada por el convocante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, en el marco del proceso de protecci\u00f3n al consumidor financiero que inici\u00f3 contra Seguros de Vida del Estado S.A., toda vez que, a la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, no se habr\u00eda pronunciado sobre el particular. <\/p>\n
En ese orden, precisa la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la concesi\u00f3n del resguardo realizada en el primer grado, teniendo en cuenta que, ciertamente, al momento de radicar este libelo, la autoridad encartada no hab\u00eda adelantado gestiones con miras a proveer sobre el particular, aun cuando dicho requerimiento se elev\u00f3 en octubre del a\u00f1o pasado, con lo que se afectaron las garant\u00edas fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso del interesado, especialmente, en lo que respecta a la posibilidad de obtener pronta soluci\u00f3n a las controversias planteadas. <\/p>\n
Sobre este puntual aspecto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha resaltado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada, entre otras, en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01). <\/p>\n
Por lo anterior, aunque en el decurso de la segunda instancia la entidad denunciada se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo expuesto, el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no hab\u00eda devuelto oportunamente la foliatura a la Superintendencia para definir lo pertinente, lo cierto es que cualquier tipo de contrariedad en relaci\u00f3n con esas comunicaciones no es oponible al memorialista, quien, en todo caso, demanda la pronta resoluci\u00f3n de su causa, por lo que, de ese modo, no se variar\u00e1 lo dispuesto en la primera instancia de este mecanismo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se ratificar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo realizada por el a quo constitucional, comoquiera que transcurri\u00f3 un lapso considerable sin que se evidenciara ninguna gesti\u00f3n frente a la tramitaci\u00f3n de la solicitud de nulidad allegada por el aqu\u00ed convocante, con lo que se trasgredieron las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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