STC4390-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4390-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00852-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 6 de mayo de 20211, que neg\u00f3 la tutela de Mar\u00eda Carolina Montes Mart\u00ednez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, y las partes e intervinientes en el juicio penal radicado n\u00ba 2020-00484. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad JDMM y SBM, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, inter\u00e9s superior de los menores, familia, salud, vida y de \u00abcrecer en condiciones dignas\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, mediante sentencia anticipada del 12 de marzo de 2021, producto de un preacuerdo con la fiscal\u00eda, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn la conden\u00f3 a la pena de 73 meses de prisi\u00f3n y multa de 1474 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado con fines de narcotr\u00e1fico en concurso con tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb y le concedi\u00f3 el subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria por su condici\u00f3n de \u00abmadre cabeza de familia\u00bb; sin embargo, el reconocimiento de dicho beneficio fue objeto de apelaci\u00f3n por parte de la representante del Ministerio P\u00fablico, fundamentado entre otras cuestiones en que, \u00abla procesada con su compa\u00f1ero sentimental ingresaba droga a diferentes establecimientos carcelarios\u00bb y, porque al parecer, no acredit\u00f3 la devoluci\u00f3n de los recursos econ\u00f3micos derivados de las actividades il\u00edcitas que le fueron endilgadas. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en fallo del 21 de abril de 2021 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del juez a quo en lo que fue motivo de apelaci\u00f3n, esto es, el sustituto punitivo que le fuere otorgado para en su lugar, ordenar que cumpliera la sanci\u00f3n en establecimiento carcelario. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 esta \u00faltima providencia y la se\u00f1al\u00f3 de incurrir en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. Al respecto, manifest\u00f3 que el tribunal accionado dej\u00f3 de apreciar diversos elementos de conocimiento aportados a la actuaci\u00f3n que acreditaban su condici\u00f3n de madre cabeza de familia, por la dependencia econ\u00f3mica de sus hijos menores y la su progenitora. Adicionalmente, sostuvo que su hijo de 10 a\u00f1os de edad, padece trastornos sicol\u00f3gicos que lo impulsan a comportarse y reaccionar de forma agresiva siendo ella, seg\u00fan la historia cl\u00ednica allegada, la \u00fanica persona que puede controlarlo. <\/p>\n
As\u00ed mismo, adujo que la colegiatura accionada dej\u00f3 de realizar el estudio pertinente en relaci\u00f3n con la necesidad del tratamiento penitenciario en su caso, desconociendo la jurisprudencia que ha indicado que no es suficiente con valorar \u00abla gravedad de la conducta\u00bb sin tener en cuenta otros aspectos de \u00edndole personal como el comportamiento durante la medida detencionaria y la ausencia de antecedentes penales. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00abse deje sin efecto el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Medell\u00edn en lo referente a la revocatoria de la prisi\u00f3n domiciliaria como madre cabeza de familia (\u2026) como consecuencia de lo anterior, se conceda la prisi\u00f3n domiciliaria [\u2026] como garant\u00eda de los derechos fundamentales de sus hijos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado del Tribunal Superior de Medell\u00edn, ponente de la decisi\u00f3n recriminada, defendi\u00f3 lo all\u00ed resuelto y precis\u00f3 que la revocatoria del sustituto penal tuvo sustento en las pruebas obrantes en el proceso. Solicit\u00f3 la negativa del amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad dado que, la actora omiti\u00f3 recurrir la sentencia aqu\u00ed atacada a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Juez Coordinadora de los Juzgado Penales del Circuito Especializados de esa ciudad manifest\u00f3 no haber vulnerado derecho alguno de la accionante. <\/p>\n
3. El defensor de Mar\u00eda del Pilar Calle Ib\u00e1\u00f1ez, coprocesada en el juicio penal en cuesti\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 no tener inter\u00e9s en las resultas del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. La Procuradora 349 Judicial II Penal de Medell\u00edn indic\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal accionado \u00abfue producto del an\u00e1lisis efectuado sobre las pruebas del expediente y la valoraci\u00f3n de los preceptos que regulan la figura reclamada de conformidad con la jurisprudencia (\u2026)\u00bb, arguy\u00f3 que la actora no demostr\u00f3 que la providencia discutida careciera de motivaci\u00f3n o evidenciara defectos que hicieren procedente la tutela. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad; primero, porque la accionante pudo haber expuesto sus cuestionamientos v\u00eda recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero omiti\u00f3 hacerlo; segundo, porque puede intentar lograr la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria ante el juez de ejecuci\u00f3n de penas encargado de vigilar su condena. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la quejosa reiterando los argumentos del escrito inicial, y refut\u00f3 los motivos que tuvo la Sala a quo para negar el amparo por cuanto, seg\u00fan aduce, el recurso de casaci\u00f3n no resulta id\u00f3neo para proteger, en este caso, las garant\u00edas especiales de los menores de edad a cargo de su prohijada. Insisti\u00f3 en que el tribunal demandado desconoci\u00f3 las pruebas que acreditaban \u00ablas condiciones especiales psicol\u00f3gicas de agresividad del menor de edad JDMM y [\u2026] la necesidad de acompa\u00f1amiento permanente por parte de su progenitora por ausencia de otros miembros de su n\u00facleo familiar que [\u2026] se pudieran hacer cargo del menor durante el tiempo de la privaci\u00f3n de la libertad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Penal vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por la actora con la sentencia de 21 de abril de 2021 que revoc\u00f3 la del a quo para en su lugar negar la concesi\u00f3n del subrogado penal de la prisi\u00f3n domiciliaria, incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por desconocer las pruebas dirigidas a demostrar su condici\u00f3n de madre cabeza de hogar. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. La incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que, como lo previno la Hom\u00f3loga a quo, la promotora del amparo, seg\u00fan se verific\u00f3, no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de abril de 2021 por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Penal, en lo que es materia puntual de reproche, esto es, la revocatoria del subrogado penal de la prisi\u00f3n domiciliaria concedida por el juez a quo. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir la ac\u00e1 accionante de esa oportunidad jur\u00eddica, renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, las censuras que ahora plantea frente a la presunta indebida valoraci\u00f3n de las pruebas presentadas con miras a acreditar su condici\u00f3n de madre cabeza de hogar. <\/p>\n
Frente a dicha omisi\u00f3n la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Entre tanto, sobre el necesario agotamiento de los remedios procesales de impugnaci\u00f3n ordinarios e incluso los extraordinarios como el de casaci\u00f3n, la Corte Constitucional dijo, <\/p>\n
\u00abEl recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb (CC T-108\/03, citada en STP8459-2021). <\/p>\n
Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados valerse de todos los mecanismos de defensa habilitados por el ordenamiento jur\u00eddico antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
3.2. Otras v\u00edas de defensa judicial. <\/p>\n
Adicionalmente, y en consideraci\u00f3n del se\u00f1alado principio de subsidiariedad, cabe resaltar que nada le impide a la gestora del resguardo reformular directamente ante el juez de ejecuci\u00f3n de penas a cargo de la vigilancia de su condena, la solicitud del reclamado subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria, bajo el fundamento de ser madre cabeza de familia acreditando pertinentemente esa condici\u00f3n junto a las circunstancias especiales que expuso respecto al cuidado y bienestar de sus menores hijos que, para el tribunal accionado, no resultaron suficientes de cara a su ratificaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, por disposici\u00f3n normativa \u2013 art\u00edculos 38 y 459 de la ley 906 de 2004 \u2013, los jueces de esa especialidad, una vez cobra plena ejecutoria la sentencia condenatoria, son los competentes para resolver todo lo concerniente con los sustitutos punitivos, redenci\u00f3n, acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, permisos administrativos y la libertad <\/p>\n
Es decir, atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De ah\u00ed que, resulte claro, si no se han utilizado todos los recursos e instancias que brinda la normativa adjetiva, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez ordinario. <\/p>\n
En definitiva, la inobservancia del criterio de procedibilidad resaltado emerge suficiente para declarar la inviabilidad de la s\u00faplica, motivo por el cual se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. La tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia le neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria por su invocada condici\u00f3n de madre cabeza de hogar, desperdiciando la posibilidad de plantear ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal las alegaciones que por este sendero constitucional propone. <\/p>\n
4.2. El ruego constitucional no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, ya que su pertinencia pierde vigor mientras existan v\u00edas jur\u00eddicas a emplear, que en el presente caso la constituye la competencia del juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, facultado para resolver sobre la procedencia del subrogado penal deprecado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 23 de marzo de 2022. \u2013 Reparto efectuado el 29 de marzo de 2022. <\/p>\n
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