STC4392-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4392-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2022-00010-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte las impugnaciones formuladas contra el fallo de 10 de marzo de 2022, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Cooperativa de Producci\u00f3n y Mercadeo de Abrego Ltda. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la aludida localidad y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00b0 2019-00132. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su representante legal, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la injustificada demora de los convocados en impulsar el juicio de restituci\u00f3n de tierras que se adelanta en su favor, el cual, aunque se admiti\u00f3 el 30 de septiembre de 2019, todav\u00eda no ha logrado alcanzar la fase instructiva, por estar pendiente de surtirse la publicaci\u00f3n que prev\u00e9 el literal e del art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011 y el emplazamiento del propietario inscrito del predio objeto de ese juicio. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene conjurar el denunciado retardo y adoptar los correctivos pertinentes para garantizar el normal y diligente adelantamiento de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La juzgadora encartada hizo un recuento de lo acaecido en el juicio que concierne a este tr\u00e1mite y resalt\u00f3 que el estancamiento del proceso solo es atribuible a la UAEGRTD, la cual no ha efectuado las publicaciones ordenadas, pese a que el Despacho le remiti\u00f3 oportunamente los edictos que se deb\u00edan difundir y adem\u00e1s la ha requerido en varias oportunidades para que satisficiera esa carga. <\/p>\n
2. Juan Camilo Pe\u00f1aranda Tarazona, profesional especializado G-13 adscrito a la Direcci\u00f3n Territorial Norte de Santander de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, defendi\u00f3 la legalidad y celeridad de sus actuaciones y recalc\u00f3 que en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n ha presentado al fallador accionado solicitudes de impulso procesal, sin haber obtenido respuesta satisfactoria. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas aleg\u00f3 que la mora censurada le es imputable al juzgado accionado, el cual nunca le remiti\u00f3 los edictos que deb\u00edan ser publicados para continuar con el curso del proceso. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal concedi\u00f3 la salvaguarda y, en consecuencia, dispuso: \u00abORDENAR al DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DESPOJADAS que (\u2026) haga las publicaciones de que trata el literal e) del art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011 (\u2026) y del emplazamiento de LUIS JOS\u00c9 TORRADO REYES (\u2026). Y a la JUEZ PRIMERA CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DE C\u00daCUTA, que una vez efectuadas las publicaciones faltantes y antes ordenadas, sin m\u00e1s dilaciones, proceda a adelantar pronta y cumplidamente el tr\u00e1mite de este asunto de la manera en que legalmente corresponda\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, compuls\u00f3 copias en contra de dichos funcionarios, con destino a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las formularon el abogado Juan Camilo Pe\u00f1aranda Tarazona y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas insistiendo en que la dilaci\u00f3n que motiv\u00f3 el inicio de esta tramitaci\u00f3n constitucional solo resulta endilgable a la juzgadora cognoscente. Dicha entidad tambi\u00e9n pidi\u00f3 revocar el amparo por hecho superado, en consideraci\u00f3n a que para el 20 de marzo de 2022 ya deb\u00edan quedar completamente efectuadas las publicaciones ordenadas por el tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Preliminarmente conviene advertir que las ulteriores consideraciones permanecer\u00e1n ajenas a la compulsa de copias dispuesta por el tribunal, por cuanto es criterio sentado de esta Corporaci\u00f3n el que, por regla de principio, tal decisi\u00f3n es producto del ejercicio de una potestad discrecional e individual de los jueces de conocimiento que, al no corresponder propiamente al n\u00facleo de la discusi\u00f3n sobre la que versa el tr\u00e1mite de tutela y al no involucrar verdaderas definiciones en el campo penal o disciplinario en contra de un sujeto determinado, no es susceptible de ser revertida por el fallador constitucional de segunda instancia (CSJ STC12948-2021, STC1041-2019, STC13220-2019, STC 18 de diciembre de 2009, rad. 2009-00052-01, STC 21 de octubre de 2011, rad. 00398-02, ATP1375-2018, ATP2215-2018, entre otras). <\/p>\n
Por tal motivo, la Corte circunscribir\u00e1 su estudio a verificar si, como lo coligi\u00f3 el fallador de primera instancia, las autoridades encartadas trasgredieron el derecho a un debido proceso de la parte actora, con motivo del proceder omisivo que se les atribuy\u00f3 en el libelo introductor. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d(\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Advertido, como qued\u00f3, que no es del resorte del juez de tutela establecer o adjudicar responsabilidades disciplinarias individuales, sino \u00fanicamente constatar y depurar la eventual afectaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, para la Corte es claro el acierto del tribunal al conceder el pretendido auxilio, puesto que desde la fecha en que el juicio de restituci\u00f3n de tierras en estudio fue admitido a tr\u00e1mite (30 de septiembre de 2019) hasta el momento en que se radic\u00f3 la solicitud de amparo, transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os sin que a dicho juicio se le haya dado impulso. <\/p>\n
De hecho, ese estancamiento fue reconocido por los mismos impugnantes tanto en sus escritos de contestaci\u00f3n, como en sus respectivas censuras contra el fallo de primera instancia, solo que atribuyeron tal retardo, de manera exclusiva, al juez de conocimiento, pero sin ofrecer explicaci\u00f3n alguna en cuanto a las razones que les habr\u00edan impedido publicar directamente, o tan siquiera solicitar a dicha juzgadora, durante los m\u00e1s de 24 meses transcurridos, los edictos que, seg\u00fan aqu\u00ed lo intentaron sostener, no les hab\u00edan sido entregados. <\/p>\n
Tal escenario impone confirmar la sentencia estimatoria de primera instancia, puesto que la injustificada tardanza en el cumplimiento de las decisiones judiciales involucra la trasgresi\u00f3n de una de las aristas del derecho a un debido proceso de las partes. <\/p>\n
Sobre este puntual aspecto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
4. Anotaci\u00f3n final. <\/p>\n
Resta precisar que tampoco se encuentra de recibo la solicitud que elev\u00f3 la UAEGRTD con miras a que se revocara la prosperidad del amparo con fundamento en un \u00abhecho superado\u00bb, dada la sobreviniente publicaci\u00f3n de los edictos que ocasionaron la reprochada par\u00e1lisis judicial. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, t\u00e9cnicamente, dicha circunstancia ocurri\u00f3 con posterioridad al proferimiento del fallo de primera instancia y justamente en cumplimiento de ese prove\u00eddo, de manera que su ocurrencia no resulta apta para censurar ni revertir las argumentaciones sobre las que se finc\u00f3 el impugnado amparo. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha dicho que <\/p>\n
\u00abSin embargo, y pese a que tal situaci\u00f3n podr\u00eda entenderse como una carencia actual de objeto al haberse atendido el fin \u00faltimo de la tutela, \u00e9sta solo se da cuando en el intervalo comprendido entre la interposici\u00f3n del resguardo y el fallo se supera la amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho cuya protecci\u00f3n se pretende. Por lo tanto, no es posible declarar que en este evento se presenta tal presupuesto, pues se reitera, la correcci\u00f3n o resarcimiento de la afectaci\u00f3n debi\u00f3 suceder antes de que se emitiera la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n, mas no con ocasi\u00f3n al cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas por el juez de primer grado\u00bb (STC2325-2019, reiterado en STC6906-2020, 4 sep., STC411-2021, 28 ene., STC2014-2021, 3 mar., entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la prosperidad de la solicitud de amparo en estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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