STC4484-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC4484-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00127-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la tutela formulada por Cruz Benedicto Julio Acosta contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esta ciudad, la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-, la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica – Estructura de Apoyo Foncolpuertos \u2013 Cajanal- y la Fiscal\u00eda 22 de la Unidad Delegada de esta ciudad, extensiva a las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la IPS Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte, y citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 2013000061 y en el amparo constitucional con N\u00b0 2020-01220. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, \u00absalud en conexidad con la vida\u00bb y seguridad social, entre otros, presuntamente vulnerados en los asuntos relacionados por las autoridades accionadas y, en consecuencia, solicit\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) provisionalmente el levantamiento inmediato de la medida que suspendi\u00f3 los efectos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos de mi pensi\u00f3n de conformidad con la sentencia emitida por el Juez 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, hasta tanto se resuelva el recurso de apelaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de evitar un perjuicio irremediable superior al que ya se ha ocasionado tanto para m\u00ed como para el Estado. <\/p>\n
(\u2026) Como medida provisional y como consecuencia de lo Primero, se ORDENE a la UGPP para que en el t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n del fallo, proceda a emitir la decisi\u00f3n administrativa que de manera inmediata deje sin efectos la resoluci\u00f3n con la cual se orden\u00f3 suspender los efectos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos de mi acto administrativo donde se me reconoci\u00f3 mi Pensi\u00f3n Vitalicia, ordenando, a su vez, la cancelaci\u00f3n de las diferencias causadas desde el momento de la suspensi\u00f3n o disminuci\u00f3n de las mesadas, hasta que efectivamente sea incluido en n\u00f3mina con el valor de la mesada a la que tengo derecho por mi calidad de TERCERO INCIDENTAL y DIRECTAMENTE PERJUDICADO con ocasi\u00f3n a la ejecuci\u00f3n de la orden emanada de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
(\u2026) Ordenar [al] Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para que un t\u00e9rmino no mayor a dos (2) meses emita pronunciamiento de segunda instancia de conformidad con el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el defensor y los terceros incidentales contra la sentencia que conden\u00f3 en primera instancia al se\u00f1or Manuel Heriberto Zabaleta, proferida por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 al interior del radicado No. 11001310401620130006101\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de las pretensiones, expuso que si bien en Resoluci\u00f3n No. 1792 de 25 de noviembre de 1997, Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez, entonces Director General del Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, Terminal Mar\u00edtimo y Fluvial de Barranquilla, dispuso el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de vejez, se\u00f1alando que gozar\u00eda junto con sus familiares del servicio m\u00e9dico asistencial pactado convencionalmente, dicho acto administrativo fue suspendido a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 010465 de 17 de marzo de 2015, atendiendo a lo ordenado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en el proceso penal seguido a Zabaleta Rodr\u00edguez por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n en la modalidad de continuado por valor de $171.859.213.178,98. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que esa decisi\u00f3n fue \u00abinjusta, arbitraria, infame e ilegal\u00bb, porque sin existir ilicitud en el acto de reconocimiento de su pensi\u00f3n, le fue suspendida, con lo cual se lesionaron sus derechos y los de su esposa, ambos adultos mayores, y, asimismo, los de su hijo, quien \u00abfue calificado (\u2026) con una incapacidad permanente para laborar del 100%\u00bb debido a un accidente. <\/p>\n
Anot\u00f3 que tras m\u00faltiples reclamaciones de su parte y de otros pensionados, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 18 de septiembre de 2019 conden\u00f3 a Zabaleta Rodr\u00edguez y dispuso el levantamiento de \u00abla orden de suspensi\u00f3n de los efectos econ\u00f3micos y jur\u00eddicos decretada el 20 de diciembre de 2011 por la Fiscal\u00eda\u00bb, respecto de algunos actos por el celebrados, incluido el relativo al reconocimiento de la pensi\u00f3n del aqu\u00ed accionante, y, exhort\u00f3 a la UGPP para que analizara lo pertinente con fundamento en \u00ablas hojas de vida respectivas y el material que est\u00e9 a su disposici\u00f3n o adquiera, y de otra, examine administrativamente la viabilidad de pagar o no los montos dinerarios que en raz\u00f3n de la referida suspensi\u00f3n se dejaron de cancelar a los beneficiarios\u00bb, no obstante, en ese fallo se advirti\u00f3 que tales actuaciones tendr\u00edan lugar hasta que el mismo adquiriera firmeza de su fallo. <\/p>\n
El procesado y algunos terceros incidentales interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n que, para la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo -28 de octubre de 2021-, a\u00fan no hab\u00eda sido decidido por el Tribunal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El accionante Cruz Benedicto Julio Acosta, se\u00f1al\u00f3 que la UGPP el 14 de mayo de 2021 efectu\u00f3 una \u00abrevisi\u00f3n integral de su caso\u00bb y no evidenci\u00f3 que \u00abel reconocimiento pensional se haya obtenido por medios fraudulentos o se haya configurado un delito o tipo penal\u00bb; no obstante, han transcurrido m\u00e1s de 758 d\u00edas desde la emisi\u00f3n de la sentencia del a quo en la causa penal y todav\u00eda no ha logrado \u00abel restablecimiento de sus derechos pensionales y el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la suspensi\u00f3n del pago de su pensi\u00f3n por parte de la UGPP lleva seis (6) a\u00f1os, desconoci\u00e9ndose sus circunstancias de vulnerabilidad, puesto que cuenta 83 a\u00f1os de edad y tiene a cargo a su grupo familiar, compuesto, insisti\u00f3, por su esposa de 80 a\u00f1os y su hijo con incapacidad para laborar, siendo inviable la satisfacci\u00f3n de todas sus necesidades, pues aunque recibe una pensi\u00f3n del ISS de $800.000, no es insuficiente para solventar los gastos de la familia. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la mora del ad quem censurado en resolver la apelaci\u00f3n referida agrava su situaci\u00f3n, m\u00e1xime si no puede acceder al sistema de salud, pues fue retirado del mismo por el \u00abFOPEP[, quien] dio la orden a la IPS Organizaci\u00f3n cl\u00ednica General del Norte de NO BRINDAR[L]E ASISTENCIA M\u00c9DICA, a pesar de aparecer como activo en el sistema, y lo m\u00e1s grave, dejar[lo] bloqueado sin posibilidad de registrar[s]e al SISB\u00c9N\u00bb. <\/p>\n
Expuso que formul\u00f3 \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb dirigidos a la citada IPS y al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para que se resolviera la problem\u00e1tica referida en torno a su afiliaci\u00f3n al sistema de salud; no obstante, esas entidades han omitido pronunciarse. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si bien fue vinculado al amparo constitucional 2020-01220 y particip\u00f3 en el mismo, dado que se debat\u00edan cuestiones similares a las aqu\u00ed alegadas, en realidad \u00abno h[a] impetrado acci\u00f3n de tutela alguna promoviendo [sus] propias pretensiones a partir de los hechos nuevos\u00bb antes relatados, y cimentado en la actual jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pues \u00e9sta ha accedido a la protecci\u00f3n reclamada en casos asimilables. <\/p>\n
2. Mediante providencia ATP1978 de 16 de noviembre de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia se separ\u00f3 del conocimiento del amparo rese\u00f1ado al estimarse involucrada, con fundamento en que en el radicado 2020-01220 profiri\u00f3 la sentencia STP9949 de 29 de septiembre de 2020, revocada en sede de impugnaci\u00f3n por su hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Civil en STC5436 de 14 de mayo de 2021; en consecuencia, declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida y remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n para el respectivo reparto. <\/p>\n
3. Mediante auto ATC323-2022 de 15 de marzo, se aceptaron los impedimentos manifestados por los H. Magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque, Francisco Ternera Barrios, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo e Hilda Gonz\u00e1lez Neira, para conocer del presente amparo y el asunto fue asignado a este Despacho. <\/p>\n
4. El pasado 17 de marzo se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 2013000061 y en el amparo constitucional con N\u00b0 2020-01220. <\/p>\n
En raz\u00f3n a que mediante Acuerdo N\u00b0 16 de 2022 se conform\u00f3 la nueva lista de Conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia para la vigencia de esta anualidad, en auto de 18 de marzo siguiente se dispuso adelantar la selecci\u00f3n de los Conjueces para decidir el presente asunto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles se\u00f1al\u00f3 que esa entidad carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que debe negarse el amparo respecto de ella; no obstante, anot\u00f3 que la tutela, en caso de \u00absuperar el examen de los pilares de procedencia\u00bb, puede concederse para dejar sin efecto la resoluci\u00f3n de 17 de marzo de 2015, mediante la cual la UGPP dio cumplimiento a lo ordenado por la Fiscal\u00eda, en el sentido de suspender los efectos de la resoluci\u00f3n de 25 de noviembre de 1997, con la cual se le otorg\u00f3 al solicitante la pensi\u00f3n, pues \u00abno es posible pretender que personas de avanzada edad como \u00e9l (\u2026) se sometan a tr\u00e1mites ordinarios que, para su conclusi\u00f3n pueden tardar a\u00f1os, m\u00e1xime si mientras ellos se deciden, \u00e9stos no cuentan con servicios m\u00e9dicos o, sus ingresos no les resultan suficientes para proveerse una vida digna, hechos todos que deben ser acreditados\u00bb. <\/p>\n
2. El Coordinador de la Unidad de Fiscal\u00edas Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 advirti\u00f3 que la Fiscal\u00eda 22 Delegada, fue suprimida desde el 21 de julio de 2016, entidad que confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, las medidas provisionales dictadas en el proceso penal seguido a Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte manifest\u00f3 que emiti\u00f3 la sentencia STP9949 de 29 de septiembre de 2020, dentro de la tutela formulada por la Federaci\u00f3n Nacional de Pensionados Portuarios -Fenalpenpor- contra las mismas autoridades judiciales aqu\u00ed involucradas, providencia en la que concedi\u00f3 la protecci\u00f3n respecto de Cruz Benedicto Julio Acosta y, en consecuencia, <\/p>\n
\u00abdej\u00f3 sin efectos las resoluciones de suspensi\u00f3n dictadas por la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- en su contra, y orden\u00f3 que, dentro del t\u00e9rmino de 1 mes contado a partir de la notificaci\u00f3n de esa providencia, procediera a realizar el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003 y, mediante acto administrativo debidamente motivado, determinara si era procedente o no suspender la indexaci\u00f3n pensional que ven\u00eda percibiendo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la tutela no sal\u00eda avante respecto de su gesti\u00f3n porque \u00e9sta \u00abno fue controvertida a trav\u00e9s del ejercicio de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Civil remiti\u00f3 copia de la sentencia STC5436 de 14 de mayo de 2021 emitida en el amparo 2020-01220-01, con la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n STP9949 de 29 de septiembre de 2020. <\/p>\n
5. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 relat\u00f3 los antecedentes del proceso seguido a Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez y advirti\u00f3 que la sentencia emitida en primera instancia fue apelada, y el recurso recibido el 14 de septiembre de 2020 en 411 cuadernos, fue resuelto el 9 de diciembre de 2021, confirmando la decisi\u00f3n del a quo; encontr\u00e1ndose el tr\u00e1mite, actualmente, \u00aben t\u00e9rmino de (30 d\u00edas) para sustentar los diferentes recursos extraordinarios de casaci\u00f3n presentados, conforme los art\u00edculos 210 y 211 de la Ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, si el accionante pretendi\u00f3 controvertir las decisiones emitidas en dicho asunto, debi\u00f3 <\/p>\n
\u00abhacerlo como tercero incidental (138 \u00eddem), acreditando la afectaci\u00f3n al derecho patrimonial que en esta oportunidad reclama. <\/p>\n
Sin embargo, pese a que le fue reconocida tal calidad, no se encuentra que haya recurrido el prove\u00eddo de primera instancia, en lo que a su inter\u00e9s refiere, estando habilitado para ello, lo cual devela el prop\u00f3sito de utilizar este mecanismo de amparo como un mecanismo adicional y supletivo a su inactividad como interesado en las resultas del juicio en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 que su pronunciamiento en el caso penal \u00abes fruto del an\u00e1lisis en conjunto de la prueba legalmente aducida a la actuaci\u00f3n\u00bb y, con todo, a\u00f1adi\u00f3 que en dicho proceso los interesados \u00abhan tenido la posibilidad de debatir las determinaciones provisionales adoptadas por la Fiscal\u00eda y las que (\u2026) se han adoptado en sede jurisdiccional, lo cual contraviene, ciertamente, el principio de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
6. El Fiscal 397 Delegado ante el Juzgado accionado, expres\u00f3 que el proceso penal frente a Zabaleta Rodr\u00edguez se encuentra \u00aben el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, donde se suerte el traslado a los sujetos procesales frente al recurso de casaci\u00f3n a la decisi\u00f3n del Tribunal\u00bb; por tanto, al no estarle asignadas las diligencias, no tiene \u00abelementos de juicio que permitan efectuar un pronunciamiento sobre las manifestaciones del accionante\u00bb. <\/p>\n
7. El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que el solicitante incurre en temeridad, porque en pasada ocasi\u00f3n acudi\u00f3 a esta acci\u00f3n con iguales prop\u00f3sitos, y, que, si bien profiri\u00f3 la sentencia de 18 de septiembre de 2019 en el asunto penal mencionado, en la que dispuso levantar las medidas provisionales que afectaron al actor, ese pronunciamiento solo ser\u00e1 efectivo hasta que \u00abcobre ejecutoria esa decisi\u00f3n (\u2026) lo cual persigue el accionante que se omita imponiendo sus intereses particulares al imperio de la Ley y al debido tr\u00e1mite del proceso\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 estarse a sus actuaciones en el proceso penal enunciada y se\u00f1al\u00f3 que, \u00abno es viable por v\u00eda de tutela ordenar a la UGPP emitir acto administrativo que deje sin efectos las suspensiones dispuestas, as\u00ed como el pago que persigue el extrabajador desconociendo, de un lado, el principio de doble instancia y la ejecutoria de la sentencia, como exigencia procesal para levantar las medidas provisionales decretadas, y, del otro, los recursos que pueden incoar al interior del proceso penal\u00bb. <\/p>\n
\u00ab\u00e1rea de afiliaciones y compensaciones (\u2026) emiti\u00f3 respuesta [al peticionario] donde se le explica al detalle su situaci\u00f3n en salud, toda vez que, al no estar cotizando por la medida cautelar de suspensi\u00f3n de pagos de su mesada pensional la entidad no estaba recibiendo los pagos de su cotizaci\u00f3n y que estaba cobijado por Protecci\u00f3n Laboral desde el 01 de junio al 31 de agosto de 2021. De acuerdo con el Decreto 780 de 2016. En el caso que la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, sea extendida, el periodo de protecci\u00f3n laboral tambi\u00e9n ser\u00e1 prorrogado. Emergencia sanitaria que hasta hoy sigue vigente\u00bb. <\/p>\n
9. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto en estudio, el peticionario cuestiona los fallos de tutela proferidos en el proceso con radicado n\u00famero 2020-01220-01, emitidos, en primera instancia, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal -STP9949-2020- y, en sede de impugnaci\u00f3n, por la Sala de Casaci\u00f3n Civil -STC5436-2021, de lo que, resulta claro el fracaso de este amparo, toda vez que las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, pues <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia. (\u2026) Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte Constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha negado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 200 4-00863-00 de 26 de agosto de 2004, STC2255-2021y citada recientemente en 2022-00132-00). <\/p>\n
Por tanto, es clara la improcedencia de este amparo si busca controvertir otro de igual naturaleza, m\u00e1xime si ninguna de las excepciones fijadas en la sentencia SU-627 dictada el 1\u00ba de octubre de 2015 por la Corte Constitucional se presenta en este caso, pues \u00e9stas, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb, situaciones que en este asunto no fueron denunciadas y tampoco se presentan. <\/p>\n
Se destaca, asimismo, que el peticionario, para controvertir lo resuelto en los fallos de tutela cuestionados, cont\u00f3 con la revisi\u00f3n de tales pronunciamientos ante la Corte Constitucional -art. 33 del Dto. 2591 de 1991- y, de ser el caso, con la posibilidad de activar el mecanismo de insistencia -Acuerdo N\u00b0 05 de 1992-; no obstante, se observa que ese Alto Tribunal excluy\u00f3 el asunto de su estudio el 17 de septiembre de 20211, sin que aqu\u00e9l manifestara inconformidad, con lo cual las rese\u00f1adas decisiones adquirieron firmeza, siendo inviable reabrir el debate tutelar. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha esgrimido: <\/p>\n
\u00abUna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, advierte la Sala que la queja propuesta contra el proceso penal seguido frente a Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues el accionante a trav\u00e9s de este mecanismo solicit\u00f3, concretamente, ordenarle a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 emitir sentencia dentro de dicho proceso, puesto que, seg\u00fan indic\u00f3, la tardanza de esa Corporaci\u00f3n lesionaba sus garant\u00edas constitucionales; no obstante, como se extrae de las contestaciones suministradas en este asunto y de los soportes allegados, esa Corporaci\u00f3n profiri\u00f3 fallo de segundo grado el 9 de diciembre de 2021, hall\u00e1ndose el tr\u00e1mite, en la actualidad, en t\u00e9rminos para la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n impulsado por los all\u00ed interesados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la puntual pretensi\u00f3n del reclamante no sale avante al ser evidente la configuraci\u00f3n de un hecho superado, pues el pronunciamiento extra\u00f1ado ya se emiti\u00f3. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otros, en STC de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01, STC10752-2020 y STC11271-2021). <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, debe advertirse que la petici\u00f3n relacionada con \u00abel levantamiento inmediato de la medida que suspendi\u00f3 los efectos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos de [la] pensi\u00f3n\u00bb otorgada al accionante por la UGPP, tampoco prospera al desconocer el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, revisados los fallos emitidos en la rese\u00f1ada causa penal, se observa que el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1, como lo se\u00f1al\u00f3 el actor, en sentencia de 18 de septiembre de 2019 y para restablecer los derechos del accionante y otros pensionados afectados en el proceso, determin\u00f3 \u00ablevantar definitivamente la orden de suspensi\u00f3n de los efectos econ\u00f3micos y jur\u00eddicos decretada por la Fiscal\u00eda 1\u00aa Delegada perteneciente a la Estructura de Apoyo para FONCOLPUERTOS de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u00bb respecto de \u00ablas conciliaciones, resoluciones administrativas y actuaciones\u00bb all\u00ed relacionadas, entre \u00e9stas la emitida en favor del accionante. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n fue avalada en segunda instancia por el Tribunal accionado en sentencia de 9 de diciembre de 2021; por tanto, el peticionario cuenta con la posibilidad de acudir al escenario natural en procura de obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento de la citada orden, todo en aras de lograr los pagos de su mesada pensional. <\/p>\n
Dicho escenario, se destaca, resulta id\u00f3neo y pertinente para conseguir los prop\u00f3sitos del solicitante, toda vez que all\u00ed puede exponer las circunstancias de vulnerabilidad que ha aducido por esta v\u00eda residual y extraordinaria y lograr una r\u00e1pida atenci\u00f3n para su caso, qued\u00e1ndole vedado a esta jurisdicci\u00f3n pronunciarse sobre cuestiones asignadas, en primer t\u00e9rmino, al juez del proceso, como quiera que la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en CSJ STC3807-2018, STC3986-2020, STC6904-2020, STC1067-2021, STC9022-2021 y STC930-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
Igualmente y en relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha determinado que, \u00ab(\u2026) si no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019, STC547-2022 y STC605-2022). <\/p>\n
3. Ahora, en cuanto a los derechos de petici\u00f3n que el actor afirm\u00f3 haber presentado a la IPS Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte y al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -Foncolpuertos-, observa la Sala lo siguiente: <\/p>\n
De un lado, se encuentra que la primera entidad mencionada, a la fecha de esta decisi\u00f3n, no ha atendido la solicitud del actor formulada desde el 2 de julio de 2021, adem\u00e1s, como guard\u00f3 silencio en este tr\u00e1mite, resulta aplicable la presunci\u00f3n de veracidad contenida en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991; en consecuencia, respecto de esa autoridad se conceder\u00e1 la tutela por la lesi\u00f3n al derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
En situaciones similares, la Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Tal silencio permite dar aplicaci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, que prev\u00e9 \u201csi el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a un caso similar, la Sala expuso [que] [l]a Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional pese haber sido notificada de la admisi\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, no se pronunci\u00f3 sobre la queja constitucional y, por tanto, no controvirti\u00f3 las aseveraciones de la actora (\u2026) luego, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos aducidos de conformidad con la presunci\u00f3n de veracidad que establece el art\u00edculo 20 del decreto 2591 de 1991 (STC-2011, 1\u00ba sep. rad. 00242-00 reiterada en STC-2012, 29 mar., rad. 00041-01) (sent. de 16 de marzo de 2016, rad. 2016-00591-00\u00bb (CSJ. STC2355-2020). <\/p>\n
No ocurre lo mismo con Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -Foncolpuertos-, pues como se extrae de la respuesta brindada a esta acci\u00f3n de tutela, ese ente s\u00ed contest\u00f3 los reclamos del solicitante y para demostrarlo remiti\u00f3 el oficio CAC \u2013 20213200118261 de 4 de agosto de 2021, donde le se\u00f1al\u00f3 al accionante que al estar reportado como \u00absuspendido de la n\u00f3mina de pensionado\u00bb de la UGPP, no resultaba viable su atenci\u00f3n m\u00e9dica a trav\u00e9s del \u00abservicio m\u00e9dico de Puertos de Colombia\u00bb; sin embargo, le puso de presente que ten\u00eda acceso al mismo, dado el \u00abper\u00edodo de Protecci\u00f3n Laboral desde el 01 de junio al 31 de agosto de 2021. De acuerdo con el Decreto 780 de 2016 [y e]n el caso que la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, sea extendida, el periodo de protecci\u00f3n laboral tambi\u00e9n ser\u00e1 prorrogado\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora, se advierte que el derecho a la salud del peticionario, no ser\u00e1 amparado, pues revisada \u00abla Base de Datos \u00danica de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud\u00bb, se observa que el peticionario, en la actualidad, figura como afiliado, as\u00ed: <\/p>\n
Adem\u00e1s, de las manifestaciones efectuadas en este tr\u00e1mite por el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -Foncolpuertos-, se concluye que el actor a\u00fan puede acudir al servicio m\u00e9dico brindado por esa entidad, pues la emergencia sanitaria, de acuerdo con la Resoluci\u00f3n 000304 de 22 de febrero de 2022 del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, se encuentra prorrogada, pudiendo el accionante, a la fecha, hacer uso del sistema de salud. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo s\u00f3lo prospera frente a la IPS Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte, por la lesi\u00f3n al derecho de petici\u00f3n del solicitante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela promovida por Cruz Benedicto Julio Acosta contra la IPS Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordena al director de la citada entidad que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, responda la petici\u00f3n formulada por el accionante el 2 de julio de 2021. Por secretar\u00eda, rem\u00edtaseles copia de la misma (fl. 32, Exp. Digital). <\/p>\n
SEGUNDO: NIEGA el amparo frente a las dem\u00e1s autoridades involucradas. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS RAM\u00d3N GARC\u00c9S D\u00cdAZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
HERNANDO HERRERA MERCADO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JOS\u00c9 ALBERTO GAIT\u00c1N MART\u00cdNEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
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STC4484-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ STC4484-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00127-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la tutela formulada por Cruz Benedicto Julio Acosta contra la Sala Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62779","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62779","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62779"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62779\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}