STC4563-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4563-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2021-00693-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta por la agente oficiosa Dora Arenas de Ospino contra la sentencia del 15 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de sus hijos Miguel Francisco a la salud \u00aben conexidad\u00bb con la vida, seguridad social, dignidad humana, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil y al debido proceso; y de Dorian Yan al m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. Los supuestos f\u00e1cticos del amparo, se sintetizan as\u00ed: <\/p>\n
2.1 Se\u00f1al\u00f3 que tiene dos hijos, Miguel Francisco y Dorian Yan Castro Arenas, ambos en condici\u00f3n de discapacidad, cuyo padre es Francisco Antonio Castro Ospino, fallecido el 17 de noviembre de 2019, quien gozaba de una pensi\u00f3n de vejez concedida por Colfondos SA, con la que sufragaba el sostenimiento de la familia, por lo que adelant\u00f3 los tr\u00e1mites para la sustituci\u00f3n de la asignaci\u00f3n por sobrevivientes. <\/p>\n
2.2 Que Colfondos SA, en el caso de Miguel Francisco, le requiri\u00f3 se adelantara el proceso judicial de adjudicaci\u00f3n de apoyos para la administraci\u00f3n de la mesada pensional, raz\u00f3n por la cual present\u00f3 la demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio, la que se tramita en el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, quien la admiti\u00f3 el 15 de marzo de 2021. <\/p>\n
2.3 Se\u00f1al\u00f3 que, desde la presentaci\u00f3n de la demanda, solicit\u00f3 al Juzgado el decreto de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio establecido en el art\u00edculo 54 de la Ley 1996 de 2019, toda vez que, la mencionada ley \u00abno ha sido reglamentada y tampoco ha entrado en vigencia\u00bb. Agreg\u00f3 que lo pretendido se reiter\u00f3 al despacho judicial el 15 de julio, 12 de agosto, 30 de agosto y 24 de septiembre del a\u00f1o 2021. <\/p>\n
2.4 El 8 de octubre de 2021, luego de transcurridos 7 meses, el Juzgado neg\u00f3 lo solicitado con sustento en que, \u00aba partir del 27 de agosto de 2021, se encuentra vigente el proceso de ADJUDICACI\u00d3N JUDICIAL DE APOYO, art. 32 ibidem. Consecuencia de ello, el art. 54, que autorizaba los apoyos judiciales transitorios perdi\u00f3 vigencia a partir del 27 de agosto de 2021\u00bb, y, en la misma providencia la requiri\u00f3 para que realizara \u00abvaloraci\u00f3n de apoyos definido en el numeral 7 del art\u00edculo 3\u00b0 de la ley 1996 de 2019\u2026a trav\u00e9s de la DEFENSOR\u00cdA DEL PUEBLO\u00bb. <\/p>\n
2.5 Que, se dirigi\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo y all\u00ed le indicaron que \u00abno est\u00e1n prestando el servicio de valoraci\u00f3n de apoyos en atenci\u00f3n a que no cuentan con la infraestructura y recursos que eventualmente se requiere para ello\u2026\u00bb. Solicit\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga \u00abque de manera provisional se me designara la persona encargada de brindar apoyo de manera transitoria a mi hijo\u00bb Miguel Francisco Castro Arenas para que Colfondos SA le pague las mesadas pensionales \u00abpero esta solicitud tambi\u00e9n fue negada\u00bb. <\/p>\n
2.6 Manifest\u00f3 que, respecto a su otro hijo, Dorian Castro Arenas, en condici\u00f3n de discapacidad, tambi\u00e9n se encuentra adelantando los tr\u00e1mites \u00abpara que le reconozcan el porcentaje que le pertenece de la pensi\u00f3n de su padre, pero tampoco ha sido posible\u00bb. <\/p>\n
2.7 Indic\u00f3 que es una mujer de 66 a\u00f1os de edad, no cuenta con recursos econ\u00f3micos, tampoco trabaja o recibe ayudas del gobierno por lo que acude al juez constitucional \u00abteniendo en cuenta que se est\u00e1n viendo perjudicados mis hijos discapacitados al no recibir este dinero con el que cubrir\u00eda los gastos de manutenci\u00f3n m\u00ednimos\u2026\u00bb, precisando que subsiste del dinero que le proveen sus otros hijos y un hermano, pero que la situaci\u00f3n ya es insostenible. <\/p>\n
3. Formul\u00f3 como pretensiones se amparen los derechos fundamentales de su hijo Miguel Francisco Castro Arenas. En consecuencia, ordenar al Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga (i) \u00abacceda a decretar la medida cautelar establecida en el art\u00edculo 55 de la ley 1996 de 2019, mediante la cual se otorgue la adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio\u00bb a efectos de designar a la se\u00f1ora Dora Arenas de Ospino como \u00abpersona de apoyo\u00bb; (ii) disponga que \u00abnecesita apoyo para adelantar los tr\u00e1mites pertinentes ante el fondo de pensiones y cesant\u00edas COLFONDOS, con el fin de que le reconozcan la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb de su fallecido padre; y (iii) designar a Dora Arenas como la administradora de la asignaci\u00f3n pensional de Miguel Francisco. Se emita fallo extra petita \u00aben lo que considere pertinente\u00bb. <\/p>\n
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II. ACTUACI\u00d3N ADELANTADA ANTE LA CORTE <\/p>\n
Con auto del 15 de marzo de 2022 se incorporaron unas pruebas, de otras, se dispuso su recaudo a cargo del Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bucaramanga, Asmet Salud EPS y Colfondos SA; y se vincul\u00f3 al Defensor del Pueblo, a la Alcald\u00eda de Bucaramanga, a la Gobernaci\u00f3n de Santander y a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Santander. <\/p>\n
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III. SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga concedi\u00f3 el amparo a los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital y vida digna del se\u00f1or Miguel Francisco Castro Arenas. En consecuencia, orden\u00f3 a Colfondos SA \u00abresuelva nuevamente sobre la solicitud de pago de las mesadas pensionales reconocidas a favor del se\u00f1or CASTRO ARENAS, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional antes citadas (sic). De igual forma, se le ordena que le presente todo el apoyo, asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento para que se garantice el pago de la mesada pensional por parte de la instituci\u00f3n bancaria elegida por parte del beneficiario\u00bb (ord. Primero). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que ning\u00fan reproche merece la actuaci\u00f3n adelantada por el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga dentro del proceso 2021-00113-00, por cuanto una vez revisado el expediente las decisiones se emitieron atendiendo a la normativa sobre la materia, \u00abam\u00e9n de que al interior del proceso cuestionado no fueron ventilados los fundamentos de hecho y de derecho aqu\u00ed expuestos\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abcon la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019, se presume la capacidad de todas las personas con diagn\u00f3stico de disminuci\u00f3n psicof\u00edsica independientemente del uso o no de apoyos, los que adem\u00e1s, sea del caso decir, constituyen una actuaci\u00f3n potestativa\u00bb, por cuanto se parte \u00abdel supuesto general, seg\u00fan el cual, requerir asistencia por medio de un apoyo es una elecci\u00f3n aut\u00f3noma de la persona que padece la condici\u00f3n incapacitante, dirigida a facilitar el ejercicio de la capacidad legal\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, quien gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales de Miguel Francisco Castro Arenas fue Colfondos SA, toda vez que \u00abdentro de los requisitos legalmente previstos no existe condicionamiento alguno que establezca la obligatoriedad de la adjudicaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de apoyos para el pago de las mesadas pensionales, de suerte que su determinaci\u00f3n de suspender el pago de la prestaci\u00f3n en comento trasgrede caros (sic) principios adoptados en la Ley 1996 de 2019\u00bb. (pdf 29). <\/p>\n
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IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Colfondos, quien sostuvo que \u00abteniendo en cuenta la ley 1996 de 2019, proceder\u00e1 a tramitar el ingreso a n\u00f3mina del se\u00f1or Castro Arenas, teniendo en cuenta (sic) que de forma ambigua la reconsideraci\u00f3n se da en el marco declarativo del ingreso a n\u00f3mina de acuerdo con la parte considerativa del fallo\u00bb, sin embargo, solicit\u00f3 que el amparo tutelar se brinde de manera transitoria, por lo que deber\u00e1 se\u00f1alarse el \u00abt\u00e9rmino de 4 meses a la accionante para iniciar proceso ordinario ante la justicia competente el cual determine representante el cual configure como apoyo del se\u00f1or Castro Arenas, para administrar las mesadas pensionales\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, manifest\u00f3 que \u00abel pago de mesadas se deber\u00e1 resolver por la justicia competente dentro de un proceso ordinario que determine adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo para la administraci\u00f3n de la mesada pensional del beneficiario\u00bb, y no mediante este mecanismo residual (pdf 31). <\/p>\n
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V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a las previsiones del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u2013C.P., la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 prevista como un mecanismo preferente y sumario que puede ser ejercitado por cualquier persona para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales cuando los estime amenazados o vulnerados producto de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, excepcionalmente por los particulares. <\/p>\n
2. Si bien el problema jur\u00eddico en sede de impugnaci\u00f3n, se centra en determinar si es procedente, tal como lo hiciere el fallador de primera instancia, ordenar una protecci\u00f3n constitucional definitiva o si esta habr\u00e1 de ser transitoria como lo pide Colfondos SA; lo cierto es que en esta oportunidad se hace necesario acudiendo a las facultades extra y ultra petita del juez constitucional1, emprender por la Sala un estudio de todas las situaciones que se encuentran inmersas en esta acci\u00f3n de tutela, por lo siguiente: <\/p>\n
2.1 En los hechos \u00abDECIMO TERCERO \/\/ DECIMO CUARTO [y] DECIMO QUINTO\u00bb, se puso de presente por Dora Arenas de Ospino, agente oficiosa de Miguel Francisco Castro Arenas, que su otro hijo Dorian Yan Castro Arenas tambi\u00e9n result\u00f3 afectado en su derecho fundamental al m\u00ednimo vital, por la ausencia del pago por parte de Colfondos SA de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por sustituci\u00f3n de su difunto padre Francisco Antonio Castro Ospino, aspecto sobre el cual se pronunci\u00f3 el demandado Colfondos SA al ejercer su derecho de defensa (pdf 12, 28). <\/p>\n
Punto que, si bien no fue criticado por la agente oficiosa, tampoco puede ser obviado por el juez constitucional, quien bajo los fines del Estado (art. 2 C.P.), debe promover la garant\u00eda de los derechos. <\/p>\n
2.2 Otro aspecto que genera el estudio integral de la controversia expuesta, es que se est\u00e1 ante un asunto de relevancia constitucional, tem\u00e1tica sobre la cual la Corte Constitucional en sentencia SU128 de 2021 cuyas exigencias se cumplen en el presente caso, tal como pasa a explicarse: <\/p>\n
2.2.1 La discusi\u00f3n se invoca, por el quebrando a los derechos fundamentales de Miguel Francisco Castro Acero, por parte del Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, al negarse a (i) otorgar \u00abapoyo transitorio a trav\u00e9s del silencio que tuvo\u00bb, permitiendo que transcurrieran 7 meses y perdiera vigencia el art. 54 de la Ley 1996 de 2019 a pesar de las m\u00faltiples solicitudes al respecto; (ii) decretar la \u00abmedida provisional\u00bb o cautelar innominada para acceder al reconocimiento y pago de pensi\u00f3n, as\u00ed como de la afiliaci\u00f3n a salud; y (iii) dictar \u00abla sentencia requerida por COLFONDOS\u00bb, para materializar el derecho pensional. Adem\u00e1s, pese a que entr\u00f3 \u00aben vigencia la nueva normatividad (sic) sobre la adjudicaci\u00f3n de apoyos actualmente no hay entidad p\u00fablica o privada que est\u00e9 realizando este tipo de valoraciones\u00bb que es requerida por el juez para dictar el fallo. <\/p>\n
2.2.2 Adem\u00e1s, tambi\u00e9n ha de estudiarse la situaci\u00f3n de Dorian Yan Castro Arenas en cuanto a las barreras que, dijo la demandante, se han generado por parte de Colfondos SA para el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, todo lo cual, como se indic\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s fue pasado por alto por el funcionario judicial de primera instancia. <\/p>\n
2.3 Finalmente, para el caso concreto, tampoco se advierte circunstancia alguna que conlleve la improcedencia de la acci\u00f3n de amparo, al encontrase acreditada la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y el cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
3. Por lo anotado, y con el prop\u00f3sito de emitir un pronunciamiento de manera panor\u00e1mica y pedag\u00f3gica sobre la situaci\u00f3n que se ventila ante esta Sala, se abordar\u00e1 el siguiente eje tem\u00e1tico: (i) Un breve marco normativo acerca de la protecci\u00f3n de las personas en condici\u00f3n de discapacidad; (ii) La Ley 1996 de 2019, donde se abordar\u00e1 su vigencia, el concepto de capacidad legal, adjudicaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de apoyos y, las medidas cautelares en el tr\u00e1mite judicial; y (iii) el caso concreto. <\/p>\n
i. Marco normativo <\/p>\n
De manera general la normativa acerca de la discapacidad parte en el escenario internacional con la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos (1948), Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos2 (1969), Protocolo de San Salvador3 (1988), Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o4 (1989), Declaraci\u00f3n de Cartagena de Indias5 (1992), Convenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra las personas con discapacidad6 (1999), la Convenci\u00f3n de las Personas con Discapacidad7 (2006), y Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores8 (2015). <\/p>\n
A nivel interno, la Rep\u00fablica de Colombia en punto de identificaci\u00f3n de protecci\u00f3n de las personas con discapacidad, incorpor\u00f3 los tratados y convenios internacionales dirigidos al reconocimiento de derechos humanos bajo la figura del bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.), las garant\u00edas de libertad e igualdad ante la ley para todas las personas \u00absin ninguna discriminaci\u00f3n\u00bb (proposici\u00f3n de imparcialidad), siendo un deber del Estado hacerla real y efectiva, adoptando las medidas necesarias, incluso, ofreciendo una protecci\u00f3n especial \u00aba aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta\u00bb (art. 13 C.P.), por lo que corresponde a las autoridades promover medidas a favor de diferentes grupos minoritarios9, tem\u00e1tica esta que ha sido abordada por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n Constitucional en sentencia C042-2017. <\/p>\n
En tal sentido, para la Sala, involucrar de manera concatenada la constituci\u00f3n en el art\u00edculo 13 junto a los dem\u00e1s preceptos que invocan la igualdad, el canon 93 y la normativa internacional sobre la materia aqu\u00ed abordada, tiene como prop\u00f3sito proveer al Estado de herramientas para procurar a las personas con capacidad diferencial un trato acorde a su situaci\u00f3n, siempre que sea necesario para materializar plenamente el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. <\/p>\n
Ahora, para lo que ser\u00e1 motivo de desarrollo en este caso donde se involucran los derechos de dos personas, mayores de edad con capacidades diferenciales, resulta necesario hacer un comparativo entre las leyes 1306 del 5 de junio de 2009 y 1996 del 26 de agosto de 2019, en lo que refiere al caso objeto de estudio: <\/p>\n
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Ley 1306 de 2009 <\/p>\n
Ley 1996 de 2019 <\/p>\n
T\u00edtulo <\/p>\n
Se dictan normas para la protecci\u00f3n de personas con discapacidad mental y se establece el r\u00e9gimen de la representaci\u00f3n legal de incapaces emancipados. <\/p>\n
Se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. <\/p>\n
Objeto <\/p>\n
Protecci\u00f3n e inclusi\u00f3n de la persona natural en condici\u00f3n de discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten en su desempe\u00f1o normal ante la sociedad (art. 1). <\/p>\n
Establecer medidas espec\u00edficas para garantizar el derecho a la capacidad legal plena de personas con discapacidad, mayores de edad, y acceso a los apoyos que puedan requerirse en su ejercicio (art. 1). <\/p>\n
Interpretaci\u00f3n <\/p>\n
Se hace a trav\u00e9s de la norma m\u00e1s favorable. Se integran los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos relativos a personas en condici\u00f3n de discapacidad aprobados por Colombia, integrados bajo el bloque de constitucionalidad (art. 4). <\/p>\n
Se realiza a la luz de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y dem\u00e1s Pactos, Convenios y Convenciones internacionales aprobados por Colombia sobre derechos humanos que integren el bloque de constitucionalidad. <\/p>\n
\u00abNo podr\u00e1 restringirse o menoscabar ninguno de los derechos reconocidos en la legislaci\u00f3n interna o en instrumentos internacionales, aduciendo que la presente ley no los reconoce o los reconoce a menor grado\u00bb (art. 2). <\/p>\n
Capacidad jur\u00eddica <\/p>\n
Incorpora los conceptos de discapacidad mental absoluta y relativa (art. 15, 17). <\/p>\n
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El primero genera una anulaci\u00f3n total de la capacidad. Los actos efectuados por dicha persona son absolutamente nulos, aun cuando se desarrollen en intervalos de lucides (art. 48) <\/p>\n
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El segundo, considera incapaces a los sujetos, respecto de los actos o negocios sobre los cuales recaiga la inhabilitaci\u00f3n. En lo dem\u00e1s se aplican las reglas generales de capacidad (art. 15, 32, 34) <\/p>\n
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Parte de la presunci\u00f3n legal de capacidad de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con independencia del uso de apoyos o no (art. 6). <\/p>\n
Medidas <\/p>\n
Interdicci\u00f3n (discapacidad mental absoluta, art. 25) \u2013 Procede la revisi\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n (art. 29,30,44). <\/p>\n
<\/p>\n
Genera el nombramiento de un Curador \/Guardador, ejercer\u00e1 el cuidado de la persona y administraci\u00f3n de bienes (arts. 48, 88, 89) <\/p>\n
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Inhabilitado (discapacidad mental relativa, art. 32, 33) \u2013 Procede la rehabilitaci\u00f3n (art. 38, 45). <\/p>\n
<\/p>\n
Se asignar\u00e1 un consejero, prestar\u00e1 gu\u00eda y asistencia completa en los negocios objeto de la inhabilitaci\u00f3n (art. 55, 90). <\/p>\n
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Administradores fiduciarios \u2013 cuant\u00edas mayores a 500 smlmv (art. 59, 95). <\/p>\n
El acto jur\u00eddico se realiza de manera independiente, pero puede contar con apoyos (art. 8). <\/p>\n
<\/p>\n
El apoyo supone la asistencia que se le presta a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de la capacidad legal (num. 4, art. 3). <\/p>\n
<\/p>\n
Las v\u00edas son (i) acuerdo de apoyos y directivas anticipadas mediante escritura p\u00fablica y ante conciliadores extrajudiciales o (ii) proceso judicial (arts. 9, 16, 17). <\/p>\n
Medidas cautelares, transitorias o provisorias <\/p>\n
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Interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n provisoria, puede ser decretada por el juez de familia mientras se decide la causa, cuando se cuente con dictamen pericial que as\u00ed lo determine (art. 27, 36). <\/p>\n
No se advierte una medida provisoria en el proceso judicial de apoyos, como la indicada en la Ley 1306 de 2009. <\/p>\n
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Apoyos transitorios v\u00eda judicial, previo a la entrada en vigencia total de la adjudicaci\u00f3n de apoyos judicial (Cap\u00edtulo V). Se adelantar\u00e1n ante el Juez de Familia del domicilio de la persona titular del acto jur\u00eddico (art. 54). <\/p>\n
<\/p>\n
En los procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n en curso iniciados con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la ley, se suspender\u00e1n inmediatamente. Pero el Juez podr\u00e1 decretar excepcionalmente el levantamiento de la suspensi\u00f3n y aplicar \u00abmedidas cautelares, nominadas o innominadas\u00bb cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y el disfrute de los derechos de la persona con discapacidad (art. 55). <\/p>\n
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ii. La Ley 1996 de 2019 <\/p>\n
Esta ley se profiere en el marco de cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano respecto a las personas en condici\u00f3n de discapacidad, cuyos principios (art. 4) se encaminan a hacer efectivo el derecho a la capacidad legal plena. <\/p>\n
a) Su Vigencia <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 63 \u00abrige a partir de su promulgaci\u00f3n\u00bb; sin embargo, el canon 52 establece una excepci\u00f3n \u00abde aquellos art\u00edculos que establezcan un plazo para su implementaci\u00f3n y los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, los cuales entrar\u00e1n en vigencia veinticuatro (24) meses despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la presente ley\u00bb. A su turno los par\u00e1grafos de los preceptos 16 y 17 fijaron unas cargas al Ministerio de Justicia y del Derecho las que cumplidas en el plazo de 1 a\u00f1o abr\u00edan paso a su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
De forma general, la mencionada legislaci\u00f3n entr\u00f3 en vigor el 26 de agosto de 2019, conforme a la publicaci\u00f3n del Diario Oficial 51.05710, pues as\u00ed se concluye de lo previsto en el art. 63 de la Ley 1996 de 2019, por lo que con la entrada en vigor del cap\u00edtulo V de la citada ley, el proceso de adjudicaci\u00f3n transitorio se mantuvo hasta el 26 de agosto de 2021. <\/p>\n
Ante tal transici\u00f3n normativa, comporta precisar \u00bfqu\u00e9 sucede con las demandas radicadas y sobre las cuales no se emiti\u00f3 sentencia antes del 27 de agosto de 2021? <\/p>\n
Para responder al cuestionamiento ha de tenerse en cuenta que mientras entraba en vigor el Cap\u00edtulo V de la Ley 1996 de 2019, el legislador previ\u00f3 dentro del Cap\u00edtulo VIII la posibilidad de adelantar proceso judicial de apoyos transitorios (art. 54). <\/p>\n
El \u00faltimo precepto indicado, estuvo vigente hasta el 26 de agosto de 2021, por lo que a partir del d\u00eda siguiente los efectos de las sentencias dictadas bajo las previsiones del art. 54, cambiaron. Esto, resultaba lo m\u00e1s l\u00f3gico debido a los mandatos del legislador, la transitoriedad previ\u00f3 que el alcance de los apoyos \u00abno podr\u00e1 superar la fecha final del periodo de transici\u00f3n\u00bb, el que en la misma normatividad fij\u00f3 en veinticuatro (24) meses despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la ley. <\/p>\n
Entonces, si los apoyos concedidos en las providencias judiciales proferidas en el periodo de transici\u00f3n perdieron su fuerza jur\u00eddica, la consecuencia es que los tr\u00e1mites que no finalizaron tampoco podr\u00edan continuar bajo las reglas del art. 54 de la Ley 1996 de 2019, por cuanto ning\u00fan efecto tendr\u00eda cuando se dictara el fallo correspondiente. Por eso compete al Juez de Familia atendiendo a sus deberes, adecuar el camino a las etapas del proceso judicial de apoyos del Cap\u00edtulo V, por lo que para atender a su cometido habr\u00e1 de tener en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
Art. 54 <\/p>\n
<\/p>\n
Cap\u00edtulo V <\/p>\n
(arts. 32 a 43) <\/p>\n
Procedimiento- Accionantes <\/p>\n
Verbal sumario \u2013 persona con inter\u00e9s leg\u00edtimo y relaci\u00f3n de confianza con el titular del acto jur\u00eddico. <\/p>\n
Jurisdicci\u00f3n voluntaria \u2013 titular acto jur\u00eddico <\/p>\n
<\/p>\n
Verbal sumario (excepcional) \u2013 un tercero <\/p>\n
Valoraci\u00f3n de apoyos <\/p>\n
No se contempla <\/p>\n
S\u00ed la prev\u00e9, puede ser aportada con la demanda. El Juez \u00abpodr\u00e1\u00bb solicitar una nueva u oficiar a las entidades indicadas en el art. 11 para llevarla a cabo. <\/p>\n
<\/p>\n
En todo caso, cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial debe contarse con una valoraci\u00f3n de apoyos <\/p>\n
Alcance de los apoyos <\/p>\n
Se fija bajo las reglas de la Ley 1996 de 2019 <\/p>\n
Se fija bajo las reglas de la Ley 1996 de 2019 <\/p>\n
Plazo de loa apoyos <\/p>\n
No podr\u00e1 superar del 26 de agosto de 2021 <\/p>\n
<\/p>\n
Verbal sumario \u2013 en la sentencia el juez fijar\u00e1 la duraci\u00f3n de los apoyos a presentarse de las personas que se designan para ello. <\/p>\n
De lo anterior, se concluye que el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios (art. 54 de la Ley 1996 de 2019), es semejante al previsto en el art. 38 Ib., ambos se adelantan por una persona distinta al titular del acto jur\u00eddico y por el procedimiento verbal sumario, con el agregado de que en la actualidad habr\u00e1 de practicarse la valoraci\u00f3n de apoyos y el plazo de la asistencia ser\u00e1 fijado por el juez en la sentencia, no dependiendo de la vigencia de la ley como suced\u00eda con el tr\u00e1mite transitorio. <\/p>\n
El Juez de Familia para adecuar el tr\u00e1mite de los asuntos iniciados bajo las directrices del art. 54 de la Ley 1996 de 2019, deber\u00e1 tomar en consideraci\u00f3n que al configurarse la valoraci\u00f3n de apoyos como una actuaci\u00f3n necesaria para emitir sentencia, su pr\u00e1ctica en el transcurrir procesal, deber\u00e1 tener en cuenta que cuando no se hubiese llevado a cabo la audiencia inicial, el funcionario adelantar\u00e1 los pasos fijados en los numerales 3, 4, 5 y 6 del art. 38 Ib., pero si ya finiquit\u00f3 la vista p\u00fablica, y no se ha dictado fallo, antes de proferirlo deber\u00e1 el juez atender a las directrices normativas antes indicadas para obtener el informe de apoyos y adelantar la contradicci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Capacidad legal <\/p>\n
Para caminar por este sendero, habr\u00e1 de iniciarse con el precepto 14 de la C.P., el cual se\u00f1ala \u00ab[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica\u00bb, garant\u00eda fundamental derivada de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos (art. 6), la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (art. 3) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (num. 2, art. 1). <\/p>\n
A su turno, la Corte Constitucional tambi\u00e9n de anta\u00f1o se ha pronunciado acerca de la personalidad jur\u00eddica, indicando que corresponde a un derecho exclusivo de la persona natural (T476 de 1992), con la Constituci\u00f3n de 1991 se convirti\u00f3 para los ciudadanos en la posibilidad de ser titulares de relaciones jur\u00eddicas, como manifestaci\u00f3n del principio de igualdad (C486-199311), est\u00e1 estrechamente relacionada con los denominados atributos de la personalidad \u2013 nombre, nacionalidad, estado civil, capacidad y patrimonio- (C109 de 199512, C243 de 200113), pero no se debe limitar a estos, por cuanto tambi\u00e9n ha de protegerse a la persona de aquellos actos que injustamente le afectan \u00abcomo ocurre con hechos que da\u00f1an su imagen e identidad\u00bb (T090 de 1996). <\/p>\n
Ahora, la Ley 1996 de 2019 dirige su regulaci\u00f3n a uno de los atributos de la personalidad, esto es, la capacidad, vista como \u00abaptitud legal para adquirir derechos y ejercerlos\u00bb (C395-2021) <\/p>\n
Entonces, se concluye que bajo la nueva normativa (Ley 1996 de 2019), la capacidad subrogada perdi\u00f3 su vigencia, y ahora se entrega a plenitud a las personas en condici\u00f3n de discapacidad mayores de edad, quienes cuentan con la titularidad y disfrute de sus derechos, as\u00ed como con la facultad de utilizarlos y celebrar actos jur\u00eddicos que les permitan tomar riesgos y cometer errores, sin que se permita descalificar sus calidades por su condici\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Adjudicaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de apoyos <\/p>\n
Prev\u00e9 la Ley 1996 de 2019 que, para acceder a la asignaci\u00f3n de apoyos formales a efectos de facilitar la toma de decisiones o el reconocimiento de la voluntad anticipada del titular del acto jur\u00eddico, habr\u00e1 de acudirse ante los notarios, conciliadores y jueces. <\/p>\n
Para el caso de los jueces, el legislador estableci\u00f3 el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos con vocaci\u00f3n de permanencia y el transitorio, \u00faltimo contemplado en el art. 54 de la Ley 1996 de 2016 y que desapareci\u00f3 del mundo jur\u00eddico a partir del 27 de agosto de 2021 cuando entr\u00f3 en vigor el Cap\u00edtulo V de la mencionada normatividad. <\/p>\n
El proceso judicial que actualmente se puede adelantar ante los jueces de familia (num. 7, art. 22 C.G. del P.), est\u00e1 revestido de dos procedimientos: jurisdicci\u00f3n voluntaria (num. 6, art. 577 Ib.) cuando se inicia por la persona en condici\u00f3n de discapacidad, mayor de edad (art. 32 Ley 1996 de 2019); verbal sumario parte de la demanda presentada por un tercero (art. 32 Ib.), cuyos requisitos en ambos casos est\u00e1n indicados por el legislador en los art\u00edculos 32 a 43 ejusdem. <\/p>\n
Ahora, en punto de la valoraci\u00f3n de los apoyos, esta corresponde al estudio que se efect\u00faa con fundamento en est\u00e1ndares t\u00e9cnicos, cuyo prop\u00f3sito es determinar los apoyos formales que requiere la persona en la toma de decisiones para el ejercicio de su capacidad legal (num. 7, art. 3 Ley 1996 de 2019). <\/p>\n
La mencionada legislaci\u00f3n determin\u00f3 la obligatoriedad de la evaluaci\u00f3n para el caso del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos (art. 33 Ib.), no as\u00ed para los tr\u00e1mites que se adelantan ante las Notar\u00edas o Centros de Conciliaci\u00f3n (par\u00e1grafo 1, art. 2.8.2.1.2. Decreto 487 de 2022). <\/p>\n
Para llevarlo a cabo, debe atenderse a los lineamientos que fije el rector de la Pol\u00edtica Nacional de Discapacidad, esto es, la Consejer\u00eda Presidencial para la Participaci\u00f3n de las Personas con Discapacidad, la que est\u00e1 a cargo de la expedici\u00f3n de dichos par\u00e1metros en un plazo de 1 a\u00f1o contado a partir de la vigencia (arts. 11 y 12 Ley 1996 de 2019). <\/p>\n
En cumplimiento de su obligaci\u00f3n la Consejer\u00eda emiti\u00f3 el documento denominado \u00abValorar apoyos para tomar decisiones \u2013 Lineamientos y protocolo nacional para la valoraci\u00f3n de apoyos en el marco de la Ley 1996 de 2019\u00bb14, cuya materializaci\u00f3n se estableci\u00f3 en el art\u00edculo 11 de la Ley 1996 de 2019. <\/p>\n
El art\u00edculo 13 Ib., dispuso la expedici\u00f3n de una reglamentaci\u00f3n para llevar a cabo la prestaci\u00f3n del servicio, la que est\u00e1 a cargo de la Consejer\u00eda Presidencial para la Participaci\u00f3n de las Personas con Discapacidad, previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, quienes contaban con el plazo de 18 meses desde el 26 de agosto de 2019 para expedirla; pero solo fue hasta el 1\u00ba de abril de 2022 mediante el Decreto 48715 que dicho cometido se cumpli\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, el art. 2 del mencionado Decreto se\u00f1ala su vigencia \u00aba partir de la fecha de su publicaci\u00f3n\u00bb, la que se llevar\u00e1 a cabo una vez se publicite en el Diario Oficial; luego, lo que se puede concluir preliminarmente es que los procesos de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos a partir del 27 de agosto de 2021 no contaban con regulaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n del servicio de valoraci\u00f3n y ahora se tiene la normativa. <\/p>\n
Ahora, cuando el Decreto 487 de 2022 surta plenos efectos, no escapa de una sana l\u00f3gica que para las entidades p\u00fablicas y privadas que carec\u00edan de la prestaci\u00f3n del servicio de valoraci\u00f3n de apoyos comporta la apropiaci\u00f3n de recursos, adecuaci\u00f3n de infraestructura y capacitaci\u00f3n de personal, lo que no podr\u00e1 llevarse a cabo en pocos d\u00edas. <\/p>\n
Luego, sin perjuicio de las entidades p\u00fablicas y privadas que est\u00e9n en la capacidad de suministrar el servicio inmediatamente, esta Sala no puede pasar por alto la imperiosa necesidad de que la valoraci\u00f3n de apoyos se pueda llevar a cabo en los procesos judiciales en curso, por lo que habr\u00e1 de precisarse un medio que por lo menos, para este momento, cuente con la capacidad humana, objetiva y funcional para llevarlo a cabo. <\/p>\n
En efecto, el art. 14 del Decreto 2272 de 1989 cre\u00f3 la planta de empleados para los Juzgados de Familia a nivel nacional dentro de los cuales se contempl\u00f3 al Asistente Social. A su turno, el Consejo Superior de la Judicatura, entidad de car\u00e1cter p\u00fablico, estableci\u00f3 las funciones y objetivos fijados para dicho cargo en el Acuerdo No. PSAA16-10551 del 4 de agosto de 201616. <\/p>\n
Entonces, atendiendo a que conforme a los lineamientos de valoraci\u00f3n de apoyos el informe que all\u00ed se elabora no corresponde a un diagn\u00f3stico m\u00e9dico y tampoco certifica la condici\u00f3n de discapacidad, sino que es un medio para \u00abconocer a la persona con discapacidad que hace parte del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, sus necesidades, la red de apoyo familiar y comunitaria con la que cuenta y la identificaci\u00f3n de los apoyos que podr\u00edan ser formalizados\u00bb, y conforme al Decreto 487 de 2022 se llevar\u00e1 a cabo por una \u00abpersona facilitadora\u00bb cuyas calidades son (i) contar con t\u00edtulo profesional17 en \u00e1reas o campos relacionados con las ciencias humanas, sociales o afines; (ii) contar con conocimientos sobre la Ley 1996 de 2019, lineamientos y el protocolo nacional al respecto; y (iii) experiencia profesional m\u00ednima de 2 a\u00f1os en trabajo con personas con discapacidad y sus organizaciones \u00abde o para personas con discapacidad\u00bb. <\/p>\n
La anterior actividad y formaci\u00f3n no es ajena al Asistente Social, quien conforme a lo Acuerdos PSAA06-3560 de 2006 y PSAA16-10551 de 2016 debe contar con t\u00edtulo profesional en trabajo social, sicolog\u00eda o sociolog\u00eda y tener 2 a\u00f1os de experiencia relacionada y, en vigencia de la Ley 1306 de 2009 adelantaba las entrevistas y visitas domiciliarias a las personas en condici\u00f3n de discapacidad mental (num. 3, 4 art. 2), adem\u00e1s que dentro de los objetivos trazados para dicho cargo est\u00e1n (i) la contribuci\u00f3n a la calidad de vida de los usuarios de la justicia en los procesos donde est\u00e1n involucrados, entre otros, sujetos con discapacidad mental bajo la normativa anterior, y \u00ablas que las complementen, modifiquen o deroguen, que contribuyan a la promoci\u00f3n del ser humano\u00bb; y (ii) los \u00abdem\u00e1s que determine el juez y que se desprendan de la naturaleza del cargo\u00bb, aunado a la formaci\u00f3n que en materia de la Ley 1996 de 2019 ha de prove\u00e9rseles sobre particular. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, nada impide que en tiempos actuales el Asistente Social, como servidor p\u00fablico con las calidades suficientes, tambi\u00e9n elabore la valoraci\u00f3n de apoyos atendiendo las normas sobre la materia. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Medidas cautelares en el tr\u00e1mite judicial <\/p>\n
Las medidas cautelares est\u00e1n edificadas como una herramienta procesal por medio de la cual se persigue asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales bien sea personales o patrimoniales. <\/p>\n
En vigencia de la Ley 1306 de 2009 mientras la causa se decid\u00eda por el Juez de Familia, pod\u00eda solicitarse como medida la interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n provisoria de la persona en condici\u00f3n de discapacidad mental (arts. 27, 33), a efectos de sustituir temporalmente la capacidad del titular. Con la entrada en vigor de la Ley 1996 de 2019, las \u00fanicas medidas cautelares que se plasmaron expresamente en el cuerpo de dicha norma fueron las nominadas o innominadas para los asuntos de la legislaci\u00f3n anterior que se encontraban en curso (art. 55). <\/p>\n
En tal sentido, la conclusi\u00f3n preliminar a la que podr\u00eda arribarse es que bajo las directrices de la Ley 1996 de 2019, no hay lugar a decretar medidas provisorias de apoyos; sin embargo, dicha afirmaci\u00f3n no es acertada, por cuanto desconoce la integraci\u00f3n normativa que debe imperar, entre otros casos cuando de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional se trata, como lo son Miguel Francisco y Dorian Yan Castro Arenas, personas discapacitadas mayores de edad. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 2 de la Ley 1996 de 2019 impide a los ejecutores de esta norma restringir o menoscabar los derechos reconocidos y vigentes en la legislaci\u00f3n patria o en instrumentos internacionales \u00abaduciendo que la presente ley no los reconoce o los reconoce en menor grado\u00bb. Luego, como el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos es declarativo podr\u00e1 peticionarse como innominada (lit. c, art\u00edculo 590 C.G. del P.) cualquier medida necesaria para garantizar la capacidad legal en condiciones de igualdad a la persona discapacitada, lo que deber\u00e1 estudiarse por el juez. <\/p>\n
Ahora, el funcionario judicial, ante el silencio de las partes o intervinientes, tampoco puede dejar de estudiar las necesidades de la persona discapacitada mayor de edad, que bien pudieron ponerse de presente en la demanda o en escritos posteriores y que sea patente la necesidad de brindar una medida cautelar personal que brinde protecci\u00f3n y goce a las garant\u00edas constitucionales de titular del acto jur\u00eddico (lit. f, art. 598 del C.G. del P.), pensar en contrario ser\u00eda desatender los mandatos convencionales e internos que ordenan la salvaguarda por parte del Estado de los sujetos con capacidades diversas. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. El caso concreto <\/p>\n
Para abordar el estudio de las situaciones que rodean el caso, as\u00ed como las pretensiones que se formularon, se estudiar\u00e1 el material probatorio bajo la siguiente titulaci\u00f3n: 1. Dorian Yan Castro Arenas y 2. Miguel Francisco Castro Arenas, en este \u00faltimo asunto el an\u00e1lisis se subdividir\u00e1 en la protesta dirigida a Colfondos SA y la encaminada contra el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga. <\/p>\n
1. Dorian Yan Castro Arenas <\/p>\n
1.1 Adelantado el tr\u00e1mite correspondiente ante el Fondo de Pensiones, se emiti\u00f3 comunicaci\u00f3n RAD-26132-08-2021 del 9 de marzo de 2021 donde se indic\u00f3 que desde el 4 de marzo de ese mismo a\u00f1o con documento RAD-26132-03-2021 se aprob\u00f3 pensi\u00f3n de sustituci\u00f3n por sobrevivientes a favor, entre otros, de Dorian Yan Castro Arenas en un 25%, la que se suspend\u00eda para su pago por cuanto no han radicado \u00abdictamen de p\u00e9rdida de la capacidad laboral el cual debe contener el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad labora, fecha de estructuraci\u00f3n y origen emitido por parte de las juntas regionales de calificaci\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
En cumplimiento de lo anterior, se agot\u00f3 el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral – PCL ante Asmet Salud EPS, quien en acatamiento a una orden de tutela18, el 12 de enero de 2022 emiti\u00f3 el dictamen correspondiente se\u00f1alando en los antecedentes del documento que Dorian Yan est\u00e1 \u00ab[o]rientado en tiempo, lugar y persona. La distrofia muscular le ha afectado el habla, no puede articular bien las palabras\u00bb, cuenta con un coeficiente intelectual de \u00ab71 (\u2026) Present[\u00f3] puntuaciones bajas en todos los \u00edndices evaluados\u00bb. Las enfermedades diagnosticadas de origen com\u00fan son G729 \u00abMIOPATIA, NO ESPECIFICADA\u00bb, Q998 \u00abOTRAS ANOMALIAS DE LOS CROMOSOMAS, ESPECIFICADAS \u2013 S\u00cdNDROME DE NESCAV\u00bb, Z810 \u00abHISTORIA FAMILIAR DE RETARDO MENTAL\u00bb, se genera un 53,46% de PCL con fecha de estructuraci\u00f3n del \u00ab23 de diciembre de 2021. Fecha de los resultados de las pruebas Neuropsicol\u00f3gicas\u00bb. Como an\u00e1lisis se present\u00f3: <\/p>\n
La anterior documentaci\u00f3n se radic\u00f3 por parte de la se\u00f1ora Arenas de Ospino ante Colfondos SA el 24 de enero de 2022, sin que se evidencie respuesta por parte de dicha entidad, a pesar de que con auto del 15 de marzo de 2022 esta Corporaci\u00f3n le requiri\u00f3 para que informara si la asignaci\u00f3n pensional por sobreviviente, reconocida a Dorian Yan Castro Arenas y que hab\u00eda sido suspendida en la actualidad, se les estaba pagando. <\/p>\n
1.2 Conforme a lo expuesto, para la Sala la situaci\u00f3n de Dorian Yan respecto al pago de su asignaci\u00f3n pensional por sobreviviente reconocida por Colfondos SA es un asunto que est\u00e1 en tr\u00e1mite, por cuanto la se\u00f1ora Dora Arenas de Ospino atendiendo a la comunicaci\u00f3n del 9 de agosto de 2021 por parte del Fondo de Pensiones, present\u00f3 el 24 de enero de 2022 el dictamen de PCL emitido el 12 de enero de 2022 por Asmet Salud EPS19. Luego, Colfondos SA a partir de la fecha de radicaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n cuenta con un plazo de \u00ab6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales\u00bb (SU975-200320), t\u00e9rmino que al no haber finalizado descarta, para este momento, una acci\u00f3n u omisi\u00f3n que genere quebranto a alguno a la garant\u00eda constitucional al m\u00ednimo vital, pues como qued\u00f3 expuesto se est\u00e1n adelantando las diligencias necesarias para atender a lo pedido, sin que la acci\u00f3n de tutela pueda ser una herramienta para pretermitir dicho plazo. <\/p>\n
En adici\u00f3n, no puede olvidarse que Colfondos SA en el espacio temporal antes indicado adelantar\u00e1 un estudio del dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral de Dorian Yan Castro Arenas, donde podr\u00e1 adoptar medidas tendientes a que Asmet Salud EPS, realice las precisiones que sean necesarias, por ejemplo, respecto a la fecha de estructuraci\u00f3n, como lo explic\u00f3 la Corte Constitucional en T213-2019 para los casos de enfermedades cr\u00f3nicas, degenerativas o progresivas. <\/p>\n
1.3 Ahora, no est\u00e1 dem\u00e1s anotar que en vigencia de la Ley 1996 de 2019 Dorian Yan Castro Arenas cuenta con una presunci\u00f3n de capacidad plena (goce y ejercicio), por lo que Colfondos SA, de ordenar el pago de las mesadas pensionales, no puede condicionarlo al tr\u00e1mite de un proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, o la presentaci\u00f3n de acuerdos de la misma \u00edndole, a menos que en el historial m\u00e9dico y\/o en el dictamen sea clara, evidente e inequ\u00edvoca la existencia de una afectaci\u00f3n de la persona, que le haga necesitar un apoyo para asistirlo en el manejo del dinero, pensar en contrario, sin elemento de juicio alguno m\u00e1s que la condici\u00f3n de discapacidad, ser\u00eda retroceder los avances legislativos imponiendo la figura de la sustituci\u00f3n de la capacidad como lo hac\u00eda la Ley 1306 de 2009. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en este caso no habr\u00e1 lugar a acceder a la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
2. Miguel Francisco Castro Arenas <\/p>\n
El 22 de enero de 2021 la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Santander, determin\u00f3 la p\u00e9rdida de capacidad laboral \u2013 PCL de Miguel Francisco en un 67,71 % generada por los diagn\u00f3sticos G710 \u00abDistrofia muscular\u00bb y F720 \u00abRetraso mental grave: deterioro del comportamiento nulo o m\u00ednimo\u00bb, con fecha de estructuraci\u00f3n \u00ab17\/10\/1991\u00bb. Mediante comunicaci\u00f3n del 9 de agosto de 2021 RAD-26132-08-2021 Colfondos, se\u00f1al\u00f3 a la se\u00f1ora Dora Arenas de Ospino que el 4 de marzo de 2021 RAD-26132-03-2021, se reconoci\u00f3 sustituci\u00f3n pensional del se\u00f1or Francisco Castro Ospino, entre otros, a favor de Miguel Francisco Castro Arenas en un 25%, la que se suspendi\u00f3 \u00abhasta tanto\u2026 aporte sentencia de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para la administraci\u00f3n de la mesada pensional del beneficiario\u00bb. <\/p>\n
El 3 de febrero de 202121, Dora Arenas de Ospino formul\u00f3 demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio fundada en el art\u00edculo 54 de la Ley 1996 de 2019 a favor de su hijo Miguel Francisco, y a t\u00edtulo de pretensiones solicit\u00f3, brindar apoyo a Miguel Francisco en asuntos administrativos y\/o judiciales para (i) el reconocimiento pensional ante Colfondos SA; (ii) la representaci\u00f3n y adelantamiento de la sucesi\u00f3n de su padre Francisco Antonio Castro Ospino; (iii) garantizar el acceso a los servicios de salud ante Asmet Salud EPS; (iv) la expedici\u00f3n de dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral ante la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez \u00abo cualquier otra junta m\u00e9dica\u00bb. En consecuencia, se designe a Dora Arenas de Ospino como la persona que brindar\u00e1 todos los apoyos antes solicitados, y en caso de que ella faltare el cargo sea asumido por Mar\u00eda del Pilar Castro Arenas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como \u00abpetici\u00f3n provisional\u00bb pidi\u00f3 al Juzgado que \u00ab[o]rdene a la Junta regional de calificaci\u00f3n de invalidez de Santander, o la entidad que su se\u00f1or\u00eda verifique es la indicada, que a trav\u00e9s de sus especialidades procedan a emitir la valoraci\u00f3n de apoyo, donde certifique las manifestaciones caracter\u00edsticas (sic) del estado actual del se\u00f1or MIGUEL FRANCISCO CASTRO ARENAS, en el cual se especifique todo lo establecido en el numeral 4 del art\u00edculo 38 de la ley 1999 (sic) de 2019\u00bb. <\/p>\n
La demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio se admiti\u00f3 por parte del Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga con prove\u00eddo de 15 de marzo de 2021. Mediante escritos del 10 de junio, 15 de julio, 12 y 30 de agosto y 24 de septiembre de 2021 el apoderado de la hoy tutelante, con fundamento en los art\u00edculos 54 y 55 de la Ley 1996 de 2019 solicit\u00f3 al despacho judicial emitir sentencia y\/o decretar la medida cautelar innominada de que le permita acceder a Miguel Francisco Castro Arena al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes de su progenitor. <\/p>\n
En auto del 8 de octubre de 2021, el juzgado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Sea lo primero advertir que el pedimento de sentencia es inoportuno, ante la falta de cumplimiento de las etapas procesales en el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio. <\/p>\n
Tambi\u00e9n precisar que en aplicaci\u00f3n al r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 1996 de 2019, art. 52 \u201c\u2026 los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, los cuales entraran en vigencia veinticuatro (24) meses despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la presente ley\u201d, es decir que, a partir del 27 de agosto de 2021, se encuentra vigente el proceso de ADJUDICACI\u00d3N JUDICIAL DE APOYO, art. 32 ib\u00eddem. <\/p>\n
Consecuencia de ello, el art. 54, que autorizaba los apoyos judiciales transitorios perdi\u00f3 vigencia a partir del 27 de agosto de 2021. <\/p>\n
Ante la derogaci\u00f3n del art\u00edculo 54 de la citada ley y entrada en vigencia las disposiciones del T\u00edtulo V de la mentada ley, conforme al numeral 5 del art\u00edculo 42 del CGP, concordante con los art\u00edculos 11, 12 y 133 ejusdem, se adecua el tr\u00e1mite a la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, art. 32 a 43 de la ley 1996 de 2019, recordando que la nulidad procesal prevista en el CPC de tramite diferente al se\u00f1alado fue abolida en la nueva codificaci\u00f3n procesal, permitiendo el saneamiento y adecuaci\u00f3n conservando lo actuado validez. <\/p>\n
Requiri\u00e9ndose para los procesos de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos tanto de jurisdicci\u00f3n voluntaria o declarativo verbal sumario, valoraci\u00f3n de apoyos, por mandato del art. 33 ib\u00eddem. As\u00ed las cosas, al titular del acto jur\u00eddico MIGUEL FRANCISCO CASTRO ARENAS, se realizar\u00e1 valoraci\u00f3n de apoyos definido en el numeral 7 del art\u00edculo 3\u00ba de la ley 1996 de 2019. La finalidad determinar cu\u00e1les son los apoyos formales que requiere la persona para la toma d (sic) decisiones relacionadas con el ejercicio de la capacidad legal, para acredite el nivel de grados de apoyo requeridos, para decisiones determinadas y en un \u00e1mbito espec\u00edfico al igual que las personas que conforman su red de apoyo y quienes podr\u00e1n asistir en aquellas decisiones, a trav\u00e9s de la DEFENSOR\u00cdA DEL PUEBLO, diligencia que deber\u00e1 llevarse a cabo a trav\u00e9s de la parte actora de conformidad al art. 78 del CGP (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El 5 de noviembre de 2021 la Defensor\u00eda del Pueblo inform\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) acorde con la funci\u00f3n constitucional y legal atribuida la Defensor\u00eda del Pueblo garantiza el acceso a la administraci\u00f3n de justicia a las personas en los t\u00e9rminos de la ley 24 de 1992, 941 de 2005, y dem\u00e1s normas concordantes y aplicables, en las \u00e1reas expresamente definidas, incluso la asignaci\u00f3n de Defensor P\u00fablico para el tr\u00e1mite de proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyo. <\/p>\n
En cumplimiento de la normatividad vigente la representaci\u00f3n judicial por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo est\u00e1 supeditada al otorgamiento de amparo de pobreza por la autoridad concernida. <\/p>\n
Frente a la solicitud de realizar valoraci\u00f3n de apoyo, respetuosamente le informo que la Defensor\u00eda del Pueblo no est\u00e1 prestando el servicio de valoraci\u00f3n de apoyos en atenci\u00f3n a que no cuenta con la infraestructura y recursos que eventualmente se requiere para ello, m\u00e1xime si la ley 1996 de 2019 en el art\u00edculo 3, numeral 7, define la Valoraci\u00f3n de Apoyos como el proceso que se realiza, con base en est\u00e1ndares t\u00e9cnicos, que tiene como finalidad determinar cu\u00e1les son los apoyos formales que requiere una persona para tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su capacidad legal. No obstante lo afirmado, de conformidad con la norma citada la valoraci\u00f3n de apoyos podr\u00e1 ser realizada por entes p\u00fablicos o privados, siempre y cuando sigan los lineamientos y protocolos establecidos para este fin por el ente rector de la Pol\u00edtica Nacional de Discapacidad\u00bb <\/p>\n
En el expediente se incorpor\u00f3 una comunicaci\u00f3n del 3 de febrero de 2022 proveniente de la Consejer\u00eda Presidencial para la Participaci\u00f3n de las Personas con Discapacidad, donde se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a la Consejer\u00eda Presidencial para la Participaci\u00f3n de las Personas con Discapacidad le fueron otorgadas las competencias legales mediante el Decreto 1784 de 2019, el Decreto 876 de 2020, el Decreto 901 de 2020 y el Decreto 1185 de 2021; entre las que se encuentra, ser el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad \u2013 SND, en virtud de dicho mandato y para cumplir lo ordenado por el art\u00edculo 12 de la Ley 1996 de 2019 elabor\u00f3 el documento de Lineamientos y Protocolo Nacional para la Valoraci\u00f3n de Apoyos con el fin de que las entidades obligadas por la Ley 1996 de 2019 presten el servicio de valoraci\u00f3n de apoyos; por lo cual se adjunta dicho lineamiento. <\/p>\n
(\u2026) las entidades p\u00fablicas que actualmente se encuentran prestando el servicio de la valoraci\u00f3n judicial de apoyos, son las citadas en el Art. 11 de la Ley 1996 de 20019 (sic), toda vez que dicho art\u00edculo establece que el servicio de valoraci\u00f3n de apoyos deber\u00e1n prestarlo, como m\u00ednimo, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Personer\u00eda y los entes territoriales a trav\u00e9s de las gobernaciones y de las alcald\u00edas, en caso de los distritos. <\/p>\n
En este sentido, son las dichas entidades, ubicadas en los departamentos y distritos, las llamadas a realizar y prestar el servicio de valoraci\u00f3n de apoyos, siguiendo el documento de Lineamientos y Protocolo Nacional para la Valoraci\u00f3n de Apoyos adjunto. <\/p>\n
Es de informar que sobre las entidades privadas a la fecha no hay ninguna avalada por el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad SND, toda vez que la Consejer\u00eda actualmente adelanta el proceso reglamentario se\u00f1alado en el Art. 13 de la ley 1996 de 2019, del cual ya se ha surtido las etapas de socializaci\u00f3n, divulgaci\u00f3n y publicaci\u00f3n proactiva del acto administrativo reglamentario; publicaci\u00f3n que puede ser consultar (sic) en la p\u00e1gina web de la Presidencia de la Rep\u00fablica en el link: (\u2026) <\/p>\n
Se aclara que la versi\u00f3n publicada a la fecha es una versi\u00f3n preliminar en desarrollo y\/o ajustes ya que la versi\u00f3n final del Decreto es la que ser\u00e1 firmada por el Se\u00f1or Presidente, el Ministerio de Justicia y el Director de la Funci\u00f3n P\u00fablica. <\/p>\n
Es importante observar que la valoraci\u00f3n de apoyos se\u00f1alada en la Ley 1996 de 2019 es un proceso t\u00e9cnico que pone a la persona con discapacidad en el centro para: (1) conocer su proyecto de vida o la mejor interpretaci\u00f3n de su voluntad y preferencias, (2) conocer los apoyos que requiere para el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica, (3) identificar las personas en su red que brindan o podr\u00edan brindar apoyos; y finalmente que su resultado es un informe que busca servir de insumo para las decisiones judiciales que formalizan apoyos a trav\u00e9s de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Con auto del 11 de marzo de 2022, se requiri\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Santander, Personer\u00eda Municipal de Bucaramanga, Gobernaci\u00f3n de Santander y Alcald\u00eda de Bucaramanga, para que en el plazo de 3 d\u00edas informaran acerca del cumplimiento de los dispuesto en el art. 11 de la Ley 1996 de 2019. <\/p>\n
2.1 Actuaci\u00f3n adelantada por Colfondos SA. <\/p>\n
Como s\u00edntesis de este aspecto, se constat\u00f3 que atendiendo a la p\u00e9rdida de capacidad laboral de Miguel Francisco Castro Arenas determinada por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Santander en un 67,71%, Colfondos SA otorg\u00f3 pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor del mencionado en un 25%, la cual suspendi\u00f3 hasta tanto se aportara sentencia de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo anterior, la Sala concluye que Colfondos SA al dejar en suspenso el pago de la mesada pensional reconocida a favor de Miguel Francisco Castro Arenas, privilegi\u00f3 la protecci\u00f3n a las personas discapacitadas en condiciones de igualdad, sin desconocer que el ciudadano cuenta con capacidad plena en el disfrute y ejercicio de sus derechos (art. 6 Ley 1996 de 2019), <\/p>\n
En efecto, Colfondos SA en comunicaci\u00f3n del 9 de agosto de 2021 evidenci\u00f3 que Miguel Francisco necesitaba de apoyo para el manejo \u00abde la mesada pensional\u00bb, determinaci\u00f3n que concuerda con los conceptos m\u00e9dicos rese\u00f1ados en el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral del 22 de enero de 2021. <\/p>\n
Es as\u00ed como la experticia se indica que Miguel Francisco no \u00abtiene capacidad de abstracci\u00f3n ni simbolizaci\u00f3n\u2026 Es dependiente para todas sus actividades b\u00e1sicas cotidianas\u2026 no es capaz de manejar sus bienes ni dinero, no tiene capacidad de autodeterminarse\u00bb (17 de enero de 2020 \u2013 Psiquiatra), con dependencia \u00abpara el 100% de sus actividades instrumentales y ejecutivas de la vida diaria\u2026 Actualmente paciente con discapacidad mental y f\u00edsica permanente no rehabilitable\u00bb (4 de enero de 2021 \u2013 Neurolog\u00eda), coeficiente de inteligencia \u00abcualitativamente en rango extremadamente bajo de la capacidad intelectual\u2026 requiere asistencia y supervisi\u00f3n\u00bb (6 de enero de 2021 \u2013 Evaluaci\u00f3n Cognitiva). Adem\u00e1s, en la valoraci\u00f3n del calificador en la experticia se dijo por la especialidad de psicolog\u00eda que Miguel Francisco con \u00abescolaridad segundo primaria\u00bb, que \u00abno maneja operaciones matem\u00e1ticas de forma precisa por lo cual no realiza manejo de dinero aunque reconoce la denominaci\u00f3n del billete\u00bb. <\/p>\n
Entonces, se advierte que la suspensi\u00f3n de la mesada pensional no desconoce que Miguel Francisco es una persona con capacidad plena. Lo que hizo Colfondos SA fue advertir que la persona se encontraba en una condici\u00f3n m\u00e9dica que hace necesaria la fijaci\u00f3n de una asistencia para el manejo del dinero, sin que por eso pueda pensarse en que se sustituye su capacidad de ejercicio; por el contrario, aunque la medida de apoyos formales no solo se limita al proceso judicial, sino que pueden presentarse otras (Ley 1996 de 2019), lo que se hizo efectivo con el actuar del Fondo de Pensiones fue evitar que se deje al ciudadano en la incertidumbre de que un tercero se aproveche y conculque sus derechos. Todo lo cual, atiende al prop\u00f3sito de la nueva legislaci\u00f3n, cuyos lineamientos prev\u00e9n, entre otros, apoyos a \u00abpersonas con discapacidad en el \u00e1mbito del patrimonio y del manejo del dinero\u00bb22 y, adem\u00e1s concuerda con el prop\u00f3sito de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto es, \u00abpromover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad\u00bb (art. 1), entreg\u00e1ndole un trato acorde a quien necesita de apoyo especial. <\/p>\n
En palabras de la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las personas en situaci\u00f3n de discapacidad gozan de protecci\u00f3n especial del Estado, se\u00f1alando, adem\u00e1s, que este debe procurarles un trato acorde con sus circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad\u00bb (C043-2017). <\/p>\n
En tal sentido, difiere la Sala del razonamiento expuesto por el Tribunal a quo cuando concedi\u00f3 el amparo y atribuy\u00f3 el agravio a Colfondos con sustento en los razonamientos contenidos en las sentencias T298-2020 y T098-2021, emitidas por la Sala Octava de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, respecto a dos personas en condici\u00f3n de discapacidad para el pago de sumas de dinero provenientes de la indemnizaci\u00f3n administrativa por v\u00edctima del conflicto armado y una pensi\u00f3n de sobrevivientes. Aunque en ambas se abre paso al amparo, la primera no desconoce la idoneidad del proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos para ese momento transitorios, solo que se evidenciaron circunstancia que hicieron patente la intervenci\u00f3n inmediata. <\/p>\n
Ahora, la segunda gir\u00f3 la argumentaci\u00f3n y reconoce la capacidad plena sin que sea necesario adelantar tr\u00e1mite alguno de adjudicaci\u00f3n de apoyos refiriendo que es potestativo del titular del acto, lo cual no comparte esta Sala, por cuanto se olvid\u00f3 en dicho an\u00e1lisis que la Ley 1996 de 2019 tambi\u00e9n prev\u00e9 la posibilidad de que un tercero acuda al tr\u00e1mite judicial de apoyos (art. 38), adem\u00e1s que estos componen la asistencia para la persona con discapacidad, sin que signifique de manera alguna sustituir el ejercicio de sus derechos. <\/p>\n
2.2 Proceso judicial 2021-00113-00 \u2013 Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga. <\/p>\n
Para abordar este punto, ha de indicarse en primer lugar, que el juez en el Estado Social de Derecho ha dejado de ser \u00abel \u2018frio funcionario que aplica irreflexivamente la ley\u2019, convirti\u00e9ndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta m\u00e1s all\u00e1 de las formas jur\u00eddicas, para as\u00ed atender la agitada realidad\u00bb23, asumiendo sus responsabilidades como servidor activo y protector de los derechos, cuyas tareas son: \u00ab(i) la obtenci\u00f3n del derecho sustancial; (ii) la b\u00fasqueda de la verdad\u00bb24. <\/p>\n
Entonces, los jueces de la Rep\u00fablica de Colombia, son los convocados a dirigir el proceso de forma recta, justa e igualitaria, enfocando su mirada a la justicia material, por eso de tiempo atr\u00e1s se han establecido unos mandamientos para los funcionarios (art. 153 Ley 270 de 1996), los que se trasladaron en gran parte al desarrollo de los procesos judiciales, actualmente previstos en el art. 42 del C.G. del P. <\/p>\n
– Acert\u00f3 el Juzgado accionado en la providencia del 8 de octubre de 2021 al adecuar el tr\u00e1mite del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorio (art. 54) al que tiene vocaci\u00f3n de permanencia (Cap\u00edtulo V Ley 1996 de 2019), por cuanto de esa manera privilegi\u00f3 las garant\u00edas convencionales, constitucionales y legales de las personas discapacitadas mayores de edad, razonamiento que comparte esta Sala teniendo en cuenta el deber del juez de la causa de dirigir el proceso, evitar su paralizaci\u00f3n o dilaci\u00f3n procurando la mayor econom\u00eda procesal (num. 1, art. 42 C.G. del P.). <\/p>\n
Pensar en contrario, ser\u00eda llegar a extremos como finalizar a partir del 27 de agosto de 2021 los procesos judiciales transitorios que estaban en curso imponiendo a las personas discapacitadas mayores de edad una carga desproporcionada que desconoce (i) la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional; (ii) el objeto de la Ley 1996 de 2019 de establecer medidas espec\u00edficas que garanticen el derecho de capacidad legal plena (art. 1); y (iii) el principio de \u00abaccedibilidad\u00bb de la mencionada ley, contenido tambi\u00e9n en la Convenci\u00f3n sobe los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 9), cuyo prop\u00f3sito es el de eliminar las barreras que dificultan el acceso a los servicios y derechos de las personas discapacitadas. <\/p>\n
– El Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga incurri\u00f3 en mora judicial injustificada25. <\/p>\n
En efecto, en la primera solicitud del 10 de junio de 2021 la demandante peticion\u00f3 se emitiera sentencia o el decreto de medida cautelar del art. 55 de la Ley 1996 de 2019 o \u00abla medida cautelar pertinente (innominada)\u00bb \u00faltimas dos dirigidas a que se le permitiera a la actora y a su hijo \u00abacceder al reconocimiento y pago de pensi\u00f3n de sobrevivientes y la afiliaci\u00f3n inmediata a la seguridad social\u00bb. Lo anterior, se reiter\u00f3 en escritos del 15 de julio, 12 y 30 de agosto y 24 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Sin embargo, el Juzgado accionado, en estos particulares aspectos solo se pronunci\u00f3 hasta el 8 de octubre de 2021 de forma parcial, por cuanto si bien dijo que dictar sentencia \u00abes inoportuno, ante la falta de cumplimiento de las etapas procesales\u00bb; lo cierto es que respecto a la medida cautelar solicitada por la v\u00eda del art. 55 o la innominada, ning\u00fan razonamiento esgrimi\u00f3. <\/p>\n
En tal sentido, es patente que el Juzgado (i) desconoci\u00f3 los t\u00e9rminos judiciales, por cuanto no obra constancia alguna de que la primera y dem\u00e1s solicitudes fueran ingresadas al despacho por parte del Secretario atendiendo a las directrices del art. 109 del C.G. del P., tampoco se resolvieron dentro del plazo de 10 d\u00edas fijado en el (art. 120 Ib.), dejando transcurrir casi 4 meses en absoluto silencio, con lo cual (i) incumpli\u00f3 el principio de celeridad (num. 726, art. 4 Ley 1996 de 2019); y (ii) desbord\u00f3 los par\u00e1metros del plazo razonable, al pretermitir la exposici\u00f3n de las razones que le llevaron a incurrir en la tardanza, m\u00e1xime cuando entre la fecha en que se radic\u00f3 la primera solicitud (10 de junio de 2021) y el d\u00eda en el que se profiri\u00f3 el auto (8 de octubre de 2021) no se advierte actividad procesal alguna por parte del juzgado que justifique la mora. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el funcionario judicial ha continuado con la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, cuando en el auto del 8 de octubre de 2021 guard\u00f3 silencio respecto al ruego de decreto de medida cautelar peticionado por la demandante, pues en este momento ning\u00fan pronunciamiento judicial reposa en el expediente. Luego, no puede permitir esta Corte que persista el agravio, cuando el despacho judicial accionado debi\u00f3 emitir un pronunciamiento al respecto, al d\u00eda siguiente de la presentaci\u00f3n de la solicitud cautelar (art. 588 C.G. del P.), en la que se involucran las garant\u00edas de una persona en condici\u00f3n de discapacidad, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 al funcionario judicial de la causa pronunciarse al respecto, teniendo en cuenta las directrices fijadas en esta providencia, para que materialice los derechos al m\u00ednimo vital, vida digna, salud, seguridad social y vida de Miguel Francisco Castro Acero, nombrando provisionalmente la persona de apoyo m\u00e1s id\u00f3nea. <\/p>\n
– Si bien de la revisi\u00f3n del enlace electr\u00f3nico contentivo del proceso judicial de apoyos se pudo evidenciar que con auto del 11 de marzo de 2022 el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga requiri\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Santander, Personer\u00eda Municipal de Bucaramanga, Gobernaci\u00f3n de Santander y Alcald\u00eda de Bucaramanga, para que en el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas le informaran acerca del cumplimiento de las directrices fijadas en el art. 11 de la Ley 1996 de 2019, lo cierto es que en caso de que dichas entidades manifiesten la imposibilidad de adelantar la valoraci\u00f3n de apoyos, podr\u00e1 el juzgador acudir al asistente social tal como se explic\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se modificar\u00e1 el ordinal primero de la sentencia impugnada, para conceder el amparo constitucional a favor de Miguel Francisco Castro Arenas respecto del Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, cuyas \u00f3rdenes se precisar\u00e1n en la parte resolutiva, por cuanto tienen como prop\u00f3sito el encausamiento del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, teniendo en cuenta todo lo aqu\u00ed expuesto; y se negar\u00e1 frente a Dorian Yan Castro Arenas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 15 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. En consecuencia, la parte resolutiva quedar\u00e1 de la siguiente manera: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, salud, vida, m\u00ednimo vital y vida digna de Miguel Francisco Castro Arenas respecto del Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juez Segundo de Familia de Bucaramanga para que en el t\u00e9rmino de Cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, adopte las determinaciones que sean necesarias a efectos de garantizar los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, vida digna, salud, seguridad social y vida de Miguel Francisco Castro Arenas, para que acceda al disfrute de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en un 25% reconocida por Colfondos SA, as\u00ed como a la afiliaci\u00f3n en salud ante Asmet Salud EPS, designando la persona de apoyo que provisionalmente resulte id\u00f3nea para asistirlo. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juez Segundo de Familia de Bucaramanga para que en el t\u00e9rmino de Cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, adopte las decisiones tendientes a realizar la valoraci\u00f3n de apoyos a Miguel Francisco Castro Arenas, atendiendo a las resultas del requerimiento efectuado por el juzgado el 11 de marzo de 2022, o aplicando los razonamientos que sobre el particular se expusieron en la parte motiva del presente fallo. <\/p>\n
SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional a Dorian Yan Castro Arenas. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00aben sede de tutela est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (CSJ STC, 15 mar. 2011, exp. 00003-01, reiterado en STC13655-2021). <\/p>\n
2\u0002 Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, Diario Oficial \u2013 D.O. 33780 del 5 de febrero de 1973. <\/p>\n
3\u0002 Ley 319 del 20 de septiembre de 1996, D. O. 42884 del 24 de septiembre de 1996. <\/p>\n
4\u0002 Ley 12 del 22 de enero de 1991, D. O. 39640 de la misma fecha. <\/p>\n
5\u0002 Sobre pol\u00edticas integrales para las personas con discapacidad en el \u00e1rea iberoamericana. <\/p>\n
6\u0002 Ley 762 del 31 de julio de 2002, D. O. 44889 del 5 de agosto de 2002. <\/p>\n
7\u0002 Ley 1346 del 31 de julio de 2009, D. O. 47427 de esa misma fecha. <\/p>\n
8\u0002 Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, D. O. 51433 de la misma calenda. <\/p>\n
9\u0002 (i) los grupos objeto de marginaci\u00f3n y discriminaci\u00f3n (art. 13), (ii) la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os (art. 44); (iii) la protecci\u00f3n integral de los adolescentes (art. 45); (iv) el cese de violencia contra las mujeres (art. 43); (v) el especial resguardo de las personas de la tercera edad (art. 46); (vi) el trabajo acorde a las condiciones de salud para quienes est\u00e1n en condici\u00f3n de minusval\u00eda (art. 54); (vii) la educaci\u00f3n de personas con deficiencias o capacidades excepcionales (art. 68). <\/p>\n
10\u0002http:\/\/svrpubindc.imprenta.gov.co\/diario\/index.xhtml;jsessionid=8e2939c9f797acbb5cb1bdcbccb0 <\/p>\n
11\u0002 Reiterado en SU696 de 2015 <\/p>\n
12\u0002 Citada por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, para se\u00f1alar que la filiaci\u00f3n al estar ligada al estado civil conforma tambi\u00e9n un atributo de la personalidad, sentencias STC6821 de 2015, STC10592-2016, STC-16342-2016, STC4018 de 2017, STC16969-2017, STC20659-2017, STC6356-2018, SC5418-2018, STC9536-2020, STC11216-2020, STC1509-2021. <\/p>\n
13\u0002 Citada tambi\u00e9n en STC10720-2017 <\/p>\n