STC4566-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4566-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01530-01 <\/p>\n
(aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 10 de agosto de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que, Javier Andr\u00e9s Carrizosa Camacho, en su calidad de Procurador 178 Judicial II Penal de Villavicencio, formul\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, tramite al que fueron citados el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio y la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz – JEP, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso penal radicado bajo el n\u00b0 500013107003200700073. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso [acceso a la administraci\u00f3n de justicia] de \u00abde la v\u00edctima\u00bb por cuanto, en el proceso relacionado, el Tribunal Superior de San Gil, declar\u00f3 el 19 de abril de 2021, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal seguida en contra del se\u00f1or Alcides Alarc\u00f3n Cruz, decisi\u00f3n que en su calidad de Procurador 178 Judicial II recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y se confirm\u00f3 el 14 de mayo subsiguiente. <\/p>\n
Relat\u00f3, que por hechos ocurridos en el a\u00f1o 2005 cuando Alcides Alarc\u00f3n Cruz se desempe\u00f1aba como sargento de la Polic\u00eda Nacional, se adelant\u00f3 proceso penal en su contra por los delitos de homicidio y fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, agravados con circunstancias de mayor punibilidad, en el que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio en sentencia de 22 de enero de 2009 lo conden\u00f3 a 480 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la defensa apel\u00f3 el mencionado fallo, recurso que si bien, inicialmente se asign\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, mediante Acuerdo PSCSJA17-10677 de 2017, pas\u00f3 a manos del Tribunal Superior de San Gil, por descongesti\u00f3n. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que el 22 de agosto de 2018 el condenado present\u00f3 una solicitud de sometimiento a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, lo que ocasion\u00f3 que el Tribunal accionado suspendiera la actuaci\u00f3n y trasladara el proceso a esa autoridad, posteriormente, mediante Resoluci\u00f3n de 10 de diciembre de 2019, la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas de la JEP, no acept\u00f3 la petici\u00f3n frente a los delitos por los que estaba siendo juzgado ante esa Corporaci\u00f3n decisi\u00f3n que apelada, confirm\u00f3 la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n, mediante auto de 26 de febrero de 2020. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, sin embargo, fue solo hasta el 17 de marzo de 2021 que la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal Superior de San Gil, autoridad que emiti\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada con esta tutela, por cuanto presenta un defecto material o sustantivo, por indebida aplicaci\u00f3n normativa y por desconocimiento del precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3 dejar sin efectos la decisi\u00f3n de 19 de abril de 2021, y, en su lugar, ordenarle a la Sala Penal del Tribunal accionado, que proceda a contabilizar nuevamente el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, teniendo en cuenta que el mismo estuvo suspendido desde el 22 de agosto de 2018, d\u00eda en que se present\u00f3 la solicitud de remitir el expediente a la JEP, y hasta el 17 de marzo de 2021, en el que se orden\u00f3 su devoluci\u00f3n a la justicia ordinaria. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, por su parte, manifest\u00f3 que emiti\u00f3 los autos de 19 de abril y 14 de mayo de 2021, mediante los cuales se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que se estaba ejerciendo en contra de Alcides Alarc\u00f3n Cruz. <\/p>\n
Asever\u00f3, que esas determinaciones se sustentaron en el hecho de que no pod\u00eda tenerse como suspendido el procedimiento en la justicia ordinaria, en tanto que la JEP no asumi\u00f3 el conocimiento del caso, ni emiti\u00f3 pronunciamiento alguno de cara a la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, y se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales de ninguna de las partes involucradas en el precitado proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas de la JEP manifest\u00f3 que, en efecto, conoci\u00f3 de la solicitud de sometimiento a esa jurisdicci\u00f3n presentada por el se\u00f1or Alcides Alarc\u00f3n Cruz y que, en el marco de ese caso, emiti\u00f3 una Resoluci\u00f3n el 10 de diciembre de 2019, por medio de la cual rechaz\u00f3 dicha petici\u00f3n, postura que fue confirmada por la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n del Tribunal para la Paz, en auto del 26 de febrero de 2020. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, afirm\u00f3 que, mediante Resoluci\u00f3n del 17 de marzo de 2021, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, para que el proceso continuara su curso en la justicia ordinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, indic\u00f3 que emiti\u00f3 sentencia condenatoria el 22 de enero de 2009; sin embargo, el 19 de abril de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por lo que en auto del d\u00eda 21 subsiguiente, libr\u00f3 boleta de libertad y, posteriormente, orden\u00f3 el archivo definitivo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Cincuenta Especializada de la Direcci\u00f3n Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, dijo que la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, al declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, no se encuentra adecuadamente justificada, en tanto que el conteo del t\u00e9rmino prescriptivo debe suspenderse durante el tiempo en que dicho proceso estuvo en estudio por parte de la JEP. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Alcides Alarc\u00f3n Cruz aleg\u00f3 que la presente acci\u00f3n constitucional es manifiestamente improcedente, en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad, por cuanto el accionante no interpuso todos los recursos y medios procesales ordinarios que estuvieron a su alcance, para hacer valer las pretensiones que ahora esgrime en sede de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, concedi\u00f3 el amparo, dej\u00f3 sin efectos los autos de 19 de abril y 14 de mayo de 2021, y le orden\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, que contabilizara el t\u00e9rmino prescriptivo mencionado, teniendo en cuenta el texto legal y los precedentes que disponen la suspensi\u00f3n de dicho t\u00e9rmino, a partir del momento en que el se\u00f1or Alcides Alarc\u00f3n Cruz present\u00f3 su solicitud de traslado a la JEP y hasta el d\u00eda en que dicha Corporaci\u00f3n fue notificada de la decisi\u00f3n por virtud de la cual la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas de la JEP determin\u00f3 no asumir el conocimiento del caso. <\/p>\n
Para arribar a esa determinaci\u00f3n, consider\u00f3 que las aludidas providencias soportan un defecto material o sustantivo, por falta de aplicaci\u00f3n del inciso 4\u00ba del art\u00edculo 47 de la Ley 1922 de 2018 y el inciso 2\u00ba del par\u00e1grafo 4\u00ba del art\u00edculo 63 de la Ley 1957 de 2018, as\u00ed como de un desconocimiento del precedente ordinario consignado en los autos AP2843 de 2019 y AP4515 de 2019, entre otros, lo que afect\u00f3 de manera flagrante el derecho fundamental al debido proceso de los sujetos procesales involucrados en el caso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el se\u00f1or Alarc\u00f3n Cruz para alegar que, para el 22 de agosto de 2018, cuando present\u00f3 su solicitud de sometimiento a la JEP, la Ley 1957 de 2018 no se encontraba vigente, pues la misma empez\u00f3 a regir a partir del 6 junio de 2019; asegur\u00f3 que \u00abno se [deb\u00eda] aplicar esta legislaci\u00f3n porque no era \u201cley preexistente\u201d para [ese] momento\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que su objetivo jam\u00e1s fue dilatar los t\u00e9rminos prescriptivos de la acci\u00f3n penal, y se\u00f1al\u00f3 vulnerado el art\u00edculo 29 Superior, el que ense\u00f1a \u00abque las Leyes desfavorables no se aplican; solo las favorables hacia el futuro\u00bb, destac\u00f3 adem\u00e1s, que el art\u00edculo 47 de la Ley 1922 de 2018, \u00abno debe aplicarse, [ya que] su t\u00edtulo se refiere al \u201cProcedimiento para los terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza p\u00fablica que manifiesten su voluntad de someterse a la JEP.\u201d\u00bb y en su caso, \u00e9l s\u00ed es un agente del estado integrante de la Fuerza P\u00fablica – Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
Finalmente, consider\u00f3 que la prescripci\u00f3n es una causal objetiva de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, como sanci\u00f3n al Estado por su inactividad, y que una vez decretada no debe ser \u00abreversable\u00bb -sic-. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Acorde con la invariable l\u00ednea jurisprudencial reiterada por esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela no procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, a fin de darle prevalencia a los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, esto es, la autonom\u00eda e independencia de la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como el derecho sustancial y el imperio de la Ley, entre otros. <\/p>\n
Sin embargo, en aquellos casos en los que el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario, claramente opuesto a la ley o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, es posible activar el mecanismo, previo el cumplimiento de sendos requisitos [generales y espec\u00edficos1] que demuestren la imperiosa necesidad de la intervenci\u00f3n del juez de la tutela para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El impugnante acudi\u00f3 inconforme con la interpretaci\u00f3n expuesta por la autoridad de primer grado, frente a las Leyes 1922 y 1957 de 2018, por cuanto, mientras la primera -seg\u00fan su criterio- no aplica en su caso particular, por cuanto hace referencia los \u00abagentes del Estado no integrantes de la fuerza p\u00fablica\u00bb, y que el mismo pertenece a esta \u00faltima, la segunda, tan solo cobr\u00f3 vigencia hasta el 6 de junio de 2019, es decir, con posterioridad a la fecha en la que el mismo manifest\u00f3 su sometimiento a la JEP [22 de agosto de 2018] por lo que ninguna de las anteriores podr\u00eda aplicarse para resolver su situaci\u00f3n particular, dado que ambas lo afectan. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al respecto, m\u00edrese bien que, aunque el art\u00edculo 47 de la Ley 1922 de 2018 se\u00f1ala que su procedimiento aplica para \u00abterceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza p\u00fablica que manifiesten su voluntad de someterse a la JEP\u00bb, no menos lo es que el tema planteado ya fue desarrollado por la m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia penal2, sin que la distinci\u00f3n anotada por el quejoso tuviese alg\u00fan especial tratamiento para casos particulares, dado que no existe una raz\u00f3n aparentemente v\u00e1lida para inaplicar lo ordenado por el Legislador, en casos de miembros de las Fuerzas Armadas o de la Polic\u00eda Nacional condenados por delitos, como en el caso del promotor de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Dicha postura resulta razonable para esta Sala, en la medida en que no puede permitirse que las peticiones elevadas en virtud de la normativa en comento se conviertan en una patente para dilatar las instituciones procesales, en especial, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, en detrimento de las v\u00edctimas que esperan pronta y cumplida justicia, la verdad y su reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Debe tener en cuenta el inconforme, que no existe un procedimiento especial para su caso en particular, por lo que es claro que su petici\u00f3n, desde el momento en que fue presentada, solo podr\u00eda tener fundamento en el precitado art\u00edculo 47, el que en su inciso cuarto se\u00f1ala, expresamente, que \u00abLa actuaci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, incluyendo la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, se suspender\u00e1 a partir del momento que se formule la solicitud de sometimiento a la JEP y hasta tanto esta asuma competencia.\u00bb, y no como erradamente lo interpret\u00f3 el Tribunal Superior de San Gil, esto es, en el momento en el que la JEP asumiera el conocimiento del caso. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por otra parte, no puede perderse de vista que, aunque la Ley 1957 de 2018 entr\u00f3 en vigor hasta el 6 de junio de 2019, es claro que el inciso 2\u00b0, par\u00e1grafo 4\u00b0 de su art\u00edculo 63, en la parte pertinente, lo \u00fanico que hizo fue replicar, con exactitud, lo referido en la norma transcrita en l\u00edneas precedentes. De modo que, aplicada una u otra disposici\u00f3n, el resultado terminar\u00eda siendo el mismo, esto es, que el aludido t\u00e9rmino prescriptivo se suspender\u00eda desde el momento en el que el enjuiciado elevara su petici\u00f3n de someterse a la JEP, hasta el momento en el que esta decidiera, sin distinci\u00f3n alguna en cuanto a su calidad. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En ese orden, surge que, ciertamente, las providencias acusadas de violatorias del derecho fundamental al debido proceso, proferidas por el Cuerpo Colegiado accionado, s\u00ed incurrieron en los defectos explicados en la presente acci\u00f3n, lo que claramente ameritaba la incursi\u00f3n del Juez de la tutela para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Consecuencia de todo lo anterior es que se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Los muchos fallos de tutela proferidos con base en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, entre otros, las Sentencias de 3 de marzo de 2011, Rad. 00329-00 de la CSJ y SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012 de la C.C. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Autos AP2843 de 2019 y AP4515 de 2019. <\/p>\n
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STC4566-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4566-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01530-01 (aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 10 de agosto de 2021, proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62790","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62790","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62790"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62790\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62790"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62790"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}