STC4571-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4571-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01668-01 <\/p>\n
(Aprobado en veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo constitucional proferido el 27 de octubre de 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que Alexyo Alfonso Rivera Bovea promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, los Juzgados Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, Cincuenta y Tres Penal del Circuito y Cuarenta Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, y las Fiscal\u00edas 340 y 359 Seccionales, todos de esta ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad e igualdad, presuntamente vulnerados por los accionados, en el proceso penal que se adelanta en su contra, bajo radicado CUI 110016000017201605780. <\/p>\n
En compendio sostuvo que, el 20 de abril de 2016 la Fiscal\u00eda 359 seccional de Bogot\u00e1, le imput\u00f3 cargos por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con fabricaci\u00f3n y porte o tenencia de armas de fuego o municiones, y el Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, profiri\u00f3 el 16 de marzo 2017 sentencia en su contra. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, con fundamento en lo dispuesto en los art\u00edculos 534 y 539 de la Ley 1826 de 2017, radic\u00f3 ante el Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, solicitud de redosificaci\u00f3n del quantum de la pena de prisi\u00f3n, petici\u00f3n que, negada en marzo de 2018, confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 26 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Adujo que, las nombradas autoridades judiciales para no acceder a su petici\u00f3n, afirmaron que el delito \u00abse cometi\u00f3 en establecimiento abierto al p\u00fablico que es la figura de el numeral 11 del art\u00edculo 241\u2026 para no acceder al numeral 10 del mencionado art\u00edculo\u2026\u00bb, pasando por alto que la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha establecido que las rebajas originadas en la nombrada codificaci\u00f3n son aplicables, por favorabilidad a los condenados por los delitos all\u00ed enlistados cuando medie allanamiento a cargos, en casos de flagrancia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abSe ordene a los accionados que se estudie de fondo (\u2026) la redosificaci\u00f3n seg\u00fan la ley 1826 de 2017 en sus art\u00edculos 534 y 539 en su numeral 10 del art\u00edculo 241 de la ley 599 de 2000, al cual tengo pleno derecho por lo explicado anteriormente y se me conceda a mi favor la rebaja de pena de la tercera parte de la condena como lo estipula la ley antes en menci\u00f3n\u00bb (sic). <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que, mediante providencia de 26 de noviembre de 2019, confirm\u00f3 el auto emitido el 28 de marzo de 2018 por el Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que neg\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la pena, y del contenido de la decisi\u00f3n se puede verificar que se encuentra ajustada a derecho y que al accionante no se le vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas refiri\u00f3 que en el proceso penal seguido en contra de Alexyo Alfonso Rivera Bovea adelant\u00f3 las audiencias preliminares, y destac\u00f3 que el acusado \u00abno acept\u00f3 los cargos formulados por el ente Fiscal (hurto calificado y agravado -239, 240 inc. 2, 241 No. 10 y 11 del C.P.- en concurso con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego agravado -365 No. 5 del C.P.-)\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, tras relatar las actuaciones all\u00ed surtidas, refiri\u00f3 que las mismas se adelantaron con observancia de las leyes y de las garant\u00edas fundamentales del actor. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 340 Seccional expuso que, conforme al fallo emitido por el Juez Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento, se puede concluir que la calificaci\u00f3n tenida en cuenta por el juez de ejecuci\u00f3n de penas para negar el beneficio pretendido por el demandante fue la que finalmente se realiz\u00f3 y fue aceptada de manera libre por Rivera Bovea, en presencia de su defensor. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
\u00ab(\u2026) No obstante, al incursionar en el estudio de fondo, la Corte encuentra que ALEXYO ALFONSO RIVERA BOVEA no demostr\u00f3 que se configure alguno de los defectos citados en precedencia, que estructure la denominada v\u00eda de hecho, es decir, no acredit\u00f3 que las providencias reprobadas, est\u00e9n fundadas en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Y es que, si bien el art\u00edculo 539 de la Ley 906 de 2004, implementado mediante el art\u00edculo 16 de la Ley 1826 de 2017, conlleva un tratamiento m\u00e1s benigno, dado que permite una disminuci\u00f3n de hasta la mitad de la pena a imponer en casos de flagrancia, el canon 10 ib\u00eddem 3 -534 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2004-, reglament\u00f3 el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de dicho cuerpo normativo, determinando que las reglas jur\u00eddicas contenidas para este tipo especial de procedimiento sancionatorio, solo resultan aplicables frente a las conductas punibles all\u00ed inscritas: <\/p>\n
1. Las que requieren querella para el inicio de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
2. Lesiones personales a las que hacen referencia los art\u00edculos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 y 120 del C\u00f3digo Penal; Actos de Discriminaci\u00f3n (C.P. art\u00edculo 134A), Hostigamiento Agravados (C.P. art\u00edculo 134C), violencia intrafamiliar (C.P. art\u00edculo 229), inasistencia alimentaria (C.P. art\u00edculo 233) hurto (C.P. art\u00edculo 239); hurto calificado (C.P. art\u00edculo 240); hurto agravado (C.P. art\u00edculo 241), numerales del 1 al 10; estafa (C.P. art\u00edculo 246); abuso de confianza (C.P. art\u00edculo 249); corrupci\u00f3n privada (C. P. art\u00edculo 250A); administraci\u00f3n desleal (C.P. art\u00edculo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C.P. art\u00edculo 251); utilizaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n privilegiada en particulares (C.P. art\u00edculo 258); los delitos contenidos en el T\u00edtulo VII Bis, para la protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n y los datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado; violaci\u00f3n de derechos morales de autor (C.P. art\u00edculo 270); violaci\u00f3n de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (C.P. art\u00edculo 271); violaci\u00f3n a los mecanismos de protecci\u00f3n de derechos de autor (C.P. art\u00edculo 272); falsedad en documento privado (C.P. art\u00edculos 289 y 290); usurpaci\u00f3n de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades vegetales (C.P. art\u00edculo 306); uso ileg\u00edtimo de patentes (C.P. art\u00edculo 307); violaci\u00f3n de reserva industrial y comercial (C.P. art\u00edculo 308); ejercicio il\u00edcito de actividad monopol\u00edstica de arbitrio rent\u00edstico (C.P. art\u00edculo 312). <\/p>\n
En caso de concurso entre las conductas punibles referidas en los numerales anteriores y aquellas a las que se les aplica el procedimiento ordinario, la actuaci\u00f3n se regir\u00e1 por este \u00faltimo. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Este procedimiento aplicar\u00e1 tambi\u00e9n para todos los casos de flagrancia de los delitos contemplados en el presente art\u00edculo\u00bb <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Huelga concluir, entonces, que los beneficios punitivos que se desprenden de la aplicaci\u00f3n de la Ley 1826 de 2017 no resultan aplicables para delitos distintos a los enlistados en ese dispositivo procedimental (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Puesta en conocimiento de manera personal al accionante la anterior determinaci\u00f3n, en el acta de notificaci\u00f3n manifest\u00f3 \u00abimpugnaci\u00f3n y sustentaci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual, fueron remitidas las presentes diligencias a esta Sala el pasado 29 de marzo de 2022 para desatar la impugnaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Carta Pol\u00edtica de 1991 estableci\u00f3 un procedimiento preferente y sumario para la acci\u00f3n de tutela, con el fin de asegurar agilidad, oportunidad y prontitud en el tr\u00e1mite de la protecci\u00f3n inmediata y eficaz de los derechos fundamentales de las personas (C.P., art. 86). <\/p>\n
En ese orden, la informalidad, entendida como la reducci\u00f3n de los requisitos y formas, rige, entre otros aspectos, el derecho a impugnar el fallo de tutela, con el fin de que el superior verifique tanto el cumplimiento de los presupuestos b\u00e1sicos de la acci\u00f3n, como el sometimiento por parte del inferior en su decisi\u00f3n, a los mandamientos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y las normas legales que la desarrollen. <\/p>\n
\u00abNinguna norma constitucional ni legal exige que quien impugne sustente la impugnaci\u00f3n. La expresi\u00f3n \u00abdebidamente\u00bb, utilizada por el art\u00edculo 32 que se acaba de citar, debe entenderse referida al t\u00e9rmino para impugnar, \u00fanico requisito de \u00edndole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del relativo a la competencia del juez, establecido por la propia Constituci\u00f3n. Este car\u00e1cter simple de la impugnaci\u00f3n es concordante con la naturaleza preferente y sumaria que la Constituci\u00f3n atribuye a la acci\u00f3n de tutela y con la informalidad que, en consecuencia, subraya el art\u00edculo 14 del Decreto 2591 para la presentaci\u00f3n de la solicitud, cuando establece inclusive que al ejercitar la acci\u00f3n \u00abno ser\u00e1 indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado (…)\u00bb (Sentencia T- 459 de 1992) <\/p>\n
Pese a que el accionante, no manifest\u00f3 los reparos de inconformidad frente al fallo de primer grado, pues simplemente en el acta de notificaci\u00f3n expres\u00f3 \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb; lo cierto es que, conforme a la normativa citada en p\u00e1rrafos precedentes, corresponde a esta Sala estudiar el caso concreto para as\u00ed determinar si la decisi\u00f3n adoptada por el a quo se ajusta a derecho o, por el contrario, existe la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales tra\u00eddos a este escenario por el actor. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso objeto de estudio y de cara a los hechos narrados en el escrito de tutela, advierte esta Sala la improsperidad del amparo por inobservancia del presupuesto de inmediatez, dado que el amparo fue formulado el 14 de octubre de 2020, y la providencia que cuestiona por esta v\u00eda extraordinaria al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Penal data del 26 de noviembre de 2019, super\u00e1ndose el t\u00e9rmino de seis (6) meses, estimado como suficiente para concurrir tempestivamente a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u00ab[S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 y recientemente en STC1526-2022). <\/p>\n
3. No obstante, y aun dejando de lado lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada por el fallador constitucional de primer grado no merece reproche alguno, en tanto que, en la providencia se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de las normas que rigen en materia penal para los delitos por los cuales fue acusado el accionante, arribando a la conclusi\u00f3n que la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se ajusta a derecho. <\/p>\n
V\u00e9ase como, el actor constitucional, fue condenado mediante Sentencia del 16 de marzo de 2017, proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, a una pena de 165 meses de prisi\u00f3n por los punibles de hurto calificado agravado, en concurso homog\u00e9neo con tentativa de hurto calificado agravado y, en concurso heterog\u00e9neo con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. <\/p>\n
La ejecuci\u00f3n de dicha condena correspondi\u00f3 al Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, autoridad ante la que el se\u00f1or Alexyo Alfonso Rivera Bovea solicit\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la pena, es decir, la reducci\u00f3n del 50% de la sanci\u00f3n, fundamentando la misma en lo establecido en la ley 1826 de 2017, por aceptaci\u00f3n de cargos en los casos de captura en flagrancia, petici\u00f3n que fue negada en auto de 28 de marzo de 2018. [Derivado expediente digital. Archivo 1113308 REPARTO. Im\u00e1genes 28, 38 y 39]. <\/p>\n
Apelada la anterior determinaci\u00f3n por el aqu\u00ed accionante, la confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad en auto del 26 de noviembre de 2019, tras considerar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De otro lado, la Ley 1826 de 2017 incorpor\u00f3 al procedimiento penal colombiano la figura de acusador privado donde enlist\u00f3 ciertas conductas punibles entre las cuales se encuentran las de \u201churto (C.P. art\u00edculo 239); hurto calificado (C.P. art\u00edculo 240); hurto agravado (C.P. art\u00edculo 241), numerales del 1 al 10\u201d y dispuso que en caso de aceptaci\u00f3n de cargos, incluidos los de captura en flagrancia \u201cdar\u00e1 lugar a un beneficio punitivo hasta la mitad de la pena\u201d si se hace antes de la audiencia concentrada y, \u201cde una tercera parte\u201d si se hace una vez instalada dicha audiencia equivalentes a las audiencias de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y preparatoria del tr\u00e1mite ordinario(art\u00edculos 541 y 542 C.P.P.) <\/p>\n
Del expediente se tiene que, el 20 de abril de 2016, ante el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, la Fiscal\u00eda formul\u00f3 imputaci\u00f3n en contra de Alexyo Alfonso Rivera Bovea como autor de los delitos de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, agravado en concurso heterog\u00e9neo con hurto calificado y agravado previstos en los art\u00edculos 239, 240 inciso 2\u00b0, 241 numeral 10 y 11, 365 numeral 5 y 31 del C\u00f3digo Penal. Cargos que no acept\u00f3 el endilgado. <\/p>\n
Posteriormente en audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, llevada a cabo el 5 de septiembre del mismo a\u00f1o, la Fiscal\u00eda adicion\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n en el sentido de acusar al procesado, adem\u00e1s, por el delito de tentativa de hurto calificado y agravado. Asimismo, puntualiz\u00f3 que eliminar\u00eda la agravante del punible previsto en el art\u00edculo 365 ibidem. <\/p>\n
As\u00ed la cosas, se tiene que Rivera Bovea fue acusado y sentenciado por el concurso de tres conductas punibles, dos de ellas que no se encuentran entre las enlistadas por el art\u00edculo 534 de la ley 906 de 2004, que establece el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n para el procedimiento especial abreviado, esto es, hurto calificado agravado por el numeral 11 del art\u00edculo 241 y fabricaci\u00f3n, porte o tenencia de armas del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
Por lo que, trat\u00e1ndose de delitos que no se encuentran regulados por dicha figura, debe seguirse con el tr\u00e1mite ordinario, seg\u00fan lo establece el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 534 ibidem, que fuere adicionado por el art\u00edculo 10\u00b0 de la ley 1826 de 2017: \u201cen caso de concurso entre las conductas punibles referidas en los numerales anteriores y aquellas a las que se les aplica el procedimiento ordinario, la actuaci\u00f3n se regir\u00e1 por este \u00faltimo\u201d, como en efecto se hizo. <\/p>\n
Por consiguiente, en el asunto de la especie, no es procedente la aplicaci\u00f3n del descuento previsto por la normativa en comento dado lo anteriormente expuesto, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que Rivera Bovea se allan\u00f3 a cargos en audiencia preparatoria, por lo que, en todo caso, dada la etapa procesal, tampoco se har\u00eda acreedor del descuento de hasta la mitad de la pena que depreca, como bien lo defini\u00f3 el a quo\u00bb <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 1113308 REPARTO. Im\u00e1genes 31 a 37]. <\/p>\n
4. Ante tal panorama, se advierte que la determinaci\u00f3n censurada por el accionante no merece reproche alguno, pues la decisi\u00f3n se tom\u00f3 con fundamento a lo establecido en el C\u00f3digo Penal y de Procedimiento Penal, conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del condenado; providencia que explic\u00f3 de manera clara por qu\u00e9 no se pod\u00eda acceder a la redosificaci\u00f3n de la pena, respetando las garant\u00edas fundamentales del peticionario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas no hay como endilgar responsabilidad a las autoridades accionadas, en tanto que, en sus providencias analizaron el caso en concreto de cara a la ley 906 de 2004 y ley 1826 de 2017, para arribar a la conclusi\u00f3n de que no era procedente la rebaja solicitada por el peticionario. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha predicado que la acci\u00f3n de tutela por su car\u00e1cter residual y subsidiario no est\u00e1 llamada a revisar las resoluciones de las autoridades y en especial de los jueces, a menos que, sea manifiesta la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales reclamadas, esto es, que se trate de un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, pues no cualquier disentimiento tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo expresado, se ratificar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4571-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4571-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01668-01 (Aprobado en veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo constitucional proferido el 27 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62794","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62794","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62794"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62794\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}