STC4573-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4573-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00976-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Naida Luz Montero Vizca\u00edno contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abrestituci\u00f3n\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) present\u00f3, en representaci\u00f3n de Roberto Antonio Lidue\u00f1a Hern\u00e1ndez, Carlos Miguel Fonnegra Piedrahita, Br\u00edgida Vizca\u00edno Pertuz y Manuel Esteban Lobo Venera, solicitudes acumuladas de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas (radicado 2014-00043), con la finalidad de obtener la devoluci\u00f3n de los inmuebles denominados \u00ablas miradas\u00bb, \u00abel para\u00edso\u00bb, \u00abni\u00e1gara\u00bb y \u00abloma fresca\u00bb, ubicados en las veredas Santa Rita, Sacramento y Santuario, de los corregimientos de Bellavista y Santa Rosa de Lima, del municipio de Fundaci\u00f3n (Magdalena), tr\u00e1mite en el que Jilver Alfonso Chinchilla Gait\u00e1n, Prisco Tom\u00e1s Salazar Vergara, Algemiro Quintos S\u00e1nchez y Fabio de Jes\u00fas Campo Ospino, fungieron como opositores. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 30 de agosto de 2018, el Tribunal orden\u00f3 la restituci\u00f3n material de los inmuebles en litigio a los reclamantes, al tiempo que, reconoci\u00f3 la calidad de segundos ocupantes de los opositores, ordenando la entrega de un inmueble de mejores o similares caracter\u00edsticas o el ofrecimiento de otras alternativas, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de un proyecto productivo para ellos. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 la actora que, en calidad de hija de Br\u00edgida Vizca\u00edno Pertuz, el 28 de febrero de 2017 radic\u00f3 poder para actuar en su representaci\u00f3n, sin embargo dicho memorial no fue atendido en tiempo, y su progenitora falleci\u00f3 el 7 de noviembre siguiente; que en diversas ocasiones se traslad\u00f3 a las instalaciones del despacho con el fin de indagar por la entrega del fundo, encontrando que, previa reuni\u00f3n preparatoria con los segundos ocupantes, el despacho fij\u00f3 como fecha de entrega de los predios el 27 de agosto de 2019, empero, pese a la falta de enteramiento, conoci\u00f3 que con prove\u00eddo de 28 de agosto de esas calendas, se \u00abhab\u00eda aplazado indefinidamente la entrega o restituci\u00f3n de los predios, argumentando que la Unidad de Restituci\u00f3n se encontraba en mora en el cumplimiento de las medidas compensatorias a los segundos ocupantes \u201csin ninguna definici\u00f3n a corto plazo, que garantice los derechos de los segundos ocupantes reconocidos en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que \u00abdespu\u00e9s de trascurridos 15 meses desde que el juzgado accionado aplazara indefinidamente la entrega material de los predios\u00bb, el 3 de marzo de 2021 se adelant\u00f3 la entrega del predio \u00ablas miradas\u00bb, sin embargo, respecto del fundo denominado \u00abni\u00e1gara\u00bb, el cual corresponde al de su inter\u00e9s, pese a que el segundo ocupante \u00abPrisco Salazar quien es adulto mayor y padece de diabetes, hace a\u00f1os no se encuentra en posesi\u00f3n del inmueble debido a [su] condici\u00f3n, dej\u00f3 en dicho predio a su hijo\u2026 Guillermo Salazar\u00bb, que con su apoderada ingresaron \u00abmenores de edad y mujeres embarazadas, para oponerse a la entrega\u00bb, raz\u00f3n por la que el despacho aplaz\u00f3 tal diligencia \u00abcondicionando a que en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas deber\u00eda, tanto la Unidad de Restituci\u00f3n haber efectuado el informe y la caracterizaci\u00f3n del predio, como la Alcald\u00eda de Fundaci\u00f3n brindar el subsidio de arriendo a\u2026 Prisco [S]alazar y a los otros segundos ocupantes de los predio Loma Fresca y El Para\u00edso\u00bb. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que, promovi\u00f3 una primera solicitud de amparo, pues pese a sus m\u00faltiples peticiones, las que tambi\u00e9n ha incoado con su hermano Manuel Jos\u00e9 Montero Vizca\u00edno \u00abquien funge como heredero de la sucesi\u00f3n intestada de [sus], padres Manuel Jos\u00e9 Montero Calvo y Br\u00edgida Vizca\u00edno Pertuz\u00bb, el Juzgado no se hab\u00eda pronunciado al respecto, ni ha fijado fecha para adelantar la diligencia de entrega del inmueble; que dicha acci\u00f3n de tutela fue denegada por hecho superado, pues con auto de 13 de septiembre de 2021, se fij\u00f3 diligencia de desalojo para los d\u00edas 23, 24 y 25 de noviembre siguiente, al tiempo que exhort\u00f3 a las autoridades con el fin de adelantar las diligencias pertinentes de cara a la materializaci\u00f3n de las \u00f3rdenes contenidas en el fallo de 30 de agosto de 2018. <\/p>\n
2.6. Manifest\u00f3 que con auto que le fue \u00abnotificado por correo electr\u00f3nico el d\u00eda 22 de noviembre de 2021\u00bb se suspendi\u00f3 \u00abde manera indefinida\u00bb la diligencia de entrega que estaba programada para el d\u00eda siguiente, pues las garant\u00edas de los segundos ocupantes no estaban satisfechas; que con prove\u00eddo de 22 de noviembre de ese a\u00f1o, el Tribunal \u00abautori[z\u00f3] al GRUPO COJAI UAEGRTD (FONDO DE LA UAEGRTD) entrega a los se\u00f1ores FABIO DE JES\u00daS CAMPO OSPINO, JILVER CHINCHILLA GAIT\u00c1N, PRISCO TOM\u00c1S SALAZAR VERGARA y ALGEMIRO QUINTERO S\u00c1NCHEZ, medida de car\u00e1cter econ\u00f3mico en lugar de la entrega de UAF predial y proyecto productivo ordenada en la sentencia de\u2026 30 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que en diversas ocasiones solicit\u00f3 se fijara la diligencia de entrega, que el 28 de febrero de 2022 el Juzgado requiri\u00f3 a la alcald\u00eda de Fundaci\u00f3n para que informara si ya hab\u00eda brindado el subsidio de arrendamiento a Prisco Salazar y Fabio Ocampo, determinaci\u00f3n que, deduce, \u00abno es congruente\u2026 pues Fabio Ocampo fue el \u00fanico que restituy\u00f3 el predio el 03 de marzo de 2021 y deja por fuera a los segundo ocupantes de los predios Loma Fresca y El Para\u00edso, se\u00f1ores Algemiro Quintero S\u00e1nchez y Jilver Chinchilla\u2026; por otro lado, resulta incoherente la entrega del subsidio de arrendamiento cuando ya se ha autorizado la medida de car\u00e1cter econ\u00f3mico\u00bb. <\/p>\n
2.8. Anot\u00f3 que \u00abel Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, con su actitud pasiva est\u00e1 desacatando e incumpliendo el fallo de 28 de agosto de 2018\u00bb, asimismo, \u00abel Tribunal\u2026 tampoco ha dado tr\u00e1mite a los memoriales que la accionante ha radicado ante la secretar\u00eda, no obstante de que este nuevo a\u00f1o pus[o] en conocimiento\u2026 que en el predio El Ni\u00e1gara se ha venido haciendo desforestaci\u00f3n continua desde el a\u00f1o anterior por parte de los familiares del se\u00f1or Prisco Salazar, con el consecuente perjuicio para los restituidos, sin que a la fecha hayan tomado medidas por parte de esta Sala, ya que aun conservan la competencia\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que los estrados judiciales han incumplido las disposiciones del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, pues, no han dado cumplimiento de inmediato, situaci\u00f3n que vulnera las prerrogativas invocadas, por lo que pide, se ordene, de manera inmediata, el predio objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena manifest\u00f3 que ha realizado actuaciones tendientes a materializar la entrega del bien, sin embargo, es al Juzgado a quien le corresponde llevar a cabo la diligencia de entrega; que el 22 de noviembre de 2021 autoriz\u00f3 al Fondo de la UAEGRTD entregar a favor de los segundos ocupantes medida de car\u00e1cter econ\u00f3mico, en raz\u00f3n a que la negociaci\u00f3n con la UAF fue infructuosa, situaci\u00f3n que facilita la entrega material de los predios y el desalojo de los ocupantes; que con auto de 7 de abril de 2022 exhort\u00f3 al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, para que en un plazo m\u00e1ximo de 1 mes cumpla la comisi\u00f3n de entrega, haciendo uso de sus poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n en caso de que se presente alg\u00fan incumplimiento, asimismo, a la UAEGRTD la entrega de medidas transitorias a favor de los segundos ocupantes desde el momento en que se efect\u00fae la entrega hasta que se materialice la medida que les fue reconocida; pidi\u00f3 denegar la salvaguarda, reiterando que, la diligencia de entrega est\u00e1 en cabeza del Juzgado. <\/p>\n
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2. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta relat\u00f3 las actuaciones adelantadas tendientes a la entrega del predio; anot\u00f3 que fij\u00f3 para los d\u00edas 29 y 30 de agosto de 2019 la entrega de los fundos, no obstante, ante \u00abla mora y sin ninguna definici\u00f3n a corto plazo que garantice los derechos de los segundos ocupantes\u00bb aplaz\u00f3 tal diligencia; que luego de que el Fondo de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras informara al Tribunal que los segundos ocupantes quer\u00edan optar por el pago de la compensaci\u00f3n en suma de dinero, fij\u00f3 la entrega para el 26 y 27 de marzo de 2020, no obstante, la misma fue aplazada por la emergencia sanitaria como consecuencia del Covid 19; que el 15 de julio de 2020 neg\u00f3 la petici\u00f3n de entrega formulada por la actora, habida cuenta de que s\u00f3lo a trav\u00e9s del acuerdo PCSJA20-11632 de 30 de septiembre de 2020 se autoriz\u00f3 a los funcionarios judiciales realizar algunas diligencias de campo; que en diligencia adelantada el 2 de marzo de 2021 se logr\u00f3 la entrega del predio \u00ablas miradas\u00bb a favor de Roberto Liduenas, sin embargo, respecto del fundo \u00abel ni\u00e1gara\u00bb encontr\u00f3 8 personas entre ellas un adulto mayor y dos menores de edad, por lo que no pod\u00eda adelantar el desalojo, \u00abm\u00e1xime cuando la Alcald\u00eda de Fundaci\u00f3n no ha cumplido con la orden del Tribunal de entregarle un subsidio de arriendo en condiciones dignas y asistencia alimentaria para\u2026 Prisco Salazar Vergara y su respectivo n\u00facleo familiar\u00bb, sumado a que, en dicha almoneda Prisco Salazar manifest\u00f3 su voluntad de entregar voluntariamente, previo cumplimiento de las medidas otorgadas a su favor. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 22 de julio de 2021 \u00abdetermin\u00f3 abstenerse de fijar fecha para las diligencias de desalojo y entrega material de los predios restituidos, comoquiera que el Municipio de Fundaci\u00f3n donde se encuentran ubicados los predios a entregar, present\u00f3 una alta afectaci\u00f3n ALTA DE COVID-19\u00bb, sumado a que para esas calendas no contaba con el acompa\u00f1amiento del ESMAD y el ESMOR, por cuanto estaban atendiendo las protestas generadas en Cali. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que con prove\u00eddo de 13 de septiembre de 2021 fij\u00f3 fecha para adelantar la diligencia de desalojo y entrega material de los predios para los d\u00edas 23, 24 y 25 de noviembre siguiente, empero, el d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o, previo a la diligencia, la suspendi\u00f3, toda vez que, las prerrogativas de los segundos ocupantes no estaba garantizada, pues el Municipio de Fundaci\u00f3n no brind\u00f3 los subsidios de vivienda y asistencia alimentaria; que el 22 de noviembre de 2021 pidi\u00f3 al Tribunal adoptar medidas pertinentes a reconvenir con las autoridades pertinentes por la inobservancia a las \u00f3rdenes del fallo de 30 de agosto de 2018. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 28 de febrero de 2022 requiri\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de Fundaci\u00f3n para que informara si ya hab\u00eda brindado el subsidio de arriendo en condiciones digas y asistencia alimentaria a Prisco Tomas Salazar y Fabio de Jes\u00fas Campo, as\u00ed como, conmin\u00f3 al Grupo Fondo de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, para que rindiera informe sobre el avance a la compensaci\u00f3n de los segundos ocupantes, empero, a fecha, no ha recibido respuesta; destac\u00f3 que \u00abha hecho todo lo posible por cumplir con el despacho comisorio encomendado pero se requiere que todas las entidades implicadas cumplan con las \u00f3rdenes a su cargo\u00bb, adem\u00e1s que, la diligencia de noviembre de 2021 no la suspendi\u00f3 por mero capricho, solo que debe garantizar las principios de las partes y evitar que se genere una confrontaci\u00f3n entre ellas. <\/p>\n
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3. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que, la competencia para dar cumplimiento al fallo, recae en el Tribunal accionado y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta. <\/p>\n
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4. La Unidad Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD relat\u00f3 las actuaciones adelantadas por esa entidad para dar cumplimiento al fallo; indic\u00f3 que con oficio URT-GCOJAI-01986 de 7 de abril 2022 le solicit\u00f3 al Tribunal requerir al IGAC para que efect\u00fae la valoraci\u00f3n del predio, con el fin de garantizar el derecho reconocido al segundo ocupante; refiri\u00f3 que Prisco Tom\u00e1s Salazar en la actualidad no est\u00e1 explotando econ\u00f3micamente el predio, por lo que el Tribunal puede comisionar la entrega; pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
5. La Agencia Nacional de Tierras manifest\u00f3 que los predios objeto de litis, fueron adjudicados por el extinto incoder, por lo que salieron de dominio del estado, de ah\u00ed que, carece de legitimaci\u00f3n para realizar actuaciones encaminadas a la recuperaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
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6. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa y examinados los fundamentos de la queja constitucional, esto es, que han trascurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os sin que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, as\u00ed como la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas hayan materializado la sentencia proferida el 30 de agosto de 2018 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal de Cartagena a favor de Br\u00edgida Vizca\u00edno Pertuz (q.e.p.d.) y la sucesi\u00f3n il\u00edquida de quien en vida fue su compa\u00f1ero permanente, Manuel Jos\u00e9 Montero Calvo, en cabeza de la accionante a favor de la sucesi\u00f3n de aqu\u00e9llos, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. S\u00ed, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
De la misma manera, esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en cuanto a la tardanza en la materializaci\u00f3n de las sentencias proferidas a favor de las v\u00edctimas del conflicto armado, precisando que: <\/p>\n
\u2026es inaceptable que casi tres (3) a\u00f1os despu\u00e9s de emitido el comentado fallo, todav\u00eda no se haya logrado la entrega efectiva de la heredad en comento, tardanza que, se reitera, adem\u00e1s de contravenir el art\u00edculo 100 de la ley por la cual se dictan medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado, desconoce los principios orientadores de la restituci\u00f3n regulada por tal normatividad, cuyo prop\u00f3sito se enfila al restablecimiento integral y pleno de las garant\u00edas de los sujetos v\u00edctimas, quienes deben ser devueltos, en la medida de lo posible y a la mayor brevedad, a la situaci\u00f3n en la cual se hallaban antes de ser despojados forzosamente de sus predios. <\/p>\n
6. En un caso de similares matices al que ahora se estudia, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil puso de presente lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab4.2.- Referente al deber imperioso de restituirles a los solicitantes, una vez se ha dictado sentencia favorable, los predios objeto de pronunciamiento de la justicia especializada en restituci\u00f3n de tierras, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar, en CSJ STC10045-2017, 12 jul. 2017, rad. 2017-01700-00, que: <\/p>\n
\u2018La Ley 1448 de 10 de junio de 2011 \u2018[p]or la cual se dictan medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones\u2019, en su precepto 91 del \u2018contenido del fallo\u2019, y m\u00e1s precisamente en su Par\u00e1grafo 1\u00ba, estableci\u00f3 que \u2018[u]na vez ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento se har\u00e1 de inmediato. En todo caso, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosigui\u00e9ndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecuci\u00f3n de la sentencia, aplic\u00e1ndose, en lo procedente, el art\u00edculo 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Dicha competencia se mantendr\u00e1 hasta tanto est\u00e9n completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso\u2019 (se destaca). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y en aras de cumplir con el prop\u00f3sito ut supra demarcado, el juzgador de conocimiento habr\u00e1 de determinar las directrices que \u2018sean necesarias para garantizar la efectividad de la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas\u2019, para lo cual, verbigracia, entre otras cosas puede disponer \u00abque la fuerza p\u00fablica acompa\u00f1e y colabore en la diligencia de entrega material de los bienes a restituir\u2019 (destacados originales, como los dem\u00e1s)\u00bb (STC610-2019). (CSJ, STC9666-2019, 24 jul., rad. 2019-02260-00). <\/p>\n
2.1. Con base en tales premisas, de la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al expediente, especialmente del fallo del 30 de agosto de 2018, se advierte que el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, habida cuenta que no se avizora justificaci\u00f3n alguna para la morosidad en la materializaci\u00f3n de tal sentencia, concretamente en la entrega del predio denominado \u00abel Ni\u00e1gara\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, en el fallo del 30 de agosto de 2018 la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena, dispuso: <\/p>\n
\u2026declarar que la se\u00f1ora BR\u00cdGIDA VIZCA\u00cdNO PERDUZ y la sucesi\u00f3n il\u00edquida de quien en vida fue su compa\u00f1ero permanente, el se\u00f1or MANUEL JOS\u00c9 MONTERO CALVO son titulares del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras, en relaci\u00f3n con el predio ubicado en el Departamento de Magdalena, Municipio de Fundaci\u00f3n, Corregimiento La Bellavista, Vereda Sacramento, en los t\u00e9rminos del los art\u00edculo 3, 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011, inmueble denominado como: El Ni\u00e1gara, con folio de matr\u00edcula Inmobiliaria No. 225-5870 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
QUINTO: Se ordena la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material a favor de las siguientes personas: \u2026 BR\u00cdGIDA VIZCA\u00cdNO PERTUZ y la sucesi\u00f3n il\u00edquida de quien en vida fue su compa\u00f1ero permanente, el se\u00f1or MANUEL JOS\u00c9 MONTERO CALVO\u2026, de los predios identificados plenamente en este proceso, y cuyas especificaciones se encuentran descritas en el numeral anterior. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
D\u00c9CIMO TERCERO: ORDENESE la entrega material de los predios descritos en el numeral primero de esta sentencia a los solicitantes: \u2026 BR\u00cdGIDA VIZCA\u00cdNO PERTUZ\u2026 dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, con la presencia, si fuera necesario, del Delegado de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. De no ser cumplida esta orden se proceder\u00e1 al desalojo del inmueble dentro del t\u00e9rmino perentorio de cinco (5) d\u00edas, contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino se\u00f1alado, diligencia que debe realizar el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, y ordenar a la Fuerza P\u00fablica el acompa\u00f1amiento para en ejercicio de su misi\u00f3n institucional y Constitucional, preste el apoyo que se requiera e igualmente se coordinen las actividades y gestiones de su cargo con el prop\u00f3sito de brindar la seguridad necesaria, a fin de garantizar la restituci\u00f3n material de los predios y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas restituidas. <\/p>\n
Asimismo, de cara a las medidas adoptadas a favor de los segundos ocupantes, reconocidos en el referido fallo, espec\u00edficamente, de Prisco Tom\u00e1s Salazar Vergara, ocupante del predio \u00abEl Ni\u00e1gara\u00bb, orden\u00f3: <\/p>\n
\u2026a la UAEGRTD\u2026 a). La entrega a cada [uno] de un bien inmueble de mejores o similares caracter\u00edsticas a los restituidos, en donde no existan restricciones para su explotaci\u00f3n e intervenci\u00f3n, para lo cual la UAEGRTD Territorial Magdalena deber\u00e1 adelantar los tr\u00e1mites correspondientes ante las entidades correspondientes ante las entidades competentes, contando siempre con la participaci\u00f3n previa y expresa de los beneficiarios con la medida. <\/p>\n
En todo caso la entrega de los predios equivalentes se deber\u00e1 llevar a cabo en el t\u00e9rmino de seis (6) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia; no obstante, si una vez vencido \u00e9ste t\u00e9rmino no se ha logrado la compensaci\u00f3n por equivalente, se les deber\u00e1 ofrecer otras alternativas en diferentes municipios, siempre con la activa participaci\u00f3n de los segundos ocupantes\u2026 y, finalmente, ante la imposibilidad de la compensaci\u00f3n por especie, se les ofrecer\u00e1 una de car\u00e1cter monetario, decisi\u00f3n que en todo caso deber\u00e1 ser informada y consultada a la Sala. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Luego, ante la imposibilidad de materializar la entrega de un bien a los segundos ocupantes, el 22 de noviembre de 2021, el Tribunal dispuso: <\/p>\n
\u2026AUTORIZAR al GRUPO COJAI UAEGRTD (FONDE DE LA UAEGRTD) entregar a los se\u00f1ores FABIO DE JES\u00daS CAMPO OSPINO, JILVER CHINCHILLA GAIT\u00c1N, PRISCO TOM\u00c1S SALAZAR VERGARA y ALGEMIRO QUINTERO S\u00c1NCHEZ, medida de car\u00e1cter econ\u00f3mico en lugar de la entrega de UAF predial y proyecto productivo ordenada en la sentencia del treinta (30) de agosto de 2018, por las razones expuestas en expuestas en esta providencia y conforme a lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 8\u00b0 del Acuerdo n\u00b0 33 de 2016. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, se itera, el amparo deprecado debe salir avante, habida cuenta que la petente y beneficiaria de la orden judicial ha insistido ante las autoridades competentes, esto es, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal de Cartagena, la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta en la materializaci\u00f3n de la entrega del inmueble \u00abel Ni\u00e1gara\u00bb ordenada la sentencia proferida hace m\u00e1s de 3 a\u00f1os, la que, ante la falta de garant\u00eda para los segundos ocupantes fue autorizada por el Tribunal la medida de car\u00e1cter econ\u00f3mico a favor de aqu\u00e9llos, sin que a la fecha se le haya brindado una soluci\u00f3n efectiva y concreta, incumpli\u00e9ndose as\u00ed los deberes impuestos por la propia Ley 1448 de 2011, situaci\u00f3n que desencaden\u00f3 en el quebranto de las prerrogativas de primer grado invocadas. <\/p>\n
Y es que, la Ley 1448 de 2011 tiene como objeto \u00ab\u2026establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, econ\u00f3micas, individuales y colectivas en beneficio de las v\u00edctimas\u2026 que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n con garant\u00eda de no repetici\u00f3n, de modo que se reconozca su condici\u00f3n de v\u00edctimas y se dignifique a trav\u00e9s de la materializaci\u00f3n de sus derechos constitucionales\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Entonces, de cara al caso concreto, es inadmisible que luego de hace m\u00e1s de 3 a\u00f1os de haberse proferido un fallo, no se haya logrado la reparaci\u00f3n integral de la promotora como v\u00edctima del conflicto armando, pues como se dej\u00f3 visto, la sentencia no ha sido materializada por las autoridades accionadas, por lo que la vulneraci\u00f3n sigue latente. <\/p>\n
No desconoce la Corte que no existe un t\u00e9rmino legal para materializar la sentencia cuya disposici\u00f3n fue la compensaci\u00f3n conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 97 de la Ley 1448 de 2011, empero, tal vac\u00edo no puede superar los t\u00e9rminos de la razonabilidad, m\u00e1xime en tr\u00e1mites de los que son ajenos las v\u00edctimas a quienes se les est\u00e1 resarciendo sus derechos, y m\u00e1s a\u00fan, de cara al caso concreto, que los solicitantes iniciales fallecieron en el curso de proceso, esperando dicho fallo. <\/p>\n
Asimismo, el Tribunal tambi\u00e9n ha desatendido el canon 1021 de la citada legislaci\u00f3n, pues no puede perder de vista que su competencia se mantiene luego de haber emitido sentencia, a fin de dictar todas las medidas que garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes a quienes se les haya restituido o formalizado predios, de ah\u00ed que debe velar por la ejecuci\u00f3n y materializaci\u00f3n del fallo, sin que sea de recibo que luego de m\u00e1s de 3 a\u00f1os, y ante la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo, emita el prove\u00eddo de 7 de abril de 2022 impartiendo ciertas \u00f3rdenes y exhortando al juez comisionado para que haga uso de sus poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n, pues, se itera, los t\u00e9rminos dados en el fallo est\u00e1n superados con creces, y si bien han existido reparos en la materializaci\u00f3n de cara a las garant\u00edas de los segundo ocupantes, lo cierto es que lo tr\u00e1mites de las autoridades administrativas o judiciales no pueden traer consecuencias para las partes, de ah\u00ed que, se insiste, luego de 3 a\u00f1os no se han tomado las medidas pertinentes y efectivas a fin culminar el asunto. <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que las autoridades acusadas han trasgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable la materializaci\u00f3n y cumplimiento de la sentencia que reconoci\u00f3 las prerrogativas de sus progenitores como v\u00edctimas de conflicto armado en Colombia, toda vez que desde que se profiri\u00f3 el fallo han pasado m\u00e1s de 3 a\u00f1os sin que la misma haya podido ser efectiva. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n rogada, por lo que se dispondr\u00e1 lo pertinente para que, en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la Alcald\u00eda de Fundaci\u00f3n y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, mancomunadamente, adelanten todas las diligencias pertinentes y materialicen la sentencia proferida por la autoridad judicial el 30 de agosto de 2018, dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
5. En adici\u00f3n, advirtiendo la injustificada tardanza, en pro de las garant\u00edas esenciales de la gestora, se dispondr\u00e1 oficiar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que, acorde con sus facultades legales y a trav\u00e9s de la dependencia a la que all\u00ed le corresponda, haga el seguimiento debido para que la orden constitucional que aqu\u00ed ser\u00e1 emitida, se materialice a la mayor brevedad posible. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede la protecci\u00f3n solicitada por Naida Luz Montero Vizca\u00edno y, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la Alcald\u00eda de Fundaci\u00f3n y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, que mancomunadamente y sin m\u00e1s dilaciones, que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, adelanten todas las diligencias pertinentes y materialicen la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena el 30 de agosto de 2018 a favor de la parte actora. <\/p>\n
Segundo. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, deber\u00e1 vigilar el cumplimiento de la sentencia de restituci\u00f3n en comento hasta que la misma concluya, adoptando las medidas que estimen necesarias para la materializaci\u00f3n de tal cometido. <\/p>\n
Tercero. Oficiar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que, acorde con sus facultades legales y a trav\u00e9s de la dependencia a la que all\u00ed le corresponda, haga el seguimiento debido para que la orden constitucional aqu\u00ed emitida, se materialice a la mayor brevedad posible. Por secretar\u00eda rem\u00edtase la comunicaci\u00f3n respectiva con copia de toda la actuaci\u00f3n ac\u00e1 surtida. <\/p>\n
Cuarto. Las autoridades accionadas informar\u00e1n a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Quinto. Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ART. 102. MANTENIMIENTO DE COMPETENCIA DESPU\u00c9S DEL FALLO. Despu\u00e9s de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 su competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias (subraya y negrilla fuera de texto). <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC4573-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4573-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00976-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Naida Luz Montero Vizca\u00edno […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62795","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62795","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62795"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62795\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62795"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62795"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62795"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}