STC4577-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4577-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02228-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 del fallo proferido el 16 de noviembre de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Pablo Alirio Giraldo Aristiz\u00e1bal contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado del mismo Distrito Judicial, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2020-000027. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, el actor solicit\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la libertad, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que se encuentra detenido desde el 18 de marzo de 2020, cuando la Fiscal\u00eda 66 Especializada de Bogot\u00e1, en cumplimiento de una orden de captura, lo escuch\u00f3 en diligencia de indagatoria. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, dentro del t\u00e9rmino legal, el ente acusador calific\u00f3 el m\u00e9rito de la instrucci\u00f3n y lo llam\u00f3 a juicio, el 20 de agosto de 2020, el proceso fue asignado al Juzgado Tercero Penal Especializado de Antioquia y, posteriormente, remitido al Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, quien actualmente lo tramita. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 29 de julio de 2021, se inici\u00f3 la audiencia p\u00fablica de juzgamiento donde se escucharon algunos testigos, sin embargo, por problemas log\u00edsticos de internet y comunicaci\u00f3n fue imposible escucharlos a todos, por lo que se procedi\u00f3 a fijar nueva fecha para su continuaci\u00f3n el 15 de diciembre de 2021. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que ante esa circunstancia su defensor solicit\u00f3 al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia la aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 365 de la Ley 600 de 2000, con el fin de que se ordenara su libertad provisional, petici\u00f3n negada mediante providencia de 30 de agosto de 2021, tras argumentar que no se estructur\u00f3 el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, previsto en las causales 5 y 6 del aludido canon, en consonancia con el art\u00edculo 15 ib\u00eddem y 46 de la Ley 1142 de 2007; determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia el 5 de octubre de 2021. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha sido clara en sostener que \u00abla tardanza en el recaudo de las pruebas no puede ser imputable al procesado\u00bb, no obstante, en el caso concreto el juicio se inici\u00f3 dentro del a\u00f1o, pero no en un plazo razonable y justo, sino cuando faltaban 20 d\u00edas para que venciera el t\u00e9rmino de un a\u00f1o desde el momento en que qued\u00f3 ejecutoriado el llamamiento a juicio. \u00abEntonces, este retardo procesal no proviene del sindicado ni de la defensa, sino \u00fanica y exclusivamente de la inercia estatal\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que para el Tribunal haya sido causa justa y razonable el hecho que el Juzgado Quinto Penal, se hubiese demorado 11 meses y 10 d\u00edas para iniciar el juicio, pero no, la mora en la recepci\u00f3n de los testimonios, atribuible a un factor ajeno al procesado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aleg\u00f3 que la causal 5 del art\u00edculo 365 de la Ley 600 de 2000, opera por el solo vencimiento del t\u00e9rmino y, ya iniciado el juicio, por causa justa se puede negar la libertad, pero \u00abla mora en la recepci\u00f3n de los testimonios no es causa justa y razonable para negar la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb como ocurri\u00f3 en su caso. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abrevocar los autos de primera y segunda instancia emitidos por el Juzgado Quinto Especializado de Antioquia y el Tribunal Superior de Antioquia\u00bb y, en su lugar, \u00abordenar [su] libertad inmediata y personal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada sustanciadora de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada en el proceso penal adelantado contra Pablo Alirio Giraldo Aristiz\u00e1bal por los delitos de rebeli\u00f3n y secuestro extorsivo, en la cual, mediante auto de 5 de octubre de 2021confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Sostuvo que la actuaci\u00f3n surtida por esa Corporaci\u00f3n fue respetuosa de la Constituci\u00f3n y la ley, por tanto, ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n, vulneradora de garant\u00edas superiores, podr\u00eda derivarse de ella. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia adem\u00e1s de rese\u00f1ar los tr\u00e1mites surtidos en el proceso cuestionado, defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y, adem\u00e1s, se opuso a la prosperidad del amparo ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 la improcedencia de la protecci\u00f3n constitucional, al estimar el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, puesto que el actor debi\u00f3 acudir a la acci\u00f3n de habeas corpus, por ser el medio id\u00f3neo, preferente y de rango equiparable al de este amparo instituido para la protecci\u00f3n del derecho invocado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado del accionante quien manifest\u00f3 que el fallo de tutela \u00abno le fue notificado por la Corte, sino que lo recibi[\u00f3] a trav\u00e9s de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de El Guabal de la ciudad de Cali\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional concebido para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando son transgredidos o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas o en determinadas ocasiones, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio Pablo Alirio Giraldo Aristiz\u00e1bal, pretende que se dejen sin efecto los autos emitidos el 30 de agosto y 5 de octubre de 2021, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia y la Sala Penal del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, respectivamente y, en consecuencia, se ordene su libertad inmediata. <\/p>\n
No obstante, se advierte la inviabilidad del amparo, y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado por inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, puesto que el reclamante quien considera que se est\u00e1 prolongando ilegalmente la privaci\u00f3n de su libertad y pretende a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, que se ordene la libertad que le fue negada por los falladores accionados, cuenta con otro mecanismo judicial, id\u00f3neo y eficaz, para obtener su cometido, el cual no es otro que la acci\u00f3n de habeas corpus, conforme lo dispone el art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que establece: \u00abquien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por s\u00ed o por interpuesta persona, el h\u00e1beas corpus\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia contemplada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, a saber, \u00ab[c]uando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus\u00bb. <\/p>\n
Frente a un asunto similar, esta Sala expuso: <\/p>\n
\u00abEn el caso que es objeto de estudio, se advierte que el accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial para invocar la protecci\u00f3n del derecho fundamental que estima le fue vulnerado por las autoridades judiciales con las providencias que profirieron, como lo es la acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus, la cual est\u00e1 prevista en la ley como un mecanismo de salvaguarda id\u00f3neo para proteger la garant\u00eda que por esta v\u00eda reclama\u00bb (CSJ STC, 22 nov. 2012, rad. 2012-02302-01, reiterada en CSJ STC, 28 feb. 2014, rad. 2014-00185-01; STC11645-2017 y STC8413-2021). <\/p>\n
3. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Corporaci\u00f3n el 29 de marzo de 2022. <\/p>\n
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