STC4582-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02369-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de abril dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2021 por la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 el amparo reclamado por Yeison Andr\u00e9s N\u00fa\u00f1ez Chates, \u00c9dgar N\u00fa\u00f1ez Guzm\u00e1n, Luis Eduardo Osorio S\u00e1nchez y Jorge Iv\u00e1n Galindo Casanova contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procuran la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, imparcialidad judicial y defensa t\u00e9cnica, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Informaron que, tras ser capturados el 09 de diciembre del 2018, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterog\u00e9neo con Tr\u00e1fico, Fabricaci\u00f3n y Porte de Estupefacientes con el concurso homog\u00e9neo sucesivo bajo los verbos rectores de transportar, almacenar y conservar. <\/p>\n
2.2. El 07 de julio del 2020, en el curso de la audiencia preparatoria del juicio oral, la Fiscal\u00eda present\u00f3 y verbaliz\u00f3 un preacuerdo suscrito por los procesados Yeison Andr\u00e9s N\u00fa\u00f1ez Chates, \u00c9dgar N\u00fa\u00f1ez Guzm\u00e1n, Luis Eduardo Osorio S\u00e1nchez y Jorge Iv\u00e1n Galindo Casanova. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, el 26 de agosto siguiente, el Despacho improb\u00f3 el mismo. A juicio de los accionantes, tal providencia \u00abresolvi\u00f3 una situaci\u00f3n jur\u00eddica totalmente diferente a la puesta en conocimiento; teniendo en cuenta que en dicha providencia se buscaba el reconocimiento de una causal para la rebaja de pena y la cual es la \u201cPobreza extrema\u201d como motivo para la realizaci\u00f3n de la conducta punible\u00bb, raz\u00f3n por la cual no era aplicable al caso de marras. Adicionalmente, aseveraron que se desconocieron precedentes de esta Corte Suprema y de la Corte Constitucional a su favor, por lo que se viol\u00f3 directamente la Constituci\u00f3n y el principio de favorabilidad. <\/p>\n
2.4. Inconformes, interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. La alzada fue resuelta por la Sala Primera de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 20 de octubre del 2020, en la cual resolvi\u00f3 confirmar la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
2.6. Est\u00e1ndose a lo resuelto por el Tribunal, el 1 de diciembre del 2020 se llev\u00f3 a cabo audiencia preparatoria, en la que se anunci\u00f3 un nuevo preacuerdo por la Fiscal\u00eda, los accionantes y sus defensoras; el cual fue aprobado por el Despacho al d\u00eda siguiente. Contra tal decisi\u00f3n no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
2.7. El 22 de enero del 2021, se celebr\u00f3 audiencia de lectura de fallo, en que se conden\u00f3 a los actores conforme a las penas preacordadas por las partes. <\/p>\n
2.8. Los gestores acotaron que tal discernimiento desconoce los derechos fundamentales invocados toda vez que \u00ablos asuntos estudiados por la Corte Constitucional en sentencia SU-470 de 2.019 son ostensiblemente diferentes, al aqu\u00ed tratado, por cuanto en aquellos, al reconocer la circunstancia de marginalidad se alter\u00f3 esencialmente, los hechos jur\u00eddicamente relevantes planteados por el ente acusador, adicional a que en uno de ellos, la v\u00edctima era un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional por padecer una discapacidad mental, circunstancia que habr\u00eda sido aprovechada por el sujeto activo para agredirla sexualmente. En esta oportunidad, no se podr\u00eda haber dado aplicabilidad a dicha sentencia toda vez que los delitos por lo que fueron acusados mis defendidos fueron Tr\u00e1fico, Porte de Estupefacientes, Concierto para Delinquir Agravado y otros\u00bb. <\/p>\n
Indicaron que el a quo desconoci\u00f3 que los preacuerdos implican un \u00abpremio\u00bb a los acusados, quienes evitan el desgaste de la administraci\u00f3n de justicia al momento de aceptar los cargos. Aseveraron que el preacuerdo presentado el 26 de agosto del 2020 respet\u00f3 el n\u00facleo esencial f\u00e1ctico e impuso penas acordes a los delitos cometidos por los ciudadanos. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidieron que se deje sin efectos \u00abel acuerdo sustentado el 22 de enero de dos mil veintiunos (2021) y como consecuencia de ello, validar el acuerdo entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y mis prohijados sustentado ante en aquo el d\u00eda veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veinte (2020) o en su defecto ordenar que se surta o se realice un nuevo preacuerdo dentro de los l\u00edmites y en cumplimiento de los lineamientos establecidos tanto por las altas cortes, como en concordancia con los derechos fundamentales de mis prohijados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n correspondi\u00f3 a un an\u00e1lisis ce\u00f1ido al marco de legalidad que rige el instituto de los preacuerdos. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado Con Funciones de Conocimiento de Neiva inform\u00f3 sobre las actuaciones adelantadas en su Despacho. Advirti\u00f3 que <\/p>\n
\u00abel abogado accionante presenta unos hechos que no corresponden a la realidad procesal, ya que incluso el Dr. JORGE ANDR\u00c9S ALFARO MU\u00d1OZ apoderado accionante, no actu\u00f3 ni intervino de manera alguna dentro del tr\u00e1mite procesal ordinario realizado por este Despacho ni dentro de los preacuerdos presentados; de manera que no es posible que haga afirmaciones respecto a situaciones y circunstancias que no conoce ni acontecieron en la realidad procesal, ni a la forma c\u00f3mo se desarroll\u00f3 la negociaci\u00f3n del preacuerdo entre la Fiscal\u00eda, las Defensoras JOHANA ELENA ROJAS HERRERA y MARTHA PATRICIA LOAIZA CASTIBLANCO y los acusados ahora accionantes; situaciones que solo conciernen a ellos de manera personal y que de ninguna manera el Despacho conoce\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, explic\u00f3 c\u00f3mo el preacuerdo presentado \u00abno cumple con el criterio de ponderaci\u00f3n frente al grado de afectaci\u00f3n del bien jur\u00eddico tutelado ni la funci\u00f3n de prevenci\u00f3n general que debe cumplir la pena, con lo cual no se aprestigia la justicia, echando por la borda la pol\u00edtica criminal adoptada para el delito de tr\u00e1fico de estupefacientes; tampoco la pena de multa se encuentra acorde con las normas que lo rigen no ajust\u00e1ndose al principio de legalidad\u00bb. Indic\u00f3 que falta a la verdad el apoderado cuando indica que la improbaci\u00f3n se debi\u00f3 a la sentencia SU-479 del 2019, \u00abcuando fueron diversos los factores como el no cumplimiento de la exigencia del art. 349 del C.P.P. (\u2026); adem\u00e1s solo se estableci\u00f3 como beneficio eliminar la circunstancia agravante del art. 384-3 del C.P., y de manera alguna se tuvo en cuenta otra rebaja como el reconocimiento de la extrema pobreza que sin respaldo alguno refiere falazmente el mismo apoderado accionante\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 que los promotores desconozcan que la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos procesales dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura excepcion\u00f3 los procesos con personas privadas de la libertad. Adicionalmente que, en todo caso, se \u00abcumpli\u00f3 en debida forma con la ritualidad procesal establecida legalmente, tanto en el procedimiento ordinario como para la terminaci\u00f3n anticipada mediante la modalidad de preacuerdo, observ\u00e1ndose en todo momento el debido proceso y respet\u00e1ndose y garantiz\u00e1ndose el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, estim\u00f3 que no se cumple con el requisito de inmediatez, \u00abya que la sentencia condenatoria por preacuerdo se profiri\u00f3 desde el 22 de enero de 2021 y 10 meses despu\u00e9s se utiliza la acci\u00f3n de tutela para pretender dejar sin efecto el preacuerdo aprobado que dio origen a dicha sentencia, m\u00e1s a\u00fan cuando lo que se pretende con ella es revivir es el preacuerdo improbado el 26 de agosto de 2020, es decir, aproximadamente 15 meses despu\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal Treinta y Dos Especializada DECN de Neiva apuntal\u00f3 que no se han vulnerado derechos fundamentales y, adem\u00e1s, no se cumplen los criterios de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales. Evidenci\u00f3 c\u00f3mo no se agotaron los recursos ordinarios contra las decisiones cuestionadas. Adicionalmente, tach\u00f3 de extempor\u00e1nea la actuaci\u00f3n constitucional pues \u00ablas decisiones que se cuestionan datan del 20 de agosto y 26 de octubre de 2020, m\u00e1s de un a\u00f1o, por lo que no resulta un t\u00e9rmino razonable y proporcionado frente a unos hechos que en criterio del accionante poder dado, hayan originado una posible vulneraci\u00f3n de derechos de sus representados\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, consider\u00f3 que no hay legitimidad en la causa con relaci\u00f3n a la acci\u00f3n invocada \u00aben atenci\u00f3n a que la titularidad de celebrar preacuerdo esta en cabeza de la Fiscal\u00eda General de la naci\u00f3n, claro est\u00e1, previo la aceptaci\u00f3n de los imputados \u2013acusados- asesorados por sus defensas. Todo por cuanto hoy la Fiscal\u00eda no tiene inter\u00e9s en insistir en los t\u00e9rminos del preacuerdo inicial presentado e improbado y sobre el cual se ejercit\u00f3 un recurso; como para decir que s\u00ed se agostaron las v\u00edas ordinarias para corroborar los t\u00e9rminos de la acci\u00f3n de tutela impetrada, que como decimos, no se observa o percibe la restricci\u00f3n o afectaci\u00f3n de derecho alguno, como para respaldar la acci\u00f3n incoada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deneg\u00f3 el resguardo. Determin\u00f3 que no se cumple con el requisito de inmediatez \u00abpues se interpuso casi m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de que se improbara el primer preacuerdo y cerca de 10 meses despu\u00e9s de la ejecutoria de la sentencia condenatoria\u00bb. Sin embargo, tal demora se encuentra justificada por la situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad en que se encuentran los sindicados, por lo que se flexibiliz\u00f3 dicho principio. <\/p>\n
Pese a ello, no prohij\u00f3 lo mismo frente al presupuesto de la subsidiariedad, pues \u00ablas pretensiones de los accionantes pasan por nulitar una sentencia condenatoria frente a la cual no se interpuso recurso alguno, que fue expedida con base en un preacuerdo v\u00e1lidamente celebrado entre las partes y contra el que tampoco se ejercieron recursos al momento de su aprobaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A su turno, destac\u00f3 que \u00abno se acredit\u00f3\u2013o siquiera se aleg\u00f3\u2013 la presencia de una causal de invalidaci\u00f3n al interior de la diligencia en la que se aprob\u00f3 el segundo preacuerdo; tampoco se propuso en el marco de esta acci\u00f3n constitucional, de manera que es evidente que no es posible para esta Sala entrar a nulitar aquello que fue v\u00e1lidamente celebrado y aprobado, pues ello implicar\u00eda conceder una pretensi\u00f3n que tiene la velada intenci\u00f3n de retractarse de los t\u00e9rminos de aquel convenio\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en caso de que se flexibilizara el presupuesto de la subsidiariedad o el de irretractabilidad, \u00abno ser\u00eda posible para la Corte entrar a nulitar la improbaci\u00f3n del primer preacuerdo, por cuanto, en efecto, ese instrumento desconoc\u00eda lo normado en el segundo inciso del art\u00edculo 352 de la Ley 906 de 2004, que expresamente establece que los convenios celebrados con posterioridad a la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n no pueden implicar una reducci\u00f3n punitiva que sea superior a un tercio del monto de la condena imponible. En la medida en que lo pactado originalmente contemplaba una reducci\u00f3n que superaba el 50%, es evidente que aqu\u00e9l desbordaba los l\u00edmites de la norma precitada y, por consiguiente, deb\u00eda ser improbado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los accionantes, quienes adujeron que se dej\u00f3 de lado el inter\u00e9s superior con el que cuentan a la defensa t\u00e9cnica. Precis\u00f3 que, en atenci\u00f3n a las complicaciones que generaron el cambio de apoderados judiciales \u00abque condujeran y llevaran a feliz t\u00e9rmino un preacuerdo con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, inter\u00e9s y conversaciones que se ven\u00eda adelantando desde la audiencia de imputaci\u00f3n de cargos, al finalizar se logr\u00f3 llegar a un acuerdo el cual no se antepon\u00eda a el deseo e intenci\u00f3n de lograr verdad, justicia y en un momento procesal reparaci\u00f3n frente a lo requerido por las autoridades aut\u00f3nomas que despliegan acciones tendientes a perseguir los bienes muebles e inmuebles que se puedan comprobar fueron comercializados o adquiridos con dineros ilegales\u00bb. <\/p>\n
Subray\u00f3 que, al tenor del art\u00edculo 293 del estatuto procesal penal, se evidencia que desde el primer momento fue la falta de defensa t\u00e9cnica la causal de la aceptaci\u00f3n del preacuerdo secundario. En suma, \u00abla falta de tiempo y la presi\u00f3n ejercida por parte del a quo agendando las diligencias en el menor tiempo posible para concluir con la condena \u201cejemplarizante\u201d para el se\u00f1or Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva (Huila)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, los gestores pretenden que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, imparcialidad judicial y defensa t\u00e9cnica, los cuales consideran que les fueron vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad al proferir las decisiones del 20 de octubre del 2020 y 26 de agosto del 2020, respectivamente, mediante los cuales improbaron el preacuerdo presentado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
En efecto, la Sala concluye el incumplimiento de dicho requisito, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n recriminada -el 20 de octubre de 2020 que confirm\u00f3 el prove\u00eddo del 26 de agosto del mismo a\u00f1o, con el cual se improb\u00f3 el preacuerdo inicial presentado ante el juez a quo. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n objeto de reproche. <\/p>\n
Incluso, si el t\u00e9rmino comenzara a contabilizarse a partir de la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia condenatoria de los accionantes, esto es, del 22 de enero del 2021, tampoco se cumplir\u00eda con tal requisito, comoquiera que se dejaron transcurrir 10 meses entre aquella fecha y el d\u00eda en que se radic\u00f3 la acci\u00f3n constitucional1. <\/p>\n
Lo anterior resulta relevante porque, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Ello, sobre todo, cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. Por tanto, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales de los peticionarios. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u2026\u00bb <\/p>\n
Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio aludido, pues la alegada en el escrito inicial no justifica la tardanza. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s de lo anterior, no son atendibles los argumentos expuestos por la defensora en la impugnaci\u00f3n en cuanto a la falta de defensa t\u00e9cnica pues tal circunstancia debi\u00f3 haber sido expuesta ante el juez de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo del 22 de enero del 2021. Sin embargo, se omiti\u00f3 su interposici\u00f3n, por lo que tampoco aparece cumplido el requisito de subsidiariedad, indispensable para la prosperidad de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
De esta manera, se refuerza el fracaso de la salvaguarda, por cuanto los actores no agotaron los medios de defensa que ten\u00edan a su alcance, concretamente el recurso de apelaci\u00f3n frente a la determinaci\u00f3n rebatida. Empero, por su propia incuria dejaron fenecer la oportunidad para hacer valer lo que ahora pretende por esta instancia. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4.- En ese orden de ideas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado que neg\u00f3 el amparo por las razones anteriormente esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El 09 de noviembre del 2021, tal como se verifica en el PDF \u00abREPORTE CORREO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4582-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02369-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de abril dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62804","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62804"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62804\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}