STC4583-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4583-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00732-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 5 de agosto de 20211 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marleny de Jes\u00fas Salas Pino contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas esenciales al debido proceso, seguridad social, igualdad, m\u00ednimo vital, dignidad humana y salud. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdej[ar] sin efectos la sentencia SL4134-2020 del 13 de octubre de 2020 de la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia proferida dentro del rad. 050013105 011 2012 01281 01\u00bb y, en consecuencia, dejar en firme el fallo emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Marleny de Jes\u00fas Salas Pino, en nombre propio y en representaci\u00f3n de Sebasti\u00e1n Cavadia Salas, promovi\u00f3 un juicio ordinario laboral contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su exc\u00f3nyuge -Arturo Enrique Cavidia G\u00f3mez (q.e.p.d.)- a partir del 17 de noviembre de 2011, junto con los incrementos pensionales, los intereses moratorios, la indexaci\u00f3n, lo que resultare probado y las costas del proceso; juicio al que se llam\u00f3 como interviniente ad excludendum a Blanca Liria David Higuita, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo Brayan Cavadia David, en calidad de compa\u00f1era permanente del causante. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien en sentencia de 4 de junio de 2015 accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Tras ser apelada dicha determinaci\u00f3n, en fallo de 30 de mayo de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad la confirm\u00f3, modificando algunos porcentajes en los reconocimientos; decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en providencia de 13 de octubre de 2020 resolvi\u00f3 casar la sentencia proferida por el ad-quem, tras considerar que para el momento del fallecimiento del causante no cumpl\u00eda con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, adem\u00e1s que, contrario a lo afirmado por las autoridades de instancia, no era procedente aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, comoquiera que, el fallecimiento Arturo Enrique se dio en noviembre de 2011, esto es, luego de los 3 a\u00f1os de la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida, pues, deduce, quebrant\u00f3 sus prerrogativas esenciales, en la medida en que desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales de cara a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa (STC8226-2020, STC3563-2020, STC4213-2020, STC4647-2020, STC6220-2020, STC8226-2020, STC10214-2020, STC8260-2018), pues \u00abal existir varias interpretaciones posibles, en principio es correcto y legitimo para el Juez asumir cualquiera de ellas debido a la autonom\u00eda de la que goza, pero en materia laboral esa discrecionalidad tiene l\u00edmites que desde la Constituci\u00f3n se le imponen al Juzgador, y es el principio de favorabilidad e in dubio pro operario. En el presente caso existen diferentes posiciones e interpretaciones que han sido asumidas por los diferentes falladores\u2026 y a pesar de ser razonables varias, se debe optar por la m\u00e1s favorable al trabajador o pensionado por mandato directo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, entonces, solo es correcta la que favorezca m\u00e1s al trabajador\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que es madre cabeza de familia, desplazada por la violencia, edad avanzada -54 a\u00f1os-, en estado de debilidad manifiesta, pues \u00abpare[ce] hipotiroidismo, asma y espol\u00f3n\u00bb y est\u00e1 en pobreza extrema, adem\u00e1s, en vida era su c\u00f3nyuge quien \u00abvelaba por [su] sustento y el de [su] hijo, [su] m\u00ednimo vital se encuentra gravemente afectado y care[ce] de las condiciones m\u00ednimas para llevar una vida digna\u00bb, sumado a que, \u00ab[su] hijo estudia actualmente y es discapacitado\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues la normatividad aplicable al caso concreto es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, toda vez que el afiliado falleci\u00f3 el 17 de noviembre de 2011; que no existe contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n adoptada, toda vez que \u00abel recurrente cuestion\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para lo cual se realiz\u00f3 un estudio de su regla de aplicaci\u00f3n y se encontr\u00f3 que el Colegiado err\u00f3 al implementarlo, como quiera que no exist\u00eda una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, porque el deceso ocurri\u00f3 con posterioridad a los tres a\u00f1os despu\u00e9s de expedida la Ley 797 de 2003, ya que sucedi\u00f3 el 17 de noviembre de 2011\u00bb; que si bien los jueces pueden apartarse de la doctrina probable y el precedente judicial, lo cierto es que est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de sustentar la razones de esa decisi\u00f3n, lo que ac\u00e1 no ocurri\u00f3, pues el Tribunal no justific\u00f3 su posici\u00f3n; que en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, norma aplicable al caso concreto, el afiliado debi\u00f3 aportar 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores al deceso, empero, s\u00f3lo cotiz\u00f3 34,57 semanas; que Arturo Enrique no era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que naci\u00f3 el 2 de marzo de 1971, pro lo que al 1\u00b0 de abril de 1994 ten\u00eda 23 a\u00f1os y no cotiz\u00f3 para esa fecha, al menos, 15 a\u00f1os de servicio, pues solo acredit\u00f3 68,15 semanas; que lo dicho en la sentencia SU 005\/2018 es un asunto diferente al ac\u00e1 tratado \u00abpues una cosa es la normatividad que se aplica cuando procede el mentado principio y otra las exigencias requeridas para emplear la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, que es lo que no acredit\u00f3 en el caso de estudio\u00bb; que no vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sebasti\u00e1n Cavadia Salas reiter\u00f3 los precedentes jurisprudenciales indicados por su progenitora en la petici\u00f3n de amparo; manifest\u00f3 que la salvaguarda es procedente a favor de Marleny de Jes\u00fas y con efectos solo para ella, \u00abporque Blanca Liria David Higuita y Brayan Cavadia David no se encuentran en las condiciones descritas en la sentencia SU 005 del 13 de febrero de 2018 de la Sala Plena de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 29 Judicial II para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social refiri\u00f3 que no se demuestran los requisitos espec\u00edficos de procedencia contra sentencia judicial que permitan amparar las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Porvenir S.A. indic\u00f3 que el fallo criticado no luce arbitrario, pues conforme los tratados y convenios internacionales la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad o condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no puede ser indefinida en el tiempo, por lo que dicha disposici\u00f3n tiene lugar ante dos normatividades, ambas vigentes, donde el juez escoger\u00e1 la que m\u00e1s favorable resulte al otorgamiento del derecho pretendido, pero nunca, entre una disposici\u00f3n derogada y la vigente, situaci\u00f3n que fue precisamente limitada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, al dar un t\u00e9rmino donde se podr\u00e1 acudir en aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; que no se vulneraron los derechos invocados. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no advert\u00eda defecto que habilitara el resguardo ni evidenciaba arbitraria la decisi\u00f3n proferida, sino razonable y ajustada a derecho, por lo que la promotora no puede revivir un debate ante el fallador constitucional, cuando ya fue zanjado ante los falladores de instancia <\/p>\n
Destac\u00f3 que conforme lo indic\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no era posible acudir a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues no cumpl\u00eda con los presupuestos para ello, entre ellos, que el siniestro ocurriera en los tres a\u00f1os siguientes a la expedici\u00f3n de la Ley 797 de 2003, pues el afiliado falleci\u00f3 el 17 de noviembre de 2011. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 Marleny de Jes\u00fas Salas Pino y Sebasti\u00e1n Cavadia Salas, reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que se adicion\u00f3 que \u00abno se pretende simplemente de reabrir un debate ya resuelto en sede natural, sino que se pretende la reivindicaci\u00f3n de derechos fundamentales violados y el desconocimiento de una sentencia de la Corte Constitucional\u00bb, esto es, la SU 005\/2018 \u00abporque deb\u00eda \u201cdemostrar que la interpretaci\u00f3n alternativa que se ofrece desarrolla y ampl\u00eda de mejor manera el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protecci\u00f3n\u201d y la interpretaci\u00f3n que ofrece la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral, por el contrario, es m\u00e1s restrictiva y desprotectora de los derechos de poblaci\u00f3n vulnerable\u00bb. <\/p>\n
En esta instancia, Marleny de Jes\u00fas Salas pidi\u00f3 aplicar los precedentes jurisprudenciales, reiterando que, es madre cabeza de hogar, desplazada por la violencia, de avanzada edad, en estado de debilidad manifiesta por su condici\u00f3n de salud y en estado de pobreza extrema; que su c\u00f3nyuge velaba por su sustento y el de su hijo, adem\u00e1s que, \u00ablas dif\u00edciles condiciones producto de la violencia, del desplazamiento por esa violencia y la carencia de oportunidades laborales formales impidieron que [su] c\u00f3nyuge pudieran cotizar regularmente al fondo de pensiones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paaso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el presente asunto la gestora pretende se declare que la decisi\u00f3n proferida el 13 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de esta Colegiatura, que cas\u00f3 el fallo emitido el 30 de mayo de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y dict\u00f3 fallo sustitutivo, vulner\u00f3 sus prerrogativas de primer grado y, en consecuencia, pide se ordene a la accionada realizar una nueva valoraci\u00f3n probatoria y una debida interpretaci\u00f3n de las normas que regulan la controversia frente al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, especialmente, en aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
<\/p>\n
I. En efecto, el colegiado de casaci\u00f3n, luego de indicar que excluye de controversia \u00abi) que el se\u00f1or Arturo Enrique Cavadia, falleci\u00f3 el 17 de noviembre de 2011\u2026; ii) que con la se\u00f1ora Blanca Liria tuvo dos hijos, de nombre Brayan Cavadia David quien naci\u00f3 el 1\u00b0 de septiembre de 1996\u2026 y M\u00f3nica Cavadia David, el 12 de agosto de 1991; iii) que el causante contrajo matrimonio con la se\u00f1ora Marleny de Jes\u00fas, el 18 de diciembre de 1999\u2026, uni\u00f3n de la que se procre\u00f3 el 1\u00b0 de julio de 2001 al menor S.C.S\u2026 y, iv) que en el ciclo de enero de 2003, el afiliado cotiz\u00f3 4,29 semanas\u2026\u00bb, consign\u00f3 que la leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 no contemplaron un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, por lo que jurisprudencialmente se dio aplicaci\u00f3n a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, precisando que: <\/p>\n
\u2026en aplicaci\u00f3n de dicho principio, solamente es posible acudir al r\u00e9gimen pensional inmediatamente anterior, sin que sea viable dar aplicaci\u00f3n a la plus ultractividad de la ley, es decir, hacer una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del causante o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata, rigen a futuro y, sobre todo, no se preservar\u00eda la seguridad jur\u00eddica, como se ha dicho, entre otras, en sentencias CSJ SL15617-2016 y CSJ SL1884-2020. <\/p>\n
Sobre el referido principio, corresponde precisar que, como lo indic\u00f3 el ad quem, inicialmente, por v\u00eda de jurisprudencia no se acept\u00f3 aplicarlo en el tr\u00e1nsito legislativo de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003. Pese a ello, dicho criterio se modific\u00f3 en sentencia CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, en donde esta Corporaci\u00f3n sostuvo: <\/p>\n
[\u2026] El denominado \u201cprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d, no solo tendr\u00e1 cabida en el tr\u00e1nsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, sino igualmente frente al fen\u00f3meno de la sucesi\u00f3n normativa de legislaciones ulteriores, como por ejemplo entre esta \u00faltima y las Leyes 797 y 860 de 2003, siempre y cuando, se insiste, la nueva disposici\u00f3n estipule requisitos m\u00e1s gravosos que los se\u00f1alados en la norma precedente y adem\u00e1s el titular del derecho o beneficiario haya reunido las exigencias de \u00e9sta cuando la nueva entr\u00f3 en vigencia. <\/p>\n
No obstante, lo dicho no significa que sea un principio absoluto o atemporal, pues esta Sala ha destacado que no puede utilizarse de forma perpetua un r\u00e9gimen pensional anterior, sin hacer efectivas las reformas legislativas posteriores. As\u00ed se indic\u00f3 en providencia CSJ SL1884-2020, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
La caracter\u00edstica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede utilizarse para garantizar la perpetuidad de un r\u00e9gimen que en un tiempo pret\u00e9rito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo de personas, dado que, bien comprendido, su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n se orienta a conservar un r\u00e9gimen normativo anterior, cuando quiera que el titular haya cumplido una condici\u00f3n relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidaci\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se sit\u00faa en un lugar m\u00e1s all\u00e1 de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa leg\u00edtima tutelable por el ordenamiento jur\u00eddico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidaci\u00f3n de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido otra condici\u00f3n ulterior, s\u00ed genera la confianza fundada que el r\u00e9gimen en que estaba incurso y en el que cumpli\u00f3 algunos presupuestos, ser\u00e1 respetado. <\/p>\n
Sin embargo, su aplicaci\u00f3n no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislaci\u00f3n e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de inter\u00e9s general, de las cuales dependa la realizaci\u00f3n y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad. En otras palabras, su aplicaci\u00f3n debe ser razonable y proporcional, a fin de no lesionar o comprometer severamente otros derechos de inter\u00e9s p\u00fablico y social. <\/p>\n
Por el argumento en referencia, desde la sentencia CSJ SL4650-2017, se fij\u00f3 un l\u00edmite temporal para la aplicaci\u00f3n del mentado principio, el que ser\u00eda de m\u00e1ximo de tres a\u00f1os contados desde la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, esto es, el 29 de enero de dicho a\u00f1o, para quienes ten\u00edan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta (expectativa leg\u00edtima), pues, con posterioridad a la mencionada calenda, la normatividad gobernante de la prestaci\u00f3n ser\u00eda la vigente al momento de ocurrir el deceso. <\/p>\n
Pues bien, en el fallo previamente referido, se precis\u00f3 que dicha temporalidad es necesaria para que \u00ablos afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n -50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente\u00bb. Esto significa que, que en el interregno mencionado debe ocurrir el fallecimiento y acreditar el cumplimiento de las semanas aludidas. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, para entender lo anterior y reconocer cuando se est\u00e1 ante una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta que merece protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, esta Sala en la decisi\u00f3n CSJ SL4650-2017, expuso las siguientes reglas: <\/p>\n
3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo <\/p>\n
a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 29 de enero de 2003. <\/p>\n
c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento del fallecimiento estuviese cotizando, y <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes del deceso. <\/p>\n
3.2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo <\/p>\n
a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002. <\/p>\n
c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento del deceso no estuviese cotizando, y <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede al fallecimiento. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleci\u00f3 no estaba cotizando <\/p>\n
La situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, se encontraba cotizando al sistema y hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo. <\/p>\n
Si el mencionado afiliado, adem\u00e1s, no estaba cotizando para la \u00e9poca del siniestro de la muerte – \u00abhecho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u00bb- que debe sobrevenir entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2006, pero ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el a\u00f1o inmediatamente anterior al fallecimiento, es dable la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Acontece, sin embargo, que, de no verificarse este \u00faltimo supuesto, no aplica tal postulado. <\/p>\n
Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo, no goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleci\u00f3 estaba cotizando <\/p>\n
Ac\u00e1, la situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema, pero hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2002. <\/p>\n
Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la muerte – \u00abhecho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u00bb- que debe suceder entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, y ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el cualquier tiempo, igualmente se aplica el postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. La Sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este \u00faltimo supuesto, no se aplica dicho principio. <\/p>\n
En el mismo sentido que en el caso delantero, y a\u00fan a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2002, no existe una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta (negrilla del texto original). <\/p>\n
En la misma decisi\u00f3n (CSJ SL4650-2017), se exalt\u00f3 que esta forma de permitir la operatividad del mencionado principio: <\/p>\n
[\u2026] no atenta contra el principio de la proporcionalidad, sino que, por el contrario, lo desarrolla en la medida que preserva hasta el 29 de enero de 2006, las prerrogativas de los afiliados que durante su vinculaci\u00f3n como sujetos activos de la seguridad social hab\u00edan cumplido con las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable \u2013Ley 100 de 1993- antes de entrar a regir la Ley 797 de 2003 sin que se haya dado la muerte, componente este que debe constatarse, como ya se dijo, durante el mencionado periodo de tiempo (subrayado a\u00f1adido). <\/p>\n
Luego, aplicando tales derroteros al caso concreto, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Al descender las anteriores consideraciones al examine, encuentra la Sala que el Colegiado err\u00f3 al aplicar el principio constitucional analizado, pues no existe una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. Lo anterior se afirma, toda vez que el operador judicial tuvo por acreditado que el se\u00f1or Cavadia G\u00f3mez era cotizante activo a la fecha en que entr\u00f3 en vigor la Ley 797 de 2003, cotiz\u00f3 26 semanas en cualquier tiempo previo al 29 de enero de 2003 y, en general, adujo que cumpli\u00f3 con todos los requisitos de la sentencia referida con antelaci\u00f3n. Sin embargo, no ocurri\u00f3 lo mismo con la exigencia de que la muerte debe ocurrir entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, lo cual el Tribunal reconoci\u00f3, pero se apart\u00f3 bajo el argumento de que era un requisito nuevo exigido solamente en dicha decisi\u00f3n, por lo que no constituida l\u00ednea jurisprudencia a\u00fan y, adem\u00e1s, estaba en contrav\u00eda a lo dicho por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Frente a ello, es oportuno precisar que, contrario a lo expuesto por el Colegiado, para el momento en que se profiri\u00f3 la sentencia atacada, el fallo CSJ SL4650-2017 hab\u00eda sido reiterado en CSJ SL11745-2017, CSJ SL19451-2017, CSJ SL947-2018, entre otros. Por tanto, no es de recibo el fundamento de que dicha exigencia fue \u00fanicamente mencionada en una providencia. <\/p>\n
Ahora, al margen de lo anterior, los jueces cuentan con la posibilidad de apartarse de la doctrina probable y el precedente judicial. No obstante, para ello -en aras de garantizar los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica- se encuentran en la obligaci\u00f3n de sustentar las razones de su decisi\u00f3n, de forma contundente y con fundamento, como se dispuso en sentencia CC C-836-01. <\/p>\n
Pese a lo anterior, aunque el ad quem manifiesta que no acoger\u00eda los criterios establecidos por esta Corporaci\u00f3n por no ser arm\u00f3nicos con lo dicho por la Corte Constitucional, no justific\u00f3 su posici\u00f3n y sin fundamento alguno, debidamente soportado, desech\u00f3 la doctrina que esta Sala ha fijado. Incluso, no hizo referencia, siquiera sumaria, a alguna decisi\u00f3n del m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional, que diera luces sobre cu\u00e1l era su tesis frente al requisito que se encontraba en disputa, esto es, que el deceso debe acaecer dentro de los tres a\u00f1os siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Seguidamente, atendiendo los precedentes jurisprudenciales de cara a la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, consign\u00f3 que: <\/p>\n
es importante destacar que de vieja data la Corte Constitucional ha interpretado la aplicaci\u00f3n del mencionado principio constitucional. Sin embargo, esta Sala se ha distanciado del entendimiento que dicha Corporaci\u00f3n ha dado, frente a cu\u00e1l norma se puede acudir al aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sin desconocer, por supuesto, que su precedente tiene fuerza vinculante. Estos argumentos se profundizaron en pronunciamientos como CSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, en las que, entre otros fundamentos, se sostuvo que: <\/p>\n
Pues bien, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n [SU-05-2018] significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019). <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o, potenciar algunos de ellos, como por ejemplo darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. <\/p>\n
En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Abordados los puntos previos, encuentra la Sala que como el fallecimiento no ocurri\u00f3 dentro de los tres a\u00f1os siguientes a la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003, pues acaeci\u00f3 el 17 de noviembre de 2011, como lo determin\u00f3 el Tribunal con soporte en el registro civil de defunci\u00f3n visible a folios 18 y 115 del cuaderno principal. <\/p>\n
Por lo tanto, la conclusi\u00f3n de confirmar el reconocimiento pensional en la sentencia impugnada, desconoce la interpretaci\u00f3n que ha efectuado esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el principio constitucional de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, como previamente se expuso. <\/p>\n
Luego, tras casar el fallo impugnado, dict\u00f3 sentencia de instancia, concluyendo que: <\/p>\n
<\/p>\n
II. la Sala recuerda que el criterio de esta Corporaci\u00f3n sobre la norma aplicable para la definici\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es aquella que se encuentra vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado, tal como se indic\u00f3 en sentencias CSJ SL, 19 ag. 2008, rad. 35410, CSJ SL7358-2014, CSJ SL4279\u20132017 y CSJ SL125-2018.<\/p>\n
III. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, la disposici\u00f3n que rige el asunto es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, toda vez que el afiliado falleci\u00f3 el 17 de noviembre de 2011 (f.\u00b0 18 y 115, ibidem), normatividad que exige haber cotizado cincuenta semanas dentro de los \u00faltimos tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha del deceso del asegurado, para tener derecho a prestaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Pues bien, revisada la relaci\u00f3n hist\u00f3rica de movimientos actualizada al 6 de septiembre de 2013 (f.\u00b0 98 a 104, ibidem), encuentra la Sala que el se\u00f1or Arturo Enrique aport\u00f3 entre el 11 de noviembre de 2011 y el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2008, un total de 242 d\u00edas\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
IV. Lo anterior significa que, entre el interregno mencionado de tres a\u00f1os, el causante contribuy\u00f3 lo que equivale a 34,57 semanas, es decir, una totalidad menor a la requerida por el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, no dej\u00f3 causada la prestaci\u00f3n reclamada.<\/p>\n
V. <\/p>\n
VI. Sin embargo, en el evento de que no fuera viable acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes siguiendo lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo ya referido, esto es, que el causante haya cotizado 50 semanas en el trienio anterior a su deceso, la norma contempla una posibilidad adicional para acceder al derecho pretendido, prevista en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 12 multimencionado.<\/p>\n
VII. <\/p>\n
VIII. Es de aclarar que este \u00f3rgano ha dispuesto que los operadores judiciales est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de efectuar un desarrollo extensivo y evaluar si el afiliado cumple con los requisitos consagrados en cada uno de los reg\u00edmenes que le fueren aplicables, independientemente de que hayan sido o no acusados dentro de las pretensiones de la demanda inicial, como ocurre con el sub lite con el par\u00e1grafo 1\u00b0 concerniente. Por tanto, esta Sala se encuentra legitimada para analizar dicha posibilidad, debido a la necesidad de proteger un derecho constitucional como lo es el de la pensi\u00f3n (CSJ SL4457-2014).<\/p>\n
IX. <\/p>\n
X. En ese orden, en virtud de lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, tendr\u00e1 derecho a la prestaci\u00f3n reclamada los beneficiarios del causante, cuanto \u00e9ste haya cotizado el n\u00famero de semanas exigido en el r\u00e9gimen de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que se hubiese tramitado o recibido una indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez o la devoluci\u00f3n de saldos.<\/p>\n
XI. <\/p>\n
XII. Frente a tal disposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha fijado que el n\u00famero m\u00ednimo de semanas a que alude la norma es el fijado en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando el afiliado no sea beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, pues en este caso se le aplicar\u00eda el r\u00e9gimen al cual se encontraba afiliado al 1\u00b0 de abril de 1994.<\/p>\n
XIII. <\/p>\n
XIV. En el examine, el se\u00f1or Arturo Enrique no era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que naci\u00f3 el 2 de marzo de 1971 (f.\u00ba 17, ibidem), por lo que al 1\u00ba de abril de 1994, ten\u00eda 23 a\u00f1os y no cotiz\u00f3 para dicha fecha, al menos, 15 a\u00f1os de servicios, pues solo acredit\u00f3 68,15 semanas, como se observa en el reporte de semanas cotizadas al ISS actualizada al 28 de febrero de 2012 (f.\u00b0 86 a 90, ibidem). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
XV. De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha de fallecimiento del se\u00f1or Cavadia G\u00f3mez fue el 17 de noviembre de 2011, para consolidar el derecho a la pensi\u00f3n de vejez, requer\u00eda 1.300 semanas, las cuales no acredit\u00f3, pues aport\u00f3 un total de 407,26, de conformidad con la informaci\u00f3n registrada en el reporte de semanas cotizadas al ISS actualizada al 28 de febrero de 2012 (f.\u00b0 86 a 90, ibidem) y la relaci\u00f3n hist\u00f3rica de movimiento de Porvenir S. A. del 6 de septiembre de 2013 (f.\u00b0 98 a 194, ibidem).<\/p>\n
XVI. <\/p>\n
XVII. Ahora, como se indic\u00f3 en sede de extraordinaria, no es posible en el caso de estudio, acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, como lo aplic\u00f3 el a quo, por no cumplir la totalidad de los requisitos requeridos para ello, entre ellos, que el siniestro ocurriera en los tres a\u00f1os siguientes a la expedici\u00f3n de la Ley 797 de 2003. Por ende, siendo que no se controvierte que el causante falleci\u00f3 el 17 de noviembre de 2011, no es viable aplicar el mentado postulado.<\/p>\n
XVIII. <\/p>\n
XIX. En tal virtud, son pr\u00f3speros los argumentos expuestos en la apelaci\u00f3n por la administradora demandada, toda vez que no se dej\u00f3 causado el derecho bajo la normatividad aplicable, teniendo en cuenta la fecha del siniestro, esto es, el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, as\u00ed como su par\u00e1grafo 1\u00b0. Por ello, resulta innecesario analizar las inconformidades planteadas por la demandante y la interviniente ad excludendum en sus respectivos recursos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, es claro que lo dispuesto por la colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, as\u00ed como de las probanzas allegadas al plenario, concluyendo que, el afiliado no era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, de ah\u00ed que, la norma aplicable sea las disposiciones de la Ley 797 de 2003, por lo que, para consolidar el derecho pensional de vejez, requer\u00eda 1300 semanas, las cuales no acredit\u00f3; asimismo, que no cumpl\u00eda con los presupuestos para aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues el afiliado falleci\u00f3 el 17 de noviembre de 2011, es decir, fuera de los 3 a\u00f1os siguientes a la expedici\u00f3n de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Impugnaci\u00f3n concedida el 27 de octubre de 2021, remitida a esta sede con auto de 17 de marzo de 2022, y recepcionada en la secretar\u00eda de esta Sala Especializada el 22 de marzo siguiente. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4583-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4583-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00732-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 5 de agosto de 20211 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62805","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62805"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62805\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}