STC4586-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4586-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01326-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 13 de julio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Mar\u00eda Alis Gonz\u00e1lez Gaviria y Jimena Fl\u00f3rez Gonz\u00e1lez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 4\u00ba Laboral del Circuito de la misma ciudad, a Protecci\u00f3n S.A. y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 201700326. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital, igualdad, salud, dignidad humana y seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Mar\u00eda Alis Gonz\u00e1lez Gaviria estuvo casada con Francisco Javier Fl\u00f3rez Bedoya desde el 16 de diciembre de 2000 y, fruto de esa uni\u00f3n, el 22 de septiembre de 2001, naci\u00f3 Jimena Fl\u00f3rez Gonz\u00e1lez. El 24 de julio de 2016 falleci\u00f3 su c\u00f3nyuge, estando afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. y siendo responsable de la totalidad de los gastos del hogar, por lo que las tutelantes depend\u00edan econ\u00f3micamente de sus ingresos. <\/p>\n
2.2. El 30 de agosto de 2016 solicitaron a la A.F.P. Protecci\u00f3n S.A. el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, la cual le fue negada, en raz\u00f3n a que el causante \u00abno dej\u00f3 acreditadas las 50 semanas dentro de los \u00faltimos 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, conforme lo exige la Ley 797 de 2003\u00bb; posteriormente, presentaron una reconsideraci\u00f3n, dado que, en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, era posible acreditar que su esposo hab\u00eda cotizado 26 semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior a su deceso, tal y como lo exig\u00eda la versi\u00f3n original de la Ley 100 de 1993, pero su petici\u00f3n fue resuelta, igualmente, en forma desfavorable. <\/p>\n
2.3. Por ello, formularon demanda ordinaria laboral, que fue fallada el 19 de febrero de 2018 por el Juzgado 4 Laboral del Circuito de Pereira, accediendo a sus pretensiones y otorgando la pensi\u00f3n \u00aben un 50% para cada una, en el caso de la primera en forma vitalicia y en el caso de la segunda (\u2026) mientras perduren las causas que le dieron origen a la misma\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 9 de noviembre de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y absolvi\u00f3 a la A.F.P. de las pretensiones de la demanda, al considerar que el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa estaba limitado a cierta temporalidad y que, en el presente asunto, era imposible darle aplicaci\u00f3n a dicho beneficio, por cuanto el causante no hab\u00eda muerto en los tres a\u00f1os siguientes a la vigencia de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
2.5. El 19 de mayo de 2021, mediante sentencia CSJ SL2076-2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia no cas\u00f3 el fallo de segunda instancia, aceptando los argumentos expuestos por el Tribunal. <\/p>\n
2.6. En criterio de las promotoras, las autoridades judiciales convocadas desconocieron el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU005-de 2018; adem\u00e1s, vulneraron los \u00abprincipios constitucionales y legales en materia laboral como la figura de la seguridad jur\u00eddica y el principio de la confianza leg\u00edtima y favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1alaron que la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Gaviria padec\u00eda graves problemas de salud en su visi\u00f3n, raz\u00f3n por la que ha podido conseguir trabajo y que su hija tampoco hab\u00eda logrado iniciar sus estudios universitarios, debido a la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica que afrontaban. Afirmaron que viven en un cuarto peque\u00f1o, con humedad y sin privacidad, y que no tienen ayuda de amigos o familiares. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, instaron que se deje sin efectos la sentencia CSJ SL2076-2021 de 19 de mayo de 2021, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte emitir una nueva providencia en la que se reconozca la prestaci\u00f3n reclamada y, en consecuencia, se imponga a la A.F.P. Protecci\u00f3n S.A. que pague la pensi\u00f3n pretendida a partir del 24 de julio de 2016. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 negar la tutela, pues su determinaci\u00f3n se ajust\u00f3 a las normas que rigen la materia y a la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual \u00abno hab\u00eda lugar a aplicar el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa deprecado por las aqu\u00ed tutelantes, ya que el afiliado Francisco Javier Fl\u00f3rez Bedoya no cotiz\u00f3 en los tres a\u00f1os anteriores a la muerte, las 50 semanas que exige la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que no era viable la aplicaci\u00f3n de la sentencia SU005-2018, dado que, por un lado, las accionantes \u00abno superan el test de procedibilidad establecido en esa sentencia como requisito para abordar el estudio de dicha prestaci\u00f3n desde la figura de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; y por otro, porque en la jurisprudencia en comento se analizaron varios casos en donde los fallecidos eran afiliados al r\u00e9gimen de prima media, y por tanto estudi\u00f3 el reconocimiento pensional con apego al Acuerdo 049 de 1990; sin embargo, en este puntual evento, el esposo y padre de las demandantes estuvo afiliado al r\u00e9gimen de ahorro individual en Protecci\u00f3n SA., luego, entonces, no puede hablarse de que existiera una expectativa o confianza leg\u00edtima de que se le pudiera aplicar aquella norma\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira indic\u00f3 que \u00abno se cumple con el requisito de subsidiariedad, si se tiene en cuenta que los accionantes no demostraron un perjuicio irremediable que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que estudi\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, de acuerdo con el criterio establecido por el \u00f3rgano de cierre de esta especialidad, consistente en que \u00abel juzgador no puede aplicar a un caso en particular cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que se estructur\u00f3 el derecho, siempre y cuando la contingencia \u2013muerte-, se presente dentro de los 3 a\u00f1os siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 (29-01-2003 al 29- 01-2006)\u00bb. <\/p>\n
3. La A.F.P. Protecci\u00f3n S.A. sostuvo que no era procedente la salvaguarda constitucional, dado que obr\u00f3 \u00abde conformidad con las disposiciones legales\u00bb y, por tanto, no desconoci\u00f3 los derechos de las tutelantes. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, toda vez que las decisiones cuestionadas no incurr\u00edan en \u00ablas causales espec\u00edficas de procedibilidad del amparo en contra de providencias judiciales (\u2026), [dado que] es claro que (\u2026) fueron emitidas bajo el manto de los principios constitucionales de autonom\u00eda e independencia judiciales y, por ello, no puede esta Sala de Tutelas entrar a invalidarlas sin usurpar las funciones que, al respecto, le corresponden a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora remiti\u00f3 escrito en el que manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de impugnar la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, las actoras pretenden que, por v\u00eda constitucional, se deje sin valor ni efecto la sentencia SL2076-2021 proferida el 19 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y, en consecuencia, que se declare que tienen derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Pues bien, advierte la Sala que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso de casaci\u00f3n promovido por las tutelantes, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo dictado por el ad quem en el proceso de marras. <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico se centraba en establecer si era viable que accedieran a la pensi\u00f3n de sobrevivientes \u00abacudiendo a la Ley 100 de 1993 en su primera versi\u00f3n, aun cuando el afiliado, su esposo y padre, falleci\u00f3 el 24 de julio de 2016, en vigencia de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto, afirm\u00f3 que la normatividad aplicable para otorgar una pensi\u00f3n de sobrevivientes era la que se encontrara vigente en el momento de la ocurrencia de la muerte y que, en el caso objeto de estudio, era la Ley 797 de 2003, respecto de la cual \u00abno se acredit\u00f3 el cumplimiento de los requisitos, como acertadamente lo concluy\u00f3 el Tribunal y no fue objeto de discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, hizo referencia a la sentencia CSJ SL, 25 jul. 2012 (rad. 38674), en la que advirti\u00f3 que era posible su aplicaci\u00f3n en el tr\u00e1nsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y las Leyes 797 y 860 de 2003, siempre y cuando \u00aben la fecha de la muerte y en la de entrada en vigencia de la nueva norma, se cumplieran los requisitos de la disposici\u00f3n anterior\u00bb. Al respecto, mencion\u00f3 lo establecido en la sentencia CSJ SL4650-2017, en la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente expuso: <\/p>\n
\u00abNo es admisible aducir, como par\u00e1metro para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en alg\u00fan momento pret\u00e9rito en que se ha desarrollado la vinculaci\u00f3n de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regular\u00eda el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio hist\u00f3rico, a fin de encontrar alguna otra legislaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1\u0301 de la que haya precedido \u2013a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos \u2018plusultractivos\u2019, que resquebraja el valor de la seguridad jur\u00eddica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642)\u2026 <\/p>\n
Pero \u00bfcu\u00e1l es el tiempo de permanencia de esa \u2018zona de paso\u2019 entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres a\u00f1os, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente\u2026 <\/p>\n
Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jur\u00eddicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa leg\u00edtima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la \u00e9gida de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Despu\u00e9s de all\u00ed no ser\u00eda viable su aplicaci\u00f3n, pues este principio no puede convertirse en un obst\u00e1culo de cambio normativo y de adecuaci\u00f3n de los preceptos a una realidad social y econ\u00f3mica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser din\u00e1mico, jam\u00e1s est\u00e1tico. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 \u2013 29 de enero de 2006), el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 contin\u00faa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para las personas con expectativa leg\u00edtima, ulterior a ese d\u00eda opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. <\/p>\n
No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres a\u00f1os, a m\u00e1s de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes ten\u00edan dicha situaci\u00f3n concreta al momento del tr\u00e1nsito legislativo\u2026\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que \u00abcomo el causante falleci\u00f3 el 24 de julio de 2016, es decir, con posterioridad al 29 de enero de 2006, no resulta viable la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en el tr\u00e1nsito legislativo entre la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y, por ende, sus causahabientes no pueden ser beneficiarias de la pensi\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que \u00abel art. 12 de la L. 797\/03, que reform\u00f3 los requisitos previstos en el art. 46 de la L. 100\/93, para la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, fue sometido a control de constitucionalidad, mediante la sentencia CC C-556 de 2009, como consecuencia de lo cual se declar\u00f3 inexequible el requisito de fidelidad al sistema, tras ser considerado regresivo, pero se mantuvo vigente lo relativo a la exigencia de 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores a la muerte del afiliado\u00bb y, bajo esas circunstancias, enfatiz\u00f3 que \u00ablejos de menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores, al ser sometida a escrutinio constitucional, la Ley 797 de 2003 y, en particular, el incremento en el requisito de semanas de cotizaci\u00f3n para el acceso a las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, no fue tenido como regresivo y se armoniz\u00f3 con los mandatos superiores, pues si bien se aument\u00f3 el n\u00famero de semanas m\u00ednimas de cotizaci\u00f3n exigidas de 26 a 50, igualmente se aument\u00f3 el plazo para efectuar tales aportes, de uno a tres a\u00f1os anteriores a la muerte o estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo concerniente a los principios de confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica, luego de traer a colaci\u00f3n lo establecido frente al primero en la sentencia CSJ SL4650-2017, sostuvo que desde que fue instaurada la demanda ordinaria laboral (21 de julio de 2017) la jurisprudencia exig\u00eda el cumplimiento de unos requisitos m\u00ednimos \u00abpara la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el tr\u00e1nsito normativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, se itera, desde la sentencia CSJ SL 38674, 25 jul. 2012\u00bb; en esa medida, estim\u00f3 que \u00abno se sorprendi\u00f3 al recurrente con la decisi\u00f3n del ad quem, menos aun con esta, toda vez que, pese a haberse refinado el citado criterio, estableciendo justificadamente como supuesto necesario para la aplicaci\u00f3n del aludido principio un l\u00edmite temporal, ello en nada afect\u00f3 la situaci\u00f3n particular del causante en este asunto\u00bb. <\/p>\n
4. De lo expuesto, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada desech\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el sub lite, en los t\u00e9rminos pretendidos, por cuanto en el juicio se demostr\u00f3 que el causante falleci\u00f3 el 24 de julio de 2016, es decir, con posterioridad al 29 de enero de 2006 y, por tanto, no era posible remitirse a la normatividad inmediatamente anterior, para estudiar, si con base en ella, se lograba consolidar el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes que no se pudo satisfacer con fundamento en la Ley 797 de 2003, aplicando el criterio que ha sido expuesto en forma reiterada por esa Sala, en su condici\u00f3n de \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por las gestoras, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de las ac\u00e1 tutelantes. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre1. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13815-2021, STC13983-2021, STC14389-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4586-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC4586-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01326-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 13 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62808","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62808"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62808\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}