STC4591-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4591-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01028-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Agust\u00edn Fince Epianyu, Autoridad Mayor de la Comunidad Wayuu \u201cPortete\u201d en nombre de \u00e9sta y en el de S\u00f3crates Gabriel Barros Fince, le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Justicia y del Derecho, extensiva a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales -, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia \u2013 Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Internacional – y dem\u00e1s involucrados en el juicio de extradici\u00f3n n\u00ba 58647. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en la calidad aducida, directamente pretendi\u00f3 la guarda de la prerrogativa al \u00abdebido proceso\u00bb para que se revocara \u00abel concepto favorable CP177-2021, dentro del radicado n\u00ba 58647 del 10 de noviembre de 2021, por medio del cual se [aval\u00f3] la extradici\u00f3n de S\u00f3crates Gabriel Barros Fince, por parte de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia\u00bb y, se dejara sin efecto \u00abla Resoluci\u00f3n 040 del 8 de marzo de 2022 del Ministerio de Justicia y del Derecho\u00bb. <\/p>\n
En compendio narr\u00f3 que S\u00f3crates Gabriel Barros Fince censado como miembro de la comunidad Wayuu \u201cPortete\u201d y, por tanto, con fuero ind\u00edgena, fue requerido en extradici\u00f3n por la justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, porque \u00abdesde fecha desconocida y de manera continua hasta el 9 de septiembre de 2020 o alrededor de dicha fecha (\u2026) estando a bordo de una nave sujeta a jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos, en el Distrito Central de Florida (\u2026) para la distribuci\u00f3n de cinco (5) kilogramos de coca\u00edna\u00bb y por id\u00e9nticas conductas \u00aba partir de una fecha desconocida y de manera continua hasta el 31 de enero de 2019\u00bb, y que existen razones para creer que dicha sustancia ser\u00eda importada a esa Naci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que remitidas las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en ejercicio del derecho de defensa, S\u00f3crates Gabriel a trav\u00e9s de abogado, pidi\u00f3 y aport\u00f3 pruebas en su favor y solicit\u00f3 expedir concepto desfavorable en relaci\u00f3n con el memorado tr\u00e1mite, con sustento en la condena que el \u00abResguardo Ind\u00edgena de la Alta y Media Guajira, comunidad Wayuu \u201cPortete\u201d y Wayuu \u201cMajali\u201d\u00bb impuso en su contra el 5 de julio de 2019, \u00abpor los mismos supuestos f\u00e1cticos que motivaron el pedido de extradici\u00f3n\u00bb, de manera que no era posible avalar la rogativa extranjera sin \u00abquebrantar abiertamente la garant\u00eda constitucional de \u201cno dos veces por lo mismo\u201d\u00bb. <\/p>\n
No obstante, indic\u00f3, la Magistratura querellada desestim\u00f3 la postura de su representante judicial (CP177-2021, 10 nov. 2021) y, con ese soporte, mediante Resoluci\u00f3n Ejecutiva n\u00ba 128 de 24 de diciembre siguiente, el Gobierno Nacional concedi\u00f3 \u00abla extradici\u00f3n del ciudadano colombiano S\u00f3crates Gabriel Barros Fince\u00bb, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n fue ratificada (Resoluci\u00f3n Ejecutiva n\u00ba 040, 8 mar. 2022). <\/p>\n
Dijo que ese procedimiento vulner\u00f3 la aludida garant\u00eda superlativa por cuanto, la Corporaci\u00f3n accionada desconoci\u00f3 \u00abla prohibici\u00f3n de doble incriminaci\u00f3n \u2013nom bis in idem-\u00bb, as\u00ed como su propio precedente e incurri\u00f3 en \u00abfalta de motivaci\u00f3n y motivaci\u00f3n anfibol\u00f3gica\u00bb, lo cual traduce una flagrante \u00abdenegaci\u00f3n de justicia\u00bb, yerro tambi\u00e9n cometido por la Cartera tutelada, al abstenerse \u00abde contradecir o controvertir lo que dice la Corte, por la sencilla raz\u00f3n de que quien lo dijo fue la Corte (\u2026) pero, adem\u00e1s, lo califica de \u201csuficientemente claro\u201d, \u201cconcreto\u201d y \u201ccompleto\u201d; y (\u2026) citando una jurisprudencia de [un magistrado fallecido] hace treinta y tres a\u00f1os, se\u00f1ala que el Concepto de la Corte, vincula indefectiblemente al Ministerio, as\u00ed sea en detrimento del principio de legalidad\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3, que el Ministerio convocado indicara que no estaba llamado a ser una tercera instancia frente a la determinaci\u00f3n de la Corte y amparado en ello se abstuviera de analizar los reparos expuestos por el abogado de Barros Fince, pero, de todas formas, confirmara la \u00abdecisi\u00f3n de acceder a la extradici\u00f3n de conformidad con lo se\u00f1alado en la parte motiva de [esa] resoluci\u00f3n\u00bb, porque, as\u00ed las cosas, debi\u00f3 inhibirse de solventar el asunto. <\/p>\n
2.- El Ministerio de Relaciones Exteriores \u2013 Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Internacional suplic\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u00abno obra hecho alguno atribuible a \u00e9ste, que permita inferir una acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de amenaza o puesta en peligro de los derechos fundamentales del accionante por parte de esta entidad\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal destac\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa del dirigente ind\u00edgena para obrar en nombre del investigado, cuya agencia oficiosa no se enarbol\u00f3 ni se expuso violaci\u00f3n alguna contra la comunidad que dice representar, circunstancia en virtud de la cual se opuso a la salvaguarda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se advierte que Agust\u00edn Fince Epianyu, como Autoridad Tradicional de la Comunidad Wayuu \u201cPortete\u201d, tiene \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para actuar en nombre de S\u00f3crates Gabriel Barros Fince, como quiera que as\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al otorgar a tales dirigentes <\/p>\n
\u00ablegitimaci\u00f3n por activa para interponer la acci\u00f3n de tutela a favor de sus propios miembros, toda vez que un presunto desconocimiento del fuero y de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, atenta no solo contra los derechos y garant\u00edas establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos ind\u00edgenas, sino tambi\u00e9n contra las garant\u00edas consagradas a favor de las comunidades ind\u00edgenas como colectividades reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (T-866 de 2013). <\/p>\n
Adem\u00e1s, Barros Fince es \u00abcomunero\u00bb perteneciente al Resguardo Ind\u00edgena la Alta y Media Guajira de dicha colectividad, seg\u00fan lo reconoci\u00f3 la hom\u00f3loga Penal en la providencia confutada (CP177-2021). <\/p>\n
2.- En el sub lite se reprocha: (i) De la Sala de Casaci\u00f3n Penal, haber \u00abemitido concepto favorable de extradici\u00f3n CP177-2021, Radicado n\u00ba 58647, de 10 de noviembre de 2021\u00bb, por conculcar la \u00abgarant\u00eda al nom bis in idem\u00bb, desconocer su propio precedente y carecer de una adecuada motivaci\u00f3n; y, (ii) Del Ministerio de Justicia y del Derecho, expedir la Resoluci\u00f3n ejecutiva n\u00ba 040 de 8 de marzo de 2022, en la que confirm\u00f3 la concesi\u00f3n de la extradici\u00f3n de Barros Fince, para que comparezca a \u00abjuicio\u00bb ante las \u00abautoridades\u00bb de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
2.1.- No obstante, lo que se avizora es que el concepto CP177-2021 (10 nov., rad n\u00ba 58647, acta 294) de la Corte Suprema de justicia, no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los elementos suasorios obrantes en el decurso de cara al \u00abnon bis in \u00eddem – Prohibici\u00f3n de doble juzgamiento\u00bb y a la condici\u00f3n especial del pedido en extradici\u00f3n \u2013 ciudadano colombiano perteneciente a la comunidad Wayuu \u201cPortete\u201d -. <\/p>\n
En efecto, luego de compendiar las conductas delictivas endilgadas por los entes norteamericanas a Barrios Fince, seg\u00fan los cuales \u00e9ste hace parte y lidera una organizaci\u00f3n \u00abcon sede en Colombia responsable de env\u00edos de m\u00faltiples toneladas de coca\u00edna desde Colombia con destino a pa\u00edses en Am\u00e9rica Central, el Caribe y los Estados Unidos\u00bb, pas\u00f3 a verificar la satisfacci\u00f3n de los requisitos formales de la extradici\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de \u201cla garant\u00eda del non bis in idem\u201d, invocada por el gestor, motivo de inconformidad en esta v\u00eda excepcional, estableci\u00f3, en primer lugar, que ninguna de las causas penales seguidas por la Fiscal\u00eda 1\u00aa Seccional de La Guajira en contra de S\u00f3crates Gabriel, tiene relaci\u00f3n con los supuestos f\u00e1cticos objeto de la \u00absolicitud\u00bb analizada; en segundo t\u00e9rmino, sobre la condena proferida por las \u00abautoridades ind\u00edgenas\u00bb para sancionar los punibles atribuidos por la justicia estadounidense, adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [n]o est\u00e1 en discusi\u00f3n que las autoridades ind\u00edgenas pueden ejercer justicia dentro de su \u00e1mbito territorial. As\u00ed lo establece el art\u00edculo 246 de la Constituci\u00f3n. Lo que no est\u00e1 permitido es utilizar la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena para tramitar procesos ama\u00f1ados con la finalidad de evitar el juzgamiento de conductas que trascienden la territorialidad, no solo de la comunidad ind\u00edgena, sino del pa\u00eds, hasta llegar a interferir la legalidad de otras naciones. <\/p>\n
Esa afirmaci\u00f3n es totalmente aplicable al caso que se analiza. Cantidades de narc\u00f3ticos fueron decomisados en jurisdicci\u00f3n de un pa\u00eds distinto al colombiano. Esa es la raz\u00f3n de ser del pedido de extradici\u00f3n. La prueba aducida ense\u00f1a, entonces, que los delitos se cometieron bajo jurisdicci\u00f3n de naciones extranjeras. Por eso, la aplicaci\u00f3n enga\u00f1osa de la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena, reivindicando una competencia que no tiene para decir que los delitos se cometieron al interior de una comunidad ancestral, no puede ser un estorbo a la colaboraci\u00f3n multilateral entre naciones frente a conductas de alto impacto internacional cometidas, seg\u00fan su finalidad y la forma como fue incautada la mercanc\u00eda, en jurisdicci\u00f3n de otro pa\u00eds. <\/p>\n
Apreciada en esa dimensi\u00f3n, la decisi\u00f3n del Cabildo de Portete es manifiestamente ilegal e inoponible, y como tal no puede servir de pretexto para negar la extradici\u00f3n, con el argumento de que la conducta por la cual es requerido S\u00d3CRATES GABRIEL BARROS FINCE en extradici\u00f3n, fue juzgada por una autoridad ind\u00edgena, aduciendo derechos ancestrales de ilegal configuraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Controvierte el precursor que se tilde de \u00abama\u00f1ado, ileg\u00edtimo o ilegal el procedimiento adelantado por los gobernadores de la comunidad Wayuu \u201cPortete\u201d\u00bb, sin especificar cu\u00e1l es el fundamento f\u00e1ctico de esas afirmaciones, acusando dicha determinaci\u00f3n de adolecer de \u00abfalta de motivaci\u00f3n\u00bb; sin embargo, de una lectura completa a tal pronunciamiento se extrae que a esas conclusiones arrib\u00f3 la Colegiatura accionada tras argumentar que de acuerdo con el principio de territorialidad de la ley penal, \u201c(\u2026) en el caso examinado, [la conducta] se cometi\u00f3 parcialmente en cada uno de los pa\u00edses mencionados (\u2026)\u201d, es decir, Rep\u00fablica Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, lugares donde fueron detenidas varias embarcaciones cargadas con los alucin\u00f3genos, seg\u00fan se document\u00f3 al transliterar la imputaci\u00f3n \u00abf\u00e1ctica\u00bb atribuida al reclamado (p\u00e1gs. 22 y ss de la providencia). <\/p>\n
De acuerdo con esa postura, apoyada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en las decisiones CP137-2015, CP162-2017 y CP089-2018 donde tambi\u00e9n se conceptu\u00f3 favorablemente sobre la extradici\u00f3n de personas que incurrieron en similares il\u00edcitos, si el comportamiento criticado inici\u00f3 en un lugar pero su ejecuci\u00f3n o consumaci\u00f3n ocurri\u00f3 en otro, es dable concluir que se llev\u00f3 a cabo \u00aben diversos lugares, de manera total o parcial\u00bb, y, para el caso, esos sitios fueron los pa\u00edses donde se decomisaron los narc\u00f3ticos, con la intenci\u00f3n de ingresarlos al pa\u00eds requirente, traduciendo ello que el cabildo ind\u00edgena carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n y competencia para juzgar a sus autores. <\/p>\n
No se evidencia, entonces que la determinaci\u00f3n combatida merezca reproche alguno por preterir el criterio de la Corporaci\u00f3n en cuanto al alcance del concepto de territorialidad de la ley penal, pues, por el contrario, en ella se citaron los pronunciamientos que sirvieron de base a esa tesis, sin que la expuesta en el concepto CP036-2018, de 21 de marzo de 2018, deba ser impuesta por v\u00eda tutelar, cuando lo observado es que en la Sala de Casaci\u00f3n Penal hay opiniones divergentes sobre la materia. <\/p>\n
Sobre el punto, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 00022-01, STC1160-2021). <\/p>\n
Lo propio puede decirse de lo inferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal respecto de la transgresi\u00f3n al atributo del nom bis in idem endilgada por el quejoso, por cuanto no se advierte abuso ni arbitrariedad de su parte cuando concluy\u00f3 que la sanci\u00f3n impuesta por la justicia aborigen, dictada por fuera del \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n y competencia, \u201c(\u2026) no es vinculante, al estar en ostensible contradicci\u00f3n con conductas que determinan que la extradici\u00f3n en este caso es imperiosa, al tratarse de hechos cometidos en el exterior que conciernen a jurisdicciones de distintos Estados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.2.- De igual modo, como de manera reiterada lo ha predicado esta Corporaci\u00f3n, el embate contra \u00abla Resoluci\u00f3n 040 del 8 de marzo de 2022 del Ministerio de Justicia y del Derecho\u00bb debe ser dilucidado por el juez de lo contencioso administrativo (STC5112-2021, STL 4219-2021 y STC11959-2021). <\/p>\n
Aserci\u00f3n que se fundamenta en que el accionante no acredit\u00f3 en el plenario la ocurrencia de perjuicio irremediable alguno, como el acaecimiento de un menoscabo de tal magnitud, actual, inminente y serio que establezca la necesidad de otorgar el auxilio y en que el acto administrativo ya citado, bien podr\u00eda ser atacado a trav\u00e9s del medio de la nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ante la jurisdicci\u00f3n de esa especialidad. <\/p>\n
En ese sentido, si en criterio del impulsor, con la disposici\u00f3n referida, los convocados \u00abvulneraron el debido proceso\u00bb de Barros Fince, es claro que, previo a acudir a esta v\u00eda, debe agotar el mecanismo ordinario estatuido por el legislador que, en suma, le brinda la posibilidad de discutir la decisi\u00f3n, a trav\u00e9s de la figura jur\u00eddica ya indicada, escenario en el que, si lo estima pertinente, podr\u00e1 pedir medidas cautelares, conforme lo prev\u00e9 el canon 230 \u00eddem, sin que exista plena certeza de si el sedicente hizo uso de tal instrumento, ya que en el libelo no hace referencia a ese punto, incumpli\u00e9ndose as\u00ed, con el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha puntualizado que, <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de lo expuesto, ha de se\u00f1alarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama\u201d\u00bb (STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC11959-2021). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[L]as inconformidades contra actos administrativos (\u2026), por regla general, no son susceptibles de debate a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pues, para ello concierne al afectado acudir a la jurisdicci\u00f3n competente y a trav\u00e9s del procedimiento legalmente establecido para el efecto (\u2026) habida cuenta que la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa es el escenario natural de dicha controversia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cel proceso contencioso administrativo\u00bb s\u00ed es id\u00f3neo y eficaz para hacer frente a ese escrutinio, ya que all\u00ed es viable instar el decreto de las medidas cautelares, entre ellas la \u00absuspensi\u00f3n del acto administrativo\u00bb en cuesti\u00f3n acorde con lo estatuido en el precepto 231 de la Ley 1437 de 2011; ello a fin de neutralizar temporalmente sus efectos y as\u00ed conjurar el \u00abperjuicio irremediable\u00bb que de \u00e9l pudiere derivar\u201d\u00bb (STC3576-2021, reiterada en STC11959-2021). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se declarar\u00e1 improcedente el socorro anhelado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Agust\u00edn Fince Epianyu, como autoridad mayor de la Comunidad Wayuu \u201cPortete\u201d, en nombre de \u00e9sta y en el de S\u00f3crates Gabriel Barros Fince. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto y, de no impugnarse el fallo, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4591-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4591-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01028-00 (Aprobado en Sala de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se desata la tutela que Agust\u00edn Fince Epianyu, Autoridad Mayor de la Comunidad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}