STC4596-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4596-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01038-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Sof\u00eda Alba contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene al Tribunal convocado \u00abrevocar la sentencia de primera instancia\u2026 y en su lugar se decreten los siete metros de ancho para la servidumbre de tr\u00e1nsito carreteable permanente, con cargo a los predios sirvientes\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ana Sof\u00eda Alba promovi\u00f3 acci\u00f3n de imposici\u00f3n de servidumbre de tr\u00e1nsito contra Martha Elena y Olga Luc\u00eda Redondo Herrera, que se declar\u00f3 parcialmente pr\u00f3spera con sentencia del 12 de febrero de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 Olga Luc\u00eda Redondo Herrera, recurso al que adhiri\u00f3 la demandante. <\/p>\n
2.2. Mediante fallo del 9 noviembre pasado, el Tribunal cuestionado modific\u00f3 la providencia recurrida, con la finalidad de actualizar la indemnizaci\u00f3n fijada en favor de la enjuiciada y, en lo dem\u00e1s, la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el juzgado criticado, al decidir sobre el trazo de la servidumbre que reclam\u00f3, tuvo en cuenta unas construcciones que no exist\u00edan al inicio del proceso, por lo que \u00abno era viable la realizaci\u00f3n de obras por falta de licencia, m\u00e1xime cuando ya se encontraba en curso el respectivo proceso\u00bb; que el camino trazado se concedi\u00f3 de tres metros de ancho, desconociendo que en el libelo se deprec\u00f3 un ancho de siete metros, cabida que necesita \u00abpara obtener la licencia de construcci\u00f3n del proyecto\u00bb que planea desarrollar en su predio; y que \u00abno es que se causen da\u00f1os sobre los predios sirvientes, habida consideraci\u00f3n que deb[e]\u2026 pagar el valor del terreno solicitado para la v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el Tribunal convocado \u00abllega [a] una conclusi\u00f3n equivocada, cometiendo los mismos errores que el a-quo\u00bb, comoquiera que \u00absus decisiones carecen de apoyo probatorio, m\u00e1xime que no se analizaron a cabalidad las pruebas existentes dentro del informativo y se le dieron valor diferente al real\u00bb; adem\u00e1s, porque \u00abpara decidir aplicaron normas diferentes y contradictorias\u00bb, pues tuvieron en cuenta normas de naturaleza agraria, desconociendo que los inmuebles involucrados son urbanos; y que \u00ablos falladores debieron pronunciarse conforme a las pretensiones\u2026, vale decir, reconocer[l]e el derecho tal como se solicit\u00f3 y no conceder[s]elo insuficiente\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca precis\u00f3 que en el proceso cuestionado \u00abse resguardaron los derechos de las partes y dem\u00e1s intervinientes, como bien queda demostrado en la decisi\u00f3n cuestionada, en la cual, se elucidaron los medios de prueba legalmente recaudados para de esa forma desestimar los argumentos en que se finc\u00f3 la pretensi\u00f3n impugnatoria de la demandante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9 precis\u00f3 que su \u00abparticipaci\u00f3n en el tr\u00e1mite [acusado], se ajusta plenamente a los lineamientos establecidos por la legislaci\u00f3n procesal aplicable en cada etapa\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Olga Carolina Castro Redondo, quien indic\u00f3 actuar como apoderada judicial de Olga Luc\u00eda Redondo Herrera, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
4. Martha Helena Redondo Herrera, a trav\u00e9s de apoderado judicial, inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, comoquiera que, la promotora no formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II para Asuntos Civiles solicit\u00f3 de negar la salvaguarda, toda vez que, dicha autoridad no ha vulnerado las prerrogativas de la gestora; refiri\u00f3 que lo alegado es una discrepancia frente a lo resuelto en el proceso de servidumbre, decisi\u00f3n que no deriva arbitraria. <\/p>\n
6. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este punto, ha de resaltarse que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia de 9 de noviembre de 2021, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo de 12 de febrero de esas calendas, toda vez que fue esa providencia la que clausur\u00f3 el debate suscitado en torno a la imposici\u00f3n de servidumbre que reclam\u00f3 la quejosa en el juicio fustigado. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, revisada la demanda de tutela, concluye la Corte que la accionante se muestra inconforme con la cabida de la servidumbre que se reconoci\u00f3 en el proceso enjuiciado, pues considera que debi\u00f3 fijarse en 7 metros de ancho, tal y como lo solicit\u00f3 en el libelo g\u00e9nesis de ese asunto. <\/p>\n
As\u00ed pues, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la anotada providencia de 9 de noviembre de la anualidad anterior no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que no se impon\u00eda fijar el ancho de la servidumbre, en el valor que se deprec\u00f3 en la demanda, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Ahora, se abordaran los reparos de la parte actora en el marco de la apelaci\u00f3n adhesiva, memorando, que se aleg\u00f3 que la servidumbre concedida es \u201cinsuficiente y precaria\u201d, lo que impide hacer uso del bien para desarrollar el proyecto \u201cConjunto residencial de propiedad horizontal\u201d, plan a ejecutar denominado Santa Sof\u00eda, adem\u00e1s, acorde al acuerdo del Concejo Municipal 017 de 11 de diciembre de 2003, por medio del cual se ajusta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Ubat\u00e9, el sistema vial, seg\u00fan art\u00edculo 74, comprende v\u00edas VU-7 con ancho de 7 metros. <\/p>\n
De manera que, se parte de la premisa de que \u201csi un predio carece de salida la v\u00eda p\u00fablica, o la que tiene es insuficiente para su explotaci\u00f3n, su due\u00f1o tiene derecho para imponer a los predios colindantes la servidumbre de tr\u00e1nsito. Con raz\u00f3n se ha dicho que la funci\u00f3n econ\u00f3mica de las servidumbres consiste en establecer \u201cuna comunicaci\u00f3n de utilidades entre un predio y otro\u201d\u2026\u201d, surgiendo de esta manera el derecho real de servidumbre que, en este caso la judicatura de primer nivel en aras de afectar lo menos posible los predios de las demandadas, consider\u00f3 que \u201cla medida de siete\u2026 metros de ancho que procura la accionante en relaci\u00f3n con el sendero de servidumbre, no encuentra soporte t\u00e9cnico alguno. No debe olvidarse que durante el desarrollo de la actuaci\u00f3n no se estableci\u00f3 [que]\u2026 el predio Santa Sof\u00eda, sea objeto de un proyecto actual de urbanizaci\u00f3n que exija tal dimensi\u00f3n en la v\u00eda de acceso. Por lo dem\u00e1s, debemos evocar que el fundamento de la servidumbre lo constituye el aislamiento del predio, cuya explotaci\u00f3n actual es la ganadera\u201d, estimando id\u00f3neo \u00fanicamente gravar al lote B-2. <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, c\u00f3mo se advirti\u00f3 en precedencia, la v\u00eda derivada de la servidumbre aqu\u00ed reconocida, no constituye una obra de car\u00e1cter municipal, toda vez que su tr\u00e1nsito \u00fanica y exclusivamente tiene como finalidad beneficiar al predio dominante que se encuentra enclavado entre otros inmuebles y desprovisto de una v\u00eda de acceso, deponi\u00e9ndola sobre el lote B-2 o predio sirviente, por lo cual, ese carreteable es dis\u00edmil al \u201ctr\u00e1nsito que establece el municipio para sus habitantes a trav\u00e9s de una o varias heredades, constituye una limitaci\u00f3n de dichas heredades, pero no hay servidumbre por no establecerse servicio en favor de un predio dominante\u201d, lo cual, despeja toda duda de cara a los reclamos de la parte actora atinentes a que el ancho de la servidumbre debe ce\u00f1irse al plan de ordenamiento territorial del municipio de Ubat\u00e9. <\/p>\n
Y siendo ello as\u00ed, de manera alguna se est\u00e1n cercenando los derechos de la promotora la propiedad privada y una explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y libre de su heredad, como bien lo estim\u00f3 el juzgado de primer nivel, el gravamen debe tener la menor incidencia en los predios de las convocadas, siendo razonable de marcar una l\u00ednea de servidumbre que solo afecte el lote B-2\u2026, m\u00e1s a\u00fan, cuando con las probanzas recaudadas no se acredit\u00f3 que el predio dominante sea objeto de un proyecto urban\u00edstico de \u201cconstrucci\u00f3n de un conjunto residencial de Propiedad Horizontal\u201d, c\u00f3mo se anot\u00f3 en los hechos quinto y d\u00e9cimo del libelo, en tanto que el secretario de planeaci\u00f3n y desarrollo de Ubat\u00e9\u2026 indic\u00f3 que \u201cuna vez revisado el archivo de esta Secretar\u00eda, no se encontr\u00f3 evidencia alguna respecto a la radicaci\u00f3n del mencionado proyecto urban\u00edstico. De igual manera, no se encontr\u00f3 evidencia alguna de aprobaci\u00f3n de planos de reglamento de Propiedad Horizontal del proyecto denominado \u201cSanta Sof\u00eda\u201d \u2026\u201d, sin perjuicio de lo dicho por el testigo Francisco Mendoza Villamil\u2026, lo cierto es, que pruebe iniciarse la demanda, no se adelant\u00f3 tr\u00e1mite administrativo para el desarrollo del proyecto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan la imposici\u00f3n de servidumbres de tr\u00e1nsito y las pruebas recaudadas, concluyendo que las mismas no daban cuenta de que, para la debida explotaci\u00f3n del predio dominante, se necesitara una v\u00eda de mayor amplitud, pues no estaba acreditado que, como lo aleg\u00f3 la demandante en su libelo, dicho bien estuviese destinado a la ejecuci\u00f3n de un \u00abConjunto Residencial\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, dest\u00e1quese que no se verifica que la anotada sentencia hubiese incurrido en incongruencia, pues lo pedido en la demanda era la imposici\u00f3n de una servidumbre, aspecto sobre el cual, sin duda, vers\u00f3 el fallo criticado; debi\u00e9ndose precisar que el trazo de tal gravamen depende de las pruebas que se recauden en el decurso procesal, sin que se pueda predicar falta de consonancia, en caso de que la forma en que \u00e9ste se imponga, no corresponda a la que se deprec\u00f3 en el libelo. <\/p>\n
Finalmente, tampoco se evidencia que el ad quem enjuiciado hubiese incurrido en alguna irregularidad, por la aplicaci\u00f3n de normas agrarias al proceso cuestionado, pues lo cierto es que, al admitirse la demanda, el 8 de julio de 2011, se dispuso que esa ser\u00eda la reglamentaci\u00f3n aplicable al debate, \u00abteniendo en cuenta la naturaleza del bien objeto del proceso\u00bb, pues en el hecho s\u00e9ptimo de la demanda se precis\u00f3 que uno de los predios que se pretend\u00eda gravar con servidumbre, estaba destinado a actividades agr\u00edcolas, espec\u00edficamente, \u00aba la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de pastos para vacas de orde\u00f1o y ganado de engorde\u00bb; mientras que el otro (hecho octavo) estaba \u00abdedicado a la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de pastos para ganado de leche y engorde\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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