STC4597-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4597-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2022-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 14 de febrero de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela que Nelly Catalina Ortega G\u00f3mez formul\u00f3 contra la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, por hechos relacionados con la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 ORD-81117-07172-2021. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso [defensa]. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que ocupaba el cargo de profesional universitario Grado 01, de la gerencia Colegiada de Boyac\u00e1, y durante el periodo comprendido entre el 2 de septiembre el 1\u00b0 de octubre de 2021, le fue concedida una licencia no remunerada. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el 30 de septiembre un m\u00e9dico general certific\u00f3 que su progenitora se encontraba hospitalizada, por lo que el 11 de octubre envi\u00f3 un formato \u00fanico donde alleg\u00f3 otra solicitud de licencia no remunerada por calamidad familiar, petici\u00f3n que, jam\u00e1s se resolvi\u00f3. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el 13 de octubre siguiente recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico con la iniciaci\u00f3n de actuaci\u00f3n administrativa de descuento de d\u00edas o fracciones y declaratoria de vacancia del empleo por abandono del cargo. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que el 15 siguiente, recibi\u00f3 una incapacidad m\u00e9dica extendida hasta el 5 de noviembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, el 26 de octubre realiz\u00f3 sus descargos y anex\u00f3 autorizaci\u00f3n de descuento de los d\u00edas comprendidos entre el 4 y el 10 de octubre; el 22 de noviembre se notific\u00f3 la decisi\u00f3n probatoria, y el 26 siguiente del auto para presentar alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el 14 de diciembre se notific\u00f3 de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 ORD 81117-07172-2021 de 13 de diciembre, por medio de la cual se declar\u00f3 el abandono de su cargo desde el 4 de octubre de 2021, y pese a presentar recurso de reposici\u00f3n, el 30 de diciembre se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 diciendo, que para el momento en que se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n objeto de su queja, no se hab\u00eda agotado el t\u00e9rmino correspondiente para alegar de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, de lo narrado, solicit\u00f3 declarar la nulidad de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 ORD-81117-07172-2021, y ordenar la emisi\u00f3n de una nueva decisi\u00f3n, e igualmente dar respuesta a su solicitud de 11 de octubre de 2021.1 <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, ratific\u00f3 parte de lo dicho en el escrito de tutela y asegur\u00f3 que en la actuaci\u00f3n administrativa adelantada se respet\u00f3 el debido proceso a la funcionaria accionante, y para demostrarlo, remitio copia \u00edntegra del expediente. <\/p>\n
Asever\u00f3 a la par, que el 11 de octubre de 2011, es decir, al sexto d\u00eda h\u00e1bil despu\u00e9s de haberse vencido el t\u00e9rmino concedido en la licencia no remunerada que le fue otorgada, la se\u00f1ora Ortega G\u00f3mez solicit\u00f3 que se le tramitara una nueva licencia, y pese a que afirm\u00f3 en la acci\u00f3n de tutela que la misma no fue tramitada, la respuesta a su petici\u00f3n reposa en el expediente, situaci\u00f3n que adem\u00e1s conoci\u00f3 desde el 13 de octubre, cuando se notific\u00f3 el auto de inicio de la actuaci\u00f3n administrativa de abandono del cargo.2 <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, declar\u00f3 improcedente el amparo por ausencia del requisito de subsidiariedad, en la medida que, para controvertir la resoluci\u00f3n n\u00b0 ORD-81117-07172-2021 la accionante puede acudir a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, a trav\u00e9s de los medios de control correspondientes. <\/p>\n
En cuanto a la \u00absolicitud de licencia no remunerada\u00bb de 11 de octubre de 2021, se\u00f1al\u00f3 que \u00abdebe seguir el mismo procedimiento, frente a lo previamente se\u00f1alado, pues hace parte de la misma actuaci\u00f3n, esto es, del compendio general de la actuaci\u00f3n administrativa, por lo que no puede entresacarse partes, en aras de un pronunciamiento separado, en lo que debi\u00f3 alegarse dentro del proceso natural y en el momento correspondiente, por lo que tampoco hay lugar a amparar esa situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la tutelante para insistir en sus peticiones y alegar que en la sentencia \u00abno [se] efectu\u00f3 un estudio a fondo del caso en concreto [pues] no basta se\u00f1alar que una acci\u00f3n es improcedente por existir otro mecanismo de defensa judicial sino que debe hacer un an\u00e1lisis respecto a la eficiencia, oportunidad del mismo\u00bb, destac\u00f3 que su situaci\u00f3n representa un \u00abmenoscabo del derecho al trabajo, al m\u00ednimo vital, a la seguridad social, a la salud, entre otros\u00bb, pues se \u00abha afectado [su] calidad de vida por cuanto [\u2026] no h[a] podido realizar aportes a seguridad social\u00bb, ni ha recibido ingresos, lo cual tambi\u00e9n afecta su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
En cuanto al derecho de petici\u00f3n, dijo que el Tribunal Constitucional ni siquiera sigui\u00f3 los par\u00e1metros establecidos por la jurisprudencia \u00abpor cuanto consider\u00f3 que, hac\u00eda parte de la misma actuaci\u00f3n administrativa, olvid\u00e1ndose que el mismo naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica antes y del cual no se present\u00f3 una respuesta de fondo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial <\/p>\n
Igualmente procede cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, consistente este en el \u00abgrave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e impostergables\u00bb3 para neutralizar, en la medida en que ello sea posible, su quebrantamiento, excluyendo hechos inciertos, riesgos potenciales y situaciones verificadas en el pasado remoto4, y para cuya determinaci\u00f3n deben confluir los siguientes criterios: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un perjuicio grave; (iii) que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) que las mismas sean impostergables5. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En ese contexto, si se verifica que el accionante no agot\u00f3 \u00abtodos los medios ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial a su alcance\u00bb6, la acci\u00f3n acontece improcedente -por ausencia del requisito de subsidiariedad- a menos que se acredite la inminente consumaci\u00f3n de dicho menoscabo7. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El evento en estudio, concluye la Sala que las quejas de la accionante frente a las resoluciones expedidas por el Contralor General de la Naci\u00f3n, pueden ventilarse ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho o el mecanismo que se estime procedente a la luz de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2081 de 2021, aplicable en virtud de la naturaleza de las decisiones reprochadas. <\/p>\n
En esta l\u00ednea, la Corte ha sostenido, que: <\/p>\n
\u00ablos actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que [la acccionante] discuta [los] derechos que reclama\u00bb. [STC, 25 abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020, STC14671-2021, STC15988-2021 y STC1989-2022]. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, no puede olvidarse, que aunque la se\u00f1ora Nelly Catalina Ortega G\u00f3mez promovi\u00f3 la acci\u00f3n como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque no ha podido realizar aportes a seguridad social, ni recibe ingresos, lo cual afecta su m\u00ednimo vital, las autoridades administrativas respectivas est\u00e1n facultadas para decretar medidas cautelares en caso de ser procedentes, de suerte que no se evidencia necesaria la intervenci\u00f3n temprana del Juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por si esto no fuera poco, la accionante no acredit\u00f3 \u00abel menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb [CSJ STC11816-2018, citada en STC1415-2021, STC16373-2021 y STC1989-2022] pues, aunque resultar\u00eda razonable inferir que la p\u00e9rdida de su trabajo podr\u00eda acarrearle eventuales afectaciones econ\u00f3micas, lo cierto es que al expediente no se alleg\u00f3 ning\u00fan elemento probatorio que lo acredite. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ahora, en cuanto al argumento que gira en torno a la falta de \u00abeficiencia, [y] oportunidad\u00bb del mecanismo de defensa judicial aludido, no se encuentra demostrado que el mismo no tenga la virtualidad de proteger los derechos de la accionante, siendo carga de la misma fundamentar y acreditar consistentemente que tal escenario se registra en su caso particular, lo que, como ya se dijo, no es posible debido a la deficiencia probatoria anotada. <\/p>\n
Y es que si bien es cierto, una de las particularidades que reviste la acci\u00f3n de tutela es su evidente car\u00e1cter informal, es necesario corroborar los hechos que dan cuenta de la violaci\u00f3n denunciada, pues, no puede concederse si no existe prueba de la transgresi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental que requiera el amparo constitucional en un proceso preferente y sumario8, ya que \u00abla persona que alega la ocurrencia de un perjuicio irremediable debe acreditar probatoriamente los hechos en los que funda la configuraci\u00f3n de dicha situaci\u00f3n\u00bb9, sin que para ello sea suficiente un c\u00famulo de afirmaciones sin sustento. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Finalmente, se observa que la solicitud de una segunda licencia no remunerada a la que la interesada se refiere como un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, ciertamente obra en la carpeta del tr\u00e1mite disciplinario adelantado en su contra en el consecutivo n\u00b0 5. lo que permite concluir, claramente, que en efecto se trata de una actuaci\u00f3n de este, cuya eventual inobservancia, a su vez, tambi\u00e9n deber\u00e1 ser materia de discusi\u00f3n en el medio de control cuyo agotamiento se ha echado de menos insistentemente en esta tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Consecuencia de lo anterior es que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Archivo: \u201c0001 Demanda\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Archivo: \u201cRespuesta tutela de Nelly Catalina Ortega G\u00f3mez 2022EE0014802\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Entre muchas otras la Sentencia T-161 de 2005 de la Corte Constitucional, reiterada en Sentencia STC13750-2018 de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4\u0002Cfr. Sentencia T-1190 de 2004. <\/p>\n
5\u0002 Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes, entre otras tantas, las sentencias T-225 de 1993; SU-544 de 2001; SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; T-1225 de 2004 y T-702 de 2008. <\/p>\n
6\u0002 Corte Constitucional, sentencia C- 590 de 2005, posteriormente reiterada en las providencias T-388 de 2006, SU- 946 de 2014, SU- 537 de 2017, entre otras. <\/p>\n
7\u0002 Consistente este en el \u201cgrave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e impostergables\u201d [Cfr. Sentencia SU-050 de 2018, parafraseando lo dicho en las sentencias SU-573 de 2017, SU-050 de 2017 y SU-917 de 2010. Reiterado en Sentencia SU-573 de 2019] para neutralizar, en la medida en que ello sea posible, su conculcaci\u00f3n, excluyendo eventos inciertos, riesgos potenciales y hechos verificados en el pasado remoto Para cuya determinaci\u00f3n deben confluir los siguientes criterios a saber: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un perjuicio grave; (iii) que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) que las mismas sean impostergables [Cfr. Sentencia T-1190 de 2004. Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes, entre otras tantas, las sentencias T-225 de 1993; SU-544 de 2001; SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; T-1225 de 2004 y T-702 de 2008.] en su defecto, la falta de idoneidad o eficacia de los recursos ordinarios de defensa existentes para conjurar la respectiva situaci\u00f3n, o la presencia de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
8\u0002 \u00c9nfasis no original Cfr, Sentencia T-702 de 2000 MP. Alejandro Mart\u00ednez Caballero, reiterada en 2017, en Sentencia T-471\/17 M. S.: Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
9\u0002 Sentencia T-471\/17 M.S.: Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
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STC4597-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4597-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2022-00021-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 14 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62819","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62819"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62819\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62819"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}