STC4599-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4599-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01045-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la dignidad humana, igualdad y debido proceso, as\u00ed como los principios de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse deje sin efectos la sentencia\u2026 del 10 de agosto de 2018 \u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Miguel Francisco Burgos Iglesias se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb, por el que fue condenado con providencia del 10 de agosto de 2018, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el procesado, siendo confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n con sentencia del 17 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, en las providencias condenatorias, \u00abse omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de pruebas de descargos de la defensa de tal importancia para la demostraci\u00f3n de la atipicidad subjetiva del delito de prevaricato\u00bb, en especial, los testimonios de \u00abRam\u00f3n de Jes\u00fas Jaller Dumar\u2026, Miguel Francisco Burgos Iglesias, Rossemary Mart\u00ednez Humanez y Roberto Carlos Mendoza Reyes\u00bb y de su propia declaraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3 que no se tuvo en cuenta que \u00abs\u00f3lo llevaba en el cargo\u2026 4 a\u00f1os y no 20 como lo dicen las sentencias de primera y [segunda] instancia, que en el despacho no exist\u00eda experiencia alguna en el manejo de tutelas distinta a las de derecho de petici\u00f3n y de salud y muy escasas\u00bb; as\u00ed como tampoco que \u00abera poca la informaci\u00f3n de pod\u00eda recibirse por cuanto no exist\u00eda medio telef\u00f3nico, ni internet\u00bb; y que los fallos condenatorios \u00absolo se fundaron en apreciaciones, muy lejanas de la realidad, y amparadas en la sentencia SU-377 de 2014 de la… Corte Constitucional\u00bb, la cual era \u00abinexistente al momento de proferirse la decisi\u00f3n por la que se [le] conden[\u00f3]\u00bb. <\/p>\n
2.4. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que \u00abno se le imput\u00f3, ni acus\u00f3 la falta de competencia territorial\u00bb, pero en la sentencia de primera instancia se le \u00abse le enrostr\u00f3 y se le sancion\u00f3 por ello\u00bb; y que los fallos enjuiciados desconocieron el precedente constitucional, \u00abtoda vez, que en ellos se trat\u00f3 temas muy distintos a los que debieron tratarse, [pues] si bien\u2026, [su] sentencia fue revocada parcialmente m\u00e1s que todo se debi\u00f3 a la cosa juzgada que sobrevino a [su] decisi\u00f3n y no a la vulneraci\u00f3n de los principios de inmediatez y subsidiaridad\u00bb. <\/p>\n
2.5. De otro lado, manifest\u00f3 que, por hechos similares por los que fue condenado, fueron exonerados otros funcionarios judiciales, por lo que considera que se vulner\u00f3 su derecho a la igualdad al declararse su responsabilidad penal. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia destac\u00f3 que lo que persigue el actor \u00abes revivir un debate probatorio que ya culmin\u00f3 ante el juez natural, desnaturalizando la acci\u00f3n constitucional para pretender con ella agotar una tercera instancia, con planteamientos que ya fueron objeto de an\u00e1lisis y confrontaci\u00f3n en las etapas procesales\u00bb; y que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abes respetuosa de los derechos fundamentales del demandante\u00bb. <\/p>\n
2. Miguel Francisco Burgos Iglesias insisti\u00f3 en sus argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, sea lo primero precisar que el estudio que se realizar\u00e1 en esta instancia se restringir\u00e1 a la providencia de 17 de noviembre de la pasada anualidad, que confirm\u00f3 la dictada el 10 de agosto de 2018, a trav\u00e9s de la cual se encontr\u00f3 penalmente responsable al tutelante del delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb, toda vez que fue esa decisi\u00f3n la que concluy\u00f3 el debate suscitado en torno a dicho t\u00f3pico. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, concluye esta Colegiatura que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, en la citada sentencia de 17 de noviembre de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 los motivos por los que encontraba demostrada la responsabilidad penal que se le imput\u00f3 a Miguel Francisco Burgos Iglesias, sobre lo cual expres\u00f3 que: <\/p>\n
A este efecto, la Corte debe precisar que en su m\u00e1s reciente l\u00ednea jurisprudencial, efectivamente ha destacado la naturaleza esencial de los hechos jur\u00eddicamente relevantes y el marco de limitaci\u00f3n que estos representan de cara al debido proceso, derecho de defensa, petici\u00f3n probatoria y contenido del fallo. <\/p>\n
Ello, para significar que la definici\u00f3n de los mismos, desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, no solo debe operar clara, suficiente y detallada, sino que a partir de all\u00ed la posibilidad de modificaci\u00f3n surge m\u00ednima, al erigirse en soporte fundamental y l\u00edmite necesario de los actos y decisiones posteriores. <\/p>\n
Desde luego, si el fallo se soporta en hechos diferentes a los que fueron objeto de imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, ello marca una afectaci\u00f3n directa e irremediable del debido proceso y el derecho de defensa. <\/p>\n
A este efecto, la soluci\u00f3n del caso concreto parte siempre por examinar, de un lado, si efectivamente el contenido de la sentencia desconoci\u00f3 o desbord\u00f3 el marco l\u00edmite de los hechos jur\u00eddicamente relevantes; y, del otro, si el yerro afect\u00f3 o no de manera profunda el debido proceso y derecho de defensa1. <\/p>\n
En este sentido, el examen del fallo proferido por el Tribunal permite advertir que, en efecto, all\u00ed se consider\u00f3 otro factor de cuestionamiento a la decisi\u00f3n de tutela reprochada al acusado, que no se incluy\u00f3 en la acusaci\u00f3n, esto es, la censura sobre la incompetencia para decidir la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En efecto, sostuvo el Tribunal que, para la fecha de los hechos, el juez BURGOS IGLESIAS carec\u00eda de competencia por factor territorial \u2013art\u00edculo 37 Decreto 2591 de 1991\u2013, al igual que el juez de primera instancia, para tramitar la acci\u00f3n de tutela, pues ninguno de los accionantes ten\u00eda su residencia en el municipio de Sahag\u00fan. <\/p>\n
Sin embargo, de ello no se sigue vulneraci\u00f3n del debido proceso o afectaci\u00f3n del derecho de defensa por modificaciones f\u00e1cticas concretas. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte debe advertir que, si bien, esas circunstancias que exceden el contenido de la acusaci\u00f3n, en s\u00ed mismas, no pueden soportar la definici\u00f3n de tipicidad objetiva del delito de prevaricato por acci\u00f3n, que se funda en la contradicci\u00f3n con determinada norma o precepto legal, ello no impide que el comportamiento del funcionario, reflejado en el contenido total de la decisi\u00f3n, no pueda examinarse para efectos de hacer m\u00e1s o menos probable su responsabilidad en el delito, si de examinar el elemento subjetivo del punible se trata2. <\/p>\n
Bajo esta \u00f3ptica, entonces, es claro que la determinaci\u00f3n del delito de prevaricato, en su cariz objetivo de emitir una decisi\u00f3n manifiestamente contraria a la ley, solo puede soportarse en las espec\u00edficas vulneraciones que de normas o principios propios de la acci\u00f3n de tutela, delimit\u00f3 en la acusaci\u00f3n la Fiscal\u00eda, sin posibilidad de referenciar otras distintas, como, precisamente, fallar o decidir la acci\u00f3n constitucional sin poseer competencia para tal efecto. <\/p>\n
Pero, se reitera, el an\u00e1lisis de contexto de todo el contenido de las decisiones y lo que ello refleja del actuar del procesado, s\u00ed permite examinar esos otros elementos, para radicar all\u00ed aspectos diferentes de la manifestaci\u00f3n objetiva de la conducta. <\/p>\n
Para verificar cubiertas las razones que en la acusaci\u00f3n edificaron el que se estim\u00f3 apartamiento manifiesto de la ley, por un criterio simple de racionalidad y trascendencia, se efect\u00faa el examen de tipicidad objetiva conforme a los factores consignados en la acusaci\u00f3n, siempre y cuando, por supuesto, estos s\u00ed hubiesen sido parte de la sentencia y soporten la condena. <\/p>\n
Ello, es necesario precisar, porque en el caso concreto se ha se\u00f1alado un n\u00famero plural de circunstancias que respaldan el concepto de abiertamente contraria a la ley de la sentencia de tutela, y cada uno de esos factores, individualmente considerado, supera por s\u00ed mismo el criterio de tipicidad objetiva. <\/p>\n
b. La tipicidad objetiva <\/p>\n
Adentrados desde ya en el concepto de los hechos jur\u00eddicamente relevantes y lo que en el caso concreto verifica el apelante sobre su aplicaci\u00f3n, esto es, que \u201cla acusaci\u00f3n que se le enrostra a mi defendido se hace consistir en la vulneraci\u00f3n de sentencias de tutela y una sentencia de unificaci\u00f3n, las cuales no constituyen doctrina constitucional de la Corte\u201d3, y por ello no pueden fundamentar el juicio de responsabilidad penal por el punible de prevaricato por acci\u00f3n, en la medida en que el art\u00edculo 413 de la Ley 599 de 2000, se\u00f1ala que se incurre en el delito quien profiera una sentencia que sea manifiestamente contraria a la ley, no a la jurisprudencia, se hace necesario precisar que, contrario a lo sostenido por el recurrente, la acusaci\u00f3n no delimit\u00f3 el concepto de ley, para lo examinado aqu\u00ed, en los precedentes de la Corte Constitucional exclusivamente, a la manera de entender que la conducta atribuida al acusado se funda \u00fanicamente en desconocerlos. <\/p>\n
A este efecto, de los hechos jur\u00eddicamente relevantes debe precisarse, para lo que corresponde al delito de prevaricato, cu\u00e1les circunstancias gobiernan el fundamento de lo \u201cmanifiestamente contrario a la ley\u201d, cometido en el cual, al margen de la discusi\u00f3n pasible de presentarse en torno del concepto amplio de ley y de c\u00f3mo la jurisprudencia accede o no al mismo, es lo cierto que de los factores consignados en la acusaci\u00f3n para soportar el elemento objetivo-normativo del punible, tres de ellos: (i) la inexistencia de afectaci\u00f3n ius fundamental, (ii) el desconocimiento de los l\u00edmites atinentes a la adopci\u00f3n de medidas provisionales y (iii) la vulneraci\u00f3n del principio de subsidiaridad, se edificaron en normas precisas, esto es, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y los art\u00edculos 7\u00ba, 8\u00ba, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991; al tanto que el cuarto de ellos, la presunta vulneraci\u00f3n del principio de inmediatez, s\u00ed se afinc\u00f3 en decisiones espec\u00edficas de la Corte Constitucional, que acu\u00f1aron el concepto y sus efectos. <\/p>\n
En todo caso, es claro que la remisi\u00f3n a lo que la jurisprudencia y la doctrina tiene establecido respecto de la interpretaci\u00f3n de determinada norma \u2013no solo en asuntos de tutela-, ha servido siempre como herramienta para asumir una particular postura en torno del delito, la magnitud del apartamiento de la ley y la posible actuaci\u00f3n dolosa del acusado, a t\u00edtulo de elemento de juicio presentado para el debate, y no necesariamente, con algunas excepciones, en calidad de \u201cley\u201d espec\u00edfica vulnerada. <\/p>\n
Precisado lo anterior, como de una parte el recurrente basa su alegaci\u00f3n en la inexistencia de tipicidad objetiva, a partir de la inadecuada comprensi\u00f3n que, afirma, el Tribunal predic\u00f3 respecto de los elementos consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, esto es, subsidiariedad e inmediatez, la Sala asumir\u00e1 cada uno de estos factores, de cara a su implicaci\u00f3n en la tutela fallada por el acusado. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En los casos en los cuales se acuda al remedio constitucional, entonces, es necesario demostrar que el medio ordinario no existe, no es id\u00f3neo o resulta insuficiente para la protecci\u00f3n adecuada del derecho; aun cuando, as\u00ed mismo, puede interponerse como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso ha de demostrarse la posibilidad de este. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
De lo expuesto por la alta Corporaci\u00f3n, en lo que corresponde al asunto aqu\u00ed examinado, es posible extractar como reglas definidas que: <\/p>\n
(i) la acci\u00f3n de tutela opera subsidiaria y excepcional, de lo que se sigue que en la generalidad de los casos es necesario agotar las v\u00edas ordinarias \u2013administrativa o judicial-, <\/p>\n
(ii) los conflictos laborales y administrativos se gu\u00edan por estas mismas reglas; incluso, no es la tutela un medio efectivo para obtener el pago de acreencias laborales, <\/p>\n
(iii) es factible acudir a la tutela, aun existiendo medios ordinarios, si se demuestra que estos no cubren en su integridad los derechos objeto de protecci\u00f3n, o si resultan extempor\u00e1neos o insuficientes para evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso ha de utilizarse el remedio especial como mecanismo transitorio, y <\/p>\n
(iv) algunas circunstancias, entre ellas, la edad y el estado de salud de la persona, hacen presumir la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital y permiten acudir a la tutela como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en la acci\u00f3n de tutela objeto de examen por el acusado, era necesario verificar, para efectos de otorgar, como lo hizo, la protecci\u00f3n especial a los demandantes en tutela, que pese a la existencia de mecanismos ordinarios de protecci\u00f3n para proteger los derechos en juego, se trataba en este caso de disponer de un mecanismo transitorio para precaver un perjuicio irremediable, fruto, entre otros, de alg\u00fan estado de desprotecci\u00f3n de los accionantes o la afectaci\u00f3n palpable de su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
Para efecto de examinar el tema, debe partir la Sala por auscultar lo aducido por los accionantes y lo que sobre el tema espec\u00edfico del principio de subsidiariedad inserto en la norma constitucional que regula el medio especial de amparo, se dijo en la sentencia proferida por el acusado, para determinar si sus presupuestos se advert\u00edan verificables o, por el contrario, se echaban de menos en el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
En la acci\u00f3n de tutela promovida mediante apoderada, se indic\u00f3 que los 24 accionantes trabajaron en Telecom y pertenec\u00edan al sindicato de la empresa, pese a lo cual el 20 de junio de 2003 miembros de la fuerza p\u00fablica procedieron a retirarlos de las instalaciones, como consecuencia de la liquidaci\u00f3n de la entidad. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, la citada mandataria afirm\u00f3 que, durante el tiempo que dur\u00f3 la liquidaci\u00f3n, los accionantes quedaron en una situaci\u00f3n cr\u00edtica, desprotegidos en seguridad social y sin medios para su propio sustento, lo que hizo en los siguientes t\u00e9rminos: \u201chay que tener en cuenta que el m\u00ednimo vital se afecta de manera directa estudiando el caso f\u00e1ctico de cada aforado, pues estos tienen un fuero especial, esto es, que el procedimiento de su despido es distinto pues necesita de la autorizaci\u00f3n de un juez laboral\u201d4. <\/p>\n
En ese sentido, se destac\u00f3 en la demanda de amparo que los accionantes trabajaron por m\u00e1s de 15 a\u00f1os al servicio de la entidad y superaban los 35 a\u00f1os de edad, factores determinantes para suponer, en extremo, dif\u00edcil la ubicaci\u00f3n laboral de cada uno de ellos: \u201cpor eso insisto en la violaci\u00f3n al m\u00ednimo vital, en estos momentos est\u00e1n en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica apremiante que no da espera (\u2026) son personas pobres que en estos momentos no est\u00e1n pagando seguridad social\u201d5. <\/p>\n
En el fallo de tutela, emitido en sede de segunda instancia por MIGUEL FRANCISCO BURGOS IGLESIAS, el 24 de septiembre de 2009, se sostuvo que, con independencia de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, la acci\u00f3n se promovi\u00f3 como instrumento transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, de suerte que lo procedente era \u201cestudiar si se dan o no los presupuestos para la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u201d6. <\/p>\n
Luego de esa afirmaci\u00f3n, cit\u00f3 un aparte de la sentencia T\u2013686 de 2004, alusiva a la definici\u00f3n de perjuicio irremediable y sus caracter\u00edsticas de inminencia, gravedad y necesidad de medidas urgentes e impostergables, para impedir su ocurrencia. A partir de la rese\u00f1a jurisprudencial, destac\u00f3: <\/p>\n
\u2026los accionantes en esta oportunidad son personas que en la gran mayor\u00eda cuentan con edades que superan los 35 a\u00f1os, lo que les dificulta el acceso a un nuevo trabajo dadas las exigencias del mercado laboral actual, sum\u00e1ndosele a ello el hecho de que deben soportar la estigmatizaci\u00f3n por parte de futuros empleadores generada por haber sido pertenecientes a un gremio sindical, condici\u00f3n esta que les dificulta el acceso a cualquier empresa, denot\u00e1ndose la existencia de un perjuicio irremediable. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia ha previsto que la evaluaci\u00f3n del perjuicio irremediable no constituye un ejercicio gen\u00e9rico sino que, en contrario, debe consultar las particularidades del caso concreto, a fin de definir la falta de idoneidad del mecanismo judicial ordinario. Por ende, resulta v\u00e1lido firmar que la intensidad de la evaluaci\u00f3n sobre la inminencia del perjuicio irremediable debe modularse en raz\u00f3n de las condiciones personales de quien invoca la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales7. <\/p>\n
Mas adelante aludi\u00f3 \u2013para los mismos fines de acreditaci\u00f3n del amparo excepcional\u2013 a la proximidad de terminaci\u00f3n del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanente, \u201clo que hace procedente el amparo solicitado, puesto que al desaparecer la \u00fanica empresa creada para atender los conflictos que surgieren entre los trabajadores de la extinta Telecom, entonces s\u00ed quedar\u00edan inermes y desamparados sus derechos fundamentales y laborales como aforados que son\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3: <\/p>\n
En el caso concreto, se debe proteger al trabajador aforado al que con la falta de pago del salario devengado, le vulnera el m\u00ednimo vital y es lo que se evidencia en el sub lite, a m\u00e1s de resaltarse, que por orden judicial, tal como lo se\u00f1ala el representante de los intereses del Patrimonio aut\u00f3nomo de Remanente, se le han cancelado a otras personas y que por tal raz\u00f3n la presente resulta temeraria, criterios que no comparte el Despacho, pues lo pretendido en este caso es que se sufraguen los valores dejados de recibir desde la \u00faltima liquidaci\u00f3n hasta la fecha en que se levante el fuero sindical, pues como se puede observar la condici\u00f3n de aforados de los accionantes a\u00fan se conserva en algunos, si se tiene en cuenta que hasta la fecha no ha sido levantado el fuero. <\/p>\n
No hay que perder de vista, que la presente acci\u00f3n de tutela, se encuentra dirigida a que se contin\u00fae con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar a los actores. Por lo tanto, no son de buen recibo las razones esbozadas por el representante de la entidad accionada, quien afirma que fueron indemnizados y a otros le fueron cancelados dineros en atenci\u00f3n a fallos de tutela, cuando lo aqu\u00ed pretendido se contrae es a los dineros dejados de percibir por no haberse levantado el fuero sindical del que gozaban en el momento del despido y del cual siguen gozando hasta tanto no les sea levantado por la autoridad competente.8 <\/p>\n
La decisi\u00f3n en sede de segunda instancia no favoreci\u00f3 a la totalidad de los actores: <\/p>\n
Respecto de Norma Constanza D\u00edaz Garc\u00eda y Fernando Aguirre L\u00f3pez, confirm\u00f3 la negativa del juez de primera instancia de acceder al amparo, al descartar su calidad de aforados; en relaci\u00f3n con Cl\u00edmaco Antonio Hinestroza Moreno, Judith del Carmen Renter\u00eda Gamboa, Jos\u00e9 Kenedy C\u00f3rdoba Palacios, Otilio Moreno Ibarg\u00fcen, Augusto Arias Serna, Oney Aly Reyes Asprilla, Carlos Emilio V\u00e9lez Parra y Carlos Alonso Garc\u00e9s, arrib\u00f3 a igual conclusi\u00f3n, con fundamento en que \u201cse les adelant\u00f3 proceso de levantamiento de fuero sindical\u201d. Por su parte, se refiri\u00f3 a Haidy Vargas C\u00e9spedes y sostuvo que, en la medida en que \u201cle fue reconocido el pago a la indemnizaci\u00f3n\u201d, no se observ\u00f3 afectaci\u00f3n de sus derechos superiores9. <\/p>\n
La decisi\u00f3n fue revocada respecto de los dem\u00e1s demandantes \u201314 en total\u2013 para, en su lugar, acceder al amparo y, en ese sentido, ordenar \u201cal Representante Legal del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanente \u2013 PAR \u2013 que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a pagar los salarios, prestaciones sociales y convencionales, adem\u00e1s de los aportes a la seguridad social dejados de percibir por causa del despido, con incremento salarial desde el 1\u00ba de febrero de 2006 hasta la fecha, a manera de indemnizaci\u00f3n a que tienen derecho todos los accionantes en este asunto, sumas estas que deber\u00e1n ser indexadas, deber\u00e1 igualmente reliquidar las prestaciones sociales e indemnizaciones ya pagadas a los accionantes\u201d10. <\/p>\n
Finalmente, consider\u00f3 de importancia exponer que \u201csi bien algunos de los tutelantes promovieron acciones de reintegro, estas fueron desfavorables en lo que tiene que ver con la pretensi\u00f3n de reintegro a la empresa liquidada mas no respecto de la indemnizaci\u00f3n, pues sobre ello no se pronunci\u00f3 el juez laboral (\u2026). Por lo expuesto, este despacho confirmar\u00e1 parcialmente el fallo de tutela de septiembre 1\u00ba de 2009, en lo que respecta a los accionantes que no se encontraban aforados, se les levant\u00f3 el fuero o se les reconocieron indemnizaciones por no ser posible el reintegro\u2026 se revocar\u00e1 el citado fallo parcialmente en el sentido de tutelar los derechos fundamentales de los accionantes que lograron demostrar la vulneraci\u00f3n por parte de la accionada\u201d.11 <\/p>\n
No suscita discusi\u00f3n alguna que los ex trabajadores de Telecom contaban con mecanismos ante el juez natural para reclamar los intereses econ\u00f3micos y aquellos derivados de la protecci\u00f3n foral a que afirmaban tener derecho, tanto as\u00ed, que muchos de ellos efectivamente acudieron al juez laboral con esos prop\u00f3sitos. <\/p>\n
Tampoco emerge conflictivo entender que, con base en la comprensi\u00f3n de la existencia de proceso ante la jurisdicci\u00f3n laboral, la protecci\u00f3n constitucional se impetr\u00f3 como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, conforme lo autoriza el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Dicho agravio se vincul\u00f3 a la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital, por carecer los ex-trabajadores de recursos econ\u00f3micos, para solventar los gastos de la propia subsistencia y obtener el acceso a la seguridad social. Asimismo, su compromiso se advirti\u00f3 inescindiblemente asociado a la calidad foral de cada uno de los actores, el \u201cestigma\u201d por pertenecer a un sindicato, su edad superior a los 35 a\u00f1os y las dificultades para, a partir de esas consideraciones, encontrar nuevas oportunidades laborales. <\/p>\n
La Sala debe manifestar, respecto del contenido de la decisi\u00f3n censurada, que aun cuando se consign\u00f3 un precedente jurisprudencial que refer\u00eda el concepto de perjuicio irremediable, abiertamente fue desconocido su contenido. <\/p>\n
En primer lugar, porque el amparo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, supone la temporalidad de las medidas adoptadas; de lo contrario, la protecci\u00f3n se entiende definitiva. <\/p>\n
Burgos Iglesias motiv\u00f3 la decisi\u00f3n desde la perspectiva de evitar un perjuicio de las caracter\u00edsticas mencionadas. Sin embargo, la orden emitida no comport\u00f3 una vigencia espec\u00edfica y, por el contrario, orden\u00f3 al PAR Telecom el pago de salarios, prestaciones sociales, convencionales y aportes a la seguridad social, dejados de percibir por causa del \u201cdespido\u201d y hasta la fecha de firmeza de la sentencia que ordene el levantamiento del fuero sindical, a manera de indemnizaci\u00f3n; cometido para el cual, en el fallo, decret\u00f3 como medida cautelar el embargo de las cuentas corrientes, de ahorro y cdt del extremo accionado, que tuviese en varias entidades bancarias, hasta por 4 mil millones de pesos, y su posterior liquidaci\u00f3n y pago a cada uno de los demandantes. <\/p>\n
De manera general, desde la existencia misma de la acci\u00f3n de tutela, se ha entendido que el perjuicio es irremediable cuando se cierne sobre un derecho fundamental, de manera grave y urgente, y requiere de la adopci\u00f3n de medidas impostergables. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Se afirm\u00f3 en la acci\u00f3n constitucional, que los accionantes aforados eran pobres, carec\u00edan de ingresos y pose\u00edan deudas, como presupuesto habilitante para el amparo transitorio. <\/p>\n
Si bien es cierto la tutela se orienta por la presunci\u00f3n de veracidad cuando la entidad accionada no rinda informe en el t\u00e9rmino otorgado para la contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n \u2013art\u00edculo 20 Decreto 2591 de 1991\u2013 y, como lo entiende el defensor, no es imprescindible el agotamiento de un tr\u00e1mite probatorio, no lo es menos que la entidad accionada, desde que fue notificada de la admisi\u00f3n del tr\u00e1mite de la demanda, puso de presente que los actores hab\u00edan sido indemnizados en importantes sumas de dinero al momento de la desvinculaci\u00f3n de Telecom, por su liquidaci\u00f3n definitiva12. De igual forma, inform\u00f3 sobre la calidad de cotizantes al sistema de seguridad social en salud, con lo cual advirti\u00f3 la inexistencia de afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital. Alleg\u00f3 documentaci\u00f3n en ese sentido. <\/p>\n
De lo acreditado en la acci\u00f3n de tutela, se tiene que a los actores les cancelaron los siguientes valores13: <\/p>\n
– Norma Constanza D\u00edaz Garc\u00eda: $47.853.412 por indemnizaci\u00f3n y $1.112.065 por prestaciones sociales; <\/p>\n
– Carlos Mauricio Osorio Ruiz: $125.067.187 por indemnizaci\u00f3n y $5.270.197 por prestaciones, <\/p>\n
– Heberto L\u00f3pez Machado: $246.507.147 por indemnizaci\u00f3n y $4.867.327 por prestaciones, <\/p>\n
– Judith del Carmen Renter\u00eda Gamboa: $47.575.809 por indemnizaci\u00f3n y $2.707.646 por prestaciones, <\/p>\n
– Otilio Moreno Ibarg\u00fcen: $72.516.418 por indemnizaci\u00f3n y $4.513.439 por prestaciones, <\/p>\n
– Mar\u00eda de Jes\u00fas Cifuentes Yague: $31.197.913 por indemnizaci\u00f3n y $2.589.445 por prestaciones, <\/p>\n
– Armando Bellon Pico: $86.731.481 por indemnizaci\u00f3n y $4.637.481 por prestaciones, <\/p>\n
– Haidy Danith Vargas: $18.307.764 por indemnizaci\u00f3n y $1.884.348 por prestaciones, <\/p>\n
– Saabi Arena Moreno: $69.067.067 por indemnizaci\u00f3n y $3.640.017 por prestaciones, <\/p>\n
– Gerardo Alirio Ipia Narv\u00e1ez: $92.467.591 por indemnizaci\u00f3n y 2.144.956 por prestaciones, <\/p>\n
– Jos\u00e9 Luis Cuadros: $48.175.236 por indemnizaci\u00f3n y $5.998.106 por prestaciones, <\/p>\n
– Claribel Arias Gaviria: $49.830198 por indemnizaci\u00f3n y $996.499 por prestaciones, <\/p>\n
– Fredy Arnul D\u00edas Claros: $171.424.904 por indemnizaci\u00f3n y $7.064.904 por prestaciones, <\/p>\n
– Eucardo Vinicio Hurtado Urbano: $44.581.903 por indemnizaci\u00f3n y $2.224.133 por prestaciones, <\/p>\n
– Jos\u00e9 Kennedy C\u00f3rdoba Palacio: $35.386.662 por indemnizaci\u00f3n y $4.760.669 por prestaciones, <\/p>\n
– Fredy Habit Cocabelo Candia: $36.837.961 por indemnizaci\u00f3n y $3.702.660 por prestaciones, <\/p>\n
– Oney Aly Reyes Asprilla: $85.428.281 por indemnizaci\u00f3n y $2.553.208 por prestaciones, <\/p>\n
– Carlos Alonso Garc\u00e9s: $59.533.226 por indemnizaci\u00f3n y $5.421.864 por prestaciones, <\/p>\n
– Sulmary Pab\u00f3n Rodr\u00edguez: $72.607.319 por indemnizaci\u00f3n y $9.169.832 por prestaciones, <\/p>\n
– Carlos Emilio V\u00e9lez Parra: $101.108.242 por indemnizaci\u00f3n y $49.773.432 por prestaciones, <\/p>\n
– Augusto Arias Serna: $94.324.023 por indemnizaci\u00f3n y $3.163.194 por prestaciones, <\/p>\n
– Cl\u00edmaco Antonio Hinestrosa Moreno: $76.434.800 por indemnizaci\u00f3n y $1.707.309 por prestaciones, <\/p>\n
– Fernando Aguirre L\u00f3pez: $109.598.975 por indemnizaci\u00f3n y $3.504.606 por prestaciones, <\/p>\n
– Andr\u00e9s Felipe Cruz Erazo: $18.865.151 por indemnizaci\u00f3n y $8.825.317 por prestaciones, y <\/p>\n
– \u00c1lvaro Eugenio Posso Bedoya: $149.839.177 por indemnizaci\u00f3n y $8.825.317 por prestaciones. <\/p>\n
Respecto de la calidad de cotizantes al sistema de seguridad social en salud, en la foliatura obran copias de las consultas p\u00fablicas de afiliados efectuadas en la p\u00e1gina web del Fosyga, respecto de cada uno de los actores, a partir de cuya lectura se evidencia su calidad de cotizantes para la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, esto es, agosto de 200914. <\/p>\n
No se advierte que BURGOS IGLESIAS hubiese efectuado un an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n particular de cada accionante, para concluir que el m\u00ednimo vital se encontraba en riesgo, por lo que resulta arbitraria la conclusi\u00f3n a que arrib\u00f3 en ese sentido, en tanto, no solo evadi\u00f3 ofrecer justificaci\u00f3n alguna a partir de la cual emergiera acreditada la inminencia de destrucci\u00f3n grave a un bien jur\u00eddicamente protegido, esto es, la urgencia y necesidad de adoptar medidas en procura de impedir la causaci\u00f3n de un da\u00f1o, sino que desconoci\u00f3 el contenido de las declaraciones del representante del PAR Telecom, soportadas documentalmente, a trav\u00e9s de las cuales se infer\u00eda que las sumas de dinero canceladas en el a\u00f1o 2006 a los actores, ten\u00edan la entidad suficiente para cubrir los gastos derivados de la manutenci\u00f3n, al tiempo que la calidad de cotizantes al sistema de seguridad social permit\u00eda concluir que devengaban ingresos para el mes de agosto de 2009. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, como nunca se individualiz\u00f3 a cada uno de los actores para verificar su condici\u00f3n particular, lo \u00fanico apreciable es una gen\u00e9rica manifestaci\u00f3n efectuada en la demanda y replicada en la sentencia, sobre una supuesta afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital que, en esos t\u00e9rminos formulada, no supera el campo ret\u00f3rico. <\/p>\n
Descartado el perjuicio irremediable, la acci\u00f3n de tutela no pod\u00eda tener vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando menos, no sin soslayar el contenido del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el canon 8\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se itera, menos cuando, bajo la apariencia de proteger temporalmente derechos fundamentales, resultaron emitidas \u00f3rdenes de contenido definitivo. <\/p>\n
En este sentido, solo desde la \u00f3ptica de la arbitrariedad se entiende que se haya negado el amparo respecto de Haidy Danith Vargas C\u00e9spedes y, en su lugar, se otorgara respecto de los arriba referenciados, pese a que todos estaban en la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica, esto es, recibieron una indemnizaci\u00f3n al momento de la extinci\u00f3n de Telecom. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el demandante aforado Armando Bellon Pico -favorecido con la decisi\u00f3n de Burgos Iglesias-, con antelaci\u00f3n al proferimiento de la decisi\u00f3n censurada, ya ten\u00eda su situaci\u00f3n laboral definida por la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En efecto, en primera y segunda instancias, por imposibilidad f\u00edsica y jur\u00eddica, le fue negada la pretensi\u00f3n de reintegro, dado que se le reconoci\u00f3 el derecho a la indemnizaci\u00f3n \u2013cuyo monto fue cancelado al momento de la extinci\u00f3n de Telecom en el a\u00f1o 2006\u2013. Las decisiones fueron adoptadas el 26 de octubre de 2006, en primera instancia, por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Melgar (Tolima), y el 1\u00b0 de marzo de 2007, en segunda instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
El defensor refiri\u00f3, en ese sentido, que del fallo de primera instancia no emerg\u00eda pronunciamiento sobre el levantamiento del fuero sindical de Armando Bellon Pico y, por lo mismo, era posible la concesi\u00f3n del amparo en sede constitucional. <\/p>\n
Lo anterior, predic\u00f3, es consecuente con la orden emitida por Burgos Iglesias, en el sentido de conceder la protecci\u00f3n de tutela \u201chasta la fecha de ejecutoria del fallo de levantamiento del fuero y se ordenara la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones e indemnizaciones ya canceladas\u201d, mas a\u00fan en atenci\u00f3n a la jurisprudencia vigente para esa data, permisiva de promover \u201cnuevas acciones de tutela aun cuando ya se hubieran presentado\u201d. <\/p>\n
La Corte aprecia la impropiedad del fundamento esgrimido por el procesado para soportar el cumplimiento de la excepci\u00f3n al principio de subsidiaridad, a partir del cual justific\u00f3 examinar de fondo la cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a lo primero, no es cierto que el tr\u00e1mite finalizado en la jurisdicci\u00f3n ordinaria con sentencia de segunda instancia del 1 de marzo de 2007, hubiese culminado con omisi\u00f3n sobre el levantamiento del fuero sindical. <\/p>\n
En concreto, se sostuvo en esa decisi\u00f3n: <\/p>\n
Se concluye as\u00ed que el despido de los se\u00f1ores Armando Bell\u00f3n Pico y Rosmery L\u00f3pez no fue ajustado a la ley, pues los mismos gozan de fuero sindical, el cual no les hab\u00eda sido levantado por la autoridad correspondiente, viol\u00e1ndoseles as\u00ed su derecho fundamental a un debido proceso, ya que para su despido se debi\u00f3 iniciar el respectivo proceso de levantamiento de fuero sindical, invocando cualquier causal, bien la de la liquidaci\u00f3n de la empresa o la de inexistencia de la misma15. <\/p>\n
De acuerdo con ello, como resultaba imposible ordenar el reintegro de los extrabajadores, por la desaparici\u00f3n de la empresa, dada su liquidaci\u00f3n definitiva, \u201cprocede reconocer a su favor la respectiva indemnizaci\u00f3n, teni\u00e9ndose como tal la que aceptaron recibir seg\u00fan lo plasmado en los interrogatorios de parte (\u2026) Armando Bell\u00f3n Pico manifest\u00f3 que por indemnizaci\u00f3n y prestaciones le entregaron $86.502.258, no haciendo ning\u00fan reparo a esas cifras, por lo que el Despacho considera que las mismas fueron ajustadas seg\u00fan lo convenido en el respectivo pacto\u201d16; decisi\u00f3n que no sufri\u00f3 modificaci\u00f3n en sede de segunda instancia. <\/p>\n
Sobre lo segundo, esto es, la posibilidad de presentar m\u00e1s de una acci\u00f3n de tutela, el censor invoc\u00f3 un precedente en forma descontextualizada, pues, la cita est\u00e1 referida al acaecimiento de hechos nuevos sobre una situaci\u00f3n particular, que impiden estimar la nueva acci\u00f3n como temeraria \u2013art\u00edculo 38 Decreto 2591 de 1991\u2013. <\/p>\n
La menci\u00f3n del defensor, alusiva a la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio ante la inminencia de la terminaci\u00f3n del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes, se erige en distractor, en la medida en que es criterio insuficiente para encontrar acreditado el perjuicio irremediable. En el fondo, lo determinante para acceder a la protecci\u00f3n pretendida, es evidenciar la inminencia y apremio, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho para eludir ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales. <\/p>\n
Necesario es precisar, respecto del factor habilitante de la protecci\u00f3n transitoria, que en los procesos de liquidaci\u00f3n, cuya culminaci\u00f3n se conoce en fecha pr\u00f3xima, la jurisdicci\u00f3n ordinaria no puede tenerse como mecanismo id\u00f3neo ni eficaz para proteger los derechos invocados por los accionantes, pues, resulta predecible que para cuando se produzca el fallo laboral la empresa haya llegado a su extinci\u00f3n definitiva y los demandantes no tengan a quien reclamar el reintegro laboral o, en su defecto, las respectivas indemnizaciones. <\/p>\n
Significa lo anterior, desde luego, que la reclamaci\u00f3n por el derecho a la estabilidad que concede el fuero sindical, es susceptible de protecci\u00f3n a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela para la defensa oportuna de los derechos fundamentales; sin embargo, no puede perderse de vista que, ante la falta de prosperidad del reintegro \u2013que siempre ser\u00e1 la pretensi\u00f3n principal a reestablecer\u2013, \u201cel pago de la indemnizaci\u00f3n debe ser la \u00faltima de las alternativas que se debe contemplar para reparar el perjuicio producto del respectivo proceso liquidatorio. De esta forma, la Corte ha decidido en los casos en los cuales el reintegro es posible, conceder el amparo reintegrando al accionante y dejando sin efecto las indemnizaciones reconocidas\u201d. T\u2013989 de 2008. <\/p>\n
En el presente asunto, los accionantes fueron indemnizados en el a\u00f1o 2006, cuando Telecom lleg\u00f3 a su liquidaci\u00f3n final. Contrario a lo afirmado por el censor, para la fecha de promoci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, pose\u00edan una edad apta para la vinculaci\u00f3n laboral, lejana en todo caso a la considerada l\u00edmite para acceder al mercado de oportunidades, ning\u00fan problema de salud noticiado que supusiera limitaci\u00f3n de alguna \u00edndole o dificultad cierta y real impeditiva para la reubicaci\u00f3n como empleados o independientes. <\/p>\n
Para la Sala, entonces, se evidencia m\u00e1s que notorio el contrasentido inserto en la decisi\u00f3n del acusado de acceder a las pretensiones de los demandantes, comoquiera que se trata, lo discutido, de asuntos con claro acento patrimonial que de ninguna manera involucran aspectos de m\u00ednimo vital o cualquier tipo de perjuicio irremediable. <\/p>\n
En suma, BURGOS IGLESIAS emiti\u00f3 un fallo de tutela en sede de segunda instancia con ostensible desviaci\u00f3n del principio toral de subsidiariedad; as\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n de conceder al amparo se verifica manifiestamente contraria a la ley. <\/p>\n
Se desatiende, as\u00ed, el argumento principal del defensor del acusado, encaminado a que se diga no cubierto el presupuesto objetivo del tipo penal, desde esta perspectiva. <\/p>\n
b.2. Inmediatez <\/p>\n
El t\u00e9rmino de inmediatez, por superaci\u00f3n de uno de caducidad inexistente, a manera de requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, no cuenta con un hilo conductor s\u00f3lido que permita verificar un espacio cronol\u00f3gico espec\u00edfico o siquiera un lapso determinable en el cual se encierre la posibilidad o no de acudir al remedio constitucional17. <\/p>\n
Como refiere el libelista, la Corte Constitucional acude, para el efecto, a criterios como el de razonabilidad, pero siempre de cara al caso concreto y sus particularidades, de manera que, expone la Sala, no existe una norma, ni mucho menos un rasero concreto que permita significar, sin m\u00e1s, que con discurrir un determinado lapso se ha cubierto o no el considerado razonable para instaurar el mecanismo constitucional18. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En este asunto, los demandantes resultaron desvinculados de la entidad en la fecha de su liquidaci\u00f3n definitiva, esto es, enero de 2006. Para el Tribunal A quo la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n en agosto de 2009 contravino un actuar diligente y razonable, indicativo de vulneraci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
De acuerdo con ello, podr\u00eda ser factible aducir que, en efecto, discurrieron m\u00e1s de 3 a\u00f1os para que se presentara la acci\u00f3n y de esta manera el plazo razonable habr\u00eda sido superado con suficiencia. <\/p>\n
Empero, no solo se adujo en el fallo censurado que los actos estimados vulneratorios de derechos fundamentales, siguieron prolong\u00e1ndose en el tiempo, sino que los demandantes adelantaron acciones para buscar su reintegro a la compa\u00f1\u00eda o el pago de prestaciones y salarios atrasados, a los que cre\u00edan tener derecho. <\/p>\n
Al proceso se anexaron varias pruebas documentales que dan cuenta de los distintos procesos iniciados por los accionantes con ocasi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de Telecom, cuya finalidad era lograr el pago de sumas de dinero por concepto de salarios, prestaciones y dem\u00e1s emolumentos causados, bajo la consideraci\u00f3n de tener derecho a los mismos por virtud del fuero sindical y la desvinculaci\u00f3n de la entidad sin previa autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo. <\/p>\n
Como se aprecia, el tema concreto del levantamiento del fuero sindical como presupuesto para exigir el pago de acreencias econ\u00f3micas, estuvo siempre vigente; circunstancia que, estima la Sala, perfectamente pudo ser estimada por el acusado, dentro del campo de indeterminaci\u00f3n que acompa\u00f1a, como se dijo, el requisito de inmediatez, para advertir una actuaci\u00f3n constante dirigida a hacer cesar la vulneraci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
M\u00e1xime que, en situaciones similares, la Corte Constitucional aval\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo, pese al paso de los a\u00f1os -T-643 de 2014; T \u2013 332 de 2015; T-584 de 2011, T \u2013 158 de 2006 y T \u2013 905 de 2006\u2013. <\/p>\n
Desde luego, la Corte no est\u00e1 significando necesariamente que la decisi\u00f3n del acusado de asumir cubierto el requisito de inmediatez, sea la mejor o m\u00e1s adecuada, pues la labor que concita su intervenci\u00f3n en esta instancia es la de verificar exclusivamente si se cumple el presupuesto normativo del tipo penal, en lo que refiere a que la decisi\u00f3n opere manifiestamente contraria a la ley. <\/p>\n
De acuerdo con tal cometido, emerge necesario advertir que este particular elemento no se verifica evidente o inobjetable en los asuntos examinados, independientemente de que se tenga una mejor o m\u00e1s elaborada propuesta acerca del t\u00f3pico, pues, sobre el tema confluyen varios factores que tornan cuando menos discutible la conclusi\u00f3n. <\/p>\n
c. La tipicidad subjetiva <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la tipicidad subjetiva \u2013dolo- tal categor\u00eda aparece acreditada, dado que Miguel Francisco Burgos Iglesias: (i) tiene experiencia de m\u00e1s de 20 a\u00f1os19, por lo que conoc\u00eda cu\u00e1l era la normatividad que deb\u00eda aplicar y, pese a ello, decidi\u00f3 no aplicarla; (ii) pese a id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica, neg\u00f3 el amparo en relaci\u00f3n con una de las accionantes, de manera arbitraria; (iii) aun cuando la entidad accionada, en el tr\u00e1mite de la demanda y con antelaci\u00f3n a la decisi\u00f3n adoptada por BURGOS IGLESIAS, puso de presente y alleg\u00f3 prueba documental sobre las indemnizaciones pagadas y el reporte del Fosyga, el implicado caprichosamente soslay\u00f3 su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
La valoraci\u00f3n conjunta de los elementos probatorios presentados en curso del juicio oral, permite afirmar, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, que el enjuiciado conoc\u00eda la contrariedad manifiesta de la ley respecto de la decisi\u00f3n adoptada el 10 de septiembre de 2009 y, adem\u00e1s, quiso su materializaci\u00f3n. <\/p>\n
A fin de precisar el punto, fue demostrado que el acusado, desde el a\u00f1o 1990 se encuentra vinculado a la Rama Judicial, y para la fecha de expedici\u00f3n de la constancia por parte de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Monter\u00eda \u2013 C\u00f3rdoba, se desempe\u00f1aba como Juez Primero de Familia del Circuito de Sahag\u00fan. <\/p>\n
As\u00ed mismo, est\u00e1 acreditado que BURGOS IGLESIAS obtuvo el reconocimiento \u201cJos\u00e9 Ignacio de M\u00e1rquez\u201d, otorgado por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba, el 11 de febrero de 2005, por su \u201chonestidad, consagraci\u00f3n, perseverancia y superaci\u00f3n\u201d20. De modo que no solo contaba con amplia experiencia en los temas y situaciones propias del cargo, sino que se encontraba altamente capacitado para el cumplimiento de las funciones que se le asignaban. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, el dolo emerge evidente en la manera como, a pesar de plasmar el precedente contenido en la sentencia T\u2013686 de 2004, en el fallo de segundo grado, alusivo a los requisitos para que un perjuicio se considere irremediable, a rengl\u00f3n seguido omiti\u00f3 el an\u00e1lisis que l\u00edneas arriba plasm\u00f3 como necesario, conforme a la decisi\u00f3n constitucional invocada, y simplemente dedujo tal presupuesto de la edad de los actores y el estigma que, en su sentir, se desprend\u00eda de la pertenencia a una organizaci\u00f3n sindical, argumentos no solo et\u00e9reos, sino en s\u00ed mismos insuficientes para determinar de manera general, sin un examen particular de cada accionante, que el da\u00f1o pasible de ocurrir obligaba de la protecci\u00f3n inmediata por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
En ese orden, como es por todos conocido, la estructura interna de los despachos judiciales supone la distribuci\u00f3n de funciones, entre las cuales se encuentra la de sustanciaci\u00f3n de los asuntos de competencia del estrado. No obstante, contrario a lo afirmado por el censor, ello de ninguna manera implica exclusi\u00f3n de responsabilidad del titular de la oficina judicial, sobre las decisiones que, como autoridad, suscribe, pues la responsabilidad, en principio y por mandato de la ley, es de su exclusivo resorte, como director del despacho. <\/p>\n
De suerte que, con independencia de que el proyecto de decisi\u00f3n hubiese sido elaborado previa discusi\u00f3n del mismo con BURGOS IGLESIAS, o en su ausencia, ello no es \u00f3bice para atribuir responsabilidad al prenombrado, en tanto, acept\u00f3 que conoci\u00f3 la decisi\u00f3n antes de firmarla, circunstancia suficiente para que, a partir de su solo contenido, advirtiera de la impropiedad de conceder el amparo con base en argumentos de suyo deleznables. <\/p>\n
A este efecto, bastaba verificar lo que se ordenaba, pagos de altas sumas de dinero, que incluso conllevaron el embargo de los dineros de la entidad demandada, para asumir de entrada que la situaci\u00f3n se ofrec\u00eda no solo problem\u00e1tica en sus contenidos, sino en extremo grave en sus efectos patrimoniales, aspectos de suyo suficientes para obligar de contenci\u00f3n, en tanto, para ese momentos ya era lugar com\u00fan que la acci\u00f3n de tutela no pod\u00eda utilizarse con efectos apenas patrimoniales. <\/p>\n
La defensa intent\u00f3 justificar el sentido de la decisi\u00f3n supuestamente proyectada por Roberto Carlos Mendoza Reyes, con un precedente del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial; sin embargo, solo fue mencionada la fecha en que se emiti\u00f3 el precedente, pero no se plasm\u00f3 el radicado o n\u00famero de identificaci\u00f3n, que permitiesen efectuar la debida constataci\u00f3n de lo apenas enunciado. <\/p>\n
Al margen de lo expuesto, el recurrente invoca el contenido del art\u00edculo178 A de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, para deducir un ingrediente normativo del tipo \u201cdiferente del dolo, como es el de favorecer indebidamente intereses propios o ajenos, como se\u00f1ala textualmente la norma constitucional en su parte final\u201d, que, afirma, no se encuentra presente en el actuar de BURGOS IGLESIAS. <\/p>\n
La Sala debe aclararle al censor, en primer lugar, que esa norma, introducida por el art\u00edculo 8\u00ba del Acto Legislativo 2 de 2015, fue declarada inexequible mediante sentencia C\u2013373 de 2016, por lo que su contenido no puede ser valorado. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, aunque la Sala en alguna ocasi\u00f3n utiliz\u00f3 la expresi\u00f3n \u201c\u00e1nimo corrupto\u201d, para referirse al prevaricato y el dolo que lo acompa\u00f1a, con ello jam\u00e1s intent\u00f3 introducir un nuevo elemento del tipo, a la manera de un fin espec\u00edfico, ni obligar el examen de aspectos distintos a los que de manera tradicional componen el dolo. <\/p>\n
Por tanto, la definici\u00f3n de responsabilidad penal, una vez verificado que se actu\u00f3 con conocimiento y voluntad, no implica examinar si con ello el acusado buscaba alg\u00fan tipo de beneficio patrimonial para s\u00ed o un tercero, a la manera de obligar delimitar la materialidad de un concurso delictual, d\u00edgase, con el cohecho o la concusi\u00f3n. <\/p>\n
Para el caso, una vez demostrado que (i) el acusado desatendi\u00f3 la norma que directamente contempla la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela, suficientemente explicada en su naturaleza y efectos por la jurisprudencia pac\u00edfica imperante al momento de emitir el fallo de tutela, (ii) que ello no obedeci\u00f3 a ignorancia \u2013dada su amplia experiencia, contada hasta que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada-, (iii) ni a su falta de experticia en la materia \u2013incluso le fueron reconocidos sus m\u00e9ritos judiciales con una condecoraci\u00f3n-, y (iv) que el contenido mismo de la providencia advierte de su falta de sind\u00e9resis, en ostensible intenci\u00f3n por cubrir apenas con argumentaciones gen\u00e9ricas y aleatorias la falta de examen de cada caso individual, lo \u00fanico factible de concluir es que, en efecto, el procesado actu\u00f3 con dolo, raz\u00f3n suficiente para confirmar la condena objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
En este punto, la Corte debe precisar que, tal cual se anot\u00f3 al inicio, dentro de los par\u00e1metros f\u00e1cticos utilizados por la Fiscal\u00eda para ubicar el delito en las audiencias de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, no fue incluido el t\u00f3pico referido a la incompetencia del funcionario. <\/p>\n
Y si bien, se acot\u00f3, la irregularidad en este aspecto puede servir para soportar el elemento subjetivo del punible, en el caso concreto es necesario advertir que los medios probatorios aportados impiden delimitar como cierto que el procesado no contase con competencia para asumir el estudio de las varias acciones de tutela presentadas. <\/p>\n
Al respecto, m\u00edrese c\u00f3mo en los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 37 del Decreto 2591 de 1991 se instituyen dos factores de asignaci\u00f3n de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela presentadas contra los medios de comunicaci\u00f3n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito del lugar, y (ii) el factor territorial, en virtud del cual son competentes \u201ca prevenci\u00f3n\u201d los jueces con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde: (a) ocurre la vulneraci\u00f3n o la amenaza que motiva la presentaci\u00f3n de la solicitud o (b) donde se produzcan sus efectos, el que perfectamente puede coincidir con el domicilio de los accionantes. <\/p>\n
En el caso concreto, al acudir a la acci\u00f3n constitucional, cada uno de los actores otorg\u00f3 poder a la profesional del derecho que los represent\u00f3 en la interposici\u00f3n de la demanda, documentos en los cuales se imprimi\u00f3, de manera expresa, la frase \u201cdomiciliado y residenciado en esta ciudad\u201d21 \u2013enti\u00e9ndase Sahag\u00fan, municipio en el cual radicaron la solicitud de amparo\u2013. <\/p>\n
De esta manera, resulta plausible sostener que BURGOS IGLESIAS avoc\u00f3 el conocimiento de la impugnaci\u00f3n de tutela convencido de su competencia, por considerarla presentada en el lugar donde se produjeron sus efectos, esto es, el mismo que se asegur\u00f3, correspond\u00eda al de residencia de los demandantes, conforme se consign\u00f3 en los poderes anexos a la solicitud de amparo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, para ese momento (24 de septiembre de 2009), la Corte Constitucional ya hab\u00eda fijado como regla que \u201cUna equivocaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia\u201d, raz\u00f3n por la cual \u201cEl juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acci\u00f3n o decidir la impugnaci\u00f3n, seg\u00fan el caso\u201d, ya que \u201clas \u00fanicas normas que determinan la competencia en materia de tutela son el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, que se\u00f1ala que \u00e9sta se puede interponer ante cualquier juez, y el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicaci\u00f3n. Mientras que el decreto reglamentario 1382 de 2000 contiene reglas de simple reparto\u201d (Auto 124 del 25 de marzo de 2009). <\/p>\n
As\u00ed, entonces, la buena fe que rodea la presentaci\u00f3n de la demanda, sumada a la obligada premura en la resoluci\u00f3n, advierte necesario asumir este factor como cubierto, aunque despu\u00e9s se pueda controvertir. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial querellada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que se reun\u00edan los requisitos necesarios para condenar al tutelante por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb, toda vez que dichos elementos de juicio daban cuenta que la sentencia de tutela que aquel profiri\u00f3, en su condici\u00f3n de juez de la Rep\u00fablica y en segunda instancia, resultaba abiertamente contraria a la ley, conclusi\u00f3n que, valga anotar, no fue sustentada en la falta de competencia del procesado. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Con otras palabras, para fundamentar un ataque en sede constitucional endilg\u00e1ndole a los funcionarios de conocimiento la incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho, no basta hacer una nueva evaluaci\u00f3n del acopio suasorio o exponer un criterio diverso, ya que no pueden equipararse las facultades del juez de tutela con las diversas opiniones que los involucrados tengan sobre la forma en que debi\u00f3 ser definido su litigio. <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
Entonces, si el actor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Las consideraciones precedentes, resultan suficientes para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ, SP. 12 Dic 2019. Rad. 54160. <\/p>\n
2\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 32. Cuaderno #3. <\/p>\n
4\u0002 Folio 64. Cuaderno #5. <\/p>\n
5\u0002 \u00cddem <\/p>\n
6\u0002 Folio 53. Cuaderno #5 <\/p>\n
7\u0002 Folio 54. Cuaderno #5. <\/p>\n
8\u0002 Folio 58 ejusdem. <\/p>\n
9\u0002 Folio 59. Cuaderno #5 <\/p>\n
10\u0002 Folio 60. Cuaderno #5 <\/p>\n
11\u0002 Folio 61 Cuaderno #5. <\/p>\n
12\u0002 Folios 115 y 116. Cuaderno #5 <\/p>\n
13\u0002 Folios 131 a 154. Cuaderno #3 <\/p>\n
14\u0002 Folios 199 a 233. Cuaderno #3 <\/p>\n
15\u0002 Folio 163. Cuaderno #4. <\/p>\n
16\u0002 Folio 165 ibidem. <\/p>\n
18\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
19\u0002 Folio 10. Cuaderno estipulaciones probatorias. <\/p>\n
20\u0002 Folio 23. Cuaderno estipulaciones probatorias <\/p>\n
21\u0002 Folios 67 a 119. Cuaderno #5. <\/p>\n
18 <\/p>\n
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STC4599-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4599-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01045-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62821","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62821"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62821\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}