STC4603-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4603-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00950-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por la Sociedad Comercial Palmeras de Llano Grande S.A. contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, a \u00c9dgar Humberto Forero Y\u00e1\u00f1ez, Nancy Galvis Ram\u00edrez, Francisco Antonio Ortega Rodr\u00edguez, \u00c9lver, Patricia, Ovidio, Maribel, Fanny, Vicente y Diomedes Ortega Rodr\u00edguez, Mar\u00eda Rodr\u00edguez L\u00e1zaro, a Bancolombia S.A., la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Direcci\u00f3n Territorial Norte de Santander- y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2.- En sustento de su queja, se\u00f1al\u00f3 que su representada era propietaria de los inmuebles rurales denominados \u00abFATIMA HOY SAN RAFAEL\u00bb y \u00abCHIQUINQUIRA HOY SAN RAFAEL\u00bb distinguidos con las matr\u00edculas inmobiliarias 260-4569 y 260-4570 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta, respectivamente, ubicados en la vereda \u201cla Bater\u00eda\u201d de Tib\u00fa. <\/p>\n
Por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras, \u00c9dgar Humberto Forero Y\u00e1\u00f1ez y Nancy Galvis Ram\u00edrez instauraron acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras con el fin de obtener la restituci\u00f3n de los inmuebles referidos, acci\u00f3n que le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta y que fue fallada por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el 29 de septiembre de 2021, amparando el derecho fundamental de los peticionarios y declarando impr\u00f3spera la oposici\u00f3n de la ahora tutelante y de los dem\u00e1s opositores. <\/p>\n
El 4 de octubre de 2021, la apoderada de la accionante pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n o adici\u00f3n de la sentencia, pero la autoridad judicial accionada deneg\u00f3 sus solicitudes, por improcedentes, el 8 de octubre siguiente, decisi\u00f3n que fue confirmada el 2 de noviembre de 2021, sin que se analizaran todos los temas expuestos y sin aceptar la solicitud de insistencia. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, \u00abA la fecha el proceso se encuentra en tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n de \u00f3rdenes judiciales impartidas por la sala civil especializada en restituci\u00f3n de tierras y mis representados est\u00e1n pr\u00f3ximos a ser despojados de sus tierras sin justa causa, en raz\u00f3n a que se fij\u00f3 para el d\u00eda 1 de abril de 2022, la entrega formal de los predios objeto del proceso\u00bb. <\/p>\n
En torno a lo decidido, la tutelante afirm\u00f3 que no existe prueba en el expediente del secuestro del que supuestamente fue v\u00edctima el reclamante, m\u00e1s all\u00e1 de su propio dicho y que, en todo caso, \u00abestos hechos, SOLO perjudican su integridad f\u00edsica mas no los predios objeto de proceso\u00bb, destacando que en los juicios de tierras debe existir un m\u00ednimo de par\u00e1metros probatorios para soportar las manifestaciones de los accionantes. Agreg\u00f3 que \u00abSi observamos nuevamente la tradici\u00f3n del inmueble podemos ver que existen registradas autorizaciones las cuales fueron expedidas bajo la entera y \u00fanica voluntad de la vendedora reuni\u00e9ndose el comit\u00e9 [Departamental de Atenci\u00f3n Integral a la Poblaci\u00f3n Desplazara] para debatir la propuesta de que se acepta o no la venta, este comit\u00e9 estaba integrado por el proyecto protecci\u00f3n de tierras y patrimonio para la poblaci\u00f3n desplazada, el IGAC la ORIP, el INCODER, la GOBERNACI\u00d3N, el propietario del predio y distintas Organizaciones Internacionales. Es por esto por lo que debemos considerar todas las ventas registradas en la F.M.I. como legales y bajo la voluntad de cada parte, es de esta forma como mi representada sociedad adquiri\u00f3 los predios por medio de una autorizaci\u00f3n expedida por CIAIPD\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, resalt\u00f3 que la sociedad adquiri\u00f3 el predio con ayuda de un pr\u00e9stamo de Bancolombia S.A., entidad que efectu\u00f3 una \u00abrevisi\u00f3n y verificaci\u00f3n por expertos en el sistema de informaci\u00f3n acerca de si los titulares o anteriores participes (sic) en las negociaciones de las heredades estaban vinculados con actividades il\u00edcitas\u00bb, lo cual demuestra su buena fe, pues los dineros para la compra eran l\u00edcitos; adem\u00e1s, que la empresa nunca ha integrado alg\u00fan grupo organizado al margen de la ley, por lo que no pod\u00edan ser estigmatizados como \u00abdespojadores de tierras\u00bb, sin pruebas para ello. <\/p>\n
A su vez, puso de presente que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en sus alegatos, advirti\u00f3 que la ahora tutelante hab\u00eda acreditado actuar de buena fe exenta de culpa, pero el Tribunal accionado no acogi\u00f3 ese criterio y cuestion\u00f3 que \u00ablos se\u00f1ores [reclamantes] duraron 13 a\u00f1os vinculados al predio desde el hecho victimizante. \u00bfQU\u00c9 PAS\u00d3 EN ESE TIEMPO? Son 13 largos a\u00f1os que pudo haberse pronunciado el se\u00f1or Edgar y que no lo hizo. \u00bfser\u00e1n culpables mis representados por esto?\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenar a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta que reconozca la buena fe exenta de culpa de la ahora tutelante sobre los inmuebles rurales denominados \u00abFATIMA HOY SAN RAFAEL\u00bb y \u00abCHIQUINQUIRA HOY SAN RAFAEL\u00bb o que se le ofrezca una compensaci\u00f3n por la p\u00e9rdida del dominio sobre estos. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 suspender las ordenes de restituci\u00f3n del predio e investigar la conducta de la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta solicit\u00f3 denegar el amparo deprecado, al considerar que no se vulneraron derechos fundamentales a la accionante. <\/p>\n
2.- La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Juzgado Primero Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Sede Central pidieron ser desvinculados de la acci\u00f3n constitucional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3.- La Procuradur\u00eda 19 Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta adujo que la autoridad judicial convocada no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al proferir la providencia censurada. <\/p>\n
4.- Por su parte, la Unidad alleg\u00f3 memorial en representaci\u00f3n de los reclamantes, en el que indic\u00f3 que \u00ablas actuaciones administrativas desarrolladas por la UAEGRTD, como las actuaciones judiciales realizadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito y Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de San Jos\u00e9 de C\u00facuta, se han ce\u00f1ido a las disposiciones legales que regulan el proceso de restituci\u00f3n de tierras y han garantizado los derechos al debido proceso de las personas que han intervenido\u00bb. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta al proferir la sentencia del 29 de septiembre de 2021 en el proceso con radicado 54001312100120150031002, por medio de la cual ampar\u00f3 el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de los reclamantes y le neg\u00f3 la calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Asimismo, reprocha las providencias dictadas por la autoridad judicial accionada el 8 de octubre y 2 de noviembre de 2021, por medio de las cuales le deneg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n y correcci\u00f3n y neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que interpuso, respectivamente, y la providencia que despach\u00f3 desfavorablemente su solicitud de insistencia. <\/p>\n
2.- En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3.- Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado, al proferir sentencia en el proceso de marras, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a amparar el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de los solicitantes, declarar impr\u00f3spera la oposici\u00f3n de la ahora tutelante y negarle la compensaci\u00f3n, por no hallar acreditada la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
3.1.- Para empezar, sostuvo que los peticionarios acreditaron el v\u00ednculo de propiedad que tuvieron sobre los terrenos objeto de reclamaci\u00f3n y que \u00abel plenario ofrece con suficiencia las probanzas que dan efectiva cuenta sobre la notoria presencia y el obrar de las diversas organizaciones ilegales en el sector en el que se ubica el fundo cuya restituci\u00f3n se reclama aqu\u00ed\u00bb, teniendo en cuenta las evidencias aportadas por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras y del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica, entre otros. Tambi\u00e9n advirti\u00f3 que la situaci\u00f3n de violencia en la regi\u00f3n fue corroborada por testigos en el proceso como Ger\u00f3nimo Estupi\u00f1\u00e1n Rojas, Ana Benilda Ascanio P\u00e9rez, Primitivo Nieto Botello y los opositores Diomedes y Vicente Ortega Rodr\u00edguez y Francisco Antonio Rodr\u00edguez Ortega. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que, aunque la opositora y ahora tutelante aleg\u00f3 que esa \u00abinfluencia no lo fue \u2018para todos los predios\u2019 no desdice esa previa conclusi\u00f3n de que, de cualquier modo, la zona en general s\u00ed fue tocada por la injerencia de grupos armados ilegales (todav\u00eda lo est\u00e1), esto es, que as\u00ed en algunos casos no se hubieren sucedido episodios de violencia en la \u2018totalidad\u2019 de los terrenos, lo cierto es que de una manera u otra sus moradores resultaron ciertamente afectados por tan dif\u00edciles situaciones\u00bb. <\/p>\n
3.2.- A continuaci\u00f3n, el Colegiado estableci\u00f3 que, en concreto, los reclamantes fueron v\u00edctimas del conflicto armado de la regi\u00f3n, pues de ello daban cuenta sus declaraciones, en las cuales relataron que \u00c9dgar Humberto Forero Y\u00e1\u00f1ez fue secuestrado por el EPL hacia el a\u00f1o 1991 y que hubo de pagar un dinero para ser liberado, la cual obtuvo de un pr\u00e9stamo y de ahorros propios. Tambi\u00e9n narr\u00f3 que, posteriormente, el ELN pretendi\u00f3 extorsionarlo y oblig\u00f3 al encargado de su finca, Antonio Rivera, a desplazarse fuera de la regi\u00f3n. Finalmente, el declarante sostuvo que en 1992 le vendi\u00f3 los inmuebles a Ger\u00f3nimo Estupi\u00f1\u00e1n por la suma de $5\u2019000.000, pero sin formalizar el negocio por escritura p\u00fablica, lo cual s\u00f3lo hicieron hasta el a\u00f1o 2004, cuando su esposa recibi\u00f3 una llamada amenaz\u00e1ndola para que firmaran los documentos respectivos. Esta versi\u00f3n fue corroborada por su c\u00f3nyuge, Nancy Galvis Ram\u00edrez, la otra reclamante en el proceso de marras. <\/p>\n
As\u00ed, el Tribunal accionado concluy\u00f3 que \u00abCasi sobra decir que a partir de esas solas menciones, se descubre n\u00edtidamente en los solicitantes, esa condici\u00f3n de v\u00edctimas que les habilita para pedir cuanto aqu\u00ed se invoca. Pues al margen que las dif\u00edciles situaciones por ellos explicadas se equiparan con supuestos muy propios y anejos con la noci\u00f3n de \u2018conflicto armado interno\u2019, sus manifestaciones concernientes con que fueron justamente esas circunstancias las que determinaron que se dejaren solos esos terrenos, se encuentran vigorosamente blindadas con el manto de la confianza, de contener \u2018verdad\u00bb. Y agreg\u00f3 que \u00ab(\u2026) no existen razones que hagan desconfiar de sus expresiones desde que (\u2026) atendiendo casi que una misma l\u00ednea de narraci\u00f3n, con espec\u00edficos datos temporales y modales e incluso con marcada coincidencia entre lo narrado tanto por \u00c9DGAR HUMBERTO como por NANCY, ambos rememoraron cu\u00e1les fueron los puntuales hechos que llevaron a la decisi\u00f3n de dejar los predios, de lo que siempre hablaron de manera fluida y espont\u00e1nea; (\u2026) porque en cualquier caso se trata de exposiciones que vienen precedidas de esa especial presunci\u00f3n de buena fe (\u2026). Todav\u00eda m\u00e1s si en cuenta se tiene que no se aprecia evidencia en contrario que sirva para infirmar sus dichos\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, aunque los hechos y situaciones que afrontaron no se hubieran denunciado con anterioridad, lo cierto era que \u00abmuchos ser\u00e1n los factores por los que una persona opte en su momento por no revelar desde un comienzo su victimizaci\u00f3n -o llegar al extremo de jam\u00e1s hacerlo- por ejemplo, en raz\u00f3n al desconocimiento de las herramientas y procedimientos al respecto o la dificultad de acceder a ellos o en tanto prefiera callar por miedo a sufrir represalias de los victimarios o por desconfianza en las autoridades (en veces asociadas o cooptadas por grupos ilegales) o simplemente porque medi\u00f3 el inter\u00e9s de m\u00e1s bien sepultar o desterrar de la memoria tan dolorosos episodios y rehacer su vida y as\u00ed, indefinidamente entre infinidad de motivaciones que podr\u00edan justificarla, como esas se\u00f1aladas por el propio \u00c9DGAR HUMBERTO cuando dijo que aunque ensay\u00f3 poner en conocimiento hechos tales, a la postre se abstuvo de hacerlo merced a la displicencia de los encargados y hasta del trato denigrante de aquellos; y (\u2026) que en todo caso -y hace rato- est\u00e1 decantado por la propia Corte Constitucional el criterio seg\u00fan el cual, el reconocimiento como v\u00edctima no pende propiamente de figurar en alg\u00fan \u2018registro\u2019 ni, a\u00f1\u00e1dase, de comentarlo \u2018antes\u2019, cuanto que basta apenas con la plena configuraci\u00f3n del supuesto de hecho que recoge el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1448 de 2011. Todav\u00eda menos esa extra\u00f1ada \u2018previa denuncia\u2019 ni el reconocimiento \u2018estatal\u2019 de \u2018v\u00edctima\u2019 asoman como presupuestos sine qua non para verificar si sale avante o frustr\u00e1nea una pretensi\u00f3n como la de marras\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, el Tribunal concluy\u00f3 que, en efecto, los reclamantes fueron v\u00edctimas de despojo y desplazamiento a causa de la violencia en la regi\u00f3n donde se ubicaban los dos inmuebles que compon\u00edan su finca, independientemente de que fuera o no su lugar de vivienda permanente o que hubieran podido regresar a estos de manera espor\u00e1dica, pues las circunstancias acaecidas frustraron su capacidad de aprovecharlos plenamente. <\/p>\n
3.3.- De otro lado, el Colegiado advirti\u00f3 que se deb\u00eda acreditar que la enajenaci\u00f3n de los inmuebles objeto de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n se dio como consecuencia del conflicto armado mismo y, al respecto, indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab\u2026de acuerdo con las versiones de los solicitantes -cuyo peso probatorio les exime de demostrar m\u00e1s all\u00e1-, (\u2026) \u00c9DGAR HUMBERTO asever\u00f3 que con posterioridad al comentado plagio, ante la imposibilidad de sacar provecho de los terrenos y as\u00ed mismo, agobiado por el af\u00e1n de pagar la deuda otrora adquirida para lograr su liberaci\u00f3n por el previo secuestro, \u2018(…) la vendimos (…) pa\u2019 poder cancelar porque nos estaban acosando much\u00edsimo (…)\u2019 negocio ese que entonces se hizo con GER\u00d3NIMO ESTUPI\u00d1\u00c1N quien ofreci\u00f3 comprarlos por la suma de $5.000.000.oo a\u00f1adiendo que despu\u00e9s de enajenarlos \u2018(…) quedamos sin nada (…)\u2019 pues seg\u00fan explic\u00f3 \u2018(…) el sitio de trabajo m\u00edo giraba era alrededor de los predios (…)\u2019 al punto que lo \u00fanico que pudieron sacar de all\u00ed fueron unas veinticuatro (24) reses. Hasta puntualiz\u00f3 que en tanto el precio pactado no fue entregado de una vez \u2018(…) sino nos fue pagando a cunchos (…) la plata no nos la dio \u2018tome los cinco millones\u2019, sino dio un mill\u00f3n, luego as\u00ed nos fue dando, poco a poco; por eso toc\u00f3 conseguir la plata prestada porque a ellos c\u00f3mo le iba yo a decir no, no se la vamos a pagar a cuotas, no (…)\u2019. Seguidamente aclar\u00f3 que las heredades \u2018(…) no val\u00eda eso, pero la necesidad y el miedo, francamente es miedo (…)\u2019 hizo que los recibieran; afirmaci\u00f3n a la que se sum\u00f3 su esposa NANCY\u2026\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, aunque las escrituras se firmaron a\u00f1os despu\u00e9s, aquella formalizaci\u00f3n correspond\u00eda a los negocios realizados en virtud de las circunstancias del conflicto aludidas, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abCierto que a la luz de los instrumentos que determinaron esas negociaciones, la transferencia del dominio vino a suceder mediante las Escrituras P\u00fablicas Nos 2744 de 28 de diciembre de 2004 y 325 de 10 de marzo de 2005 otorgadas en la Notar\u00eda Sexta de C\u00facuta, esto es, habiendo transcurrido holgadamente m\u00e1s de trece a\u00f1os desde el previo desplazamiento (que lo fue aproximadamente hacia 1991 o 1992). <\/p>\n
No es menos palmario, empero, que muy a pesar que las ventas aparecen ciertamente instrumentadas s\u00f3lo para entonces, bien vista la situaci\u00f3n, pronto se descubre que esa \u00e9poca se corresponde no m\u00e1s que con la de \u2018formalizaci\u00f3n\u2019 de unos convenios que, en realidad, se celebraron siquiera en 1992 seg\u00fan lo declararon \u00c9DGAR y NANCY, misma \u00e9sta que adujo que \u2018(…) hab\u00edan pasado como dos meses, tres meses de haberlo llevado a \u00c9DGAR cuando apareci\u00f3 el se\u00f1or ofreci\u00e9ndonos eso y eso era lo que nosotros necesit\u00e1bamos para pagar la plata (…)\u2019 e incluso de alguna manera lo confirm\u00f3 el mism\u00edsimo comprador GER\u00d3NIMO ESTUPI\u00d1\u00c1N ROJAS al comentar que \u2018(…) las escrituras no se hicieron porque \u00e9l (\u00c9DGAR HUMBERTO) se perdi\u00f3; \u00e9l dur\u00f3 como dieciocho, diecinueve a\u00f1os que no se dejaba ver (…)\u2019. Por modo que al final de cuentas, entre el abandono definitivo de los bienes y ese negocio de venta transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino inferior a un a\u00f1o; cercan\u00eda temporal que aprovechar\u00eda para deducir a manera de franco indicio, que fueron hechos tales provocaron la enajenaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
Y, sobre los motivos para vender los bienes, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abPara rematar, bastar\u00eda con cuestionarse si igual se hubiere realizado el dicho trato de no haber terciado esos hechos virulentos. Y como las circunstancias antes vistas apuntar\u00edan a que la respuesta fuere contundentemente negativa, como incluso lo se\u00f1al\u00f3 el propio \u00c9DGAR HUMBERTO cuando derechamente se le pregunt\u00f3 sobre ese particular, con ello ya se comprobar\u00eda que no existi\u00f3 libertad para quedarse ni para enajenar. Pues una y otra fueron menguadas, reit\u00e9rase, como consecuencia de la grave afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico que muy cruelmente les toc\u00f3. <\/p>\n
Por ese sendero se apuntala as\u00ed de sobra y pr\u00e1cticamente sin mayor menester, la prosperidad de la pretensi\u00f3n desde que, con vista en el examen de las manifestaciones de los reclamantes, con todo el vigor probatorio que per se comportan ellas, aunadas al contexto de violencia rese\u00f1ado y los otros elementos de juicio acotados, holgadamente se patentiza no solo la constante e incisiva presencia de organizaciones ilegales en la zona para esas \u00e9pocas -que sin duda se erige quiz\u00e1s como uno de los m\u00e1s claros y cercanos incidentes que cabe comprender dentro de la noci\u00f3n de \u2018conflicto armado\u2019- sino adem\u00e1s c\u00f3mo ese peligroso escenario fue el que definitivamente incidi\u00f3 en que optare por vender los terrenos. En suma: que brota con nitidez ese indispensable hilo conductor que asocia la enajenaci\u00f3n de los predios con los sucesos propios violentos que le antecedieron\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, el Tribunal determin\u00f3 que el negocio jur\u00eddico de enajenaci\u00f3n de los predios \u00abresult\u00f3 efectivamente viciado por el fen\u00f3meno de la \u2018fuerza\u2019 anejo con el conflicto\u00bb, lo que conllevaba a su invalidez. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, el Colegiado descart\u00f3 los alegatos de los opositores en el sentido de que los reclamantes no fueron v\u00edctimas de desplazamiento, lo que calific\u00f3 de \u00abestrategia (\u2026) in\u00fatil en estos escenarios y hasta candorosa si se miran bien las cosas\u00bb; a su vez, le rest\u00f3 cr\u00e9dito a la supuesta falsedad de las declaraciones de los solicitantes, pues \u00abel acto de refutar y probar lo contrario, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le compet\u00eda en este caso al contradictor. Y no lo hizo seg\u00fan qued\u00f3 analizado\u00bb. <\/p>\n
3.4.- En cuanto a las medidas de reparaci\u00f3n, la Sala accionada estudi\u00f3 las circunstancias y el querer de las v\u00edctimas y, tras el an\u00e1lisis motivado de las mismas, decidi\u00f3 la asignaci\u00f3n por equivalencia. <\/p>\n
3.5.- Definido lo anterior, el Colegiado convocado procedi\u00f3 a resolver las oposiciones. Sobre los presupuestos de la presentada por la tutelante, indic\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la prueba aqu\u00ed requerida debe apuntar no tanto con circunstancias que toquen con esa noci\u00f3n puramente \u2018moral\u2019 de la buena fe y alusivas con la \u2018conciencia\u2019 del pactante (buena fe subjetiva) cuanto con la demostraci\u00f3n de los actos exteriores que devinieron por quien sostiene esa conducta interior (denominada tambi\u00e9n buena fe objetiva o \u2018subjetiva especial\u2019). De d\u00f3nde, para prop\u00f3sitos semejantes no resulta ni con mucho suficiente la mera manifestaci\u00f3n de que se ten\u00eda la \u2018convicci\u00f3n\u2019 o \u2018creencia\u2019 o \u2018pensamiento\u2019 de estar actuando correctamente sino la efectiva comprobaci\u00f3n de que as\u00ed se port\u00f3; en otros t\u00e9rminos, que su conducta positiva y externa -que cabe acreditar por cualquiera de los medios autorizados por la Ley- estuvo de veras signada por la rectitud y por consecuencia, que nada hay qu\u00e9 reprocharle. En par palabras: que fue exigentemente diligente. <\/p>\n
Al fin de cuentas, en estos escenarios corre con la \u2018carga de actividad y dedicaci\u00f3n\u2019 y sobre todo de su demostraci\u00f3n; aspectos que no resultan extra\u00f1os en el derecho si por ejemplo se trae a cuento lo que indica el art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil cual exige que \u2018(…) la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo (…)\u2019 y que es emanaci\u00f3n particular de esa regla concreta de justicia que impide conceder amparo a quien por descuido o negligencia no advirti\u00f3 lo que con mediana prudencia hubiere podido prever o averiguar como tampoco a quien procede con intenciones protervas venidas del enga\u00f1o. <\/p>\n
Obviamente que ese designio no se consigue con d\u00e9biles inferencias o argumentos m\u00e1s o menos veros\u00edmiles sino que solo se tendr\u00e1 por colmada la misi\u00f3n cuando se suministre una prueba s\u00f3lida, plena, segura y completa. Por modo que el opositor deb\u00eda ser consecuente con ello y orientar as\u00ed una actividad probatoria destinada al acopio de elementos persuasivos que sirviesen al designio de patentizar su diligencia en esas gestiones de indagaci\u00f3n. Indefectiblemente era esa su carga demostrativa. <\/p>\n
Casi sobra decir que al contradictor no le queda alternativa distinta, si desde luego quiere evitar la consecuencia adversa que deriva de su incumplimiento en la medida en que cualquier descuido en esa labor se reprende con dureza pues es visto como el resultado de haber obrado con injustificable laxitud y porf\u00eda cuando no de incuria\u00bb. <\/p>\n
Y, en particular, analizados los presupuestos legales para declarar la buena fe exenta de culpa, el Tribunal consider\u00f3 que la sociedad accionante no hab\u00eda demostrado lo que deb\u00eda probar. Lo anterior, en raz\u00f3n a que, pese a que no hab\u00eda evidencia alguna de que hubiera participado en los hechos que dieron lugar al desplazamiento, las pruebas allegadas no eran suficientes para acreditar la debida diligencia exigida. En ese sentido, el Tribunal estudi\u00f3 las probanzas allegadas y determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abel plenario no refleja siquiera una sola probanza que diga que para esos actos de adquisici\u00f3n se satisficieron esos niveles m\u00ednimos de prudencia que aqu\u00ed son exigidos desde que a la postre se atuvieron simplemente a lo que mostraban los t\u00edtulos y nada m\u00e1s. Ninguno se esforz\u00f3 por demostrar que, por ejemplo, hicieron averiguaciones acerca de las personas que con anterioridad tuvieron relaci\u00f3n con el bien y las razones por las que ya no estaban all\u00ed. <\/p>\n
En efecto: cuando fue llamado a declarar MAURICIO VARGAS GIRALDO -suplente del gerente de la sociedad opositora- al intentar hablar sobre la manera en que se hizo con los predios y el itinerario de la negociaci\u00f3n, coment\u00f3 en principio que \u2018(…) nosotros, hablo de nosotros porque hago parte de unas empresas palmicultoras, adquirimos este bien en el a\u00f1o dos mil ocho a la empresa PALMAGILES LIMITADA, a la se\u00f1ora ANA BENILDA y al se\u00f1or PRIMITIVO, obviamente estaba a nombre de la esposa, de la se\u00f1ora BENILDA. En el a\u00f1o dos mil nueve, por una fusi\u00f3n que hicimos de las empresas palmicultoras, ese bien pasa a PALMERAS DE LLANO GRANDE que es la actual due\u00f1a de la finca (…)\u2019 explicando luego que \u2018(…) despu\u00e9s de la muerte de mi pap\u00e1 vinieron algunos amigos m\u00edos de la costa (…) y decidimos invertir aqu\u00ed en el Catatumbo; nuestra intenci\u00f3n siempre fue comprar tierra con nuestros recursos (…) en el sector donde nosotros estamos, en el sector de influencia de nosotros y espec\u00edficamente ah\u00ed en el sector de La Bater\u00eda; es un sector que nosotros conoc\u00edamos de tiempo atr\u00e1s y que, pues, fue mi recomendaci\u00f3n adquirir la finca. Yo ten\u00eda conocimiento de que la finca era de PRIMITIVO, pero pues estaba a nombre de la esposa porque sab\u00eda que \u00e9l hab\u00eda vivido ah\u00ed tiempo atr\u00e1s (…)\u2019. Posteriormente adujo que el precio pagado fue de $330.000.000.oo y que \u2018(…) valga la pena aclarar (…) nosotros (…) yo tengo dos socios (…) la persona de aqu\u00ed soy yo (…) cuando yo hago el negocio con el se\u00f1or PRIMITIVO, \u00e9l se facilita para hacerlo porque nosotros no ten\u00edamos todo el dinero, ten\u00edamos que tener unos meses para poder tramitar cr\u00e9ditos personales porque todos trabaj\u00e1bamos y lo hace, porque me conoc\u00eda a m\u00ed porque realmente hacemos un negocio primero de buena fe y segundo a un buen precio, entonces uno dec\u00eda \u00bfpor qu\u00e9 est\u00e1n pagando tan caro si en ese momento todav\u00eda estaba la tierra muy barata?, pero nos pareci\u00f3 que para el proyecto que nosotros est\u00e1bamos buscando era una tierra que se pod\u00eda pagar a ese precio\u2019. Y cuando fue derechamente cuestionado en punto de las \u2018indagaciones\u2019 realizadas para hacerse con esas tierras reconoci\u00f3 sin ambages que \u2018(…) nosotros hacemos el estudio de t\u00edtulos que es la instrucci\u00f3n que tiene la abogada de hacer el estudio de t\u00edtulos, de verificar la buena tenencia, pero no llamamos nunca a declarar ni a preguntarle al antiguo due\u00f1o c\u00f3mo le vendi\u00f3 o no, a PRIMITIVO (…)\u2019 (Subrayas del Tribunal). <\/p>\n
Bastante cuanto transcrito se deja para prestamente comprender que ni por asomo se acredit\u00f3 lo que en el punto era debido. Pues lo que se acab\u00f3 admitiendo es que, a la postre, no se hizo indagaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Cierto que al proceso vino a declarar YOLANDA M\u00d3RELA CONTRERAS HERN\u00c1NDEZ, quien por varios a\u00f1os dijo haber fungido como abogada de la sociedad opositora, la que rese\u00f1\u00f3 que en efecto se procedi\u00f3 al respectivo examen de los instrumentos de propiedad respecto de lo cual coment\u00f3 que \u2018(…) con referencia al caso que nos ocupa a los predios (…) F\u00e1tima y Chiquinquir\u00e1, hoy denominados San Rafael y San Rafael 1, hice el correspondiente estudio de t\u00edtulos revisando el certificado de libertad y tradici\u00f3n de cada uno de los predios. Posteriormente, como estos predios ten\u00edan una medida de protecci\u00f3n por la ubicaci\u00f3n de zona de desplazamiento forzado, se deb\u00eda tramitar el correspondiente permiso en la Secretar\u00eda de Gobierno, en la oficina (…) de desplazamiento, ante el Comit\u00e9 de Desplazamiento quien era que autorizaba la venta; una vez revisado que el precio que estuviesen recibiendo fuera correspondiente a las hect\u00e1reas que se vend\u00edan con el valor equivalente para que no fuera un precio irrisorio y no hubiera una lesi\u00f3n enorme, una vez adquirido este permiso expedido por la Gobernaci\u00f3n, se proced\u00eda a ir a la notar\u00eda a tramitar lo correspondiente a la escritura p\u00fablica (…)\u2019. Adicionalmente adujo que luego se aplic\u00f3 a determinar \u2018(…) que los predios no tengan ninguna limitaci\u00f3n al dominio, la se\u00f1ora ANA BENILDA que es la se\u00f1ora de PRIMITIVO es la persona que aparec\u00eda como propietaria m\u00e1s o menos desde el a\u00f1o dos mil cuatro, ella le hab\u00eda comprado a otro se\u00f1or, no recuerdo exactamente el nombre (…)\u2019 (Subrayas del Tribunal). <\/p>\n
Mas de rigor es relievar que actividades como esas, en realidad se corresponden, a duras penas, con esas m\u00ednimas diligencias que ser\u00edan esperables de todo aquel que pretendiere comprar un inmueble – lo que por a\u00f1adidura permite descartarlas como actos eficientes para derivar de all\u00ed la exigida buena fe \u2018exenta de culpa\u2019 cuanto que apenas la simple (que no es suficiente para estos asuntos). Como tampoco bastaba con llanamente abroquelarse en decir que el pacto se ajust\u00f3 acorde con las formas en que com\u00fanmente deber\u00eda verificarse la enajenaci\u00f3n de un inmueble (\u2026). Rem\u00e9mbrase que la demostraci\u00f3n de la ub\u00e9rrima buena fe requerida en estos casos, exige la cabal demostraci\u00f3n de que, de veras, no se estuvo en condiciones id\u00f3neas de conocer qu\u00e9 pudo suceder respecto de ese bien, m\u00e1s precisamente, ese hecho violento que implic\u00f3 en su momento el abandono y luego la venta. Nada de lo cual aparece demostrado. <\/p>\n
En fin: se requer\u00eda la prueba sobre la esmerada labor que se hubiere destinado, entre otros aspectos, a verificar por ejemplo las condiciones de \u2018tranquilidad\u2019 o \u2018seguridad\u2019 del sector pero, y en ello vale la precisi\u00f3n, no solo las existentes para el tiempo de la adquisici\u00f3n cuanto que antes de ello. Pues que, atendiendo que los bienes se ubicaban en una dif\u00edcil regi\u00f3n que de anta\u00f1o como incluso ahora notoriamente ven\u00eda siendo permanentemente afectada por la presencia de diversos actores la violencia (de lo cual es prueba diciente la misma anotaci\u00f3n en los folios de las que atr\u00e1s se hizo menci\u00f3n), era apenas natural que esa gesti\u00f3n comprendiere por igual la investigaci\u00f3n acerca de las situaciones que a ese mismo respecto quiz\u00e1s habr\u00edan tocado esas zonas con antelaci\u00f3n, entre otras, la eventual injerencia de grupos armados. No fuera a ser que all\u00ed se hubieren sucedido delicados sucesos concernientes con afectaciones al orden p\u00fablico que de alg\u00fan modo y otrora alcanzaren a incidir en la justa y legal transmisi\u00f3n de los derechos respecto del predio. Pero de ello no se arrim\u00f3 ni una sola demostraci\u00f3n; ni siquiera aparece que se hubieren preocupado por cuestionar acerca de ello a los vecinos que aqu\u00ed fungieron de testigos y quienes conoc\u00edan con suficiencia de la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el Colegiado puso de presente que, habi\u00e9ndose verificado la inscripci\u00f3n de una medida de protecci\u00f3n por presunto riesgo de desplazamiento, la gesti\u00f3n debi\u00f3 ser m\u00e1s rigurosa, pero de ello no se alleg\u00f3 prueba id\u00f3nea suficiente: <\/p>\n
\u00abTodav\u00eda m\u00e1s en ese caso desde que en el propio certificado de libertad aparec\u00eda una singular anotaci\u00f3n que de suyo llamaba de inmediato la atenci\u00f3n (\u2018inminente riesgo de desplazamiento\u2019) y que exig\u00eda ser todav\u00eda m\u00e1s cauteloso en esa labor de indagaci\u00f3n pues se trataba de un particular detalle que, a lo menos en una generalidad de personas colocadas en circunstancias similares, com\u00fanmente provocar\u00edan algo de recelo o siquiera inquietud al momento de celebrar un negocio como el de marras. Mas en ver de preocuparse por saber la raz\u00f3n de ella, esto es, confrontar los motivos por los que mediaba tan sorprendente acotaci\u00f3n, seg\u00fan se dijo el inter\u00e9s se enfil\u00f3 en contrario y principalmente en realidad, a lograr su pronto levantamiento. Y hasta ah\u00ed. Sin descontar, que al tratarse de una \u2018empresa\u2019 que supone contar con mayores capacidades de indagaci\u00f3n a partir de la posibilidad de convenir con expertos faenas como estas, con m\u00e1s veras deber\u00eda haber realizado una averiguaci\u00f3n mucho m\u00e1s certera. Pero nunca lo hizo. <\/p>\n
De esta suerte, no aparece que esos dicientes compradores se hubieren a lo menos esforzado por corroborar, m\u00e1s all\u00e1 de esos l\u00e1nguidos planteamientos, a verificar las condiciones \u2018previas\u2019 de los terrenos; sin descontar que tampoco eran ajenos y m\u00e1s bien conocedores a profundidad acerca de la situaci\u00f3n de violencia que rondaba la zona. Por modo que quedaron sin demostraci\u00f3n esas previas gestiones averiguativas para hacerse con los bienes que en realidad era cuanto importaba acreditar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda. <\/p>\n
Acaso no est\u00e9 de m\u00e1s acotar que en asuntos como estos, las grandes inversiones que eventualmente se realizaren sobre el terreno o los contingentes beneficios que la actividad all\u00ed desarrollada hubiere reportado o siga ofreciendo a la comunidad circunvecina, no son diques para apuntalar la buena fe exenta de culpa que aqu\u00ed se reclama; pues cual se ha sostenido repetidamente, tal gesti\u00f3n debe dirigirse indefectiblemente hacia la prueba de aquellas adecuadas y prudentes conductas que antecedieron a la adquisici\u00f3n del inmueble y con ese prop\u00f3sito y no precisamente a lo que se haga luego con \u00e9l\u2026 <\/p>\n
\u2026al final se descubri\u00f3 que muy poco se hizo a ese respecto a pesar de tener a mano la oportunidad y medios para averiguarlo seg\u00fan pudo concluirse. Y tal no es precisamente se\u00f1al de esmero cuanto que acaso de desidia. <\/p>\n
Traduce que como nada probaron acerca de esa reclamada extrema \u2018diligencia\u2019, subsecuentemente no merecen la compensaci\u00f3n autorizada por la Ley; recompensa reservada \u00fanicamente para el que demuestre cabalmente su derecho. Por ende, que la consecuencia que ahora se viene aparece como natural resultado por su propia indolencia\u00bb. <\/p>\n
Lo propio determin\u00f3 sobre Bancolombia S.A. y los dem\u00e1s opositores (personas naturales), s\u00f3lo que a \u00e9stos les reconoci\u00f3 la calidad de segundos ocupantes -excepto a Maribel Ortega Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Sobre Bancolombia asever\u00f3 que solo realiz\u00f3 un estudio de t\u00edtulos y las gestiones para la autorizaci\u00f3n de la venta, por la medida de protecci\u00f3n inscrita, pero que, frente a esa inscripci\u00f3n, \u00absiendo la m\u00e1s clara advertencia que se pod\u00eda tener\u00bb, se abstuvo de efectuar, con mayor rigurosidad, un an\u00e1lisis de todo lo ocurrido en fechas anteriores a la celebraci\u00f3n del negocio; lejos de ello, se dispuso autorizar el empr\u00e9stito con esa garant\u00eda. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, resalt\u00f3 que, en la medida en que la calidad de segundo ocupante no era predicable de personas jur\u00eddicas, no analizar\u00eda ese punto respecto de la ahora tutelante. <\/p>\n
3.6.- Posteriormente, la apoderada de la accionante pidi\u00f3 \u00abaclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n o adici\u00f3n\u00bb de la sentencia, petici\u00f3n que le fue denegada por la Sala accionada en providencia del 8 de octubre de 2021, al considerar que no hab\u00eda lugar a hacer aclaraci\u00f3n alguna, pues los argumentos \u00aben absolutamente nada tocan con que la providencia resultare incomprensible, confusa o acaso enigm\u00e1tica o misteriosa\u00bb; tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que no qued\u00f3 ning\u00fan punto por decidir que requiriese adici\u00f3n y tampoco se abri\u00f3 paso la solicitud de correcci\u00f3n, pues nada aleg\u00f3 la mandataria judicial al respecto en su escrito que fuera susceptible de esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
En suma, el Tribunal concluy\u00f3 que la pretensi\u00f3n de la ahora tutelante era \u00abacariciar la posibilidad de que se reexamine la cuesti\u00f3n para que as\u00ed coincida con la teor\u00eda que a su juicio deber\u00eda haberse tenido en cuenta. Y tal no es la funci\u00f3n de estos mecanismos\u00bb. <\/p>\n
Contra esta decisi\u00f3n, la apoderada interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue rechazado de plano por la Sala convocada, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso; y, finalmente, ante su solicitud de \u00abinsistencia\u00bb, el Colegiado orden\u00f3 estarse a lo resuelto en las providencias anteriores. <\/p>\n
4.- Analizadas las decisiones adoptadas, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida por esta Sala, no resultan abiertamente arbitrarias o manifiestamente ilegales, pues se resolvieron las alegaciones presentadas por la opositora -que son las mismas en las que se soporta la tutela de la referencia- y se sustentaron razonadamente, teniendo en cuenta la normativa aplicable, las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, las probanzas y jurisprudencia relacionada, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal a denegar la oposici\u00f3n de la ahora tutelante en el proceso de marras y a resolver desfavorablemente su petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n y posterior recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal encontr\u00f3 debidamente probados los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras y la falta de demostraci\u00f3n de las gestiones realizadas por parte de la sociedad accionante tendientes a acreditar la buena fe exenta de culpa requerida para hacer valer sus derechos a la propiedad sobre los predios aludidos, de los cuales ten\u00eda conocimiento sobre la declaratoria de riesgo de desplazamiento forzado; no obstante, no se evidenci\u00f3 que desarrollara actividades adicionales de debida diligencia, necesarias para acceder a lo pretendido. <\/p>\n
4.1.- Sobre la interpretaci\u00f3n que debe hacerse al principio de buena fe exenta de culpa en procesos de restituci\u00f3n de tierras, la Corte Constitucional, en sentencia C-330 de 2016, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab88. De lo anterior pueden extraerse algunas diferencias precisas entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Si bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obr\u00f3 con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ah\u00ed que sea \u00e9ste quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada.
As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza. <\/p>\n
89. En relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras en los art\u00edculos demandados se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
90. En ese sentido (como se profundizar\u00e1 posteriormente) la regulaci\u00f3n obedece a que el Legislador, al revisar las condiciones de violencia generalizada que se dieron en el marco del conflicto armado y que originaron el despojo, hall\u00f3 un sinn\u00famero de modos de dar apariencia de legalidad a los actos de usurpaci\u00f3n y despojo y, en consecuencia, previ\u00f3 medidas estrictas hacia los opositores, dirigidas a evitar una legalizaci\u00f3n basada en tres factores inadmisibles constitucionalmente: el aprovechamiento abusivo de las condiciones de violencia, que viciaron el consentimiento jur\u00eddico de las v\u00edctimas; la corrupci\u00f3n, que puso parte de la institucionalidad al servicio de los despojadores; y el formalismo del derecho, que favoreci\u00f3 a la parte m\u00e1s poderosa en el \u00e1mbito administrativo y judicial. <\/p>\n
91. Adem\u00e1s, la norma guarda relaci\u00f3n con la eficacia de las presunciones establecidas en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, previstas por el legislador, considerando que el contexto de violencia permite presumir un desequilibrio en las relaciones entre particulares y favorece las din\u00e1micas de despojo y abandono forzado. Es as\u00ed como, en un marco de justicia hacia la transici\u00f3n a la paz, la l\u00f3gica que irradia el proceso es fuerte en relaci\u00f3n con el opositor para ser flexible con las v\u00edctimas\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
Y, en concreto, esa Corporaci\u00f3n sostuvo que, \u00abLa buena fe exenta de culpa, en el contexto de la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras es un est\u00e1ndar de conducta calificado, que se verifica al momento en que una persona establece una relaci\u00f3n (jur\u00eddica o material) con el predio objeto de restituci\u00f3n. La carga de la prueba para los opositores es la que se establece como regla general en los procesos judiciales: demostrar el hecho que alegan o que fundamenta sus intereses jur\u00eddicos\u00bb (Subraya esta Sala). <\/p>\n
De manera que, cuando lo pretendido no se demuestra en debida forma, dicha figura no tiene prosperidad. <\/p>\n
4.2.- As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la accionante con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar sus pretensiones. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Sala ha considerado, en reiterada y profusa jurisprudencia que \u00ab(\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
Tampoco es esta una instancia para reabrir el debate probatorio, como se sugiere, pues: <\/p>\n
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\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (\u2026)\u2019\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
<\/p>\n
5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4603-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC4603-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00950-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por la Sociedad Comercial Palmeras […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62825","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62825"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62825\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}