STC4605-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4605-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2022-00027-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 16 de marzo de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Gilberto Cardona Pati\u00f1o contra el Juzgado Quinto de Familia de Cali, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos bajo radicado 2019-00534. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00aben aplicaci\u00f3n del principio de la PRIMACIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL\u00bb (sic) presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 en extenso escrito, que en el proceso ejecutivo por alimentos adelantado en su contra por Mar\u00eda Alejandra Ortiz Ocampo y en beneficio de su hijo menor de edad, el Juzgado Quinto de Familia de Cali libr\u00f3 mandamiento de pago el 12 de noviembre de 2019 por la suma de $1.197.890.oo, y orden\u00f3 el embargo del 35% de su salario, y el 19 de febrero de 2021, profiri\u00f3 sentencia en la que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, \u00abmodificando el mandamiento pago (\u2026) teniendo en cuenta la suma de $570.000.oo pesos, como pago parcial\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, la parte demandante manifest\u00f3 en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento llevada a cabo el 17 de febrero de 2021, que el demandado \u00abdesde el inicio del proceso judicial mi poderdante continu\u00f3 pagando las cuotas de alimentos que se causaron\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, una vez se requiri\u00f3 a las partes para que aportaran la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la present\u00f3 el 15 de marzo de 2021, manifestando que conforme al pago parcial reconocido en el fallo, el saldo adeudado esto es, la suma de $627.890, deb\u00eda ser \u00abpagado con los recursos embargados por el despacho dentro del proceso judicial en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, como el 13 de abril de 2021 el Juzgado modific\u00f3 \u00abla liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada en mi calidad de apoderado por la parte demandada\u00bb, (sic) y se\u00f1al\u00f3 que el saldo a cargo de Gilberto Cardona Pati\u00f1o \u00abasciende a la suma de $868.146.oo al mes de abril de 2021\u00bb, en la misma fecha alleg\u00f3 comprobantes de pago \u00abdel periodo comprendido entre el 16 de diciembre hasta el 15 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 26 de abril siguiente, pidi\u00f3 informaci\u00f3n \u00abdel estado de la expedici\u00f3n del t\u00edtulo de los dineros embargados dentro del proceso judicial en menci\u00f3n\u00bb y, posteriormente, el 20 de mayo de 2021, solicit\u00f3 \u00abla entrega del t\u00edtulo correspondiente a los dineros embargados dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, el Juzgado Quinto de Familia de Cali en providencia de 21 de mayo posterior \u00absin raz\u00f3n alguna manifiesta que a favor del accionante hay solo un saldo de $32.532 y ordena la entrega de $4.868.522 a favor de la demandante Mar\u00eda Alejandra Ortiz Ocampo, cuando \u00e9sta ya hab\u00eda manifestado en la audiencia del 17 de febrero de 2021 y como se reconoci\u00f3 en la Sentencia No. 030 de aquella fecha que mi poderdante hab\u00eda cumplido con el pago de las cuotas de alimentos ordinarias y extraordinarias, no habiendo sustento para esta abrupta decisi\u00f3n\u00bb. (sic) <\/p>\n
Por lo anterior, el 24 de mayo siguiente solicit\u00f3 la correcci\u00f3n del auto anterior y puso de presente \u00ablos errores cometidos por el juzgado accionado al no concordar el auto con lo manifestado por la parte demandante en la audiencia de interrogatorio de parte y con lo cual el se\u00f1or juez decidi\u00f3 reconocer como pago parcial el valor de $570.000 pesos, dejando un saldo de $627.890 pesos sobre el $1.179.890 de pesos de mandamiento inicial proferido; dejando constancia del cumplimiento del pago de las cuotas de alimentos a favor de la demandante no solo durante el proceso judicial si no con posterioridad a la sentencia del proceso ejecutivo\u00bb. (sic) <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 25 de mayo, nuevamente remiti\u00f3 pruebas de los pagos realizados, y el 31 del mismo mes, nuevamente solicit\u00f3 entrega de los t\u00edtulos, lo que reiter\u00f3 el 4 de junio. <\/p>\n
Comunic\u00f3 que el 8 de junio aport\u00f3 constancia del pago de la cuota de ese mes, y solicit\u00f3 al Juzgado que se pronunciara sobre la correcci\u00f3n presentada el 24 de mayo anterior y, el 11 de junio insisti\u00f3 la solicitud de entrega de t\u00edtulos, y, en varios memoriales presentados posteriormente, reiter\u00f3 las anteriores solicitudes, y pidi\u00f3 la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, sin embargo, el Juzgado de conocimiento mediante providencia de 15 de julio de 2021 neg\u00f3 la reliquidaci\u00f3n. <\/p>\n
El 21 de julio de 2021 present\u00f3 \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb, los que fueron negados el 4 de octubre de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Solicit\u00f3 entonces se ordenara al Juzgado Quinto de Familia de Cali, \u00abla entrega de los dineros embargados (\u2026) por valor de $627.890 a la se\u00f1ora Mar\u00eda Alejandra Ortiz Ocampo y el saldo por $4.273.164 al se\u00f1or Gilberto Cardona Pati\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Igualmente pidi\u00f3 que se requiriera al Banco Agrario para que informara \u00absi ha entregado alguna suma dentro del proceso\u202620190053400\u2026\u00bb y, \u00abDe haber sido pagado el dinero a la se\u00f1ora Mar\u00eda Alejandra Ortiz Ocampo COMPULSE copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el presunto delito de enriquecimiento sin justa causa y en contra del Juzgado 05 de Familia del Circuito de Cali por prevaricato\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto de Familia de Cali adem\u00e1s de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso, remiti\u00f3 el link del expediente digital y manifest\u00f3 que, <\/p>\n
\u00aben la audiencia se tuvieron en cuenta los valores manifestados por las partes como se dijo en la sentencia 030 del 17 de febrero de 2021; sin embargo cuando presenta la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se limit\u00f3 a decir que se le corriera traslado a la parte atora de los valores de $627.890.oo, pero no tiene en cuenta que la cuota alimentaria se sigue causando, pues el mandamiento de pago cobr\u00f3 las cuotas hasta el mes de septiembre de 2019, por lo que el Despacho debi\u00f3 cobrar las cuotas correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2019 m\u00e1s enero a diciembre de 2020, m\u00e1s los meses de enero a abril de 2021, periodo \u00e9ste que al allegar los recibos por parte del ejecutado se tuvieron y fueron aplicados a la liquidaci\u00f3n, que inclusive ya estaba ejecutoriada y por ende se dio por terminado el proceso por el pago al mes de abril\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el apoderado del ejecutado ha presentado diferentes vigilancias administrativas ante el Consejo Seccional de la Judicatura, el que se ha abstenido de iniciarlas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia S.A., adem\u00e1s de allegar el estado en que se encuentran los dep\u00f3sitos judiciales a favor de Maria Alejandra Ortiz Ocamo dentro del proceso ejecutivo, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Defensor de Familia asignado al Juzgado accionado, manifest\u00f3 que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues \u00abno se le han violado derechos constitucionales al tutelante\u00bb.<\/p>\n
4. Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, luego de explicar que el debate se dirige a corregir los presuntos yerros cometidos por el Juzgado Quinto de Familia de Cali en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito demandado en el proceso ejecutivo de alimentos seguido contra el accionante en ese despacho, y como fundamento de la solicitud de amparo, se expone que el fallador ha desconocido los pagos parciales acreditados desde la contestaci\u00f3n de la demanda, al igual que el pago de las mesadas que se han causado a lo largo del proceso, cumplidas de manera oportuna, adem\u00e1s que, no se han aplicado a esa cuenta los dineros embargados al demandado, y una vez examin\u00f3 el expediente suministrado por el juzgado accionado declar\u00f3 improcedente el amparo por falta de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
En cuanto al requisito de procedibilidad de la inmediatez, afirm\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) desde el 13 de abril de 2021 fue proferido el auto que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en el proceso ejecutivo de marras, y seguidamente, el accionante ha radicado sendos memoriales pretendiendo la \u201ccorrecci\u00f3n\u201d y la \u201creliquidaci\u00f3n\u201d de la deuda, para aplicar abonos y pagos efectuados por \u00e9l mes a mes. <\/p>\n
La solicitud de \u201creliquidaci\u00f3n\u201d fue resuelta negativamente en auto de 14 de julio de 2021 notificado por estado al d\u00eda siguiente. Frente a esa determinaci\u00f3n, el aqu\u00ed accionante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; y, en auto de 1\u00b0 de octubre de 2021, el juzgador dispuso no reponer la decisi\u00f3n y no conceder la alzada por improcedente. Esta fue la \u00faltima actuaci\u00f3n del despacho judicial accionado que contiene la negativa a lo pretendido por el se\u00f1or Cardona en dicho proceso, en relaci\u00f3n con la \u201ccorrecci\u00f3n\u201d y \u201creliquidaci\u00f3n\u201d del cr\u00e9dito. De manera que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda tutelar, hab\u00eda transcurrido ya cinco meses desde el proferimiento de esa decisi\u00f3n, tiempo que no se acompasa con la urgencia propia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, \u00abAunado a lo anterior, se debe tener en consideraci\u00f3n que el verdadero objeto de la presente solicitud constitucional, es modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada por el despacho en aquella causa ejecutiva, la cual data de 13 de abril de 2021, es decir, pr\u00f3xima a cumplir un a\u00f1o desde su emisi\u00f3n, cuesti\u00f3n que refuerza la inmediatez en la solicitud constitucional\u00bb. (Resaltado en texto). <\/p>\n
Ahora, en cuanto al principio de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, afirm\u00f3, <\/p>\n
\u00abde cara a lo controvertido por el accionante, puesto que, como ya se dijo, su pretensi\u00f3n no es otra que modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada en el proceso ejecutivo que en su contra se sigue por concepto de alimentos; dicha actuaci\u00f3n tuvo lugar el 13 de abril de 2021, mediante auto No 705, proferido una vez el ejecutado propuso la forma en que deb\u00eda computarse la deuda en una defectuosa intervenci\u00f3n que el juez adecu\u00f3 en garant\u00eda del debido proceso y le dio tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. Posteriormente, el labor\u00edo practicado por el Juzgado fue notificado a las partes mediante inserci\u00f3n en estado electr\u00f3nico, empero, dentro de las piezas procesales que componen ese legado no se observa ninguna intervenci\u00f3n del se\u00f1or Gilberto Cardona en direcci\u00f3n a manifestar inconformidad con la providencia, aun cuando ella era pasible del recurso de reposici\u00f3n, de manera que esa decisi\u00f3n adquiri\u00f3 firmeza. <\/p>\n
Pero yendo m\u00e1s all\u00e1, se itera, el trasfondo de este asunto es ajustar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada, de acuerdo con las cuentas y operaciones aritm\u00e9ticas que insistentemente propone el actor, e inclusive, en su solicitud se logra entrever cierta inconformidad con las sumas por las cuales se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, pues a su juicio hay una indebida valoraci\u00f3n probatoria respecto de lo verdaderamente adeudado, lo que de contera hace pensar en la desaz\u00f3n que este tiene con la providencia dictada en audiencia de 17 de febrero de 2021 en la que, dicho sea de paso, el interesado no interpuso ning\u00fan recurso, quedando entonces en firme\u00bb. (Resaltado en texto). <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado judicial del accionante, quien sostuvo que, frente al requisito de inmediatez, se encuentra superado, pues considera que \u00aben el presente caso y hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la presente impugnaci\u00f3n se ha violado de forma continua en el tiempo el derecho fundamental\u2026al debido proceso en aplicaci\u00f3n del principio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el formal\u00bb. (Resaltado en texto) <\/p>\n
Adicionalmente, manifest\u00f3 que el Juzgado accionado ha renunciado \u00aba la verdad jur\u00eddica evidente en los hechos del caso\u2026al tener las pruebas del pago como lo son la confesi\u00f3n de la demandante en el interrogatorio del 17 de febrero de 2021\u2026\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, reiter\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial, y pidi\u00f3 se estudiar\u00e1 de fondo su solicitud de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el evento en estudio, observa la Sala que el accionante se duele que el Juzgado Quinto de Familia de Cali, ha vulnerado los derechos fundamentales que reclama desde el auto que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por su apoderado judicial, pues la obligaci\u00f3n no ha sido reliquidada pese a sus reiteradas solicitudes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, se advierte que el fallo constitucional impugnado deber\u00e1 confirmarse, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
2.1 En primer t\u00e9rmino, se constata que efectivamente lo pretendido por el accionante es que se ordene la revocatoria del auto de 13 de abril de 2021 mediante el cual el Juzgado Quinto de Familia de Cali, modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n por \u00e9l presentada, sin embargo, se advierte que no se acredita el cumplimiento del presupuesto de inmediatez, pues desde la fecha de la emisi\u00f3n de la providencia censurada, hasta la calenda en que se present\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, se encuentra superado ampliamente el t\u00e9rmino razonable para promoverla, conforme a los lineamientos jurisprudenciales de esta Corte, sin que de manera alguna justificara alguna la tardanza en su interposici\u00f3n. (ver entre otras, CSJ STC2262-2022, STC703-2020, CC SU-407-2013 y SU-439-2017). <\/p>\n
2.2 Igualmente, se observa que contra dicha determinaci\u00f3n el ejecutado no hizo uso del recurso ordinario que ten\u00eda a su alcance para exponer los reparos que aduce a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional, en ese orden, la mencionada providencia se encuentra en ejecutoriada, tal y como lo manifest\u00f3 el accionante en su escrito de tutela. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de este instrumento extraordinario, si se tiene en cuenta que es un mecanismo subsidiario y residual que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la apat\u00eda en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. (ver entre otras, CSJ STC7966-2018, STC10541-2018, STC762-2021, STC17176-2021). <\/p>\n
2.3 Ahora bien, aunque el accionante tambi\u00e9n censura que el Juzgado Quinto de Familia de Cali, no accedi\u00f3 a realizar una reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, tal petici\u00f3n finalmente fue negada el 1\u00ba de octubre de 2021, sin que se observe que dicha decisi\u00f3n sea arbitraria, irrazonable o abiertamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que en esta providencia se expuso, <\/p>\n
\u00abDe la atenta lectura del escrito de disenso, se echa de menos el argumento que en esencia controvierta los argumentos procesales expuestos en la providencia atacada y que demostraran la raz\u00f3n por la cual en este asunto s\u00ed resultaba procedente dar aplicaci\u00f3n al art. 286 del CGP. <\/p>\n
De manera que la improsperidad del recurso, surge decididamente del hecho de que ninguno de los cargos formulados apunta a debelar la consideraci\u00f3n que se constituy\u00f3 en sustento de la providencia recurrida\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, reiter\u00f3 <\/p>\n
\u00absi lo pretendido era controvertir la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, acudi\u00f3 a la v\u00eda procesal errada, y de contera precluida\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 al ejecutado, <\/p>\n
\u00abno se trata de desconocer el derecho sustancial frente al meramente formal, sino de ponderar tambi\u00e9n el principio de la seguridad jur\u00eddica y la igualdad procesal entre las partes, sin entrar a revivir etapas fenecidas ante la incuria procesal de los interesados, atendiendo los principios de preclusi\u00f3n o eventualidad, m\u00e1xime que en decisi\u00f3n anterior se expusieron con suficiencia las razones que validan la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, para la Corte los argumentos desarrollados por el Juzgado accionado al resolver el recurso de reposici\u00f3n frente al auto de 14 de julio de 2021 que neg\u00f3 la correcci\u00f3n y\/o reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revel\u00f3 el asunto y la normativa aplicable al caso. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que el Juzgado Quinto de Familia de Cali consider\u00f3 que dicha etapa ya hab\u00eda precluido, sin que ninguna de las partes hiciera uso del recurso ordinario que ten\u00edan a su alcance para atacar el auto que defini\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y aun cuando el accionante no comparta los argumentos del Juzgado Quinto de Familia de Cali, por resultar desfavorables, la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo para calificar cu\u00e1l de las posiciones es la que resulta correcta en el caso en concreto, m\u00e1xime, cuando la interpretaci\u00f3n del funcionario accionado, no resulta injustificada o que la misma configure una v\u00eda de hecho. (ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
3. Finalmente y como el accionante solicita a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, compulsar copias a la fiscal\u00eda por los presuntos delitos que menciona en su escrito inicial, tal pretensi\u00f3n desborda el objeto de esta senda constitucional, y est\u00e1 a su alcance poner en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos que aqu\u00ed alega, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. (ver entre otras, CSJ STC13871-2016, STC14669- 2016, STC605-2022 y STC2309-2022). <\/p>\n
4. En consecuencia, habr\u00e1 de confirmarse la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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