STC4617-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4617-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00105-03 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Mario Ignacio Cera Barraza le instaur\u00f3 a la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad y al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -IGAC-, extensiva a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Soledad, Atl\u00e1ntico y a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2015-00545-00 y 2018-00404-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abhabeas data\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb para que se ordenara \u00abdejar sin efecto las sentencia[s] proferida[s] (\u2026) el 23 de octubre de 2017 (\u2026) y 14 de septiembre de 2021 (\u2026) [y, en su lugar,] se cancel[en] las inscripciones objeto del proceso\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad en el radicado 2015-00545, dict\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones de Rafael Herrera Yime en demanda que \u00e9ste interpuso en contra suya y de su hermano Giovanny Augusto Cera Barraza con el fin de adquirir por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio pleno y absoluto del bien \u201cEl Chuchal\u201d, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 041-15113 (23 oct. 2017). <\/p>\n
Sostuvo que \u201cnunca tuvo conocimiento\u201d de dicho litigio para acudir y demostrar su \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, toda vez que ejerce posesi\u00f3n \u201cde manera notoria, quieta, pac\u00edfica y continua de la totalidad\u201d del inmueble, ya que el terreno que persigui\u00f3 Herrera Yime es \u201caut\u00f3nomo e independiente\u201d del suyo y aqu\u00e9l \u201ctiene claro que para acceder donde ejerce la posesi\u00f3n debe pasar por [su] predio, el cual est\u00e1 cercado y cuenta con vigilancia\u201d, tal como lo acredit\u00f3 con las gr\u00e1ficas suministradas por el IGAC. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la \u201cposesi\u00f3n\u201d que aleg\u00f3 Rafael Herrera, es de una porci\u00f3n cuyo due\u00f1o es Inversiones Rosales Ltda., que colinda con su fundo. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que se enter\u00f3 del juicio de pertenencia al solicitar el certificado de tradici\u00f3n y libertad para una gesti\u00f3n comercial y observ\u00f3 la anotaci\u00f3n del citado fallo, por lo que formul\u00f3 \u201crecurso extraordinario de revisi\u00f3n\u201d, invocando las causales 6\u00ba y 7\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso (rad. n\u00ba 2018-00404-00), habida cuenta que Rafael Herrera no realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n personal, \u201cpese a tener conocimiento de [su] ubicaci\u00f3n y (\u2026) [la de su hermano], adem\u00e1s la valla (\u2026) nunca estuvo en el predio, as\u00ed como el juez tampoco realiz\u00f3 la inspecci\u00f3n ocular\u201d y, por tanto, el emplazamiento \u201ccarece de validez procesal, (\u2026) es una decisi\u00f3n judicial defectuosa [que] l[o] conden\u00f3 a perder un \u00e1rea de 17.000 M2\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la Magistratura acusada declar\u00f3 infundado el medio impugnativo (14 sep. 2021); providencia que tild\u00f3 de irregular al incurrirse en \u201cdefecto f\u00e1ctico\u201d porque se \u201cdistanci\u00f3 del respaldo probatorio\u201d y hubo una \u201cindebida valoraci\u00f3n probatoria\u201d. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el juzgado accionado expidi\u00f3 una decisi\u00f3n \u201csin respaldo o apoyo probatorio\u201d, pues \u201cpas\u00f3 por alto la identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n\u201d de la heredad y que el IGAC \u201cregistr[\u00f3] en su base de datos\u201d el veredicto, pero lo hizo de forma errada, comoquiera que existen dos \u201cinmuebles distintos con la misma matr\u00edcula inmobiliaria\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad narr\u00f3 sucintamente las etapas de la lid controvertida. <\/p>\n
Rafael Herrera Yime se opuso al auxilio \u201cpor no haberse demostrado la conculcaci\u00f3n de alguna norma constitucional, puesto que primero ambos procesos se surtieron de conformidad con la Ley, y segundo la situaci\u00f3n planteada es cosa juzgada\u201d. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que el precursor \u201cpretende reabrir un debate concluido para que la Corte analice las irregularidades al interior del proceso de pertenencia (\u2026) que ya fueron expuestas ante e[s]a Sala mediante la acci\u00f3n extraordinaria de revisi\u00f3n\u201d; adicionalmente, defendi\u00f3 la legalidad de su postura, por cuanto est\u00e1 \u201cenmarcada en los lineamientos del debido proceso, apreciando las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que rodearon el asunto, as\u00ed como atendiendo a la sana interpretaci\u00f3n de las normas y principios aplicables\u201d. <\/p>\n
El Instituto de Agust\u00ed Codazzi -IGAC- coment\u00f3 que \u201clos hechos materia de inconformismo\u201d con respecto a esa entidad \u201cocurrieron el d\u00eda 27 de abril del a\u00f1o 2018, es decir, han transcurrido casi cuatro a\u00f1os desde la ejecuci\u00f3n del acto administrativo, significa que (\u2026) no cumple con el requisito de la inmediatez\u201d y, asimismo, el registro que inscribi\u00f3 en la base de datos de la M.I. 041-168-288, lo hizo en obedecimiento de orden judicial emanada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, lo que quiere decir que actu\u00f3 conforme a los art\u00edculos 50 y 65 de la Ley 1579 de 2012 y al art\u00edculo 42 de la Resoluci\u00f3n n\u00ba 070 de 2012, en lo referente a la \u201cformaci\u00f3n catastral, la actualizaci\u00f3n de la formaci\u00f3n catastral y la conservaci\u00f3n catastral\u201d. <\/p>\n
3.- En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el prove\u00eddo ATL413 de 9 de marzo de 2022, se reanud\u00f3 el resguardo de la referencia con la vinculaci\u00f3n de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Soledad, Atl\u00e1ntico (7 abr. 2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye principio invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para debatir los pronunciamientos jurisdiccionales, salvo cuando surja ostensible un proceder arbitrario, grosero o ajeno a la ley por el encargado de impartir justicia o ante una clara vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superlativas de las partes, \u00fanicas circunstancias que viabilizan la intromisi\u00f3n del juez constitucional, vedado como tiene la labor de \u00abreexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la mas convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ STC4299-2021). <\/p>\n
2.- De entrada, se aclara que, si bien el querellante atac\u00f3 tambi\u00e9n el fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, mediante el cual declar\u00f3 que pertenece a Rafael Herrera el dominio pleno y absoluto del fundo \u201cEl Chuchal\u201d con M.I. n\u00ba 041-15113 (23 oct. 2017), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 al emitido por el superior, en el que encontr\u00f3 infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que inco\u00f3 el quejoso contra dicha directriz (14 sep. 2021), al cerrar el debate suscitado en el asunto. <\/p>\n
3.- Refulge ostensible que el anhelo tuitivo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, puesto que la sentencia criticada no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, previo a solventar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto por Mario Ignacio Cera Barraza, el tribunal Superior de Barranquilla adver\u00f3 que su prop\u00f3sito es, <\/p>\n
\u00abla enmienda de yerros procesales expresamente plasmados, ante un excepcional\u00edsimo evento que lejos est\u00e1 de ser indebidamente utilizado como un recurso ordinario o un medio gestor de inestabilidad jur\u00eddica y lesi\u00f3n del principio de la cosa juzgada que permita la reapertura del debate sin una causa jur\u00eddica y probatoria realmente justa, que amerite el replanteamiento del juicio en todo o en parte\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, trajo a colaci\u00f3n las causales invocadas en el escrito genitor -6\u00ba y 7\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso- con los respectivos argumentos, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abel emplazamiento de las personas indeterminadas se surti\u00f3 inadecuadamente conforme al Decreto 508 de 1974; a la par que, el apoderado judicial de la parte demandante en sede ordinaria expres\u00f3 en el l\u00edbelo introductor que desconoc\u00eda el domicilio y lugar de notificaciones de los aqu\u00ed revisionistas, acusada como falsa esa afirmaci\u00f3n, pues son personas muy conocidas en el Municipio de Soledad\u00bb. <\/p>\n
Luego, inici\u00f3 el estudio de la causal 7\u00ba aducida, esto es, la relacionada con la \u00abindebida notificaci\u00f3n del demandado y el emplazamiento\u00bb y, en torno a ella, coligi\u00f3 que el recurrente no aport\u00f3 material suasorio que permitiera evidenciar que, para la \u00e9poca de radicaci\u00f3n del proceso de \u201cpertenencia\u201d, el demandante tuviera conocimiento del lugar de \u201cnotificaciones\u201d, habida cuenta que, \u00abno basta[ba] probar el lugar de residencia o de notificaciones para la fecha en que fue presentada la demanda, sino el conocimiento que sobre ella tuviere el convocante a juicio; as\u00ed como la falsedad en que \u00e9ste hubiera incurrido a la hora de afirmar que no estuviera al tanto de esa direcci\u00f3n f\u00edsica o electr\u00f3nica\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3, respecto de las censuras al \u201cemplazamiento\u201d all\u00ed realizado, que la juez del circuito inclusive decret\u00f3 una nulidad de esa actuaci\u00f3n, al observar que siendo un \u00abpredio rural inferior a 15 hect\u00e1reas\u00bb y al tratarse de una \u00abpertenencia agraria\u00bb, tal gesti\u00f3n deb\u00eda hacerse con apoyo en los Decretos 508 de 1974 y 2303 de 1989; aunado a ello, como el auto admisorio se dict\u00f3 el 6 de septiembre de 2016, a esa fecha, el tr\u00e1nsito legislativo del nuevo estatuto procesal civil no hab\u00eda empezado a operar -Acuerdo PSAA15-10392; 1\u00ba oct. 2015-, pues ello ocurrir\u00eda una vez se agotara la fase inicial del decurso, de conformidad con el literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Frente a la causal 6\u00ba implorada, enfatiz\u00f3 que, aun cuando Cera Barraza neg\u00f3 la calidad de \u201cposeedor\u201d del usucapiente, a quien acus\u00f3 de maniobras fraudulentas, no se preocup\u00f3 por adosar las <\/p>\n
\u00abpruebas que permitieran el convencimiento sobre tales afirmaciones \u2013 las de los hechos d\u00e9cimo quinto y d\u00e9cimo sexto de la demanda revisi\u00f3n \u2013, no obstante, ha sido tal la orfandad probatoria, que solo fue presentado un contrato de arrendamiento en el que figuran como arrendadores los aqu\u00ed recurrentes, sin que de ellos figure r\u00fabrica en ese contrato; y como arrendatario el se\u00f1or Juli\u00e1n Enrique Dom\u00ednguez Marenco. <\/p>\n
Ese contrato aparece celebrado el 09 de agosto de 2000 con un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de cinco (05) a\u00f1os, no obstante, en el mismo no figura la identificaci\u00f3n del predio con matr\u00edcula inmobiliaria o registro catastral, sino tan solo una descripci\u00f3n de medidas y linderos que no coinciden con las se\u00f1aladas en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio de mayor extensi\u00f3n, ni con las de la porci\u00f3n de terreno que fue objeto de pertenencia, que se encuentran detallados tanto en la demanda del proceso revisado como en la escritura p\u00fablica n\u00b0. 9037 extendida el 27 de noviembre de 2015 por la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Soledad (Atl.). <\/p>\n
Adem\u00e1s, no obra constancia alguna de las pr\u00f3rrogas y\/o terminaci\u00f3n del contrato; ninguna evidencia existe de que se estuviera ejecutando durante el periodo de posesi\u00f3n del demandante ordinario, ni para la \u00e9poca de la demanda ni en la actualidad\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n valor\u00f3 el testimonio de Estela Marchena, del que afirm\u00f3, no lograba derruir lo aducido en la v\u00eda ordinaria, porque, de sus expresiones, se concluy\u00f3 que: i) El demandante s\u00ed ocupa un terreno que queda en la parte trasera de la vivienda que ella cuida, pero desconoce con exactitud cu\u00e1l es; e ii) Inform\u00f3 una direcci\u00f3n distinta del fundo objetado. En ese orden, cavil\u00f3 que la deponente <\/p>\n
\u00abno d[io] luces de una abierta contradicci\u00f3n con lo expuesto en la sentencia recriminada, ni logra desvirtuar la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que la ampara; a lo que se agrega, que la sentenciadora de instancia practic\u00f3 inspecci\u00f3n judicial en la que, si ubic\u00f3 el predio objeto de pertenencia dentro del lote de mayor extensi\u00f3n y hall\u00f3 las piscinas pisc\u00edcolas y hortalizas, cuya existencia neg\u00f3 la testigo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y culmin\u00f3 precisando que <\/p>\n
(\u2026) de la apreciaci\u00f3n probatoria, ning\u00fan enga\u00f1o o fraude puede predicarse de la demanda de pertenencia ni de las pruebas que en su tr\u00e1mite fueron practicadas; tampoco se extrae de esta actuaci\u00f3n ni del material probatorio aqu\u00ed recabado, una acusaci\u00f3n seria y concreta sobre procederes indebidos de su contraparte en el transcurso del pleito judicial en el que fueron vencidos los recurrentes\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se advirti\u00f3 en la determinaci\u00f3n, puesto que es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o el suplicante compartan o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el dossier. <\/p>\n
4.- Ahora, en lo concerniente con las irregularidades esbozadas por Mario Ignacio frente al IGAC -Direcci\u00f3n Territorial de Atl\u00e1ntico-, porque, en su sentir, \u00abregistr[\u00f3] en su base de datos las inscripciones de la sentencia judicial\u00bb expedida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad de forma errada, al existir dos \u00abinmuebles distintos con la misma matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb; se advierte que del material suasorio que reposa en el infolio, se verific\u00f3 que el tutelante desaprovech\u00f3 la herramienta con la que contaba para ventilar ese descontento. <\/p>\n
Lo antelado, en atenci\u00f3n a que la entidad accionada con ocasi\u00f3n del desenglobe que solicit\u00f3 Rafael Herrera Yime -Resoluci\u00f3n n\u00ba 08-758-001687 (27 abr. 2018)-, posteriormente, en uso de las facultades consagradas en el art\u00edculo 150 de la Resoluci\u00f3n 070 de 2011, en concordancia con la Ley 14 de 1983 y el Decreto Reglamentario 3496 de 1983, efectu\u00f3 unas correcciones con la respectiva rectificaci\u00f3n del \u00e1rea de terreno en los datos catastrales del predio con M.I. n\u00ba 041-15113 -Resoluci\u00f3n n\u00ba 08-758-003726 (16 jul. 2020)-; sin embargo, dicha directiva qued\u00f3 en firme en raz\u00f3n a que no fue impugnada oportunamente por el gestor a, pesar de que contra la misma proced\u00eda \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d, tal como se inform\u00f3 a los interesados en el art\u00edculo 3\u00ba de ese acto. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, sobre ese t\u00f3pico, esta Sala tiene decantado, que: <\/p>\n
(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026) (STC6663-2018, citada en STC13158-2021). <\/p>\n
5.- Con todo, se pone de presente al querellante que nada obsta para que, acuda directamente ante la autoridad enjuiciada -si as\u00ed lo estima-, y exponga las inconsistencias aqu\u00ed tra\u00eddas, con el objetivo de provocar de aquella, el pronunciamiento pertinente sobre la problem\u00e1tica que exhibe. <\/p>\n
6.- Ergo, surge infructuoso el socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela suplicada por Mario Ignacio Cera Barraza. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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