STC4628-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4628-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2003-00016-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Conforme lo estipulado, a trav\u00e9s de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, con Asmeth Yamith Salazar Palencia, en el Acuerdo de soluci\u00f3n amistosa1 (en atenci\u00f3n al informe de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos \u2013 Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos)2, procede la Corte a decidir la acci\u00f3n de tutela que el mencionado accionante promovi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de esta capital y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 1998-00166. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que Francy Linares Bejarano fue procesada y condenada por el delito de \u00abenriquecimiento il\u00edcito\u00bb consagrado en el art\u00edculo 148 del decreto 100 de 1980, C\u00f3digo Penal3. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n lo se\u00f1al\u00f3 de participar en la conducta referida, al ser utilizado para \u00abdistraer\u00bb el incremento patrimonial de la enjuiciada, concretamente, por \u00abhacer figurar una de sus propiedades adquiridas il\u00edcitamente [\u2026] apartamento 102 de la diagonal 107 n\u00ba 32-55 de esta ciudad, mediante escritura p\u00fablica n\u00ba 330 del 1\u00ba de marzo de 1993\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia del 22 de febrero de 2000 lo conden\u00f3 a la pena de doce (12) meses de prisi\u00f3n y multa por valor de \u00ab$20.000., (sic), y a la accesoria de rigor por actuar como interpuesta persona para disimular el incremento patrimonial no justificado de Francy Linares Bejarano\u00bb conducta descrita en el inciso 2\u00ba del canon 148 del c\u00f3digo de penas vigente para entonces, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial el 6 de marzo de 2001. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, oportunamente, su defensor interpuso el recurso de casaci\u00f3n, sin embargo, con auto del 5 de diciembre de 2002 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda con fundamento en que, de conformidad con la Ley 553 de 2000 que reform\u00f3 el estatuto procedimental penal (decreto 2700 de 1991) la v\u00eda extraordinaria solo proced\u00eda frente a delitos cuyo m\u00e1ximo de pena de prisi\u00f3n \u00abexceda los ocho (8) a\u00f1os\u00bb, requisito que se mantuvo en la ley 600 de 2000. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 en concreto la determinaci\u00f3n de la Sala hom\u00f3loga penal que inadmiti\u00f3 la casaci\u00f3n formulada por cuanto, antes de la reforma introducida por la ley 553 de 2000 al decreto 2700 de 1991, aqu\u00e9lla era viable para los punibles en que la pena privativa de la libertad \u00absea o exceda de 6 a\u00f1os, aun cuando la sanci\u00f3n impuesta haya sido una medida de seguridad\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que el hecho delictivo que se le endilg\u00f3 se configur\u00f3 el 1\u00ba de marzo de 1993 y, aunque para el momento en que se dict\u00f3 el fallo de segunda instancia que ratific\u00f3 su condena se hallaba en vigencia la ley 553, le correspond\u00eda a la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolver la admisi\u00f3n del recurso con observancia en los principios de \u00ablegalidad y favorabilidad en materia penal\u00bb, seg\u00fan los cuales, \u00abla ley permisiva o favorable se preferir\u00e1 sobre la restrictiva o desfavorable. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 6 del [\u2026] C.P.P., ordena que la ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuaci\u00f3n, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abse ordene [a la accionada] proceda a admitir la demanda de casaci\u00f3n presentada oportunamente y se le d\u00e9 el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Veintiocho Penal del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, ese despacho judicial se integr\u00f3 al sistema penal acusatorio en el a\u00f1o 2011 y que para entonces existi\u00f3 un cambio de nomenclatura, por lo que el juzgado que profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia en el tr\u00e1mite penal en cuesti\u00f3n \u00abse conoce hoy como el Juzgado 5\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, revisados los archivos y el libro radicador de ese despacho, no hall\u00f3 proceso alguno relacionado con el actor Asmeth Yamith Salazar. <\/p>\n
3. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Sobre la procedencia o no del amparo frente a la providencia criticada por el actor, solicit\u00f3 se deniegue \u00abporque la decisi\u00f3n [\u2026] no resulta carente de todo fundamento objetivo, sino por el contrario, se finc\u00f3 en las normas procedimentales aplicables en la \u00e9poca de su interposici\u00f3n al recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN \u2013, solicit\u00f3 igualmente su desvinculaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. La Sala de Casaci\u00f3n Penal por intermedio del Magistrado Fabio Ospitia Garz\u00f3n defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 la Sala al momento de inadmitir el recurso de casaci\u00f3n por cuanto \u00abse sustent\u00f3 en la normatividad vigente que reg\u00eda la materia y por tanto, ning\u00fan defecto de orden procesal o sustancial puede atribuirse a esta decisi\u00f3n\u00bb; y, en cuanto a la supuesta desatenci\u00f3n al principio de favorabilidad seg\u00fan aleg\u00f3 el quejoso, sostuvo que se trata de una cr\u00edtica infundada \u00aben la medida que, conforme a la legislaci\u00f3n interna del momento, las normas de contenido procesal ten\u00edan aplicaci\u00f3n inmediata\u00bb, por lo que solicit\u00f3 se deniegue el amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el actor con el auto de 5 de diciembre de 2002 que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que interpuso contra el fallo penal de segunda instancia, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por aplicar lo previsto en la ley 553 de 2000, en desmedro de los principios de \u00ablegalidad y favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la providencia sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En lo atinente, para inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, la Hom\u00f3loga Penal se ci\u00f1\u00f3 a los requisitos objetivos previstos en la preceptiva espec\u00edfica aplicable que fijan la procedencia del recurso, para lo cual precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEl delito por el cual se acus\u00f3 y conden\u00f3 a Asmeth Yamith Salazar Palencia fue el que contemplaba el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Penal (Decreto 100 de 1980) que prevela una pena de uno (1) a ocho (8) a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la sentencia se dict\u00f3 dentro de la vigencia de la ley 553 de 2000, que estatuy\u00f3 que para acceder a la casaci\u00f3n por la v\u00eda com\u00fan se debe proceder por delitos que tengan se\u00f1alada pena privativa de la libertad cuyo m\u00e1ximo exceda de ocho (8) a\u00f1os, requisito que no se cumple en este caso, por lo que la casaci\u00f3n es improcedente. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, este mismo quantum punitivo es exigido por el art\u00edculo 205 de la ley 600 de 2000. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sea del caso advertir que tampoco se observa que se haya interpuesto la casaci\u00f3n como excepcional, pues ni as\u00ed se argument\u00f3, ni se postul\u00f3 la necesidad de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia o la lesi\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En efecto, de la lectura de la referida normativa se muestra inequ\u00edvoco que el quantum m\u00e1ximo punitivo de la conducta objeto de reproche determina la admisibilidad del medio defensivo extraordinario, por lo tanto, la postura de la Sala acusada no se observa antojadiza ya que atendi\u00f3 a un objetivo an\u00e1lisis de la misma. <\/p>\n
Es decir, al encontrarse edificada la citada decisi\u00f3n en una aplicaci\u00f3n respetable del texto legal, no puede calificarse de transgresora de los derechos fundamentales del accionante, circunstancia que lleva a descartar su desconocimiento por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
A ese respecto, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que el querellante disienta del prove\u00eddo que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que por supuesto no ocurre en el sublite. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (\u2026)\u00bb (CSJ. STC. 15 de feb. 2011, Rad. 2010-01404-01, reiterado STC2526-2016, 2 de mar. 2016, rad. 00371-00). <\/p>\n
Adicionalmente, se ha puntualizado de forma reiterada que, <\/p>\n
\u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
En definitiva, en el sub judice no se requiere la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que, como lo ha resaltado la Corte en asuntos en los que se recrimina una providencia judicial v\u00eda tutela, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n controvertida no luce caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acta de ACUERDO DE SOLUCI\u00d3N AMISTOSA CASO 12.490 CIDH \u2013 ASMETH YAMITH SALAZAR PALENCIA, de 11 de noviembre de 2021: \u00ab(\u2026) 2). Medidas de Justicia: La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia analizar\u00e1 y se pronunciar\u00e1 de fondo sin comprometer el sentido de fallo, sobre la acci\u00f3n de tutela elevada por el accionante contra el auto del 5 de diciembre de 2002, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo ordenado por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Del estudio preliminar realizado por la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, se deriva que la ejecuci\u00f3n de esta cl\u00e1usula no genera responsabilidad para la Corte Suprema de Justicia, para los Magistrados de la \u00e9poca de los hechos ni para los que actualmente ocupan esos cargos. Esta medida de justicia estar\u00e1 a cargo de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Informe No. 4\/05 del 22 de febrero de 2005: \u00abLa Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos consider\u00f3 que las alegaciones de los peticionarios relativas a la presunta violaci\u00f3n del derecho a las garant\u00edas judiciales y a la protecci\u00f3n judicial efectiva podr\u00edan caracterizar la violaci\u00f3n de los derechos garantizados en los art\u00edculos 8 y 25, en concordancia con el art\u00edculo 1.1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, por lo que declar\u00f3 el caso admisible\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 ARTICULO 148. Enriquecimiento il\u00edcito. El empleado oficial que por raz\u00f3n del cargo o de sus funciones, obtenga incremento patrimonial no justificado, siempre que el hecho no constituya otro delito, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de dos (2) a ocho (8) a\u00f1os, multa equivalente al valor del enriquecimiento e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la pena principal. <\/p>\n
En la misma pena incurrir\u00e1 la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. <\/p>\n
Las pruebas aducidas para justificar el incremento patrimonial son reservadas y no podr\u00e1n utilizarse para ning\u00fan otro efecto. <\/p>\n
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